El debate de la nacionalidad consiste en una evaluación pormenorizada y de ajuste de la situación del Archipiélago, un debate analítico que contiene una parte propositiva para no quedarse en mera retórica. Debería constituir un punto de inflexión para reorientar las decisiones necesarias y cumplir objetivos de bienestar y de esperanza en el futuro con el método de la política como proceso interactivo. Y en este mundo pandémico y peligroso que vivimos, la política como método interactivo de organización social debe hacer cumplir las normas sanitarias y otros requisitos para mejorar la vida cotidiana. Ello debería ser tarea colectiva, pero no siempre es así. Obviar la realidad que vivimos en la crítica del paro o de problemas como la pobreza, deja a quienes lo arguyen como aspirantes a manipuladores o, lo que es peor, como falseadores de la realidad para utilizarla partidariamente. Sobre todo, cuando son ellos quienes han contribuido decididamente a generarla. Y eso lo ha hecho la derecha en el parlamento canario en el último debate de la nacionalidad.

Cuando teníamos 16 millones de turistas, el paro superaba el 20%, las ayudas a la dependencia apenas existían, el destrozo medioambiental parecía imparable, el sector primario totalmente desconsiderado socialmente y, ahora, los que impulsaron todas esas calamidades en las islas durante más de cuatro décadas quieren que se arregle en un año de pandemia con crisis migratoria incluida. En realidad, lo único que les mueve es el argumentario del desgaste y recuperar el poder para otorgar prebendas a quienes siempre se las repartieron. No para revertir la calamidad que construyeron. Y a los datos me remito. En el último semestre de 2019 una de cada tres personas estaba en situación de exclusión social, 773.000 personas, el paro superaba el 20%, y la prestación social solo la cobraban 5.000 personas. Por lo tanto, asociar la situación actual solo a la crisis sanitaria es una gran mentira no siempre suficientemente desmentida. Solo interesa la profecía del caos sin mencionar que los ERTEs y multitud de ayudas económicas de dinero público corresponde a una decisión política de un gobierno progresista, que muy bien podría haber sido la contraria como en el pasado reciente.

Cuando la tarea y la gestión política depende del criterio sanitario y científico, quienes presionan para que primen criterios de rentabilidad económica para repetir aspectos de lo que nos llevó a un callejón sin salida, como si nada hubiera pasado, como si no estuviera muriendo nadie, deberían hacérselo mirar. Pero si, encima, en algunos discursos del debate se ridiculizan las medidas para prevenir los contagios, entonces el negacionismo que planea en las mentes de algunas responsables políticas amenaza sublevación social, insisto, en estos tiempos de pandemia y peligro de muerte. Diseñar un escenario infernal y fangoso para movilizar la irracionalidad con frasecitas estentóreas que exploran el populismo insospechado y peligroso a la búsqueda de algún votillo ávido de insultos y violencia, solo respalda a los más rancios del lugar. Una lección vieja. La profecía de la catástrofe consiste en mover el miedo y a los temerosos para alborotar a la ciudadanía, provocar estampida y caer al abismo. Así se cazaban mamuts en la prehistoria. Así pretenden volver a gobernar algunos.

Francisco Déniz Ramírez

Diputado regional de Sí Podemos Canarias

“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera” (Pablo Neruda)

Este 8M será distinto en todo el planeta, también por los pueblos de las Españas y de Canarias. Un virus, coronavirus, en forma de pandemia, se metió en nuestras vidas y lleva casi un año sin darnos apenas tregua.

Para combatirlo, los Estados más poderosos junto a las industrias farmacéuticas no han escatimado en recursos humanos y económicos, investigación y ciencia al servicio de la humanidad, trabajando a destajo, sin descanso, para conseguir en tiempo récord una serie de exitosas vacunas que ya, aunque sea de manera incipiente, nos permiten ver la luz y el principio del fin de esta pesadilla que tanta inquietud y sufrimiento ha generado.

Junto a éste, otro virus más antiguo y oscuro, en permanente mutación, está presente e intenta hacerse más fuerte.

Un virus que se extiende también en forma de pandemia, y que, aunque en los últimos años lo creíamos algo debilitado -en retroceso pensábamos- en este periodo junto al coronavirus ha brotado con más fuerza, retroalimentándose en lo que parece ser un excelente caldo de cultivo.

Para este virus antiguo -se llama machismo- aún no hemos encontrado vacuna, ni los Estados ni las industrias han mostrado demasiado interés en ello, nunca se ha considerado urgente la conveniencia de una inversión prioritaria para su erradicación.

Tal vez sea por su carácter selectivo, pensamos, porque si bien perjudica y pone en riesgo a toda la humanidad, solo ataca de manera virulenta a una mitad de la población, llegando a ser letal solo para las mujeres.

La otra mitad parece haber alcanzado una cierta inmunidad de rebaño, ellos, los hombres, aunque se contagien no corren peligro de muerte, por tanto la vacuna no ha sido considerada necesaria.

Este virus crece, se multiplica y expande con enorme facilidad de mutación, desde hace siglos recorre el planeta adaptándose a distintos territorios, pueblos y culturas, de norte a sur, de este a oeste, se mueve confortablemente con sus ligeras variantes.

Su hábitat más propicio se da en los lugares en los que, de forma dominante, aparece la simbiosis de dos sistemas, capitalismo y patriarcado, es en esos espacios donde encuentra los mejores nutrientes y alcanza su máximo desarrollo, aunque las consecuencias no se vean siempre en el lugar donde radica el foco, su virulencia es tan fuerte que es capaz de arrasar a poblaciones y territorios a miles de km de distancia.

Sus consecuencias son demoledoras, muchas mujeres a lo largo de la historia intentaron protegerse con crecías religiosas, escondiéndose detrás de velos, quedándose agazapadas en las casas, pero esto, lejos de ser un remedio las ha hecho aún más vulnerables, y sus vidas así están aún más expuestas y corren más peligro.

Ante esta situación, y mientras muchas mujeres -y hombres aliados- siguen investigando y trabajando en la búsqueda de una vacuna definitiva, hemos ido avanzando en tratamientos de empoderamiento que si bien no son definitivos para toda la humanidad, ayudan a minimizar al virus de forma considerable, lo bloquean, combaten los síntomas e impiden que ‘el bicho’ se haga más fuerte o siga creciendo.

En estos días, cuando nos preparábamos para la conmemoración del 8 de Marzo, varios rebrotes de la pandemia del machismo se han extendido por todo el país, con tantos focos que nos hacen pensar si estaremos ante una nueva ola.

Por si acaso y en prevención, utilizaremos todos los antídotos que hemos ido descubriendo a lo largo de la historia, un conjunto de saberes y recursos, llamados feminismos, basados en la la experiencia y seleccionados con paciencia por mujeres sabias, de todas las épocas y lugares, con el fin de ser utilizados en los momentos difíciles como este, en los que toca mirar al ‘bicho’ de frente y oponernos con rotundidad a sus amenazas en distintos ámbitos.

Frente al racismo y xenofobia que condena a nuestras hermanas racializadas y precarias, feminismos canarios sin fronteras.

Frente a las variables que bajo diferentes excusas nos quieren divididas, aisladas, sumisas y encerradas, dosis extra de sororidad, nos tendrán libres y rebeldes, más unidas que nunca en las calles, en las plazas y en las redes.

Y, aviso a navegantes, frente al virus tóxico que nos intenta callar, paralizar y criminalizar, que pretende robarnos el derecho de reivindicar nuestro día.

¡Ni un paso atrás! Somos resistencia y resiliencia, ojo, sabemos cuidar y cuidarnos, utilizamos mascarillas pero no dejaremos que se nos impongan mordazas, por cada manifestación que nos prohíban, tomaremos las calles tiñéndolas de violeta y haremos que todos los días sean 8 de Marzo.

María Del Río Sánchez

Presidenta del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias

Aprovechando la cercanía de la efeméride en la que se celebra el Día de la Mujer Trabajadora, quisiera hacer unas breves reflexiones acerca del derecho a la igualdad y la responsabilidad que tienen los poderes públicos y el conjunto de la sociedad de cara a que los derechos sean reales y efectivos y no meramente ilusorios.

En el caso en concreto del rol de la mujer en nuestra sociedad, es cierto que se han logrado avances y, al menos en cuanto a la vertiente formal del derecho, hoy en día sí disfrutamos de una igualdad formal aunque todavía quede mucho por hacer.

Si hacemos un repaso histórico a los logros alcanzados, podríamos señalar como punto de inflexión en la consecución del reconocimiento de los derechos de las mujeres el logro del voto femenino en nuestro país, hace apenas menos de un siglo.

Hay  que remontarse a la Segunda República, al histórico debate en las Cortes sobre el voto femenino del 1 de octubre de 193 entre Victoria Kent y Clara Campoamor. Dos políticas y defensoras de los derechos de la mujer.

Como es de sobra conocido, Kent es considerada por muchos como la primera abogada en España y pionera en cuestiones de índole penal y penitenciaria, ámbito en el destacó especialmente, y a día de hoy sigue siendo un referente. Ella defendió la postura contraria al voto femenino en base a ciertos prejuicios y visiones cortoplacistas, digámoslo así, sin restar a la figura del personaje y su gran aporte a nuestra historia.

En el otro extremo, con una altura de miras más allá del contexto partidista, tenemos a la insigne figura de Clara Campoamor, quien defendió con plena convicción que por encima de los intereses del Estado estaba el principio de igualdad y que las mujeres debían conseguir el derecho al voto de forma inmediata, sin aplazamiento alguno.

Tendríamos que esperar la friolera de casi de 40 años, la larga noche como ha sido denominado por muchos el periodo franquista, para ya en la Transición fijar al más alto nivel de reconocimiento y  protección al derecho de igualdad.

La Carta Magna, en multitud de preceptos hace referencia al mismo, siendo las referencias más importantes los artículos 1.1, artículo 9.2 y el renombrado artículo 14, entre otros imposibles de enumerar en estas líneas.

Nuestra Constitución, aparte de reconocer la igualdad de forma conjunta con libertad, la justicia y el pluralismo político, como valores superiores del ordenamiento jurídico, reconoce las dos vertientes del derecho a la igualdad. La vertiente formal o de igualdad ante la ley y la igualdad material. Aunque también es cierto que se incluye la desafortunada e injustificable prelación del varón a la mujer en la sucesión al trono en el artículo 57, aspecto en el que la propia Constitución incurre en “inconstitucionalidad” y debe ser objeto de corrección en futuras reformas del texto.

Aquí, en cuanto a la igualdad material, es donde todavía tenemos un largo camino por recorrer; lo que insignes constitucionalistas como Elisa Pérez Vera, primera mujer en dirigir una universidad española, la UNED en 1982,  denominan “romper el techo de cristal”.

La importancia capital del artículo 9.2 de nuestra Constitución está fuera de toda duda. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”

En base a ello, hay que seguir afrontando los retos en los que está inmersa nuestra sociedad. Jurídicamente y, más en una sociedad que evita la reflexión pausada sobre los temas importantes a golpe de Twitter todavía más, resulta muy difícil tener un debate serio acerca de los límites y contrapesos que deben existir entre la tensión del derecho a la igualdad, como igualdad formal, y la necesaria acción de los poderes públicos para remover las condiciones de partida, por los motivos que sean, de la mujer o cualquier otro grupo susceptible de discriminación en nuestra sociedad de cara la consecución de la igualdad real.

