Este año y por desgracia, España ha sentido el zarpazo de la muerte, fulminando la vida de 40.000 españoles, hundiendo sin piedad las esperanzas de familiares y amigos, mientras nuestros sanitarios arriesgan sus vidas sin medios de protección para salvar a la máxima cantidad de conciudadanos posibles en la vorágine de la pandemia y que ha tenido como resultado el deceso de mas de 6500 sanitarios.

«ESPAÑA VIVE CADA DÍA UN 11M»

De antemano, quiero expresar mi mas sentido pésame para todos ellos, tengo el corazón desgarrado por tan dantesca situación, me sumo a su dolor.

«SANCHEZ HUNDIRÁ EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE CANARIAS ”

Vivimos tiempos convulsos sumamente complicados a todos los niveles, España se encuentra en un estado de ingobernabilidad absoluto, los intereses políticos y los ejercidos por los poderes fáctico, nos arrastran a una situación insostenible con un pueblo que, displicente, se encuentra en un absoluto estado de indefensión.

Es la unión un factor importante no cabe duda, pero es la eficacia en la gestión la que salva vidas y la que nos estabiliza en términos económicos y sociales.

Un gobierno socialista que necesitó pactar con la extrema izquierda, con separatistas y terroristas, nunca podrá tener una eficacia de gestión por los intereses implícitos de las partes. Es un gobierno inestable , frágil , un barco ingobernable que ahuyenta la inversión extranjera y por lo tanto, la estabilidad económica del país y de Canarias en el peor momento, provocando el peor escenario, llevando irremediablemente al 40% de la población de Canarias y a sus familias al paro, al hambre, a la pobreza, y a la miseria.

La violación incontrolada de las libertades fundamentales, por parte de un gobierno social comunista en convivencia con la extrema izquierda, que cada día se acerca mas a sus propósitos mas propios de 1936 que del 2020.

«TENEMOS QUE CENTRARNOS EN LOS PROBLEMAS DE HOY DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS PARA TENER UN FUTURO»

Personas haciendo colas para recibir comida, recortes a la libertad de expresión, de culto, reunión y huelga, violaciones sistemáticas en contra del derecho a la propiedad privada, limitación de la libre circulación, ciudadanos a los que se les solicita la documentación por el simple hecho de llevar una bandera de España, símbolo de nuestra nación, nuestra historia, nuestra identidad.

Intentando silenciar al pueblo español con ayudas y paguitas, para lavar su imagen, un gobierno, que siguiendo la estrategia del NUEVO SOCIALISMO DEL SIGLO XXI busca el enfrentamiento entre españoles, para que de forma sibilina, ruin e inmoral, ocultar las barbaridades de su nefasta gestión, alrededor de 40.000 fallecidos entre cifras y porcentajes, evitar que se vean nuestros muertos, que los velemos y que no nos podamos despedir de ellos o les rindamos honores como corresponde, dejando que que mueran solos, esconder la realidad con mentiras para quitarle hierro al asunto y que esto pase como si nada. Simplemente vergonzoso.

Acciones para conseguir sus fines en el menor tiempo posible, para preservar sus intereses personales a costa de el dolor y el sufrimiento de los españoles. Un autentico escándalo.

Un ejecutivo insostenible por el cual Europa no esta llamando la atención, un presidente, cuatro vicepresidencias, 18 ministerios, 29 secretarías de Estado, 48 subsecretarías o cargos con dicho rango, 130 direcciones generales o asimilados, 21 secretarías generales técnicas, más de 200 asesores, que engordan sus carteras y terminan con pensiones vitalicias, un gasto irrefrenable y bajo mi punto de vista inmoral, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran en exclusión social y familias canarias que no llegan a fin de mes.

El saqueo incontrolado y absolutamente obsceno a la población con políticas económicas mas propias del absolutismo del siglo XIX, con una administración asfixiante, que machaca sistemáticamente a pequeñas y medianas empresas, donde los ciudadanos se ven en la incapacidad absoluta de ahorrar por encontrarse inmersos en un nivel impositivo que roza el 60% y que nos mantiene indefectiblemente en la cuerda floja, amordazados por miedo a la inestabilidad para ellos y sus familias.

España y especialmente Canarias tiene una estrategia de desarrollo que limita y mucho sus posibilidades de crecimiento y expansión, ya que los sectores productivos de la economía española se caracterizan por un peso muy alto en el sector de los servicios.

Políticas absolutamente fuera de la realidad de Canarias, donde la inversión sobre el sector primario es insuficiente, la del sector secundario esta limitada por su baja productividad y donde el terciario, el 50% de su producción se basa en el turismo, un sector que se va a ver gravemente impactado por las políticas del gobierno central y del gobierno social-comunista de Canarias.

Ya se espera un nivel de paro aproximado del 40%, lo que significa que aproximadamente mas del 67% de la población canaria se va a ver en una situación sumamente complicada, por no decir algo mas grave.

Si alguien piensa que esto no va a afectar a Canarias, se equivoca y mucho. El servilismo de algunos partidos políticos de Canarias para con este gobierno destructivo de las libertades, de nuestra economía y por lo tanto de nuestro modelo social de vida son tan responsables como el mismísimo Sánchez.

Se avecina un Tsunami la Nueva Anormalidad, LA ESPAÑA BOLIVARIANA DE SÁNCHEZ personalmente, pienso luchar por España, Canarias, nuestras familias, valores, sistema productivo, nuestras libertades, costumbres y todo aquello que nos define como españoles y como canarios.

Sobrevivir con los ingresos de un fin de semana.

Cualquiera podría pensar que nos referimos a alguien que trabaja en la hostelería o una familia que tiene un pequeño negocio, pero no.

Nos referimos a Canarias entera.

Así lo publicaba el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) esta misma semana, con sorprendente indiferencia por parte de la sociedad canaria, medios de comunicación incluidos.

¿Qué nos cuenta el estudio? Si el Archipiélago reanuda su actividad turística después del verano, tendríamos un millón de pernoctaciones hasta diciembre. Dicho de otra manera y para entendernos mejor: vendrían a Canarias en lo que queda de año (8 meses) los mismos turistas que vinieron el año paado solo en un fin de semana.

Sí, sí, están leyendo bien, en ocho meses el mismo número de turistas que un fin de semana cualquiera del año pasado. Esto supondría una caída del PIB del 32 por ciento. En el escenario más ‘optimista’ de llegada de turistas, el PIB caería un 24 por ciento.

Repito, en el escenario más optimista.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud del terremoto, la caída del PIB en 2008-2009 en las islas con la anterior crisis fue del 4,8%. Ahora caería un 24 por ciento, en el ‘mejor’ de los casos.

Me cuesta comprender por qué estas perspectivas no son el tema central de debate en las Islas y síi lo es el detalle de la ‘desescalada’; semana arriba, semana abajo.

Sobre todo porque el reinicio de la actividad turística no depende de cuando Canarias lo decida, depende de cuando la gente quiera volver a visitarnos, si es que tienen ganas y recursos económicos para hacerlo, y de cuando sus respectivos gobiernos lo permitan.

Realmente si que es fácil de comprender, para que engañarnos. El virus nos pone desnudas frente al espejo y algunos poderes irresponsablemente prefieren pasar página lo antes posible.

Con el actual modelo económico no tenemos ninguna influencia sobre nuestro destino como pueblo y echar las culpas de esto únicamente a influencias externas sería hacernos trampas al solitario.

Nuestro sector productivo tiene características típicamente coloniales:
Monocultivo, con todos los huevos en la misma cesta, la turística. Huevos que además los disfrutan fuera, de cada 140 euros que gasta un turista al día en Canarias, más de 100 euros vuelan a manos extranjeras (touroperación, todo incluido, etc..) y dependencia gigantesca del exterior para todo, tanto es así que hasta el gofio que consumimos lo hacemos, salvo heroicas excepciones, con cereal traído de fuera.

De energía mejor ni hablar, expertos llevan décadas aconsejando y alentando que nuestra tierra debía ser un ejemplo de generación renovable a nivel mundial. ¿Y qué nos encontramos hoy en día? Que estamos por debajo del 20 por ciento de generación eléctrica con renovables.

En la tierra del sol, alisios, volcanes y Atlántico seguimos comprando energía carísima al exterior, con lo que eso supone para nuestra salud, medio ambiente, balanza comercial y para los bolsillos de canarios y canarias, debido al elevado y absurdo coste de esa factura.

