La Graciosa

España enfrenta una crisis sin precedentes con la ocupación ilegal de viviendas, un problema que no deja de crecer desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018. Su Gobierno, apoyado por Podemos y Sumar, ha puesto más trabas a los propietarios que a los okupas, generando una sensación de inseguridad y descontrol en miles de ciudadanos.

Las cifras son escandalosas: más de 4.000 viviendas ocupadas en Canarias desde 2018, un 76% más que en los siete años de gobierno del Partido Popular. Solo en 2024, se han registrado 663 okupaciones en las islas, lo que equivale a 55 viviendas ocupadas al mes, o una cada 13 horas. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales.

La okupación ya no es un fenómeno aislado. Ahora, redes organizadas alquilan ilegalmente viviendas ocupadas, expulsan a propietarios legítimos e incluso aprovechan el ingreso hospitalario de ancianos para tomar sus casas. La ley, en lugar de proteger a los dueños, parece diseñada para favorecer a los okupas.

El PSOE y sus socios han impulsado un marco legal que paraliza la acción de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad. En Canarias, los desahucios tardan una media de 23,5 meses. ¡Casi dos años para recuperar una propiedad! Mientras tanto, los okupas pueden empadronarse, acceder a ayudas públicas y gozar de derechos sobre una vivienda que no es suya.

Para frenar este problema, el Partido Popular presentó hace más de un año una Ley Antiocupación que incluía desalojo en 24 horas, penas más duras y prohibición del empadronamiento para okupas. Sin embargo, el Congreso, controlado por PSOE y Sumar, bloquea su tramitación. Está claro que Sánchez no quiere acabar con la okupación, sino protegerla.

Ante la pasividad del Gobierno, los ciudadanos han empezado a organizarse. En municipios como Tacoronte, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, vecinos han formado brigadas para impedir nuevas okupaciones. La confianza en el Estado se ha desplomado: los ciudadanos sienten que están indefensos ante quienes toman sus viviendas ilegalmente.

Sin embargo, en Arrecife se ha visto un enfoque diferente. Su alcalde, Yonathan de León, ha tomado medidas firmes contra la okupación, demostrando que con voluntad política se pueden recuperar viviendas y garantizar la seguridad de los propietarios. Es un ejemplo de que el problema no es la falta de soluciones, sino la falta de decisión del Gobierno central.

La okupación no es un problema de vivienda, es un problema de delincuencia. Defender la propiedad privada y la seguridad no es una cuestión ideológica, sino una obligación del Estado.

Pero Pedro Sánchez y su Gobierno han elegido el bando de los okupas. Mientras tanto, miles de familias ven cómo sus viviendas son invadidas sin que nadie haga nada.

España necesita una respuesta firme y urgente. Es hora de decir basta y exigir un cambio de rumbo antes de que la okupación siga destrozando barrios, familias y la seguridad de todos.

Jacobo Medina, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa

El Día Mundial del Agua es un buen momento para explicar la verdadera razón que subyace en la emergencia hídrica que recurrentemente padece Lanzarote, y no es otra que una profunda crisis de valores, compromiso y asunción de responsabilidades por parte del PSOE lanzaroteño, cuya secretaria general, cabeza de lista y diputada por la Provincia de Las Palmas, Dolores Corujo, permanece instalada en mentiras oficialmente certificadas y obsesionada por construir un falso relato con el que aspira a encubrir la absoluta inacción, incompetencia e irresponsable revanchismo político que caracterizaron los cuatro años que la padecimos en la Presidencia del Cabildo de Lanzarote y, por ende, del Consorcio del Agua.

Aunque la memoria es frágil, fueron décadas de malos gobiernos PSOE-PIL los que hundieron INALSA –empresa pública perteneciente al Consorcio de Aguas que gestionó en régimen de monopolio el Ciclo Integral del Agua (CIA), desde 1989 hasta 2013– casi siempre con el PSOE ostentando la Presidencia del Cabildo y, por tanto, teniendo la máxima responsabilidad política en el hundimiento de la empresa.

En 2009, entonces ya con el PSOE gobernando en solitario, tal había sido el desastre de su gestión que el CIA agonizaba por falta de mantenimiento, ahogado en deudas acumuladas que superaban los 50 millones de euros –ni electricidad le suministraban a precio de mercado por impagos– y lo que es peor, sin recursos ni capacidad de maniobra para atender las frecuentes incidencias que provocaban permanentes cortes de agua y amenazaban con el colapso total del ciclo.

Así las cosas, a petición de los acreedores, que intentaban no perderlo todo, la Justicia declaró ese año 2009 el “concurso necesario de acreedores” y apartó a los cargos públicos del PSOE de la dirección de la empresa, poniendo al frente de la misma a tres administradores judiciales, al tiempo que decretaba el embargo preventivo de propiedades de estos y anteriores directivos por valor de unos 11 millones de euros, que afectaban en torno a un 90% a miembros del PSOE y PIL.