Como sociedad debemos abordar ciertos temas clave en pro de la consecución de una igualdad real. Me preocupa el efecto pernicioso de la equiparación del complemento de las pensiones a las madres trabajadoras, sobre todo de generaciones próximas a la edad de jubilación, aspecto recientemente reformado por una desafortunada interpretación del derecho a la igualdad excesivamente formalista por parte del TJUE[1] en una sentencia que acato pero que no comparto.

La conciliación familiar y laboral todavía no alcanza los estándares europeos. Hay muchos flecos pendientes para lograr una igualdad de derechos entre ambos sexos en cuanto a las obligaciones y derechos en caso de ruptura familiar. En el ámbito tributario, debe afrontarse un debate serio acerca de la utilidad, o no,  del modelo de declaración conjunta del IRPF a los efectos de no perpetuar roles en las parejas. Estos temas son sólo algunos ejemplos en los que el derecho a la igualdad entra en tensión entre sus dos vertientes y que debemos afrontar.

Felicitar a todas las mujeres trabajadoras por su esfuerzo y para que sigan adelante, haciéndonos avanzar como sociedad.

Salvador Martínez Rompeltien, miembro del Partido Popular

STJUE de 12 de diciembre de 2019 (C-450/18)

La Organización de Naciones Unidas ha dedicado este 8 de marzo de 2021 a un objetivo concreto: abrir las puertas al liderazgo femenino, para obtener un objetivo colectivo, que es el futuro igualitario en este momento que vivimos por el Covid.

En teoría, siendo el cincuenta por ciento de la población, a las mujeres nos pertenece la mitad de todo, la mitad del oxígeno que respiramos, la mitad del alimento que produce la tierra y la mitad del agua. Y en lo que concierne a la organización social, la mitad de las obligaciones y la mitad de las responsabilidades. En teoría.

Por desgracia, el porcentaje de pobreza, de atención educativa, sanitaria y formativa, de tiempo de ocio, de calidad de vida, de ejercicio de derechos, disminuye cuando hablamos en femenino. Y aunque es cierto que en el cómputo global las sociedades occidentales aproximan sus cifras desglosadas por género, una gran parte del mundo mantiene a las niñas y a las mujeres en situación de semiesclavitud.

Son muchos siglos, ¡todos los que recordamos! de liderazgo masculino, una manera de ejercer la toma de decisiones siempre injusta, siempre desequilibrada, cargada de ventajas y privilegios para el cincuenta por ciento de la población, para ellos.

Por eso, la ONU apunta a la necesidad de que las mujeres se sitúen al mando: para hacer lo que ellos no hicieron, gestionar con justicia, equilibrio, sin privilegiar, sin discriminar. Porque nos toca intentarlo, porque hemos sufrido un mal trato generalizado, porque, sin duda, sabremos hacerlo mejor. O al menos, distinto.

Si nos paramos en el término, se entiende bien nuestra propuesta para un futuro igualitario. Nuestro poder se refugia en un verbo, es la capacidad para alcanzar los objetivos. El poder masculino es sustantivo y define el ejercicio de la autoridad.

Quizá con la suma del cincuenta por ciento de su poder y el cincuenta por ciento del nuestro, damos con la formula adecuada, la que nos traiga un desarrollo no invasivo ni destructivo del planeta, la que otorgue derechos y deberes iguales a todos y a todas, respetando las diferencias, la variedad de culturas y de sueños, el tejido de convivencia en paz que es máxima aspiración colectiva. ¡Tenemos que intentarlo!

Lucía Olga Tejera

Diputada del Grupo Parlamentario Socialista

Lo de la Iglesia, eso sí que es un Kiosco. Muy bien montado, por cierto.

Corría el año 1996 cuando, no contentos con la Ley Hipotecaria de 1946 porque Franco no les dejó apuntarse los lugares de culto y templos, Aznar la reformó para concederles este negocio.

A partir de entonces sumaron, a lo ya expoliado, todo lo demás.

Fíjate tú si es o no es que, según el Gobierno central, desde 1996 hasta 2015 se apuntaron a su nombre unos 34.961 bienes que ahora los particulares y las administraciones pueden reclamar si lo consideran.

Pero las asociaciones que vienen denunciando este robo consideran que es el gobierno el que debe decretar la nulidad de esos privilegios, poner el contador a cero y que los propietarios, sean particulares o públicos, presenten la certificación de sus propiedades.

Desde 1946, los obispos se han apropiado del 85 por ciento del patrimonio del Estado y reciben muchísimo dinero por ello. Pero no solo lugares de culto, también fincas, patios, costas, casas, garajes, teleclubs, plazas y kioscos.

El kiosco de la iglesia de Puerto Cabras sin ir más lejos.

Este lugar entrañable y referencia de la capital majorera, situado en la plaza del centro de la ciudad, fue apuntado a nombre de la Diócesis el 10 octubre de 1985, después de que su antiguo dueño decidiera sentar unos bloques para protegerlo mejor de algunos robos e intimidaciones y violencias de la Legión.

A partir de ahí, la Iglesia se hace con el alquiler del kiosco que, desde hace tiempo, estaba en unos 1411 euros mensuales.

Cuando llegó el momento de adaptarlo a las normas COVID, la Iglesia decidió rescindir el contrato a su actual gestor. Fue entonces cuando a algunos se nos pasó por la cabeza que, a lo mejor, esa plaza no era de la Iglesia.

Efectivamente, la plaza es otra de las inmatriculaciones referidas.

Pejines y tollos cortados finos quemaditos con alcohol, botellines, cortaditos con leche evaporada, bocadillos de mortadela, generaciones leyendo la prensa diaria, una conversación con la crema de la crema majorera, parrandas a la dulce, fresca e inolvidable sombra de un laurel de indias, un aire cálido igual que sus gentes, todo eso se lo han cargado los gestores de su religión y de semejante patrimonio.

Ahora hay que recuperarlo, pero no solo el kiosco, también la plaza. No me imagino una plaza sin pueblo. Y es el Ayuntamiento de Puerto Cabras el que debe exigir judicialmente la nulidad de aquella apropiación amparada en el artículo 206 de una ley preconstitucional que equiparaba a los obispos con fedatarios públicos.

Si el Ayuntamiento no cumple con su obligación, que es velar por el patrimonio ciudadano, habrá que personarse como particulares.

La Asociación Cultural, Recreativa y gastronómica Amigos del Kiosco intervendrá en el próximo pleno municipal majorero para exigir la restitución de la plaza al dominio público, ya que entiende que debe ser el consistorio el que determine sus usos y no el obispo.

Plazas, calles, alumbrado, limpieza, son de competencia municipal.

El alcantarillado y las cloacas, también.

Francisco Déniz Ramírez, diputado regional de Sí Podemos Canarias

Hace unos meses escribí una reflexión sobre la migración y el rumbo que estaba tomando el discurso político, mediático y social sobre el fenómeno migratorio en el Archipiélago durante el último año.

Elegí como título ‘Rehumanicemos nuestra mirada’, porque ya entonces empezaban a germinar ciertas manifestaciones y conductas xenófobas, tanto por parte de la ciudadanía como de algunos representantes públicos, agravando aún más el clima de crispación.

He querido retomar esta idea y volver a hacer hincapié en la importancia de la mirada y la forma en la que analizamos y juzgamos la situación de cientos de personas que arriesgan su vida en el mar, esperanzados por encontrar un futuro mejor al otro lado de la orilla.

El pasado domingo, Salvados dedicaba su programa al racismo, y Gonzo les preguntaba a los deportistas Iñaki Williams y Sitapha Savané sobre qué debía cambiar en la mirada de un blanco para ir terminando con el problema del racismo. Sin titubeos, Savané destacó que “está bien no ser racista, pero hay que ser antirracista”.

No puedo estar más de acuerdo con el deportista, porque no solo basta con rechazar el racismo, sino también hay que combatirlo, y no podemos ponernos de perfil y mostrarnos impasibles ante situaciones como las que, lamentablemente, hemos tenido que presenciar en las Islas en contra de la población migrante.

Desde que soy padre, siempre he intentado inculcarle a mi hija la importancia de viajar, de conocer otras culturas, otras costumbres y tradiciones; en definitiva, otras realidades e historias diferentes a la suya, porque solo así será capaz de ver el mundo con otros ojos y ser más tolerante.

El mes pasado tuve la oportunidad de conocer, a través de la obra teatral canaria Moria, la experiencia de dos mujeres que residen temporalmente en este campamento de refugiados en la isla de Lesbos.

La trama cuenta la historia de dos refugiadas, una originaria de Afganistán, que abandonó su país tras sobrevivir a cuatro bombardeos y atentados; y otra que dejó atrás su Bagdad natal, junto a sus tres hijos, tras la desaparición de su marido.

Ambos relatos me sobrecogieron, no solo por la especial sensibilidad con la que están contados, sino porque también me acercaron e hicieron reflexionar sobre una realidad muy dura y muy diferente a la vida, más o menos acomodada, que tenemos en muchos países de occidente.

En una parte de la obra, mientras las mujeres conversan entre ellas, una le dice a la otra: ¿Por qué nos hacen esto? ¿Por qué nos tratan así? La otra le responde: Porque ellos no entienden que estamos huyendo de la muerte. Esta escena aún me retumba en la cabeza.

Creo que es indispensable que todos nos aproximemos, conozcamos y nos informemos sobre los verdaderos motivos por los que estas personas han decidido dejar todo atrás. Al fin y al cabo, solo están tratando de cambiar la dura realidad que el destino les asignó.

Como responsable público, y como senador del PSOE, me gustaría recoger el guante que nos lanzaron esta semana las organizaciones del tercer sector que participaron en la ponencia sobre migración que se celebró en la Cámara Alta, en la que instaban a la clase política a no contribuir y frenar todos aquellos mensajes que alienten el odio, el racismo o la xenofobia.

El PSOE siempre será garante de la defensa de los derechos humanos, de la igualdad y la convivencia intercultural. Por ello, seguiremos trabajando para mejorar la gestión y los sistemas de acogida en las Islas, a la vez que luchamos por que Europa reconozca la necesidad de contar con un Pacto de Asilo y Migraciones que no cargue en las regiones fronteras como Canarias toda la presión migratoria.

 Ramón Morales, senador del PSOE por la isla de Gran Canaria

El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y de la Niña en Ciencia, cuya propuesta fue realizada por la ONU en el año 2015, en el que se reconoce que el acceso y la participación plena y en condiciones de igualdad en la ciencia, la tecnología y la innovación para las mujeres y las niñas son imprescindibles para lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mismas además de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Si ya las mujeres científicas partían de una situación de desventaja antes de la pandemia como consecuencia de los recortes practicados por el gobierno de Mariano Rajoy tanto en educación como en investigación, lo que supuso que los presupuestos en esos ámbitos descendieran casi en 9.000 millones de euros y el despido de casi 30000 docentes de la escuela pública, ahora con esta emergencia sanitaria se han visto más invisible.

Ellas han tenido que compaginar el teletrabajo con el cuidado de sus hijas e hijos, de sus mayores y de las tareas del hogar. Esto puede suponer que la brecha de género en la ciencia se siga ampliándose.

A lo largo de la historia se ha constatado que nunca ha sido fácil la relación de las mujeres con la ciencia y tecnología.

Aunque se han eliminado barreras, todavía el camino por recorrer para alcanzar la igualdad real es larga. Solo se consigue vivir en igualdad cuando se educa en igualdad, y por eso una de las señas de identidad del PSOE es la igualdad entre hombres y mujeres.

Las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario y, sin embargo, existen determinadas áreas de conocimientos como la ingeniería, la física, matemáticas o la tecnología que son las menos demandadas por las mujeres, al mismo tiempo que determinados informes indican que la presencia de la mujer en el ámbito científico disminuye al subir en la escala profesional.