Y por supuesto, encima, presumiendo de baja fiscalidad y bajos salarios para atraer inversiones. Ofrecemos nuestra tierra para pagar pocos impuestos y salarios de miseria y después nos extrañamos de liderar los rankings de pobreza, exclusión y peores servicios públicos.

La responsabilidad de esta situación es tan evidente que no voy a gastar ni un renglón en señalarla, solo basta con pasarse por Wikipedia y consultar quien ha gobernado las islas los últimos 30 años.

La pandemia llegó y evidenció la fragilidad del modelo. Ya era insostenible cuando ‘funcionaba’: destrucción del medioambiente, fuga de capitales y grandes bolsas de exclusión y pobreza en la población, pero es que ahora demuestra su inviabilidad con toda la crudeza.

Mira que los movimientos sociales, el tejido productivo local y una parte importante del mundo académico llevan avisándolo tiempo. Mira que nos llamaron locos un millón de veces cuando lo planteamos en sede parlamentaria. Mira que nos criticaron cuando votamos en contra de las reformas del Estatuto y el REF precisamente por haber excluido todas las propuestas de cambio de modelo económico en las islas.

Que sensación más amarga la de tener razón pero no ser escuchados.

Ahora toca, ahora nadie puede mirar para otro lado. O cambiamos el modelo o muchos miles de canarios y canarias tendrán que coger la maleta, no hay más opción.

Asumamos que el consumo externo se desploma y protejamos el consumo interno mediante un ingreso suficiente y estable para la población o tendremos neveras vacías, emigración y destrucción del tejido económico de autónomos y pequeñas empresas.

Desde el guachinche, pasando por la floristería familiar que le vendía a los hoteles, hasta la diseñadora gráfica que trabajaba desde su casa por encargo. Nadie quedará a salvo si cae aún más el poder adquisitivo de las clases populares.

Si no ponemos en valor los cuidados y los servicios públicos es que no hemos aprendido nada de la terrible pandemia. Poner en valor no significa solo aplaudir (que es un gesto muy bonito), significa dotar de recursos a Sanidad, Educación, Investigación, Servicios Sociales.

Ya tenemos claro que el dinero destinado a lo público no es un gasto, son inversiones en salud y vida, son inversiones que nos hacen grandes como pueblo. Significa aflorar muchos empleos que hoy en día ni se reconocen ni se remuneran y que son principalmente realizados por mujeres.

Cuidar de personas mayores, dependientes o de las chinijas de la casa es un trabajo enorme, pues ya es hora de que sea también un empleo. Con dignidad y con derechos, ganaremos todos y todas.

¿Qué mejor momento que ahora para rehabilitar y modernizar la planta hotelera? Para hacerlos más eficientes energéticamente, adaptarlos a las renovables y mejorar la calidad del destino turístico. Para adaptarnos a un turismo cada vez más especializado, para distribuir la riqueza producida generando empleo en nuestra tierra.

Con el aumento del desempleo en el sector de la construcción seguro que hay miles de profesionales que están pensando exactamente lo mismo.

Canarias debe aumentar el peso de la industria en la generación de riqueza, por motivos desgraciadamente obvios estamos a años luz del 20 por ciento sobre el total del PIB que marcaba la Unión Europea para este mismo año 2020.

Cojamos el tren de la digitalización y robotización sin complejos. Apoyemos decididamente desde la colaboración público-privada la industria del software, videojuegos, gestión de datos, destinos inteligentes, etcétera. ¿Por qué no? Tenemos talento de sobra, infraestructuras y seguridad jurídica para hacerlo.

Y por supuesto el sector primario, ya nunca más se usará mago o maúro de manera despectiva, ya sabemos que cuando las cosas se ponen feas cada finca plantada es un tesoro.

Cada persona que trabaja en el campo, en el empaquetado, en la manufactura, o en un mercado canario es esencial para nuestro pueblo.

Apostemos por acercarnos a la soberanía alimentaria de las islas, a la producción y consumo local, modifiquemos las ayudas a la importación de productos para que nuestro campo no se muera.

Para todo esto hacen falta recursos y los tenemos, los que más riqueza acumulan deben pagar impuestos de forma progresiva como todo hijo de vecino.

Las herramientas de evasión fiscal legal, demostraron que no traen nada bueno a nuestra tierra, que solo generan paro, precariedad y un modelo económico muy frágil, extremadamente dependiente del exterior. Y ahí hay mucho dinero, muchísimo.

El presidente de Canarias declaró hace unas semanas que solo en el último año, una de estas herramientas de evasión fiscal legal para los más ricos, la RIC, dejó sin materializar 1.200 millones de euros. Esto es a todas luces absurdo; injusto por supuesto, pero absurdo económicamente hablando, también. Nunca se debió permitir, pero ahora menos todavía.

En definitiva, hay salida.

Pero requiere valentía y entender que las instituciones públicas y el conjunto de sectores de la sociedad canaria debemos responder con contundencia histórica a la nueva realidad. Es cuestión de vida y futuro o de pasado y penurias. Si triunfan la cobardía, la inercia o la salvaguarda de determinados intereses particulares, Canarias estará condenada, una vez más, a la insular miseria y la emigración.

La diferencia con anteriores ocasiones, es que puede que no haya a donde ir con la maleta.

Es difícil recrear un escenario peor a día de hoy para el turismo en España y en Canarias. Cuando arrancaba la temporada de invierno hace escasos meses, nos despertamos una mañana con la noticia de la quiebra de la segunda empresa más importante en el mundo en turoperación, Thomas Cook. Casi al mismo tiempo, y aprovechando que el Pisuerga pasaba por allí, la compañía aérea Ryanair decidió cerrar sus bases en Canarias, basándose en la escasa rentabilidad de las mismas. Como no hay dos sin tres -y por si todo esto no hubiera sido suficiente-, rondaba en el aire la amenaza del Brexit y la incertidumbre que generaba y genera, aún hoy, al no haberse formalizado estrictamente el acuerdo.

Tres tormentas casi perfectas, en un espacio corto de tiempo, habían azotado nuestra principal actividad económica, el motor de nuestra economía, el turismo.

Pero llegó la COVID-19 y mandó parar. El sector turístico a nivel mundial se ha detenido en seco, no ha quedado otra. Los aviones, los barcos, los rent a car, las agencias de viajes, los restaurantes, los comercios, los apartamentos, los hoteles y muchas más actividades no han tenido más opción que cerrar para evitar la propagación de la pandemia y las muertes que lamentablemente siguen produciéndose.

Este cierre, que no por obligado deja de ser necesario, ha dejado en el recuerdo aquellos primeros momentos en los que un hotel en el sur de Tenerife estuvo en cuarentena para evitar la propagación del virus. Muchos pensaron que aquella medida había sido excesiva, y se anunció incluso que se revisarían los protocolos para evitar situaciones si acontecía futuros casos. ¡Qué equivocados estábamos todos!  No sabíamos que lo peor estaba por venir.

Ahora es el momento de ir pensando en como reactivar la economía. Ya se escuchan voces que anuncian que se debe evitar la dependencia del monocultivo del turismo, pero lo cierto es que, siendo deseable, la realidad es la que es y del turismo dependen muchos, muchísimos puestos de trabajo, y eso no se cambia así como así. El Gobierno de España y el de Canarias deben replantearse muchas cosas. Las medidas de urgencia son parches momentáneos para evitar un mal mayor, pero este virus pasará y el día después las empresas deberán reactivarse y volver a una actividad, aunque dicho retorno será lento y escalonado. No existe una única medida, un único remedio, nunca existe. Son muchas acciones y medidas de distinto calado las que harán que esto lo superemos. Pero se necesitarán medidas claras y concisas, sin letra pequeña, como en casos excepcionales después de una guerra han sido puestas sobre la mesa. Porque estamos en una guerra, no debemos tener ninguna duda de ello.

El FMI ha anunciado una caída del 8% del PIB para España este año y una tasa de desempleo del 20,8%. Mal pronóstico para nuestra economía. Lamentablemente, este es un año perdido para el turismo y, por lo tanto, para la economía canaria. Todos los informes, opiniones y estudios que han salido estos últimos días coinciden en afirmar que tal situación no se revertirá antes de finales de año, es decir en la temporada de invierno 2020 – 2021. Antes parece complicado, pero no debemos perder la esperanza de que así sea, pues de ello dependen muchas personas.