Este fue el panorama que me encontré cuando, a finales de 2009, accedí a la Presidencia del Cabildo: un CIA intervenido por la Justicia que había apartado a los dirigentes políticos del PSOE de su gestión. Pero no fue hasta 2013 cuando logramos levantar el concurso tras la adjudicación del CIA por parte del Consorcio a Canal Isabel II –empresa que gestiona el de la Comunidad de Madrid– que había ganado el mismo con una oferta de más de 100 millones de euros. Entonces Coalición Canaria cogobernaba en el Cabildo con el PSOE y eran miembros del Consorcio del Agua, los número uno y dos del PSOE (aun lo son), Dolores Corujo y José Juan Cruz, alcaldes de San Bartolomé y Tías respectivamente; siendo la primera la única de los siete regidores municipales que participó de principio a fin, con su voz y su voto en todo el procedimiento: en la aprobación del pliego de condiciones, en el negociado con publicidad y en la propia adjudicación para, años después de levantado el concurso de acreedores, negar públicamente su participación y acusar a Coalición Canaria de haber privatizado el agua. A día de hoy, Dolores Corujo sigue negándolo, a pesar de los múltiples certificados oficiales que acreditan cuanto digo y tienen en su poder los medios de comunicación.

En el año 2017 una sentencia de la Audiencia Provincial resolvió que debía revisarse de oficio la adjudicación de 2013 por supuestas modificaciones sustanciales, pero el denunciante se retiró y decayó su ejecución. Sin embargo, Dolores Corujo, que aspiraba a la Presidencia del Cabildo en el año 2019, y ya con el PSOE fuera del gobierno, en uno de los primeros gestos de la miseria política que desde entonces ha caracterizado su modus operandi, se desmarcó de todo el procedimiento del que fue actora principal, junto a mí, para acusar en campaña electoral a Coalición Canaria de privatizar el agua y prometer que si llegaba a la Presidencia del Cabildo, ella ejecutaría aquella sentencia, que anularía su propia adjudicación, y “devolvería la gestión del agua al pueblo”. Y llegó, pero por supuesto que en los cuatro años que presidió la corporación no hizo nada de lo que prometió al pueblo, y no lo hizo porque nadie mejor que ella sabía que mintió en todo momento, e iría contra sus propios actos, y lo que es peor, durante esos cuatro años (2019-2023) no invirtió ni un céntimo de euro de fondos públicos propios en el CIA, con lo que, cuatro años después, la situación había vuelto al desastre con que se encontró Oswaldo Betancort. La historia se repetía y Coalición Canaria heredaba de nuevo del PSOE una endiablada situación de emergencia hídrica.

En lo único en que, como presidenta del Consorcio del Agua, Dolores Corujo sí empleó todas sus energías, esfuerzo y malas artes, fue en montar una falsa denuncia contra mí desde la atalaya del Consorcio del Agua que en Lanzarote rige el CIA por delegación municipal, y con la que durante años el PSOE me arrastró por los juzgados y me atacó con incontables notas de prensa oficiales que me presentaban como a uno de los mayores delincuentes de la historia política de Canarias y que, lógicamente, copó decenas de portadas y noticias en múltiples medios de comunicación. Pero esa es otra historia de la que ya salí absuelto.

Pero ni el PSOE ni Corujo aprendieron la lección. En el presente mandato, en cuanto el actual presidente, ante la gravedad de la situación, ordenó destinar urgentemente recursos públicos al CIA, la primera andanada del PSOE fue denunciar que el Consorcio y el Cabildo estaban haciendo inversiones ilegales con fondos públicos, que correspondía hacer a Canal Gestión. Por contra, la última ha sido denunciar que los presupuestos del Cabildo de 2025 no cuentan con inversiones en el CIA. Es decir, el PSOE y Corujo son capaces de denunciar una cosa y justo la contraria sin sonrojarse, si de atacar a CC se trata.

Lo mismo ocurre con un reciente Auto del Supremo que valida otro de la Audiencia Provincial obligando a investigar si hubo responsabilidad por negligente gestión política de mis antecesores en INALSA –la mayoría miembros del PSOE– y que fue informada por el actual presidente en el último pleno del Cabildo. Dolores Corujo asegura ahora que es falso dado que fue ella quien cerró el Concurso de Acreedores (solo posible tras la adjudicación al Canal de Isabel II en la que, como expliqué líneas atrás, negó haber participado) y que Oswaldo miente. Y es que cuando se trata de intentar destruir al adversario, Corujo es capaz de algo tan inaudito como presumir de haber sido ella quien “hizo aquello que paradójicamente negó haber hecho”, o participado siquiera.

Por todo esto, y mucho más que no cabe en un artículo, afirmo que la crisis hídrica que vive Lanzarote tiene su origen en una muy mala gestión del CIA en la que el PSOE ha tenido la máxima responsabilidad histórica. Pero si no hemos salido aún de ella es porque se precisaba de un pacto insular por el agua, que diera continuidad a lo que emprendimos con el PSOE en 2013, aunque ahora lo nieguen, pacto que no ha sido posible por la crisis de valores, de moral y decencia política que lleva instalada en el seno de la dirección del PSOE lanzaroteño desde hace ya demasiados años. No será fácil, pero no tengo dudas de que Coalición Canaria, con Oswaldo Betancort y su equipo, volveremos a revertir la situación heredada, esta vez sin el PSOE.

Pedro M. San Ginés Gutiérrez es senador por la CCAA de Canarias y expresidente del Cabildo de Lanzarote