Existen muchos factores que explicarían esa desafección de las estudiantes al mundo científico. Algunas de ellas son los estereotipos de género y la falta de referentes femeninos que hagan que las niñas tengan modelos en los que mirarse. Todavía a día de hoy, en los libros de textos de ciencias, la referencia a mujeres científicas es mínima.

Contribuyen también a ello, por una parte, los medios de comunicación, puesto que si analizamos noticias e imágenes relacionadas con el mundo científico, vemos que la mayoría son relativas a los hombres. Y por otra parte, desde la familia cuando se apoyan determinados estereotipos al comentar, por ejemplo, que los niños son mejores en ciencias o en matemáticas.

Todas estas causas tienen reflejo en los informes PISA, de tal forma que las chicas tienen mejor rendimiento en lectura y los chicos en matemáticas y ciencias.

Papel fundamental juega los centros educativos para promover una mayor participación de las mujeres en la ciencia, otorgando mayor protagonismo a las docentes para que sirvan de referente y así despertar las vocaciones científicas.

Si las mujeres abandonan dichas áreas, la consecuencia más inmediata es que aumentará la brecha salarial y aparecerá también una brecha social afectando en su conjunto al rendimiento económico de Canarias.

Por eso el esfuerzo del PSOE y del resto de partidos e instituciones es de impulsar todas las medidas para conseguir los objetivos trazados por la ONU para reducir la brecha de género en el ámbito científico.

Pedro Viera, diputado del Grupo Parlamentario Socialista

En Canarias estamos viviendo una situación especialmente extraordinaria; la llegada de numerosos migrantes a nuestras costas, que no nos es ajena porque ya la hemos vivido en otras ocasiones y, como sociedad, supimos resolverla. Y otra, con la que aún estamos lidiando, la pandemia y sus efectos. La suma de ambas está, sin duda, poniéndonos a prueba como sociedad y como humanidad.

En Cruz Roja, por nuestro compromiso humanitario con todas las personas, estamos a disposición de toda la sociedad en todo momento; durante una pandemia, un incendio, una situación de desamparo o desempleo, o cuando cualquier persona necesita ayuda, protección o cuidado.

Además, cuando las situaciones de máxima vulnerabilidad lo requieran, como es en el ámbito de la migración, debemos ser capaces de colaborar con las autoridades públicas de cada momento y con el resto de la sociedad, para juntos reestablecer las condiciones de vida de las personas que lo necesiten en el curso de su itinerario, brindándoles asistencia y protección, defendiendo sus derechos y su dignidad, mejorando su capacidad de buscar oportunidades y soluciones sostenibles, y promoviendo su inserción social e interacción con las comunidades de acogida. No sólo en España, sino en los 192 países en los que Cruz Roja está presente.

Es indiscutible que hay un amplio margen para un debate de principios sobre la migración, pero no puede haber ninguna duda sobre el principio fundamental de humanidad. Independientemente de su estatus legal, todos los migrantes y personas desplazadas son seres humanos y como organización y sociedad debemos asegurarnos de que los Estados salvaguarden su seguridad, dignidad y bienestar y garanticen el acceso sin trabas a los servicios esenciales que les permita continuar con sus vidas.

Por todo ello llevamos meses siendo objeto de críticas, acusaciones falsas e incluso acoso y amenazas por parte de algunos movimientos en redes sociales, algunos medios, algunos responsables públicos y ciertos líderes sociales que se han traducido en insultos y amenazas a; las personas inmigrantes, los hoteleros que facilitan la acogida, voluntarias, voluntarios y personal de Cruz Roja, informaciones falsas de situaciones que nunca se han llegado a producir, y manipulación de la información creando alarmas sociales injustificadas.

Evidentemente, durante nuestras actuaciones podemos cometer errores, y Cruz Roja tiene todos los cauces y canales para corregirlos y tomar las medidas que sean necesarias, y así lo hemos hecho en todas las ocasiones que correspondía hacerlo, pero cualquier insinuación o declaración sobre que Cruz Roja discrimina al resto de la población es totalmente incierta.

Durante el año 2020, bajo la amenaza todavía persistente de la COVID-19, Cruz Roja ha ayudado, protegido y cuidado a más de 5,000.0000 de personas gracias a la solidaridad de más de 250.000 personas voluntarias en todos los rincones del Estado. Sólo aquí en Canarias, hemos logrado llegar a 250.000 personas a través de más de 16.000 personas voluntarias que dedican su vida a sus vecinos y vecinas.

Estas personas voluntarias son las que siempre están en primera línea cuando nos acechan los incendios forestales, las que, desde el primer minuto de la pandemia, y sin descanso, han facilitado alimentos y medicamentos a las personas confinadas y un lugar donde poder protegerse a las que no lo tenían. Las personas que han realizado recogidas y traslados de personal sanitario y personas afectadas, las que han proporcionado conexiones y dispositivos para que niños y niñas en riesgo de exclusión pudieran seguir teniendo acceso a su educación, o las que continúan ayudando a encontrar empleo a quienes lo están perdiendo.

Estas personas voluntarias son las mismas personas a las que hoy se está increpando y acosando por ayudar a otras sin importarles quienes son o de donde vienen. Atacar a los voluntarios y voluntarias de Cruz Roja es atacar a nuestra propia comunidad, a nuestra propia sociedad y debilitarla.

Vivimos momentos de polarización ideológica en los que mostrar empatía con las personas en situaciones de injusticia, pobreza o desigualdad o cualquier otra expresión de vulnerabilidad, es más necesaria que nunca. Como también lo es la necesidad de exigir veracidad y rigor en toda información que se cree y comparta en entornos públicos y privados.

Cruz Roja no tiene la capacidad ni las competencias para resolver las causas que generan los flujos migratorios, pero cumple su misión cuando auxilia a toda persona que sufre situaciones de extrema necesidad evitando, desde la neutralidad e imparcialidad de quienes sólo seguimos los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, situaciones de exclusión social, xenofobia o violencia que rompan la convivencia en nuestras comunidades y sociedad.

Lo que sí tenemos todas las personas es la responsabilidad y oportunidad de resolver estas situaciones. Porque, finalmente, lo que nos hace humanos es nuestra voluntad de ayuda mutua frente a las adversidades. Lo que nos ha hecho progresar, a lo largo de la historia, ha sido el deseo de construir comunidades de valores e intereses, cada vez más amplias, más abiertas y más inclusivas. Porque ser humanos nos hace ser mejores.

El impacto del virus sobre nuestras vidas ha sido extraordinario. Los viejos gestos, hábitos, maneras de relacionarnos y de estar en sociedad han sufrido una honda transformación, a la que empezamos a acostumbrarnos. Como seres resilientes, sabemos hacer de la crisis oportunidad y atisbar entre las ruinas del presente el brillo de un mañana que siempre puede mejorar el hoy.

La escuela, el espacio donde se interiorizan los valores y las reglas de sociabilización pactadas por la colectividad, también ha experimentado un terremoto de una enorme magnitud que, sin embargo, no ha dañado sus cimientos.

La convicción de la educación pública como trampolín de equidad, la presencialidad como fórmula para la construcción de los primeros afectos y lealtades del alumnado fuera del círculo familiar, el aprendizaje del trabajo en equipo, de la convivencia, del respeto y la tolerancia, son todos valores que han sobrevivido a la enfermedad y al pánico.

Me siento enormemente orgullosa de pertenecer a este grupo de profesionales valientes, a un oficio de gente dispuesta a desafiar la incertidumbre para mantener el reto de cualificar la formación y el aprendizaje de nuestra infancia y juventud, pese a que la coartada de la covid parezca servir para todo.

Docentes con cinturones de los que cuelga gel hidroalcohólico, guantes, mascarillas de reserva y un reloj que avisa de las horas de ventilación, siempre en disposición para asumir la carga extra de promover proyectos de externalización e idiomas, o de conocimiento de nuestro sector primario o de prevención de la violencia en el aula, o de formación familiar…

Docentes que tienen el mismo miedo que el resto de la ciudadanía a caer enfermos, a ser vector de contagio de familiares, al confinamiento y la reclusión que maniatan e inhabilitan para las tareas más cotidianas, cruzan cada mañana las puertas del colegio o del instituto con una sonrisa para cumplir con la tarea más importante del mundo: ser parte de la tribu que educa a la ciudadanía del mañana.

El pasado viernes, 27 de noviembre, celebramos en nuestro país, con menos impacto del merecido, creo, el Día del Enseñante, en un año en el que sin duda es necesario el reconocimiento público y social a un colectivo que ha demostrado su compromiso con trabajo planificado, en un momento en el que la enseñanza pública de calidad y las acciones preventivas han debido y aún deben ir de la mano. Y en este punto, sin olvidar la complicidad y el respaldo del resto de la comunidad educativa. Pese a los nervios, pese al miedo.

En Canarias celebramos ese día la entrega de nuestras distinciones Viera y Clavijo, de reconocimiento a trayectorias docentes y a centros educativos ejemplares. Fue emocionante, fue bonito, quizá fue insuficiente, siempre son muchas más personas y equipos quienes las merecen. Tal vez deberíamos agradecer públicamente y a diario, las gestas de nuestro profesorado, su vocación inacabable y su compromiso con la escuela del futuro.

En todo caso y, de nuevo, gracias.

María Dolores Rodríguez, viceconsejera de Educación, Universidades y Deportes.

Invasión, crisis migratoria, devoluciones, ocupación de hoteles, privilegios, negros, inmigrantes ilegales, muelle de Arguineguín, cayucos, fronteras, derivaciones, pateras, muertes, menores, silencio, mar, primero Canarias y para los canarios.

Estas son algunas de las ‘perlas’ que escuchamos últimamente en nuestras calles, ante la grave crisis humanitaria que vive el archipiélago canario en estos meses por el aumento significativo de la llegada de migrantes desde las costas africanas: más de un mil por ciento en lo que va de año, millares de seres humanos llegando a nuestras costas en busca de una vida digna.

Durante los largos meses de confinamiento, ante la más grave crisis sanitaria, económica y social que hemos vivido en décadas, pensamos que saldríamos de esta situación siendo mucho mejores personas, que aumentaría nuestra solidaridad, generosidad y empatía, que nos comportaríamos, por fin, fraternalmente las unas con las otras, como reza el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Y en algunos casos, lamentablemente, nos equivocamos.

Como sociedad deberían avergonzarnos las manifestaciones y marchas racistas que recorren nuestras calles en estas semanas, auspiciadas por la extrema derecha más rancia y oportunista que hemos conocido y sorprendentemente publicitadas también en algunos periódicos canarios.

Debería abochornarnos que el Ministerio del Interior aún no haya depurado responsabilidades ante la expulsión de centenares de migrantes del muelle de Arguineguín hace unas semanas.

Debería invadirnos la rabia ante la actitud egoísta de la imputada alcaldesa de Mogán, que amenaza con multas a los hoteles que acogen a migrantes para brindarles un lugar digno donde vivir.

La semana pasada, Abascal tuvo la desvergüenza de decir en Lanzarote que la inmigración está destruyendo Canarias. Y lo dijo en la misma isla en cuyas costas habían muerto ocho personas apenas una semana antes, al volcar la embarcación en la que viajaban.

Se equivoca señor Abascal, lo que destruye Canarias no es la inmigración, son las muertes incesantes de seres humanos en nuestras costas, la vulneración de sus derechos más básicos, la falta de respuestas desde las instituciones competentes y su propaganda política oportunista.

Lo que destruye Canarias es el racismo, señor Abascal.