Parece que, por bien que vayan las cosas, es casi imposible una recuperación razonable del sector antes de que termine el año. Es el momento para plantearle al Gobierno de España financiar un ambicioso Plan de Renovación y Modernización del Turismo que España y Canarias necesitan. En estos años pasados se han hecho varias actuaciones por la renovación, pero es necesario una apuesta más decidida. De esta forma se daría al mismo tiempo un impulso al sector de la construcción y sectores vinculados a ella.

La pregunta es, ¿cuándo se reactivará el turismo? Parece que esto va para largo, dependiendo como depende de otros factores, no solo de la voluntad de los empresarios. Se deberán volver a abrir las fronteras y necesitaremos un transporte aéreo plenamente operativo en Europa, para que nuestros fieles turistas puedan venir. Si bien varios operadores empiezan a anunciar vuelos y paquetes para mediados de junio, no tiene dicha promesa más certeza que la del buen deseo de volver a normalizar la situación.

Nuestro fiel turista europeo volverá: Canarias ofrece no solo unas condiciones climáticas inmejorables, sino también una oferta variada de alojamientos para todos los gustos, y una siempre mal llamada oferta complementaria, que en nuestro caso es una oferta principal, que nos diferencia de otros destinos competidores en otras partes del mundo. No es el precio, es la relación calidad – precio lo que nos hace un destino líder en el contexto turístico, y si a eso le añadimos la profesionalidad y dedicación de todos los empleados que día a día hacen que el turista disfrute de sus vacaciones, tenemos el secreto del éxito de Islas Canarias.

Nuestro fiel turista europeo volverá, pero es imperioso dotar a las empresas y a los emprendedores de los estímulos y ayudas necesarias, para poder revertir en el menor tiempo posible esta situación, que ha cambiado la realidad del turismo y de la economía mundial.

 No dejar a nadie atrás. Una consigna que desde los gobiernos, tanto estatal como el de Canarias, no se deja de repetir y que en estos días de crisis sanitaria y social, por solidaridad, pero también por pura supervivencia, nos obliga a tomar medidas contundentes para que sea una realidad.

Sabemos de dónde venimos, nuestra historia reciente de más de una década de recortes en el ámbito sanitario y social nos ha dejado este panorama de enormes dificultades para abordar con las respuestas adecuadas -recursos materiales y humanos suficientes- una crisis en la que literalmente nos va la vida.

Junto a los colectivos profesionales que, a pesar de  la precariedad y falta de recursos,  se están dejando la piel por atendernos desde  la primera línea (personal sanitario en hospitales y centros de Salud, personal socio sanitario en residencias de mayores, menores,  o de personas dependientes, trabajadoras y trabajadores de las tiendas de alimentación, farmacias y otros servicios esenciales) hay otro,  históricamente invisibilizado, al que aún desarrollando un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida y de los cuidados en el ámbito doméstico,  de forma  incomprensible y tremendamente injusta,  se le siguen negando derechos básicos reconocidos al resto de la clase trabajadora, un colectivo que en su mayoría está formado por mujeres, añadiendo así más discriminaciones a las que ya sufren por el hecho de serlo.

Hoy justamente es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, desgraciadamente nada que celebrar y sí mucho que reivindicar hasta conseguir lo mínimo, la igualdad de derechos de estas trabajadoras en esta coyuntura y para siempre: derecho a protocolos y equipos de protección frente al COVID-19, derecho, igual que el resto de trabajadoras y trabajadores,  a no ser despedidas por la crisis del coronavirus,  derecho a prestaciones mínimas al margen de la situación administrativa, y derecho al paro para todas las trabajadoras que cotizan a la Seguridad Social, ahora y siempre.

No podemos decir que no vamos a dejar a nadie atrás mientras en nuestro sistema haya grietas por donde se cuelan vergonzosamente   excepciones que permiten, legalmente, la exclusión de colectivos y personas especialmente vulnerables.

Hace años que venimos reflexionando sobre esas grietas, sobre cómo los derechos mínimos, los más básicos, siguen sin estar garantizados para todo el mundo, ni siquiera las prestaciones destinadas a combatir la exclusión social llegan a todas las personas que lo necesitan.

Y es que  la “exclusión social”, incluso “la pobreza”,  a los efectos de  derechos sociales, son categorías en las que no todo el mundo, ni todos los supuestos,  están incluidos, dejan fuera numerosas excepciones, grupos de  personas situadas en las  periferias de las periferias, en los márgenes de los márgenes,  espacios cuya existencia se consiente y perpetúa de forma legal o alegal, pero en cualquier caso inmoral, y que refleja lo más sórdido e hipócrita de nuestras sociedades, el lado más oscuro al que no queremos mirar,  porque implicaría tomar medidas que tal vez  nos obligarían  a  recaudar y redistribuir de otra manera nuestros impuestos.

No dejar a nadie atrás sin tocar nuestros bolsillos, los de todas y todos, es imposible.

Tenemos que dar respuestas urgentes, y tenemos que darlas ya, por eso, mientras se pone en marcha la Ley de Renta Ciudadana Canaria, nos parece absolutamente necesario tomar medidas como la reciente propuesta de la Consejera de Derechos Sociales de una renta ciudadana de emergencia coyuntural que cubra a muchas familias de las que están en las periferias de las periferias y que actualmente en Canarias no perciben ningún ingreso.

Nos sobran razones, y tenemos herramientas, solo nos falta la voluntad que nos permita dar el viraje necesario en cómo y en qué invertimos nuestros recursos y el dinero público, y si de verdad creemos en nuestras consignas, y consideramos que de esta crisis solo saldremos todas juntas, no nos queda otra que, aunque sea por puro egoísmo, ser solidarios.

No dejar a nadie atrás.

Por tí, por mí, por ellas, por ustedes.

Porque como dijo recientemente José Mujica “ustedes no son nosotros, pero nosotros somos ustedes”.

Estamos viviendo una situación nueva, con desconcierto e incertidumbre. La aldea global en que se ha convertido el planeta, por el predominio de las relaciones comerciales sobre el resto de las relaciones, está afectada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

La situación de emergencia sanitaria, la declaración del estado de alarma, nos traslada a un escenario extraordinario, con restricciones de movimientos, con cierres de fronteras, con exigencias de máxima colaboración ciudadana, para poner los medios imprescindibles que nos permitan cambiar la velocidad de contagio, disminuyendo el número y alargándolo en el tiempo para que el sistema sanitario pueda responder adecuadamente y no se colapse.

Si el problema es de todos, todos y cada uno tenemos que colaborar en la solución.

Y lo estamos haciendo, de forma responsable y solidaria, quedándonos en casa, haciendo caso omiso a los bulos, rumores y falsas noticias. Ahora es cuando tenemos que hacer un ejercicio responsable con la comunicación y con la información.

No divulguemos información no contrastada. Acudamos a informarnos en las fuentes oficiales, dadas por técnicos solventes y responsables públicos, que tienen el deber de velar por el interés general. Está en juego nuestra salud y la del resto, así como la vida de muchas personas.

Toda la sociedad está siendo consciente de la importancia de lo público, de la gran importancia de tener un sistema sanitario de todos, de que hay que destinar recursos públicos para garantizar el derecho a la salud de toda la población, de que las privatizaciones de los últimos años han hecho mella en el sistema, de que necesitamos más y mejores medios, humanos y materiales. Personal suficiente y dignamente remunerado.  Más medios sanitarios, como instrumentos de paz y seguridad.

Necesitamos mucha más inversión en investigación y desarrollo. Todos miramos hacia el mundo de la ciencia a ver si aparece alguna vacuna que nos proteja.

Y mientras tanto, somos nosotros los responsables de las medidas para protegernos y proteger a los que nos rodean.

La política y la razón se tienen que imponer sobre la economía, que tiene que estar al servicio de la sociedad.

Algún dirigente irresponsable, como el británico Boris Johnson ha optado por defender la economía frente a la vida de sus conciudadanos, la selección natural de las especies frente a la ciencia y el imperio de las leyes del mercado frente a la justicia social.

Europa también ha demostrado su debilidad; cuando de asuntos de carácter social se trata nos falla a la ciudadanía, porque siempre ha primado los valores económicos sobre los sociales.