Por suerte, hay una Canarias que nos llena de orgullo cada día, con el trabajo incansable que hacen las ONGs para la protección de las personas migrantes, la generosidad demostrada por tantas personas canarias que no miran con desprecio o asco a las que pisan esperanzadas nuestras orillas para sobrevivir, las muestras de solidaridad espontáneas, la comunicación fluida entre quienes ostentan responsabilidades sobre derechos sociales de los gobiernos español y canario para la protección de las personas menores y también los esfuerzos desinteresados de otras administraciones locales y autonómicas para acoger a personas migrantes en sus latitudes y brindarles las mejores oportunidades.

Canarias no soporta ni una muerte más en nuestras costas, no soporta más racismo en nuestra tierra, no soporta más silencio amordazado.

Y es que, cuando hablamos de Derechos Humanos, no hay palabras que valgan, solo valen los hechos.

Desde Podemos Canarias, estamos convencidas de que no hay nada que esté por encima de los derechos sociales de las personas, vengan éstas de donde vengan, que no hay pacto político que valga, que no hay frontera que pueda traspasarse.

Porque nuestra única frontera, nuestro único límite infranqueable son los Derechos Humanos

Sergio Siverio

Responsable de Derechos Humanos del Consejo Ciudadano de Podemos Canarias

La semana pasada se aprobaba en Consejo de Gobierno una ayuda extraordinaria de 250 euros para las personas beneficiarias de pensiones no contributivas, en su modalidad de jubilación e invalidez, y familias perceptoras de la PCI.

Dicha ayuda, que viene a compensar los gastos en lo que se ha tenido que incurrir en mascarillas, geles, etcétera… beneficiará a más de 50.000 familias, expresa la voluntad de un gobierno, y de la Consejería de Derechos Sociales, de no dejar a nadie atrás en esta crisis.

La importancia de la misma tiene que ver con hacer realidad algo de lo que se ha venido hablando durante mucho tiempo pero que todavía ningún gobierno en Canarias había realizado, apoyar económicamente a los y las pensionistas no contributivos, las que tienen las pensiones más bajas, que en Canarias son más de 43.000 personas y sus respectivas familias.

Dentro de ese número, el porcentaje de mujeres llega al 60 por ciento, hablamos de personas que han trabajado toda la vida pero que nunca cotizaron: mujeres que han realizado trabajos invisibles de los cuidados, mujeres rurales trabajadoras del campo sin cotización, que han sacado adelante a sus familias criando a sus hijos e hijas, un trabajo poco reconocido pero sin el que ninguna sociedad puede funcionar.

Es a ellas, especialmente, a quienes les debíamos medidas de este tipo, por eso cuesta entender la reacción de algunos sectores políticos, que emulando al discurso de apellidos nobles y privilegiados de la meseta, han hablado de paguita. Estoy convencido de que más allá de reaccionar de esta manera, porque como oposición deben decir algo, en el fondo entienden la importancia que tiene este primer paso.

Y es un primer paso porque, más allá de ser esta una ayuda puntual y extraordinaria, se marca un camino, el que se inició también en ese Consejo de Gobierno con la aprobación del anteproyecto de ley de renta ciudadana de Canarias, que no tuvo tanta repercusión, y que recoge una modalidad de complemento a los pensionistas no contributivos, que no será una ayuda puntual sino un derecho a consolidar en el tiempo.

Mejorar la vida de estas personas es un acto de justicia histórica en nuestra tierra, una de las que mayor número tiene de personas beneficiarias de PNC de todo el Estado, y es feminismo también, es poner la vida en el centro.

La sociedad canaria en su conjunto, y las instituciones en particular, tenemos una deuda con estas personas y con estas mujeres, se lo debemos.

Por Javier Bermúdez

Director general de Derechos Sociales
Responsable del Área de Derechos Sociales de Podemos Canarias

Estoy convencido de que los distintos acontecimientos que está viviendo Canarias durante los últimos meses en relación con el reino de Marruecos no son resultado de la casualidad. El incremento de personas inmigrantes, especialmente jóvenes y menores procedentes de las costas marroquíes sin que las autoridades intervengan o controlen, la pretensión de delimitar unas aguas jurisdiccionales en conflicto con la zona marítima que pertenece a Canarias o la administración de la riqueza del banco canario-sahariano y de los fosfatos en territorios que están pendientes de autodeterminación por pertenecer al pueblo saharaui, no son decisiones aisladas sino que considero que están integradas en una estrategia de presión y de chantaje a Europa y a España para lo que utiliza a Canarias.

El pasado mes de abril, durante el confinamiento por el coronavirus, el Boletín Oficial de Marruecos publicó dos leyes aprobadas por el Parlamento en enero y febrero, con las que el país extendía, de forma unilateral e ilegal, su frontera marítima hacia Canarias. De esta manera, en un acto de expansionismo, Marruecos establece sus aguas territoriales en 12 millas, delimita su zona económica exclusiva en 200 millas y decide ampliar su plataforma continental hasta 350 millas con lo que, además de anexionarse aguas del Sáhara Occidental pese a ser un territorio pendiente de descolonización, incluiría una parte de las aguas canarias que España reclama a la ONU desde 2014.

Pocos meses después se incrementaba, de manera repentina y sin precedentes desde la crisis de los cayucos en 2006, la llegada de personas migrantes en pateras a las costas canarias, en particular a Gran Canaria. En lo que llevamos de año se acerca a las 17.000 personas, de las que casi 11.000 lo han hecho a Gran Canaria. El Muelle de Arguineguín se ha convertido en un “campamento de la vergüenza” en el que miles de personas pasan días y hasta semanas hacinadas en 400 metros cuadrados en condiciones infrahumanas. Muchas de estas personas son ciudadanos marroquíes y muchas de estas embarcaciones partieron de territorio marroquí.

La pasada semana el ejército marroquí atacó a civiles saharauis que se manifestaban pacíficamente en la franja de amortiguación de Guerguerat, al sur del Sáhara, contra la brecha ilegal que había abierto el Gobierno de Marruecos en este lugar. Tanto la brecha como el ataque por parte de efectivos militares suponen una clara vulneración del acuerdo militar y son contrarias al plan de paz establecido. Esto ha generado una escalada de enfrentamientos militares de consecuencias impredecibles.

Solo hace falta ver la concatenación de los hechos para llegar a la conclusión de que Marruecos está utilizando a Canarias como moneda de cambio para presionar al Estado español y que éste no se interponga en sus planes expansionistas sobre nuestras aguas y sobre el Sáhara Occidental, así como para evitar que asuma un papel más activo como potencia colonial del Sáhara (que lo sigue siendo) y exija la celebración del referéndum y la culminación del proceso de descolonización de este territorio.

Esto también explicaría el aumento repentino de los flujos migratorios sobre nuestro archipiélago ya que sería una de las maneras que utilizaría el Reino Alauita para presionar a España en un momento de recrudecimiento del conflicto con el Sáhara Occidental. Porque aunque la vía policial y militar no puede ser la forma de gestionar las migraciones, también es evidente que Marruecos tiene un control sobre su territorio como para poder frenar las llegadas de embarcaciones a nuestras costas, especialmente las de sus propios conciudadanos.

Y no es la primera vez que los intereses económicos y geoestratégicos de ambos territorios entran en conflicto. El caso más flagrante es el del banco de pesca canario sahariano, gestionado de facto por Marruecos pese a no formar parte de su territorio y que incluso incluye en acuerdos pesqueros con la UE (aunque hayan sido posteriormente suspendidos). Según el Sindicato Intersindical Canaria, nuestras islas están perdiendo al menos 400 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos por no poder faenar en aguas que nos corresponden por razones históricas y geográficas.

Al igual que en el caso de la pesca, la maniobra de la apropiación de las aguas saharauis y las pretensiones sobre una parte de las aguas canarias, no solo responden a un afán expansionista sino también económico. Aunque aún se encuentra muy lejos de poder ser explotado, Marruecos está pugnando por el Monte Tropic, situado a unas 269 millas al sur de El Hierro. Se calcula que puede ser el mayor yacimiento de telurio del mundo con una cantidad 6.000 veces mayor que la que se extrae actualmente de la corteza terrestre. A esto se le uniría el cobalto y las tierras raras presentes en la zona pretendida, materias primas fundamentales para la economía del futuro.

Tan grave como lo anterior es la tibieza o incluso la pasividad con la que el Gobierno de España responde a las pretensiones anexionistas y la política de hechos consumados del país vecino. Es más, las dos leyes se aprobaron días antes de la visita oficial a Marruecos de la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, en un evidente gesto de presión para las negociaciones diplomáticas con España. Hasta el momento la ministra se ha limitado a transmitir calma a Canarias y a garantizar el respaldo del Gobierno a nuestro territorio sin que eso se haya traducido en gestos concretos.

Estoy convencido de que a la postre esta dinámica es perjudicial para ambos territorios. Las relaciones entre Marruecos y Canarias son históricas. Cerca de 40.000 ciudadanos marroquíes conviven con nosotros desde hace años y es evidente que la cooperación en materia comercial, turística o de energías renovables podría ser muy beneficiosa para ambos. Canarias ocupa una posición geoestratégica muy importante y dentro de nuestras aspiraciones está la de tener unas relaciones de paz y cooperación con nuestros vecinos.

Pero para que esto sea posible es imprescindible que Marruecos deje de utilizar a Canarias y las vidas de miles de personas que llegan a nuestras costas en barcazas como medida de presión en sus relaciones diplomáticas con España, relajando el control de sus costas y fronteras para aumentar la presión migratoria cada vez que quiere negociar algo. Y por supuesto es inaceptable que en su afán expansionista pretenda apropiarse de los recursos del banco pesquero canario-sahariano o de los recursos submarinos.

También es imprescindible que Marruecos cumpla con la legalidad internacional, que ponga fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental, frene sus pretensiones expansionistas y se comprometa a realizar el referéndum para la independencia de este territorio. De lo contrario, como estamos viendo, tarde o temprano nos encontraremos con una escalada bélica a 100 kilómetros de nuestro territorio que supondría un serio riesgo para Canarias y una ruptura total de las relaciones con el país vecino.

Por su parte, el Gobierno de España no puede seguir menospreciando y ninguneando a Canarias, primando sus relaciones diplomáticas con Marruecos al bienestar de nuestro archipiélago. No es aceptable la tibia respuesta del Ministerio de Exteriores frente a lo que podría considerarse una agresión a Canarias como la anexión de una parte de nuestras aguas. Debemos tener voz en la política española hacia Marruecos.

La apuesta de Canarias y de los nacionalistas progresistas canarios no puede ser otra que la de situar a las islas como un territorio de paz, una tierra de acogida con valores democráticos que promueva la cooperación y el progreso entre los pueblos vecinos. Pero esto solo puede ser posible desde la firmeza y la determinación y la exigencia a Marruecos del cumplimiento estricto del derecho internacional y el respeto a la integridad territorial, tanto del Sáhara occidental como de nuestro archipiélago.

 El pasado martes pudimos conocer el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021. El primer paso para empezar a analizar y debatir las asignaciones y recursos con los que contamos para salir adelante con todas las garantías.

Un documento necesario, sobre todo en estos momentos en los que se necesita dar una respuesta rápida y eficaz a la difícil situación que está atravesando el país a consecuencia de la pandemia.

Desde el Partido Socialista se ha trabajado, de forma incansable, para conseguir unos presupuestos progresistas, con una gran inversión social, que permitan reconstruir el país tras la pandemia, modernizar el modelo productivo y fortalecer el estado de bienestar.

Algunas personas ya se han apresurado a criticarlos. Me atrevería a decir que sin ni tan siquiera analizarlos, ya que no han tenido tiempo para hacerlo con el rigor que se requiere. Creo firmemente que algunos ya tenían preparado el discurso mucho antes de que se presentaran.

Esto evidencia que han perdido el foco en la esencia de la política y su objetivo final: aportar soluciones y propuestas para mejorar la vida de la ciudadanía y realizar críticas constructivas a las políticas públicas para siempre sumar, y no restar.

En lo que respecta al Archipiélago, desde el PSOE Canarias agradecemos al Ejecutivo de Pedro Sánchez que haya tenido en cuenta las necesidades de nuestro territorio y que haya respetado nuestro fuero, elaborando unos presupuestos que contemplan la mayor asignación económica para las Islas de su historia.

Y esto es algo indiscutible. Este proyecto de ley supera en 27 millones de euros el presentado en 2018 y nos sitúa ahora en una muy buena posición de partida.

El Estado ha respetado las principales demandas realizadas por el Gobierno de Canarias, las que se requerían con urgencia para paliar las consecuencias de la crisis sanitaria. Por ejemplo, los 516 millones de euros de la sentencia del Convenio de Carreteras, que finalmente se canalizarán como gastos no financieros para atender los servicios públicos esenciales y mejorar los recursos destinados a asuntos sociales, sanidad y educación.

Además, tal y como ya había anunciado el ministro de Transportes, las dotaciones económicas correspondientes al 75% del descuento aéreo y marítimo para los residentes en Canarias están aseguradas, así como el 100% de la bonificación al transporte de mercancías.

A diferencia de los últimos años, en los que muchas partidas quedaron fuera de los proyectos de ley, para 2021 sí se reconocen los recursos destinados, entre otros, al agua de riego, a las infraestructuras turísticas y a las ayudas al transporte. También se reflejan las partidas adicionales del POSEI o los fondos para el Plan contra la Pobreza.

Ahora toca seguir trabajando para negociar, durante el proceso de enmiendas, la inclusión de más partidas. Sin olvidar la futura financiación que vendrá desde Europa, que nos ayudará a avanzar en la recuperación socioeconómica de nuestro Archipiélago.

Es el momento de buscar consensos, de mantener una posición de diálogo y de sumar esfuerzos para salir adelante. Hay que dejar a un lado los intereses partidistas y centrar nuestro objetivo en la búsqueda de soluciones.

Es hora de rechazar los discursos vacíos e insustanciales. El debate que no incluya una crítica constructiva nos aleja del fin último que nos debe mover a todos: avanzar como sociedad y mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía.

En estos tiempos de pandemia ha quedado demostrado que los servicios públicos, junto a la responsabilidad social e individual, son esenciales para que la población pueda salir adelante.

Entre esos servicios públicos se encuentra la Educación, uno de los derechos más fundamentales para conseguir la igualdad social, y por ese motivo nos preocupa la estabilidad de las plantillas, la jubilación en los próximos años del 50% de la plantilla, la dotación de personal suficiente a los centros educativos, o la mejora de las condiciones laborales del profesorado de Infantil y Primaria.

En la comparecencia solicitada por Si Podemos Canarias la pasada semana en el Parlamento la consejera de Educación anunció la revisión del actual catálogo de plantillas de los centros y que el profesorado contratado hasta diciembre por la COVID, volverá en enero a las mismas aulas, dando continuidad a su labor, añadiendo que tenía dentro de los planes de la Consejería la negociación de un nuevo catálogo de plantillas.

En estos tiempos de incertidumbres, es esencial conseguir la imprescindible estabilidad de los claustros, elaborando planes de estabilidad para el profesorado interino, de oferta de empleo público con carácter diferenciado, unas plazas y unos requisitos para los que ya están ocupando un puesto en la enseñanza y otras diferentes para los que aspiran a un puesto de trabajo en la enseñanza pública.

Sin olvidar que hay que abordar en la futura Ley de Educación una nueva concepción de la formación inicial y permanente del profesorado y de su acceso a la función pública.

Son inadmisibles estos índices tan elevados de profesorado con contrataciones precarias.

Respecto al envejecimiento de la plantilla, hay que planificar acciones formativas complementarias para los que aspiren a trabajar en la enseñanza si queremos modificar en profundidad el actual sistema educativo, por lo que es notable el esfuerzo llevado a cabo con la contratación de 2.500 maestras y profesoras, que deberían continuar siendo contratadas y que en el futuro la bajada de ratios que más se precisa es en los primeros años de la educación, donde debe estar el profesorado mejor considerado socialmente, los mejores, para contribuir a poner las bases del éxito escolar futuro de la totalidad del alumnado.

También se debe hacer hincapié en que la plantilla de los centros debe completarse con profesionales de orientación, logopedia, educadores sociales, enfermería, personal de administración y sevicios, trabajadores de comedores escolares.

Finalmente, no hay que olvidar la necesidad de apoyar y mantener la continuidad de las escuelas rurales de Canarias, para favorecer la fijación de la población y contribuir al desarrollo del sector primario, entre otros, con el objetivo de apoyar la necesaria diversificación de la economía en Canarias.

Según ha publicado Promotur , adscrita a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, las llegadas de pasajeros a todos los aeropuertos canarios, excepto La Gomera y El Hierro, en vuelo directo desde el resto del Estado y el Extranjero, alcanzaron en los meses de julio y agosto la cifra de 961.131 personas, 428.717 en julio y 532.414 en agosto (103.697 más, en pleno rebrote de la pandemia), repartiéndose ambas procedencias casi al 50%; lo que implica una media de  16.000  personas diarias entrando en Canarias desde julio, sin pruebas diagnósticas de la Covid-19. Durante el mes de septiembre, se habrán sobrepasado ya   1.300.000 llegadas a lo largo del verano, equivalentes a un  60% del total de residentes en las Islas.

Una vez levantado el Estado de Alarma, el 21.06, según el Servicio Canario de Salud (SCS), durante la última semana de junio se confirmaron  9 casos y otros 21 en la primera semana de julio, que permiten afirmar que Canarias estaba prácticamente libre de la Covid-19 al inicio de la llamada Nueva Normalidad. Sin embargo, al comenzar la cuarta semana de septiembre  se contabilizan 6.757 casos activos, acumulándose solo en las 7 semanas anteriores,  el 63% del total de casos existentes desde el inicio de la  pandemia. Evidentemente, un rebrote con crecimiento tan exponencial no puede producirse sólo con la transmisión autóctona comunitaria de los pocos casos activos a primeros de julio.

CAUSAS DE LA SEGUNDA OLA. Recordemos que la irrupción de la pandemia en el Estado a partir de la segunda semana de marzo se produce al manifestarse los síntomas de la enfermedad en miles de personas asintomáticas, decretándose el Estado de Alarma el 14 de marzo, con las graves consecuencias conocidas. Sin embargo, la incidencia de la Covid-19 en Canarias fue bastante menor epidemiológicamente, aunque con  peores consecuencias económicas al producirse el Cero Turístico por la paralización del transporte aéreo y marítimo. La enseñanza aportada fue contundente. En sistemas geográficamente aislados, el cierre de fronteras a tiempo  impide la entrada del virus, cuya transmisión queda reducida al nivel comunitario que, partiendo de un bajo número de contagios, pudo mantenerse en niveles asumibles para el sistema sanitario y asistencial, aún lamentando los muchos decesos producidos.

Por el contrario, el fuerte rebrote de julio y, sobre todo, agosto y septiembre, en las Islas, vino precedido, como dijimos, de un casi Cero Epidémico en las primeras semanas posteriores al fin de la Alarma cuando, paralelamente, comienza a entrar un flujo importante de miles de personas diarias desde fuera de Canarias por los aeropuertos, sin tests diagnósticos, muchas de ellas desde de  zonas en pleno rebrote pandémico. Ello constituyó, indefectiblemente, la fuente originaria de la llamada Segunda Ola, al poner en circulación centenares de cadenas de transmisión iniciadas por casos importados que, a su vez, generaron la inevitable transmisión  autóctona comunitaria en las Islas. Sirva sólo como orientación, que los casos positivos acumulados hasta ahora en Canarias representan el 6 por mil de la población. Atribuyendo hipotéticamente a 1.3 millones de personas llegadas desde julio una contagiosidad del 1 por mil, estaríamos hablando de 1.300 casos importados. Teniendo en cuenta que cada caso puede infectar entre 1.5 y 3 personas, la hipótesis más conservadora daría un segundo eslabón de la cadena de 1.950 casos y de 2.925 el tercero, para un total de 6.175 casos. “Casualmente” una cifra muy cercana al total de casos activos detectados a finales de septiembre.                   

TRIÁNGULO DE OMERTÁ SOBRE LOS CASOS IMPORTADOS.  Las claves del desastre creado por la Segunda Ola de la Covid-19 en Canarias se encuentran en la gran conspiración suicida, torpemente urdida por el Triángulo de Omertá formado por el Gobierno autónomo (Gobcan), el lobby dirigente hotelero turístico (ASHOTEL y FEHT) y los principales medios de comunicación editados en Canarias (dependientes de las subvenciones e inversiones en  publicidad  de los otros dos vértices del triángulo).

Tal conspiración consistió en ocultar, de forma deliberada, la influencia de los casos importados en el aumento del número de infectados que aparece con fuerza en julio y se dispara exponencialmente en agosto y septiembre. De forma repentina, desde finales de julio, el SCS  deja de publicar las cifras de contagiados procedentes del exterior, pretendiendo circunscribir el origen de los casos confirmados a la transmisión local comunitaria. Se trataba de evitar una demanda social por  un cordón sanitario seguro en nuestros puertos y aeropuertos, con exigencia de pruebas a los viajeros procedentes del Estado y el Extranjero y cuarentenas para los casos positivos, lo que seguramente retraería la llegada de turistas.

Pero la virulencia del rebrote, vino a evidenciar que la conspiración del citado Triángulo de Omertá se basaba en un cálculo erróneo, totalmente contraproducente, como la actitud atribuida al avestruz, consistente en  creer que,  ignorando la causa principal del problema, este no iba a producirse. Al obviar la necesidad del cordón sanitario exterior, inundaron las Islas de coronavirus importados, comprometiendo así, temerariamente, la salud de la población canaria y terminando por arruinar la temporada de verano  (probablemente, también la de invierno).  Cerraron así el círculo vicioso de la conspiración del citado Triángulo de Omertá, que vino a confirmarse con la recomendación de los gobiernos de muchos países europeos para no viajar a Canarias.

 ELUDIR RESPONSABILIDADES, CULPABILIZANDO A LAS VÍCTIMAS. A fuerza de considerar la Covid-19 como una guerra y no como un desastre natural agravado por las políticas sanitarias neoliberales, la política informativa del Gobierno de Canarias y sus medios afectos adoptó los perfiles del periodismo bélico, sacrificando la transparencia informativa a manos de una  censura y opacidad tan inconfesables como implacables: convertir en tabú  los casos importados y atribuir la única causa de la Segunda Ola a una supuesta indisciplina social y, sobre todo, al socorrido mito de la “juventud irresponsable”.

Una matriz informativa oficialista, cínica y cruel, basada en la criminalización de la víctimas de los contagios importados, convirtiéndolas en únicas culpables de la cuarentenas domiciliarias,  hospitalizaciones, contagios del personal sanitario y hasta de los decesos producidos, sin olvidar la especial incidencia sobre los grupos sociales mas vunerables como adultos mayores y personas dependientes, internadas en centros especiales y abandonadas a su suerte. Este ensañamiento con la ciudadanía se acompañó con  amenazas como: “Vamos a ser duros con quienes ponen en peligro la salud y la vida”, proferidas cínicamente por el Presidente, Ángel Víctor Torres, en plena escalada de contagios a mediados de agosto, cuando su incompetencia y la de su Gobierno fue lo que realmente puso en peligro nuestra salud y nuestra vida. En tal sentido, desde Iniciativa Popular Canaria solicitamos la creación de una comisión científica de investigación independiente, que delimite las responsabilidades en la generación y gestión de esta Segunda Ola de la Covid-19 en Canarias.