Está claro que durante las semanas, tal vez meses, que dure esta situación y estemos confinados en nuestros domicilios tenemos que reorganizarnos, disciplinarnos, establecer rutinas, redescubrirnos, proteger a los nuestros, cuidarnos mutuamente, incrementar la solidaridad con las personas que nos necesiten, cultivar la paciencia y la templanza.

En definitiva, de esta crisis vamos a salir fortalecidos y más convencidos de la defensa de lo público como parte de nuestros derechos.

Estoy seguro de que juntas vamos a conseguirlo.

La salud es lo primero, quédate en casa.

Este virus lo paramos unidos.

En 2016 y 2017, Canarias estaba por debajo de la media estatal en abandono escolar temprano. Sin embargo, en 2018 y 2019 se ha vuelto a disparar situándose, según la EPA del cuarto trimestre de 2019, en un 20.8 por ciento, tres puntos y medio más que la media estatal.

La estrategia Europea 2020 estableció entre sus objetivos reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10 por ciento en la UE y del 15 por ciento en el Estado español.  En una década, redujimos a la mitad los resultados (2008, 34.1% – 2017, 17.5%), y de haber seguido la senda de la década 2007-2017 estaríamos  en 2020 en un 12.9 por ciento.

Pero, de nuevo, se ha truncado la tendencia.

Clara señal de que estas cifras ponen sobre la mesa un asunto que preocupa en nuestra sociedad, y del cual se han hecho eco estos días los medios de comunicación, es que el pleno del Parlamento de Canarias ha abordado esta semana en profundidad el problema al que nos enfrentamos como comunidad.

Del absentismo se suele pasar a la frustración y al abandono escolar. De un asunto socioeducativo pasamos a un grave problema social, donde a la falta de preparación académica, se le unen las escasas opciones de inserción en el mundo laboral, las pocas expectativas de recualificarse y todo ello conduce a una generación con escasas expectativas vitales.

Por ese motivo, en muchos de los casos de abandono y fracaso escolar se hace imprescindible subir la autoestima, que las personas se sientan valoradas y necesarias socialmente.

La formación es una carrera de fondo, que exige perseverancia, constancia, entusiasmo, sacrificio y apoyos, muchos apoyos familiares y sociales. Cuando esos apoyos son inexistentes y llegan los momentos de cansancio, de hastío, de frustración, y el adolescente los tiene que enfrentar en solitario,  comienza la desafección hacia el sistema educativo, el absentismo, que concluye en el abandono escolar.

Y aquí tenemos en cuenta a la población canaria de 18 a 24 años que no ha completado la FP de grado medio o el bachillerato y no sigue ningún tipo de formación tras la secundaria obligatoria.

Nos superan Baleares, Murcia y Andalucía. En el otro extremo,  Euskadi (6.7%), Madrid (11.9%), Asturias (12.4%) y Galicia (12.6%), Cantabria, Aragón, Navarra y Castilla y León (todas por debajo del 15%). Países como Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Polonia, Grecia o Irlanda ya se encuentran por debajo del 10 por ciento.

Un problema de hoy, si no le ponemos solución, se prolonga en el tiempo y se enquista, convirtiéndose en un problema del mañana.

Las razones que podríamos aducir son múltiples y variadas, por tanto la solución no puede ser única.

Es evidente que no es indiferente a este asunto el lugar y la familia donde le ha correspondido nacer a cada persona. Los índices de pobreza en Canarias siguen siendo sonrojantes. Por tanto, el origen socioeconómico es otra variable importante.

El nivel de formación de los progenitores, el ambiente cultural en la familia, marcan también, en general, las expectativas de las familias y del propio alumnado. Así pues, el lastre generacional es otra variable a tener en cuenta.

El entorno es fundamental. Los barrios deprimidos, sin atención a sus necesidades, sin oferta cultural, deportiva, de ocio, que se sienten excluidos, son un caldo de cultivo para el absentismo y el abandono. El paro, la pobreza y la exclusión social forman parte del problema y de la baja autoestima de muchas de estas personas.

Nuestro sistema productivo, basado en el turismo y los servicios y en la construcción, ha planteado en general pocas exigencias de cualificación, lo que ha facilitado el trasvase desde los centros escolares hasta el andamio o el trabajo en la hostelería. Por tanto, ahí tenemos otra variable, la de construir un sistema productivo más diversificado, que a su vez exija una mayor especialización y cualificación.

El empleo precario y de escasa cualificación cotiza muy poco e influirá en la jubilación.

Por tanto, escaso pan para hoy y hambre para mañana.

La oferta de Formación Profesional no se ha caracterizado precisamente por ser impulsora de nuevas formas de producción y realizar estudios atractivos. Nos hemos limitado a repetir lo que hay.

Son múltiples, por tanto, las causas que están detrás del abandono escolar; poniendo remedio de forma transversal a las mismas, tal vez podríamos alcanzar mejores resultados para el futuro.

Por ello, hay que abordar de inmediato medidas dentro del sistema educativo para abordar el problema del abandono escolar con una serie de medidas incentivadoras destinadas a facilitar el acceso a las titulaciones a través de programas de segunda oportunidad o realizando adaptaciones curriculares.

Eso propuse en el último pleno del Parlamento a la consejera de Educación, incluyendo entre las propuestas de Podemos Canarias la adopción de medidas de tipo laboral, relacionando el regreso a los estudios con algunos niveles de inserción laboral en prácticas, e incluso medidas de tipo económico, con ayudas para los materiales escolares, el transporte o las prácticas.

Otras medidas podrían ser incrementar la oferta de plazas de titularidad pública de 0-3 años para comenzar una atención temprana, compensar desigualdades y socializar al alumnado; una atención individualizada en el alumnado con necesidades educativas o garantizar que los derechos sociales de la población, como la renta de ciudadanía son una prioridad de este gobierno en su lucha sin desmayo contra la pobreza y la exclusión social.

Junto a medidas educativas, al ser un problema poliédrico, es fundamental también garantizar una alimentación sana y suficiente para toda la población, mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras para influir positivamente en el bienestar familiar y personal. Porque, a veces, el ser trabajador pobre obliga a que más miembros de la familia contribuyan al mantenimiento de la misma aún a costa del abandono de los estudios.

También el derecho a una vivienda digna favorece el enraizamiento de las familias en un entorno y genera estabilidad y tenemos que conseguir que los niños y niñas, la juventud de las 8 islas y los 88 municipios canarios, puedan acceder en igualdad de condiciones a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre en horario de tarde.

 Fomentar el asociacionismo, participar en circuitos culturales y deportivos, fomentar aprendizajes (así como refuerzos educativos), impulsar la lectura, todas ellas son medidas que favorecen la cohesión social y mejoran la autoestima. Y estas medidas precisan una enorme coordinación de ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y la sociedad civil.

La oferta educativa y cultural a lo largo de toda la vida es fundamental, para que las personas vuelvan a engancharse con la necesidad y las ganas de aprender, de mejorar, de recualificarse.

Si la educación de una persona necesita de toda la tribu y no sólo de la institución escolar, la prevención contra el fracaso, el absentismo y el abandono escolar necesita también de toda la tribu, y, con las alarmas puestas, como emergencia social que es.

En definitiva, hay que atender a los problemas buscando las causas profundas y procurando las soluciones que no son coyunturales, sino generalmente, estructurales: pobreza, vivienda, lastre generacional, insuficiente respuesta del sistema educativo y de la estructura social y escasas expectativas sociales.

El sistema educativo es poco flexible y hace poco atractivo el regreso a los que lo han abandonado prematuramente, por lo que, en la línea de caminar por la senda que marca la Ley Canaria de Educación al respecto, se hace necesario establecer algunos itinerarios específicos más flexibles, adaptaciones curriculares y enseñanzas ligadas a la práctica laboral para este tipo de alumnado, para que su vuelta a retomar los estudios, aparte de una necesidad, se convierta en algo atractivo.

El posicionamiento de la Administración educativa y algunos sindicatos y la consiguiente firma, con la oposición del STEC-IC, de un acuerdo que modificará sustancialmente la actual normativa de Listas de Empleo, vaticina el despido de cientos de personas que ya pertenecen al cuerpo docente.

Frente a ello, el STEC-IC siempre ha apostado por la desvinculación de las listas de empleo del proceso de oposiciones. Una lucha histórica que supuso en los años 80 y 90 el establecimiento de acuerdos que ofrecían estabilidad para el profesorado interino y sustituto, trasladando sosiego laboral al colectivo y tranquilidad a las aulas, al tiempo que la experiencia y formación adquirida con los años se convertía en un capital que el sistema educativo rentabilizaba positivamente.

Ya en el 2003 con la derogación del último Pacto de Estabilidad y su sustitución por el Primer y, posteriormente, Segundo Protocolo de Gestión de Recursos Humanos comenzó la deriva en cuanto a la estabilidad laboral del colectivo se refiere, hasta culminar en 2010 con la firma del todavía vigente Decreto 74/2010. El STEC-IC nunca firmó ninguno de los dos protocolos ni apoyó el Decreto 74/2010  por considerarlos lesivos para la estabilidad laboral del profesorado interino.

El reciente acuerdo firmado por diversas organizaciones sindicales y la Consejería de Educación hace algunas semanas y “refrendado” a hurtadillas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020, proyecta unas previsibles y acusadas consecuencias para el actual y futuro profesorado interino y sustituto, el cual representa, aproximadamente, el 25% de la plantilla docente. Así pues, el acuerdo generará un inevitable marco de inestabilidad laboral para miles de docentes y, consecuentemente, para miles de familias canarias.

La pregunta es: ¿Por qué se ha desaprovechado una oportunidad histórica para dotar de estabilidad al colectivo? ¿No se supone que la evolución social debe tender a la  mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as?

Ya en noviembre de 2016, se presentó por el conjunto de los sindicatos más representativos (STEC-IC, ANPE, CCOO, INSUCAN y UGT) una propuesta unitaria solicitando a la Consejería de Educación la desvinculación de las Listas de Empleo docentes de los procesos selectivos. Los motivos sostenidos en aquel entonces eran la inestabilidad laboral ofrecida al profesorado interino, la existencia de numerosos nombramientos fallidos, el abuso de las ofertas extraordinarias por encima de lo razonable, unas listas que se agotaban o sin personas disponibles; la inexistencia de normativa que reconociera y protegiera el trabajo e implicación del personal docente interino (muchos con más de 20 años de servicios) así como, un sistema de acceso a la función pública docente que no valora adecuadamente la capacidad didáctica y pedagógica de los aspirantes, etc. Estos motivos, perpetuados en el tiempo, fundamentaban las propuestas unitarias que se realizaban en el documento presentado a la Administración y que englobaban a todo el colectivo sin distinciones, así como a los futuros integrantes de las Listas de Empleo.

Tres años más tarde, en noviembre de 2019, firmando el nuevo acuerdo que divide al colectivo en dos listas en función de su antigüedad, se concreta en el seno de éste sector, el hecho de dejar fuera de la primera lista a los docentes interinos con menos de tres años de servicios, los cuales si en un proceso selectivo obtienen un mal resultado, podrían ver gravemente perjudicada su posición en lista, perdiendo toda opción de volver a trabajar en muchos años. En la misma situación se encontrarán los aprobados sin plaza de una oposición que, cuando se convoque la siguiente, dos años más tarde, tampoco habrán acumulado los tres años de experiencia para entrar en la primera lista.

Por tanto cabe volver a preguntarse: ¿Cómo se justifica un cambio de dirección administrativa con tanta trascendencia negativa para miles de personas? ¿Cuál es el futuro actual de las miles de familias afectadas y de los futuros integrantes de las crecientes listas de empleo?…Son incógnitas sin responder.

Es necesario dar sosiego al actual y futuro profesorado interino y sustituto de Canarias, apuntalando un marco normativo vinculado a la necesaria estabilidad laboral y, no supeditado a un proyecto de vida que navegue con una continua incertidumbre e incansables horas de formación y preparación de oposiciones; añadido a un quehacer diario que requiere la defensa de un puesto de trabajo con un alto grado de implicación, que dé respuesta a la demanda de aprendizaje y valores sociales que requiere nuestro alumnado.

Indudablemente desde el STEC-IC, apostaremos por mejorar en lo posible este lesivo acuerdo durante la negociación de su desarrollo normativo.

Por Cristina Rivero. Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC

Se confirmó, al menos en primera instancia, el sorprendente por inesperado voto de Ana Oramas en contra de la investidura de Pedro Sánchez y de la coalición progresista (UP, Más País, Compromís, NC,…) que lo apoya. Mucho se debatirá y especulará en los próximos días sobre el mismo. Aquí les dejo, en todo caso, mis propias meditaciones. Quizá animen un debate que sin duda tendrá notorias repercusiones para Canarias, para el nacionalismo canario y para el sistema canario de partidos.

Y quizá deba comenzar estas notas indicando que, en mi opinión, la intervención de Oramas en el Pleno del Congreso no solo evidenció un cambio de acentos y modos con respecto al tradicional pragmatismo y oportunismo que durante varias décadas había caracterizado a CC. Reveló también la apuesta por (en realidad la vuelta a) un rancio conservadurismo centralista aderezado con no poca crispación y rechazo hacia otras opciones políticas progresistas, así como su evidente sintonía con otras opciones de la derecha y la extrema derecha. Su crispada intervención, sus desmedidas acusaciones al PSOE y a la coalición progresista, sus acusaciones hacia otras organizaciones nacionalistas, así como las vergonzantes alabanzas que posteriormente ha recibido por parte del PP, de Ciudadanos y de Vox hablan por sí solas.

Creo así mismo que su posición en este lance no solo ha sido una enorme falta de respeto y consideración para con el Consejo Político de CC que debatió la posición adoptar ante la investidura de Sánchez. Ha sido también una auténtica tomadura de pelo a las personas que, al parecer de forma «unánime», adoptaron la decisión de abstenerse. Les ha dicho, a su modo y sin contemplaciones: reúnanse ustedes y decidan lo que quieran que ya haré yo lo que me dé la gana.

Pero quizá su voto en contra no haya sido tan sorprendente e inesperado como parece. Cuesta aceptar, incluso para un observador externo, que su posición y decisión no fuese conocida por otros miembros de CC, especialmente por sus íntimos y allegados. Cuesta creer que se deba a algunas dudas «morales» pues, si fuese así, tan exigente conciencia moral debería haberle advertido que, como mínimo, estas cosas no se le hacen a nadie, y menos a tus compañeros de viaje. Y cuesta, por último, creer que su posición se deba a una ocurrencia improvisada y de última hora. En fin, lo razonable es pensar, más bien, que la decisión de Oramas forma parte de una estrategia bien meditada y compartida con otros, aunque al margen de los órganos de CC.

Y quizá la primera piedra de esa estrategia resida en el preocupante cambio de posición política que subyace a la soflama de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, esto es, en el radical alejamiento de aquella actitud pragmática –basada en la supuesta defensa de «lo nuestro»- de la que tanto había alardeado ella y CC en las últimas décadas. Incluso su campaña electoral estuvo plagada de ese recurso a través de un ataque constante al gobierno central.

No está de más señalar que quizá fuera por esta actitud por la que unos pocos han caído en la ingenuidad de confundir este constante ataque a Madrid con una posición política nacionalista, al tiempo que han creído –vana ilusión- que con  tales mimbres era posible una unificación en clave progresista del nacionalismo canario. En realidad, el discurso de Oramas nada tuvo que ver con la defensa de los fueros canarios. Ni tampoco con la exigencia de cumplir con la denominada «agenda canaria». Es más, en su intervención en el Congreso de los Diputados Ana Oramas ni siquiera mencionó aquella disparatada exigencia de última hora que no era más que una excusa para justificar el NO al gobierno de colación progresista. Me refiero obviamente a la petición de una bonificación -sin ninguna discriminación según niveles de renta- de  un 60%  de la cuota líquida a pagar por cada uno de los contribuyentes canarios en el IRPF, así como de una igual bonificación en el impuesto de sociedades. No. Nada de eso estuvo en su intervención. De hecho, Ana Oramas realizó un discurso puramente ideológico y plenamente alineado con las posiciones de la derecha y la ultraderecha española. Hasta tal punto es así que en nada se diferencian sus posiciones de las esgrimidas por el PP, Vox o Ciudadanos.

Sin embargo, y quizá esta sea otra pieza de la estrategia de Oramas y sus allegados, en el debate de investidura la diputada de CC ha ido mucho más allá. En realidad, tras su discurso se esconde otra opción de fondo que –es fundamental retenerlo- no se discutía en Madrid o en el Congreso. De hecho se ventilará en unos meses en la propia CC. Se trata, como sabemos, del próximo congreso de CC y, en resumen, del momento en que se decidirá quién y qué línea política regirá en CC (o lo que quede de ella) en los próximos años.