LAS GRIETAS DEL BUNKER CONTRA INFORMATIVO. Pero mantener engañada a toda la gente, todo el tiempo, no es posible antes de que comiencen  a  aparecer grietas en  la disciplina de los sectores implicados en la Omertá. Tres ejemplos de ello se citan a continuación, surgidos desde el Gobierno de Canarias y  la patronal turística que, como era previsible, no se publicaron en los principales medios editados en las Islas:

El periódico EL PAIS publicaba el 28 de agosto que el Catedrático de la Universidad de LPGC, Luís Serra, portavoz del Comité Científico Asesor del Gobierno de Canarias, había informado que varios “supercontagiadores” procedentes del resto del Estado contagiaron a 140 jóvenes en la zona nocturna de Las Palmas de GC, que luego infectaron a sus familiares. Mientras la noticia oficial se refería a la irresponsabilidad de jóvenes canarios discotequeros que no respetan ni a sus familias… Curiosamente,  también EL PAÍS publicó, el 20 de septiembre, las declaraciones de Francisco López,  uno de los dos principales accionistas del mayor  grupo hotelero de capital canario, LOPESAN, referidas a la aceptación por el Gobierno español de la realización de pruebas a los turistas: “Es una medida que propusimos, por la que luchamos, y en la que insistimos hace tres meses, cuando Canarias era una zona segura y el peligro era infectarnos nosotros de los turistas”. Tal como finalmente ocurrió…

Pero poco vale decir que se solicitó al Gobierno central, competente en puertos y aeropuertos, si no se hizo con la necesaria presión, contundente e innegociable. De hecho, según declaró ante el Parlamento, el 23 de septiembre,  el tercer Consejero de Sanidad en menos de un año: “El Gobierno autónomo, en ningún momento  había solicitado formalmente a las autoridades españolas o comunitarias tests para el coronavirus en origen o en destino”… (Filtrado sólo entre líneas por algún articulista).

SIN CORDÓN SANITARIO EXTERIOR, IMPOSIBLE PARAR EL VIRUS Y CREAR UN DESTINO SEGURO. Después de propiciar este desastre sanitario y económico, Gobierno de Canarias y lobby hotelero han entrado en pánico, con muchas prisas e histerismo por crear -ahora sí- el Destino Seguro, no porque de repente empiecen a preocuparse por la ciudadanía,  sino  por el inminente comienzo de la Temporada Alta Turística, cuestión ésta que reconocen públicamente sin el menor rubor.

Cabe preguntarse entonces, por qué no se preocuparon con igual ahínco ante la temporada de verano. Su reconocimiento de la necesidad ineludible de realizar tests, en origen y destino, para la Temporada Alta, es la prueba palmaria de que conocían perfectamente el riesgo que representaba para la salud de la población permitir la entrada masiva de foráneos,  sin pruebas,  a partir de julio. Pero sólo se adoptaron medidas de control sobre la transmisión comunitaria,  dejándonos inermes ante la entrada del virus.

Si es en los momentos difíciles cuando se mide la talla de los gobernantes, la respuesta del Gobierno de Canarias, al servicio de intereses económicos egoístas y miopes,  fue sumarse a las teorías más retrógradas a nivel mundial, encarnadas por Trump o Bolsonaro: “Canarias tendrá que acostumbrarse a convivir con el virus, debido a su fuerte dependencia del exterior”, proclamaban a coro. Mientras cualificados portavoces de la comunidad científica, defensores de una sanidad pública universal, insistían en que la prioridad económica es parar el virus y no abrir, sin  controles sanitarios, la actividad turística, ya que sólo en un destino sano y seguro puede desarrollarse un turismo sostenible. Ante el falso dilema, impuesto por las clases dominantes, de obligarnos a elegir entre economía o salud, tanto la OMS como la ONU han insistido en que no existe tal debate: “Primero es la salud”.

Y es que la más nefasta consecuencia de la mediocridad del Gobierno de Canarias fue arruinar la potencialidad que nos proporciona la ventaja comparativa natural de nuestra condición archipelágica. Una visión progresista, inteligente y rigurosa hubiera aconsejado aprovechar el casi Cero Epidemiológico de inicios del verano,  para imponer el citado cordón sanitario exterior con pruebas diagnósticas eficaces, propiciando así la creación de un verdadero Destino Seguro, libre de Covid-19. Primero para proteger a nuestra población, pero también como nuestra mayor fortaleza de cara al turismo de invierno, convirtiéndonos en un destino imbatible de media distancia, que si ya lo éramos climáticamente,  lo sería más como refugio sanitariamente seguro. No es difícil prever la  gran demanda mundial ante una oferta vacacional de tales características, sin embargo, frustraron la extraordinaria posibilidad de optimizar las políticas de selectividad turística.

¿GRUPO CANARIO  PLAÑIDERA EN MADRID O BILATERALIDAD REAL?. La demanda de medidas de garantía para crear corredores sanitarios seguros, con tests en origen y destino para los turistas,  se ha terminado sumando a la exigencia de otros corredores, en este caso, para trasladar al resto del Estado a los refugiados africanos llegados en los últimos meses, ya que la Unión Europea no acepta recibirlos. El problema surge cuando, por una parte,  el Gobierno español no acepta los tests para los viajeros procedentes del resto del Estado y, por otra, tampoco acepta trasladar a los refugiados,  argumentando el peligro de un supuesto efecto llamada, convirtiéndonos, de facto, en una macro cárcel donde encerrarlos  hasta su regularización o deportación.

Los tests sólo para turistas extranjeros son incoherentes con la creación de un cordón sanitario seguro, tal como ha denunciado la propia Consejera de Turismo, pero desde Madrid lo justifican diciendo que no se puede limitar la libre circulación de españoles; con lo que ya no es únicamente la economía la que conspira contra nuestra salud, sino también la política centralista. En conclusíón, el apartheid turístico estaría servido, ya que en las zonas turísticas sólo se  admitirían extranjeros, vetándolas a la población local y estatal. Lo que sería no ya inconstitucional, sino de pura ciencia ficción.

Ante esta grave doble colisión de intereses con el Gobierno central, han surgido desde la clase política autonómica y dirigentes empresariales, llamamientos a la formación de un “Grupo Canario” en Madrid. Un amago de órdago de bilateralidad condenado al fracaso, ante la previsible falta de implicación efectiva de los cónsules del PSOE y Unidas Podemos en las Islas, que nunca iban a enfrentarse a sus mentores en Madrid; ni cabe esperar del falso nacionalismo otro papel que el de plañideras, jugado históricamente, a cambio de algunas migajas sobrantes del festín de  la extracción de rentas  coloniales  a las que está sometida la Nación Canaria.

Si de verdad hay interés en establecer una bilateralidad real y efectiva entre Canarias y el Estado, hay que cambiar las reglas de juego, empezando por dotarnos de una Plena Autonomía Interna (PAI) en régimen de Asociación con la UE, como Territorio de Ultramar (PTU), tal como venimos proponiendo desde la Iniciativa Popular Canaria (IPC), en línea con la Moción en favor de la PAI aprobada por el Cabildo de La Gomera el 04.05.2012. Lo demás es perder el tiempo mareando la pardela, mientras nuestra ruina social y económica sigue avanzando inexorablemente…

Este año y por desgracia, España ha sentido el zarpazo de la muerte, fulminando la vida de 40.000 españoles, hundiendo sin piedad las esperanzas de familiares y amigos, mientras nuestros sanitarios arriesgan sus vidas sin medios de protección para salvar a la máxima cantidad de conciudadanos posibles en la vorágine de la pandemia y que ha tenido como resultado el deceso de mas de 6500 sanitarios.

«ESPAÑA VIVE CADA DÍA UN 11M»

De antemano, quiero expresar mi mas sentido pésame para todos ellos, tengo el corazón desgarrado por tan dantesca situación, me sumo a su dolor.

«SANCHEZ HUNDIRÁ EL TEJIDO EMPRESARIAL Y LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DE CANARIAS ”

Vivimos tiempos convulsos sumamente complicados a todos los niveles, España se encuentra en un estado de ingobernabilidad absoluto, los intereses políticos y los ejercidos por los poderes fáctico, nos arrastran a una situación insostenible con un pueblo que, displicente, se encuentra en un absoluto estado de indefensión.

Es la unión un factor importante no cabe duda, pero es la eficacia en la gestión la que salva vidas y la que nos estabiliza en términos económicos y sociales.

Un gobierno socialista que necesitó pactar con la extrema izquierda, con separatistas y terroristas, nunca podrá tener una eficacia de gestión por los intereses implícitos de las partes. Es un gobierno inestable , frágil , un barco ingobernable que ahuyenta la inversión extranjera y por lo tanto, la estabilidad económica del país y de Canarias en el peor momento, provocando el peor escenario, llevando irremediablemente al 40% de la población de Canarias y a sus familias al paro, al hambre, a la pobreza, y a la miseria.

La violación incontrolada de las libertades fundamentales, por parte de un gobierno social comunista en convivencia con la extrema izquierda, que cada día se acerca mas a sus propósitos mas propios de 1936 que del 2020.

«TENEMOS QUE CENTRARNOS EN LOS PROBLEMAS DE HOY DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS PARA TENER UN FUTURO»

Personas haciendo colas para recibir comida, recortes a la libertad de expresión, de culto, reunión y huelga, violaciones sistemáticas en contra del derecho a la propiedad privada, limitación de la libre circulación, ciudadanos a los que se les solicita la documentación por el simple hecho de llevar una bandera de España, símbolo de nuestra nación, nuestra historia, nuestra identidad.

Intentando silenciar al pueblo español con ayudas y paguitas, para lavar su imagen, un gobierno, que siguiendo la estrategia del NUEVO SOCIALISMO DEL SIGLO XXI busca el enfrentamiento entre españoles, para que de forma sibilina, ruin e inmoral, ocultar las barbaridades de su nefasta gestión, alrededor de 40.000 fallecidos entre cifras y porcentajes, evitar que se vean nuestros muertos, que los velemos y que no nos podamos despedir de ellos o les rindamos honores como corresponde, dejando que que mueran solos, esconder la realidad con mentiras para quitarle hierro al asunto y que esto pase como si nada. Simplemente vergonzoso.

Acciones para conseguir sus fines en el menor tiempo posible, para preservar sus intereses personales a costa de el dolor y el sufrimiento de los españoles. Un autentico escándalo.

Un ejecutivo insostenible por el cual Europa no esta llamando la atención, un presidente, cuatro vicepresidencias, 18 ministerios, 29 secretarías de Estado, 48 subsecretarías o cargos con dicho rango, 130 direcciones generales o asimilados, 21 secretarías generales técnicas, más de 200 asesores, que engordan sus carteras y terminan con pensiones vitalicias, un gasto irrefrenable y bajo mi punto de vista inmoral, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se encuentran en exclusión social y familias canarias que no llegan a fin de mes.

El saqueo incontrolado y absolutamente obsceno a la población con políticas económicas mas propias del absolutismo del siglo XIX, con una administración asfixiante, que machaca sistemáticamente a pequeñas y medianas empresas, donde los ciudadanos se ven en la incapacidad absoluta de ahorrar por encontrarse inmersos en un nivel impositivo que roza el 60% y que nos mantiene indefectiblemente en la cuerda floja, amordazados por miedo a la inestabilidad para ellos y sus familias.

España y especialmente Canarias tiene una estrategia de desarrollo que limita y mucho sus posibilidades de crecimiento y expansión, ya que los sectores productivos de la economía española se caracterizan por un peso muy alto en el sector de los servicios.

Políticas absolutamente fuera de la realidad de Canarias, donde la inversión sobre el sector primario es insuficiente, la del sector secundario esta limitada por su baja productividad y donde el terciario, el 50% de su producción se basa en el turismo, un sector que se va a ver gravemente impactado por las políticas del gobierno central y del gobierno social-comunista de Canarias.

Ya se espera un nivel de paro aproximado del 40%, lo que significa que aproximadamente mas del 67% de la población canaria se va a ver en una situación sumamente complicada, por no decir algo mas grave.

Si alguien piensa que esto no va a afectar a Canarias, se equivoca y mucho. El servilismo de algunos partidos políticos de Canarias para con este gobierno destructivo de las libertades, de nuestra economía y por lo tanto de nuestro modelo social de vida son tan responsables como el mismísimo Sánchez.

Se avecina un Tsunami la Nueva Anormalidad, LA ESPAÑA BOLIVARIANA DE SÁNCHEZ personalmente, pienso luchar por España, Canarias, nuestras familias, valores, sistema productivo, nuestras libertades, costumbres y todo aquello que nos define como españoles y como canarios.

Sobrevivir con los ingresos de un fin de semana.

Cualquiera podría pensar que nos referimos a alguien que trabaja en la hostelería o una familia que tiene un pequeño negocio, pero no.

Nos referimos a Canarias entera.

Así lo publicaba el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) esta misma semana, con sorprendente indiferencia por parte de la sociedad canaria, medios de comunicación incluidos.

¿Qué nos cuenta el estudio? Si el Archipiélago reanuda su actividad turística después del verano, tendríamos un millón de pernoctaciones hasta diciembre. Dicho de otra manera y para entendernos mejor: vendrían a Canarias en lo que queda de año (8 meses) los mismos turistas que vinieron el año paado solo en un fin de semana.

Sí, sí, están leyendo bien, en ocho meses el mismo número de turistas que un fin de semana cualquiera del año pasado. Esto supondría una caída del PIB del 32 por ciento. En el escenario más ‘optimista’ de llegada de turistas, el PIB caería un 24 por ciento.

Repito, en el escenario más optimista.

Para que nos hagamos una idea de la magnitud del terremoto, la caída del PIB en 2008-2009 en las islas con la anterior crisis fue del 4,8%. Ahora caería un 24 por ciento, en el ‘mejor’ de los casos.

Me cuesta comprender por qué estas perspectivas no son el tema central de debate en las Islas y síi lo es el detalle de la ‘desescalada’; semana arriba, semana abajo.

Sobre todo porque el reinicio de la actividad turística no depende de cuando Canarias lo decida, depende de cuando la gente quiera volver a visitarnos, si es que tienen ganas y recursos económicos para hacerlo, y de cuando sus respectivos gobiernos lo permitan.

Realmente si que es fácil de comprender, para que engañarnos. El virus nos pone desnudas frente al espejo y algunos poderes irresponsablemente prefieren pasar página lo antes posible.

Con el actual modelo económico no tenemos ninguna influencia sobre nuestro destino como pueblo y echar las culpas de esto únicamente a influencias externas sería hacernos trampas al solitario.

Nuestro sector productivo tiene características típicamente coloniales:
Monocultivo, con todos los huevos en la misma cesta, la turística. Huevos que además los disfrutan fuera, de cada 140 euros que gasta un turista al día en Canarias, más de 100 euros vuelan a manos extranjeras (touroperación, todo incluido, etc..) y dependencia gigantesca del exterior para todo, tanto es así que hasta el gofio que consumimos lo hacemos, salvo heroicas excepciones, con cereal traído de fuera.

De energía mejor ni hablar, expertos llevan décadas aconsejando y alentando que nuestra tierra debía ser un ejemplo de generación renovable a nivel mundial. ¿Y qué nos encontramos hoy en día? Que estamos por debajo del 20 por ciento de generación eléctrica con renovables.

En la tierra del sol, alisios, volcanes y Atlántico seguimos comprando energía carísima al exterior, con lo que eso supone para nuestra salud, medio ambiente, balanza comercial y para los bolsillos de canarios y canarias, debido al elevado y absurdo coste de esa factura.

Y por supuesto, encima, presumiendo de baja fiscalidad y bajos salarios para atraer inversiones. Ofrecemos nuestra tierra para pagar pocos impuestos y salarios de miseria y después nos extrañamos de liderar los rankings de pobreza, exclusión y peores servicios públicos.

La responsabilidad de esta situación es tan evidente que no voy a gastar ni un renglón en señalarla, solo basta con pasarse por Wikipedia y consultar quien ha gobernado las islas los últimos 30 años.

La pandemia llegó y evidenció la fragilidad del modelo. Ya era insostenible cuando ‘funcionaba’: destrucción del medioambiente, fuga de capitales y grandes bolsas de exclusión y pobreza en la población, pero es que ahora demuestra su inviabilidad con toda la crudeza.

Mira que los movimientos sociales, el tejido productivo local y una parte importante del mundo académico llevan avisándolo tiempo. Mira que nos llamaron locos un millón de veces cuando lo planteamos en sede parlamentaria. Mira que nos criticaron cuando votamos en contra de las reformas del Estatuto y el REF precisamente por haber excluido todas las propuestas de cambio de modelo económico en las islas.

Que sensación más amarga la de tener razón pero no ser escuchados.

Ahora toca, ahora nadie puede mirar para otro lado. O cambiamos el modelo o muchos miles de canarios y canarias tendrán que coger la maleta, no hay más opción.

Asumamos que el consumo externo se desploma y protejamos el consumo interno mediante un ingreso suficiente y estable para la población o tendremos neveras vacías, emigración y destrucción del tejido económico de autónomos y pequeñas empresas.

Desde el guachinche, pasando por la floristería familiar que le vendía a los hoteles, hasta la diseñadora gráfica que trabajaba desde su casa por encargo. Nadie quedará a salvo si cae aún más el poder adquisitivo de las clases populares.

Si no ponemos en valor los cuidados y los servicios públicos es que no hemos aprendido nada de la terrible pandemia. Poner en valor no significa solo aplaudir (que es un gesto muy bonito), significa dotar de recursos a Sanidad, Educación, Investigación, Servicios Sociales.

Ya tenemos claro que el dinero destinado a lo público no es un gasto, son inversiones en salud y vida, son inversiones que nos hacen grandes como pueblo. Significa aflorar muchos empleos que hoy en día ni se reconocen ni se remuneran y que son principalmente realizados por mujeres.

Cuidar de personas mayores, dependientes o de las chinijas de la casa es un trabajo enorme, pues ya es hora de que sea también un empleo. Con dignidad y con derechos, ganaremos todos y todas.

¿Qué mejor momento que ahora para rehabilitar y modernizar la planta hotelera? Para hacerlos más eficientes energéticamente, adaptarlos a las renovables y mejorar la calidad del destino turístico. Para adaptarnos a un turismo cada vez más especializado, para distribuir la riqueza producida generando empleo en nuestra tierra.

Con el aumento del desempleo en el sector de la construcción seguro que hay miles de profesionales que están pensando exactamente lo mismo.

Canarias debe aumentar el peso de la industria en la generación de riqueza, por motivos desgraciadamente obvios estamos a años luz del 20 por ciento sobre el total del PIB que marcaba la Unión Europea para este mismo año 2020.

Cojamos el tren de la digitalización y robotización sin complejos. Apoyemos decididamente desde la colaboración público-privada la industria del software, videojuegos, gestión de datos, destinos inteligentes, etcétera. ¿Por qué no? Tenemos talento de sobra, infraestructuras y seguridad jurídica para hacerlo.

Y por supuesto el sector primario, ya nunca más se usará mago o maúro de manera despectiva, ya sabemos que cuando las cosas se ponen feas cada finca plantada es un tesoro.

Cada persona que trabaja en el campo, en el empaquetado, en la manufactura, o en un mercado canario es esencial para nuestro pueblo.

Apostemos por acercarnos a la soberanía alimentaria de las islas, a la producción y consumo local, modifiquemos las ayudas a la importación de productos para que nuestro campo no se muera.

Para todo esto hacen falta recursos y los tenemos, los que más riqueza acumulan deben pagar impuestos de forma progresiva como todo hijo de vecino.

Las herramientas de evasión fiscal legal, demostraron que no traen nada bueno a nuestra tierra, que solo generan paro, precariedad y un modelo económico muy frágil, extremadamente dependiente del exterior. Y ahí hay mucho dinero, muchísimo.

El presidente de Canarias declaró hace unas semanas que solo en el último año, una de estas herramientas de evasión fiscal legal para los más ricos, la RIC, dejó sin materializar 1.200 millones de euros. Esto es a todas luces absurdo; injusto por supuesto, pero absurdo económicamente hablando, también. Nunca se debió permitir, pero ahora menos todavía.

En definitiva, hay salida.

Pero requiere valentía y entender que las instituciones públicas y el conjunto de sectores de la sociedad canaria debemos responder con contundencia histórica a la nueva realidad. Es cuestión de vida y futuro o de pasado y penurias. Si triunfan la cobardía, la inercia o la salvaguarda de determinados intereses particulares, Canarias estará condenada, una vez más, a la insular miseria y la emigración.

La diferencia con anteriores ocasiones, es que puede que no haya a donde ir con la maleta.

Es difícil recrear un escenario peor a día de hoy para el turismo en España y en Canarias. Cuando arrancaba la temporada de invierno hace escasos meses, nos despertamos una mañana con la noticia de la quiebra de la segunda empresa más importante en el mundo en turoperación, Thomas Cook. Casi al mismo tiempo, y aprovechando que el Pisuerga pasaba por allí, la compañía aérea Ryanair decidió cerrar sus bases en Canarias, basándose en la escasa rentabilidad de las mismas. Como no hay dos sin tres -y por si todo esto no hubiera sido suficiente-, rondaba en el aire la amenaza del Brexit y la incertidumbre que generaba y genera, aún hoy, al no haberse formalizado estrictamente el acuerdo.

Tres tormentas casi perfectas, en un espacio corto de tiempo, habían azotado nuestra principal actividad económica, el motor de nuestra economía, el turismo.

Pero llegó la COVID-19 y mandó parar. El sector turístico a nivel mundial se ha detenido en seco, no ha quedado otra. Los aviones, los barcos, los rent a car, las agencias de viajes, los restaurantes, los comercios, los apartamentos, los hoteles y muchas más actividades no han tenido más opción que cerrar para evitar la propagación de la pandemia y las muertes que lamentablemente siguen produciéndose.

Este cierre, que no por obligado deja de ser necesario, ha dejado en el recuerdo aquellos primeros momentos en los que un hotel en el sur de Tenerife estuvo en cuarentena para evitar la propagación del virus. Muchos pensaron que aquella medida había sido excesiva, y se anunció incluso que se revisarían los protocolos para evitar situaciones si acontecía futuros casos. ¡Qué equivocados estábamos todos!  No sabíamos que lo peor estaba por venir.