Ana Oramas, y con ella Alonso, Clavijo, Bermúdez, Linares,…, son perfectamente conscientes de que detrás de las actuales tensiones en CC está una corriente de opinión interna que pretende disputarles el liderazgo y mantener la línea política de CC. Y saben también que ha sido y es esa corriente interna -en ocasiones tildada de progresista- la que prefiere una actitud más pragmática y un entendimiento con el gobierno español, sea cual sea su signo político. Saben, en fin, que ha sido esa corriente de opinión la que –en contra de sus tesis- ha apostado por la abstención en el debate de investidura de Sánchez. Pero, así las cosas, lo que esa disputa interna está evidenciando es otra cuestión sumamente importante: está poniendo en discusión quién manda en CC o, en otros términos, está poniendo en cuestión la hegemonía de ATI en CC.

Aaaah, pero eso sí que no. Hasta ahí podíamos llegar. Como reza el dicho tradicional, «con las cosas de comer no se juega». ¡De ahí la posición y el desafío de Oramas!

De la hegemonía ática en CC, de sus sibilinos modos y arteras maneras saben muchos quienes la han soportado desde hace tiempo, aunque nunca hayan querido reconocerlo públicamente. Pero de pronto se han percatado de que ahora pueden desafiarla. Pueden y parece que algunos quieren hacerlo porque hay una diferencia fundamental con respecto al pasado. Hasta hace unos meses ATI, como fuerza hegemónica en CC, repartía prebendas y canonjías aquí o acullá con tal contentar a unos u otros y preservar el control y la cabeza de CC. Pero ya no puede hacerlo. Ha sido desalojada del poder en muchos municipios, en el Cabildo de Tenerife y en el propio gobierno de Canarias. ATI ya no tiene quien le escriba pidiendo favores, ni tampoco tiene con qué responder a esas cartas y ni con qué contentar a las partes hasta ahora condescendientes. Es más, algunos se han dado cuenta de que su radical giro a la derecha y su desalojo del poder les han perjudicado seriamente. Y eso también tiene su peso y sus consecuencias.

Con todo, el problema de la CC de hoy es cómo repartir lo poco que les queda y cómo mantener o derruir la hegemonía ática, además de cómo retornar al poder. Oramas y sus aliados se equivocan si creen que la manera de mantener su dominio es imponer -incluso contra las decisiones de los órganos- su orientación ideológica y su hegemonía política y orgánica. Esa es mala medicina. Ya se ha probado y se sabe que genera reacciones adversas.

De cualquier modo, veremos cómo termina esta terapia, aunque me temo que mal pues no falta ya quien aventure que esto terminará en la fractura de CC. De hecho, hay no pocos que están a la espera de que alguno dé el primer paso para luego ellos dar los propios en esa misma dirección.

Es posible que API y CC-GC,  y más aún su nuevo socio en Gran Canaria (Unidos por Gran Canaria), quieran seguir aceptando la hegemonía de ATI y acompañarla en este intenso giro a la derecha. Pero parece poco probable que lo hagan las organizaciones de Fuerteventura, Lanzarote o incluso la de El Hierro. Veremos si finalmente tienen coraje para avanzar hacia una ruptura con CC, si deciden retornar a sus organizaciones insulares iniciales o, en fin, si deciden ir cada uno por su lado aunque mantengan la cáscara de CC.

Me apresuro a aventurar sin embargo que en CC no se atreverán a sancionar como se merece a Ana Oramas. Creen que si lo hacen está asegurada la ruptura por parte de ATI. Y hasta puede –creen otros- que quizá sea precisamente esto lo que persigue la propia Oramas y sus íntimos. Por eso quizá a lo más que se atreva el Consejo Político de CC es a una sanción simbólica, o poco más para cubrir las apariencias. Tampoco creo que Ana Oramas dimita y deje su acta de diputada. Ya ha dicho que esté o no en su partido, querrá negociar con el gobierno. Es paradójico y sorprendente que más adelante quiera negociar con el gobierno de Sánchez mientras ahora no quiera apoyar su investidura. Ella sabrá cómo se gestionan tales contradicciones. En cualquier caso, como decíamos, aceptar la insubordinación de Oramas supondrá aceptar públicamente que quien decide en CC es ATI y que sus órganos colectivos no pintan nada. Si cabe, una vergüenza y despropósito aún mayor. Así pues, las cosas están que arden y están difíciles en CC.

Estas mismas tensiones y derivas de CC han animado a alguno de sus competidores políticos a manifestar su propensión a abrirle sus puertas a los disidentes coalicioneros,  aunque quizá lo promuevan bajo el ropaje de aquella apuesta por la unidad del nacionalismo canario. No obstante, parece claro que tras el episodio de Oramas esa apuesta ha perdido gran parte de su aliento y recorrido. Veremos cómo evoluciona en los próximos meses.

Pero si bien es posible que algo de esto ocurra, lo cierto es que lo que ya ha ocurrido (aunque no lo parezca) es otro movimiento sumamente importante por parte de ATI: la vuelta a sus esencias conservadoras e insularistas. Desalojada del poder municipal, insular y autonómico, ATI ha percibido con toda claridad que mantener sus actuales porcentajes electorales será muy difícil, y que más difícil aún será recuperar el poder en muchas de las instituciones de las que ha sido desalojada. Sus más relevantes portavoces lo saben. De hecho, están ya buscando un nuevo discurso con el que afrontar el frio de la oposición y volver al calorcito del poder. Pero ese discurso no será ni nuevo ni tampoco estará vinculado a un nacionalismo progresista con el que en modo alguno empatizan. Está por ver cómo se expresa organizativamente y hasta puede que en breve veamos la creación de un nuevo/viejo partido. Pero ya hay indicios de sobra para pensar que se tratará de un retorno al insularismo y a un rancio conservadurismo disfrazado de defensa de Tenerife. En suma, es muy probable que, por unas y otras razones, la apuesta que subyazca al discurso y los modos de Oramas en la investidura de Sánchez no signifique otra cosa que el deseo de «una vuelta a casa», al insularismo y la derecha que siempre han defendido ella y ATI. Estaríamos pues ante una nueva vuelta a casa por Navidad, esto es, ante el retorno a una derecha insularista.

Hace unos días, como todos los años, el 20 de noviembre celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, un día dedicado a recordar y reivindicar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes del planeta, sin exclusión.

Ninguna causa,  etnia, cultura, creencia, religión, país de origen, clase social, identidad de género u orientación sexual puede condicionar o mermar estos derechos que con la misma legitimidad de Derechos Humanos,  son universales para todas y todos.

En estos días, muchas instituciones, ciudades y pueblos de nuestras islas han conmemorado la fecha con celebraciones solidarias, seguro que la mayoría de ellas diseñadas con las mejores intenciones,  nacidas del corazón y ejecutadas con la generosidad y respeto de quienes,  de forma coherente,  entienden y aplican los principios de el “bien superior del menor” que deben de regir todas las acciones cuando de Infancia,  niñas y  niños se trata.

Pero hay también autoridades que, escondidas entre buenas palabras y lugares comunes, trufan sus discursos con pequeñas perlas  tales como “no somos racistas ni xenófobos, pero”… y en ese ‘pero’ encierran toda la carga de prejuicios y rechazo que llevan dentro,  basada, precisamente,  en la xenofobia que sienten y alimentan  con respecto a un colectivo de criaturas -que no individualizan para no humanizarlas-  que han llegado solas a nuestra tierra, jugándose la vida en miserables pateras, en embarcaciones de mala muerte -nunca mejor dicho- con el sueño de llegar tener un futuro,  una vida mínimamente digna. A veces, solo una vida.

Les llaman MENA para no nombrarles, para ocultar que detrás de esas cuatro letras, lo que hay son niñas y niños,  adolescentes en su mayoría, que se encuentran solos y perdidos, sin sus familias, sin su gente. Con todo el miedo que da lo desconocido, en una tierra extraña, con una cultura e idioma diferentes, y a todo esto, desde su vulnerabilidad, se tienen que enfrentar.

Les llaman MENA y así, sin ningún pudor, algunos alcaldes y alcaldesas, responsables públicos, representantes de partidos políticos -cuyas siglas preferimos ignorar- propagan, desde su infamia, toda clase de mentiras y bulos que lo único cierto que expresan es la verdad de su odio y desprecio.

Se permiten la bajeza moral de  jalear a sus pueblos, invitarles a promover  manifestaciones xenófobas, a que salgan a la calle para que las casas o centros donde son acogidos o acogidas,  no estén en sus pueblos,  en sus barrios o ciudades.

A toda esta gente queremos recordarles que los  derechos  de  la  infancia están  plenamente  estipulados  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño, elaborada  durante  10  años con  las  aportaciones  de  representantes  de  diversas  sociedades,  culturas  y  religiones,  que fue  aprobada  como  tratado  internacional  de  derechos  humanos  el  20  de  noviembre  de  1989, que todos los países firmantes, entre ellos  España -sí, esa España de la que tanto se les llena la boca a algunos-  se comprometieron a su obligado cumplimiento

Que si les da mucha pereza, se lean solo el Artículo 2:

1. “Los  Estados  Partes  respetarán  los  derechos  enunciados  en  la presente  Convención  y  asegurarán  su  aplicación  a  cada  niño  sujeto a  su  jurisdicción,  sin  distinción  alguna,  independientemente  de  la raza,  el  color,  el  sexo,  el  idioma,  la  religión,  la  opinión  política  o  de otra  índole,  el  origen  nacional,  étnico  o  social,  la  posición  económica,  los  impedimentos  físicos,  el  nacimiento  o  cualquier  otra  condición  del  niño,  de  sus  padres  o  de  sus  representantes  legales.”
2. “Los  Estados  Partes  tomarán  todas  las  medidas  apropiadas  para  garantizar  que  el  niño  se  vea  protegido  contra  toda  forma  de discriminación  o  castigo  por  causa  de  la  condición,  las  actividades,  las  opiniones  expresadas  o  las  creencias  de  sus  padres,  o sus  tutores  o  de  sus  familiares.”

Y una vez más, estas “podemitas radicales” que somos, invitamos a todas las autoridades de nuestro país a que den ejemplo y se comprometan,  en serio, con el cumplimiento de las leyes autonómicas, estatales y acuerdos internacionales que hemos suscrito.

Que no tengan la poca vergüenza de justificar o legitimar  el racismo, la xenofobia y aporofobia que subyace en sus discursos, menos aún en sus acciones. Y que tampoco lo hagan, porque serían cómplices,  quienes de forma indirecta apoyan y blanquean  a organizaciones  y partidos que niegan y no respetan los Derechos Humanos, que se esconden tras  discursos patriotas,  fomentando el miedo y el odio, dispuestos a ignorar las leyes, hasta las más sagradas,  como las que tratan los derechos  de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables.

Porque, tal como se recoge en  el  Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, de 1990: “No  hay  causa  que  merezca  más  alta prioridad  que  la  protección  y  el  desarrollo del  niño,  de  quien  dependen  la supervivencia,  la  estabilidad  y  el  progreso de  todas  las  naciones  y,  de  hecho,  de  la civilización  humana”

Los resultados de las  recientes elecciones generales nos han dejado un panorama que, pese a que presenta ciertos elementos de continuidad con respecto a las anteriores, aporta también algunos cambios significativos en el sistema de partidos del Estado español. No obstante, pocas dudas caben de que forman parte de un convulso ciclo político-electoral iniciado en 2015, en el que se han convocado nada menos que cuatro elecciones generales y que quizá pueda culminar en esta legislatura.

Del lado de la continuidad se encuentra sin duda el nuevo “empate” entre los bloques de las izquierdas y las derechas estatales, aunque se han dado importantes cambios en el interior de cada bloque, en especial en el de las derechas. Así, en las izquierdas asistimos a otra victoria del PSOE con 120 escaños que aumenta ligeramente su ventaja respecto a UP, si bien pierde tres escaños y se queda de nuevo muy lejos de la mayoría absoluta. Podría decirse así que la estrategia electoral del PSOE guiada por el deseo de aumentar su mayoría ha fracasado estrepitosamente. Asistimos igualmente a un nuevo descenso de UP que retrocede y se queda con 35 escaños (antes 42) y a la muy débil emergencia de Más País-Equo con tan solo 3 escaños, aunque –frente a lo que se sugiere- parece que poco afectó al descenso de UP. Por su parte, en el bloque de las derechas cabe reseñar que el PP se mantiene como segunda fuerza política y recupera terreno con una significativa subida de 22 escaños (88, antes 66). Destaca también el fuerte crecimiento de la ultraderecha con los 52 escaños de VOX (28 más que en las elecciones anteriores), consolidando el fin de «la excepción española» y convirtiéndose en un partido homologado con sus socios de la ultraderecha europea. Y sobresale finalmente la imponente debacle de Ciudadanos que, tras su errática y polarizadora estrategia política así como tras su decidido giro a la derecha, desciende nada menos que 47 escaños que, probablemente, haya perdido a causa de un importante y mayoritario trasvase de votos desde Ciudadanos al PP y a Vox.

De todo estos resultados se desprende, sin embargo, que la suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País-Equo (158 escaños) en poco se diferencia actualmente de la suma entre PP, Vox y Ciudadanos (152, añadiendo los dos obtenidos por Navarra Suma). Parece pues que en estas elecciones el empate entre ambos bloques ha sido más real que en las pasadas elecciones, pues mientras ahora el bloque de las izquierdas ha descendido 7 escaños, el bloque de las derechas ha crecido 5. Pero más allá de estos cambios internos, el empate de abril y el nuevo empate de noviembre (al igual que los empates de diciembre de 2015 y de junio de 2016) significan simple y llanamente que, dado que ambos bloques han quedado respectivamente lejos de la mayoría absoluta, ni uno ni otro podía o puede conformar gobierno por sí solo y necesitan del concurso de otras fuerzas para ello. De manera similar y como consecuencia de lo anterior, este nuevo empate entre los dos bloques sugiere la doble hipótesis, por un lado, de que el bipartidismo ha sido sustituido por el bibloquismo  y, por otro, de que -grosso modo- la movilidad electoral (el cambio de preferencias electorales de la ciudadanía) ha ocurrido –aunque no solo- entre las fuerzas políticas de cada uno de los bloques más que entre fuerzas de uno y otro bloque. La tercera de las continuidades residiría a su vez en que, una vez más, parece abrirse la posibilidad de un nuevo bloqueo para la formación de gobierno y hasta el peligro de una nueva repetición de las elecciones. Finalmente, parece que también persiste una situación en la que, de nuevo, corre a cargo de las fuerzas nacionalistas/regionalistas deshacer ese empate entre los bloques de las derechas y las izquierdas estatales.

Hay una última continuidad que creo igualmente significativa: una vez más parece que –cerrada la posibilidad de la “gran coalición” a raíz de los mutuos vetos que se han interpuesto y, por el momento, mantienen el PP y el PSOE- sigue descartada la posibilidad de que el bloque de las derechas pueda formar gobierno mientras ocurre lo mismo con el bloque de las izquierdas que, al igual que tras las generales de abril, sí puede lograrlo, aunque para ello debe contar con diferentes formas de colaboración (coalición, acuerdo de legislatura, acuerdo de investidura) por parte de las fuerzas regionalistas/nacionalistas. Esta circunstancia, que insistimos también se dio tras las generales del pasado abril, debería llevar -tanto al PP como a Ciudadanos- a repensar en alguna medida su estrategia política basada, de una parte, en la polarización, confrontación y hasta crispación tanto con las izquierdas como con los partidos nacionalistas en especial a través del problema territorial y la cuestión catalana y, de otra, en la complicidad, blanqueo y colaboración con la ultraderecha representada por VOX asumiendo de hecho buena parte de su excluyente discurso político. De no ser así, no solo ocasionarán graves daños a la convivencia política y al propio sistema democrático. También tendrán –salvo circunstancias excepcionales o cambios importantes en las preferencias electorales de la ciudadanía- serias dificultades para acceder al poder y gobernar. Sin duda, parecía que una estrategia de este tipo era más fácil para Ciudadanos que, de hecho, nació con vocación de centro liberal y partido bisagra entre uno y otro bloque. Pero la deriva polarizadora, derechista y recentralizadora a que Albert Ribera condujo al partido (y la actual persistencia de Arrimadas y Villegas en esta estrategia) parece que cierran definitivamente la puerta a tal cambio de estrategia.

No obstante, como decíamos al principio, estas elecciones también han aportado unos cuantos e importantes cambios políticos. Uno de ellos es sin duda la realidad de un sistema de partidos mucho más plural, rico y complejo. Tanto es así que, considerando por separado las coaliciones conformadas por Podemos-IU y sus confluencias (ECP y Podemos-EU) así como por el PP y Ciudadanos (Navarra Suma) y Más País (Compromís), mientras en las elecciones del pasado abril fueron 13 las fuerzas políticas que obtuvieron representación parlamentaria, ahora nos encontramos con nada menos que 19. La novedad reside en que, junto a las fuerzas nacionalistas/regionalistas que ya tenían representación (ERC, JxC, PNV, EH-Bildu, CC/NC, Navarra Suma, PRC, a las que podríamos añadir ECP y Podemos-EU), emergen ahora no solo una nueva fuerza política de carácter estatal (Más País-Equo) sino varias de ámbito regional o nacionalista (CUP, BNG, Compromís, Teruel Existe). En todo caso, nuestro sistema de partidos queda ahora conformado por 6 fuerzas políticas de ámbito estatal (tres en el bloque de la izquierda y tres en el de la derecha) y 13 de carácter nacionalista/regionalista. Este hecho alude, por una parte, a la realidad de una rica pluralidad ideológica basada en los polos izquierda/derecha-centralismo/nacionalismo, y en sus complejas combinaciones y modulaciones en la España actual. Alude también a la diversidad existente en el interior de cada uno de estos polos. De hecho, sugieren que convendría reconocer abiertamente esta pluralidad y tomar buena nota de la configuración multipolar de nuestro sistema de partidos en el que conviven derechas estatalistas y nacionalistas con izquierdas estatalistas y nacionalistas. Y todo ello no refleja más que la realidad y persistencia del sano pluralismo ideológico inherente a toda sociedad democrática, al que en nuestro caso habría que añadir la igual permanencia de la cuestión territorial o del carácter plurinacional del Estado español.

Otro cambio significativo de estas elecciones es que han supuesto un avance en el número de escaños y en el peso político de las fuerzas nacionalistas. Esto sugiere que es posible que la estrategia recentralizadora de las derechas haya tenido como consecuencia su efecto contrario, el reforzamiento de las opciones nacionalistas/regionalistas. Pero sea como sea, sin incluir entre ellas a ECP, Podemos-EU y Navarra Suma, la realidad es que mientras en las elecciones de abril las fuerzas nacionalistas/regionalistas obtuvieron en conjunto 33 escaños, tras las recientes elecciones han alcanzado los 40. Ello ha sido posible por la emergencia de “nuevas” fuerzas (Teruel Existe, BNG, CUP, Compromís), por la mejora de las posiciones de otras (JxC, HB-Bildu), por el mantenimiento de otras (PNV, CC/NC, PRC) o por el ligero descenso de ERC que con sus 13 escaños sigue siendo, con diferencia, la mayor de las fuerzas nacionalistas.

Esta diversidad de fuerzas estatalistas y nacionalistas nos sitúa igualmente ante la rica complejidad del sistema de partidos y sugiere que, si bien en momentos anteriores a 2015 estábamos ante de un sistema pluripartidista, tras estas elecciones parece que avanzamos decididamente hacia la consolidación de un modelo multipartidista, o incluso hacia un multipartidismo atomizado. No deja de sorprender, frente a periodos previos, que este multipartidismo esté hoy basado tanto en la diversidad de fuerzas en los bloques de la derecha y la izquierda estatales como, sobre todo, en la emergencia de fuerzas nacionalistas/regionalistas de uno u otro signo ideopolítico. Es cierto que la fuerte polarización e incluso crispación que, en su particular batalla por la hegemonía del bloque de la derecha y por el acceso al gobierno, han alentado el PP, Vox y Ciudadanos durante los últimos años pudiera llevar a algunos a creer que este multipartidismo conduce inherentemente a la inestabilidad y el conflicto. Creen en este sentido que es hora ya de acabar con este convulso ciclo político a través de una restauración del bipartidismo gubernamental, de la recuperación de la vieja fórmula de la «gran coalición», del cambio hacia sistemas electorales mayoritarios reforzados o, en fin, de una vuelta a un nuevo y conservador «consenso en el centro».

Frente a tales deseos acaso sea mejor abrir la posibilidad de cerrar este ciclo político dando muestras de que el presente multipartidismo no solo constituye una expresión del normal pluralismo ideopolítico de nuestra sociedad. También de que puede poner fin al bloqueo y la inestabilidad institucional a través de la formación de gobiernos. Es precisamente en este sentido en el que, como ya sabemos, acaso resida la novedad más significativa tras los recientes resultados electorales.

El tan sorprendente como rápido preacuerdo al que han llegado el PSOE y UP para la formación de un gobierno progresista de coalición merece –al menos eso creo- ser saludado con ilusión y esperanza. Sin duda, de culminar con éxito puede poner fin –como ya hemos sugerido- al peligro de un nuevo bloqueo e inestabilidad institucional, así como al riesgo de una nueva convocatoria de elecciones anticipadas que no haría más que aumentar el razonable hartazgo y hasta el cabreo de la ciudadanía con unos partidos y líderes políticos incapaces de adoptar una cultura del diálogo, el compromiso y el acuerdo en pro de los intereses de las mayorías sociales. Pero merece también alguna que otra explicación -que todavía no se ha dado- acerca de por qué tras las elecciones de abril y en mejores condiciones (165 escaños frente a los 155 actuales) no llegaron a tal acuerdo y ahora, en peores condiciones,  sí lo hacen.

En todo caso, de concluir con éxito, el reciente preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos significaría no solo la posibilidad de articular un gobierno progresista dispuesto cuando menos a afrontar algunos de los enormes y profundos malestares sociales que aquejan a nuestra sociedad. Supondría igualmente la confirmación de que, en un sistema multipartidista como el nuestro, es posible preservar nuestra rica pluralidad ideopolítica y mantener la estabilidad político-institucional, si bien cabe recordar que la crisis de algunas de las instituciones fundamentales del Estado nada ha tenido que ver con el multipartidismo sino por el contrario con otras prácticas tan poco edificantes como la corrupción, etc.  Pero significaría finalmente el reconocimiento de que –al igual que ocurre ya en muchas de nuestras comunidades autónomas y en otros Estados de nuestro entorno- necesitamos y debemos dejar atrás el viejo bipartidismo gubernamental, la práctica de que solo uno de los dos grandes partidos (PSOE, PP) accede al gobierno y conforma gobiernos de un solo partido, aunque en ocasiones necesite el apoyo de otros partidos. De ser así se habría dado un importante paso para la consolidación del multipartidismo en el Estado español. Pero también se daría un primer movimiento en pro de la sustitución del bipartidismo gubernamental por el pluripartidismo gubernamental.

El gobierno de coalición que, a día de hoy, promueven PSOE y UP tropieza sin duda con serias dificultades que no solo derivan de la aritmética parlamentaria o de las reticencias de algunos poderes fácticos y hasta de algunos viejos o nuevos barones del PSOE. Provienen además del contexto de polarización y crispación alentado por las derechas, de la realidad del conflicto catalán, de los graves problemas sociales que soporta nuestra ciudadanía o, en fin, de la amenaza de una nueva crisis o recesión  económica. Son problemas que sin duda tendrá que procurar superar, si bien deberá hacerlo sin renuncias sociales ni complicidades neoliberales. Pero creo por mi parte que una buena manera de fortalecer esta posibilidad quizá sea comenzar por ampliar la propia coalición que debe sustentar el gobierno de progreso que se quiere articular. Todo aconseja que esa coalición de gobierno sea, bajo formas diversas, lo más amplia posible y tenga la mayor cantidad de apoyos que se pueda. Es mucho lo que nos jugamos y no parece que la cuestión sea arriesgar esta posibilidad por uno u otro sillón. Los obstáculos son serios y queda mucho por hacer por parte de todas las fuerzas progresistas para culminar con éxito esta iniciativa. Pero seguro que vale la pena intentarlo pues, entre otras muchas cosas, quizá así podamos dar por culminado este convulso ciclo político-electoral y dar adecuado acomodo a la diversidad ideopolítica y a la pluralidad nacional que caracteriza a la sociedad y el Estado español.