Ahora es el momento de ir pensando en como reactivar la economía. Ya se escuchan voces que anuncian que se debe evitar la dependencia del monocultivo del turismo, pero lo cierto es que, siendo deseable, la realidad es la que es y del turismo dependen muchos, muchísimos puestos de trabajo, y eso no se cambia así como así. El Gobierno de España y el de Canarias deben replantearse muchas cosas. Las medidas de urgencia son parches momentáneos para evitar un mal mayor, pero este virus pasará y el día después las empresas deberán reactivarse y volver a una actividad, aunque dicho retorno será lento y escalonado. No existe una única medida, un único remedio, nunca existe. Son muchas acciones y medidas de distinto calado las que harán que esto lo superemos. Pero se necesitarán medidas claras y concisas, sin letra pequeña, como en casos excepcionales después de una guerra han sido puestas sobre la mesa. Porque estamos en una guerra, no debemos tener ninguna duda de ello.

El FMI ha anunciado una caída del 8% del PIB para España este año y una tasa de desempleo del 20,8%. Mal pronóstico para nuestra economía. Lamentablemente, este es un año perdido para el turismo y, por lo tanto, para la economía canaria. Todos los informes, opiniones y estudios que han salido estos últimos días coinciden en afirmar que tal situación no se revertirá antes de finales de año, es decir en la temporada de invierno 2020 – 2021. Antes parece complicado, pero no debemos perder la esperanza de que así sea, pues de ello dependen muchas personas.

Parece que, por bien que vayan las cosas, es casi imposible una recuperación razonable del sector antes de que termine el año. Es el momento para plantearle al Gobierno de España financiar un ambicioso Plan de Renovación y Modernización del Turismo que España y Canarias necesitan. En estos años pasados se han hecho varias actuaciones por la renovación, pero es necesario una apuesta más decidida. De esta forma se daría al mismo tiempo un impulso al sector de la construcción y sectores vinculados a ella.

La pregunta es, ¿cuándo se reactivará el turismo? Parece que esto va para largo, dependiendo como depende de otros factores, no solo de la voluntad de los empresarios. Se deberán volver a abrir las fronteras y necesitaremos un transporte aéreo plenamente operativo en Europa, para que nuestros fieles turistas puedan venir. Si bien varios operadores empiezan a anunciar vuelos y paquetes para mediados de junio, no tiene dicha promesa más certeza que la del buen deseo de volver a normalizar la situación.

Nuestro fiel turista europeo volverá: Canarias ofrece no solo unas condiciones climáticas inmejorables, sino también una oferta variada de alojamientos para todos los gustos, y una siempre mal llamada oferta complementaria, que en nuestro caso es una oferta principal, que nos diferencia de otros destinos competidores en otras partes del mundo. No es el precio, es la relación calidad – precio lo que nos hace un destino líder en el contexto turístico, y si a eso le añadimos la profesionalidad y dedicación de todos los empleados que día a día hacen que el turista disfrute de sus vacaciones, tenemos el secreto del éxito de Islas Canarias.

Nuestro fiel turista europeo volverá, pero es imperioso dotar a las empresas y a los emprendedores de los estímulos y ayudas necesarias, para poder revertir en el menor tiempo posible esta situación, que ha cambiado la realidad del turismo y de la economía mundial.

 No dejar a nadie atrás. Una consigna que desde los gobiernos, tanto estatal como el de Canarias, no se deja de repetir y que en estos días de crisis sanitaria y social, por solidaridad, pero también por pura supervivencia, nos obliga a tomar medidas contundentes para que sea una realidad.

Sabemos de dónde venimos, nuestra historia reciente de más de una década de recortes en el ámbito sanitario y social nos ha dejado este panorama de enormes dificultades para abordar con las respuestas adecuadas -recursos materiales y humanos suficientes- una crisis en la que literalmente nos va la vida.

Junto a los colectivos profesionales que, a pesar de  la precariedad y falta de recursos,  se están dejando la piel por atendernos desde  la primera línea (personal sanitario en hospitales y centros de Salud, personal socio sanitario en residencias de mayores, menores,  o de personas dependientes, trabajadoras y trabajadores de las tiendas de alimentación, farmacias y otros servicios esenciales) hay otro,  históricamente invisibilizado, al que aún desarrollando un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida y de los cuidados en el ámbito doméstico,  de forma  incomprensible y tremendamente injusta,  se le siguen negando derechos básicos reconocidos al resto de la clase trabajadora, un colectivo que en su mayoría está formado por mujeres, añadiendo así más discriminaciones a las que ya sufren por el hecho de serlo.

Hoy justamente es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, desgraciadamente nada que celebrar y sí mucho que reivindicar hasta conseguir lo mínimo, la igualdad de derechos de estas trabajadoras en esta coyuntura y para siempre: derecho a protocolos y equipos de protección frente al COVID-19, derecho, igual que el resto de trabajadoras y trabajadores,  a no ser despedidas por la crisis del coronavirus,  derecho a prestaciones mínimas al margen de la situación administrativa, y derecho al paro para todas las trabajadoras que cotizan a la Seguridad Social, ahora y siempre.

No podemos decir que no vamos a dejar a nadie atrás mientras en nuestro sistema haya grietas por donde se cuelan vergonzosamente   excepciones que permiten, legalmente, la exclusión de colectivos y personas especialmente vulnerables.

Hace años que venimos reflexionando sobre esas grietas, sobre cómo los derechos mínimos, los más básicos, siguen sin estar garantizados para todo el mundo, ni siquiera las prestaciones destinadas a combatir la exclusión social llegan a todas las personas que lo necesitan.

Y es que  la “exclusión social”, incluso “la pobreza”,  a los efectos de  derechos sociales, son categorías en las que no todo el mundo, ni todos los supuestos,  están incluidos, dejan fuera numerosas excepciones, grupos de  personas situadas en las  periferias de las periferias, en los márgenes de los márgenes,  espacios cuya existencia se consiente y perpetúa de forma legal o alegal, pero en cualquier caso inmoral, y que refleja lo más sórdido e hipócrita de nuestras sociedades, el lado más oscuro al que no queremos mirar,  porque implicaría tomar medidas que tal vez  nos obligarían  a  recaudar y redistribuir de otra manera nuestros impuestos.

No dejar a nadie atrás sin tocar nuestros bolsillos, los de todas y todos, es imposible.

Tenemos que dar respuestas urgentes, y tenemos que darlas ya, por eso, mientras se pone en marcha la Ley de Renta Ciudadana Canaria, nos parece absolutamente necesario tomar medidas como la reciente propuesta de la Consejera de Derechos Sociales de una renta ciudadana de emergencia coyuntural que cubra a muchas familias de las que están en las periferias de las periferias y que actualmente en Canarias no perciben ningún ingreso.

Nos sobran razones, y tenemos herramientas, solo nos falta la voluntad que nos permita dar el viraje necesario en cómo y en qué invertimos nuestros recursos y el dinero público, y si de verdad creemos en nuestras consignas, y consideramos que de esta crisis solo saldremos todas juntas, no nos queda otra que, aunque sea por puro egoísmo, ser solidarios.

No dejar a nadie atrás.

Por tí, por mí, por ellas, por ustedes.

Porque como dijo recientemente José Mujica “ustedes no son nosotros, pero nosotros somos ustedes”.

Estamos viviendo una situación nueva, con desconcierto e incertidumbre. La aldea global en que se ha convertido el planeta, por el predominio de las relaciones comerciales sobre el resto de las relaciones, está afectada por la pandemia del coronavirus Covid-19.

La situación de emergencia sanitaria, la declaración del estado de alarma, nos traslada a un escenario extraordinario, con restricciones de movimientos, con cierres de fronteras, con exigencias de máxima colaboración ciudadana, para poner los medios imprescindibles que nos permitan cambiar la velocidad de contagio, disminuyendo el número y alargándolo en el tiempo para que el sistema sanitario pueda responder adecuadamente y no se colapse.

Si el problema es de todos, todos y cada uno tenemos que colaborar en la solución.

Y lo estamos haciendo, de forma responsable y solidaria, quedándonos en casa, haciendo caso omiso a los bulos, rumores y falsas noticias. Ahora es cuando tenemos que hacer un ejercicio responsable con la comunicación y con la información.

No divulguemos información no contrastada. Acudamos a informarnos en las fuentes oficiales, dadas por técnicos solventes y responsables públicos, que tienen el deber de velar por el interés general. Está en juego nuestra salud y la del resto, así como la vida de muchas personas.

Toda la sociedad está siendo consciente de la importancia de lo público, de la gran importancia de tener un sistema sanitario de todos, de que hay que destinar recursos públicos para garantizar el derecho a la salud de toda la población, de que las privatizaciones de los últimos años han hecho mella en el sistema, de que necesitamos más y mejores medios, humanos y materiales. Personal suficiente y dignamente remunerado.  Más medios sanitarios, como instrumentos de paz y seguridad.

Necesitamos mucha más inversión en investigación y desarrollo. Todos miramos hacia el mundo de la ciencia a ver si aparece alguna vacuna que nos proteja.

Y mientras tanto, somos nosotros los responsables de las medidas para protegernos y proteger a los que nos rodean.

La política y la razón se tienen que imponer sobre la economía, que tiene que estar al servicio de la sociedad.

Algún dirigente irresponsable, como el británico Boris Johnson ha optado por defender la economía frente a la vida de sus conciudadanos, la selección natural de las especies frente a la ciencia y el imperio de las leyes del mercado frente a la justicia social.

Europa también ha demostrado su debilidad; cuando de asuntos de carácter social se trata nos falla a la ciudadanía, porque siempre ha primado los valores económicos sobre los sociales.

Está claro que durante las semanas, tal vez meses, que dure esta situación y estemos confinados en nuestros domicilios tenemos que reorganizarnos, disciplinarnos, establecer rutinas, redescubrirnos, proteger a los nuestros, cuidarnos mutuamente, incrementar la solidaridad con las personas que nos necesiten, cultivar la paciencia y la templanza.

En definitiva, de esta crisis vamos a salir fortalecidos y más convencidos de la defensa de lo público como parte de nuestros derechos.

Estoy seguro de que juntas vamos a conseguirlo.

La salud es lo primero, quédate en casa.

Este virus lo paramos unidos.

En 2016 y 2017, Canarias estaba por debajo de la media estatal en abandono escolar temprano. Sin embargo, en 2018 y 2019 se ha vuelto a disparar situándose, según la EPA del cuarto trimestre de 2019, en un 20.8 por ciento, tres puntos y medio más que la media estatal.

La estrategia Europea 2020 estableció entre sus objetivos reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10 por ciento en la UE y del 15 por ciento en el Estado español.  En una década, redujimos a la mitad los resultados (2008, 34.1% – 2017, 17.5%), y de haber seguido la senda de la década 2007-2017 estaríamos  en 2020 en un 12.9 por ciento.

Pero, de nuevo, se ha truncado la tendencia.

Clara señal de que estas cifras ponen sobre la mesa un asunto que preocupa en nuestra sociedad, y del cual se han hecho eco estos días los medios de comunicación, es que el pleno del Parlamento de Canarias ha abordado esta semana en profundidad el problema al que nos enfrentamos como comunidad.

Del absentismo se suele pasar a la frustración y al abandono escolar. De un asunto socioeducativo pasamos a un grave problema social, donde a la falta de preparación académica, se le unen las escasas opciones de inserción en el mundo laboral, las pocas expectativas de recualificarse y todo ello conduce a una generación con escasas expectativas vitales.

Por ese motivo, en muchos de los casos de abandono y fracaso escolar se hace imprescindible subir la autoestima, que las personas se sientan valoradas y necesarias socialmente.

La formación es una carrera de fondo, que exige perseverancia, constancia, entusiasmo, sacrificio y apoyos, muchos apoyos familiares y sociales. Cuando esos apoyos son inexistentes y llegan los momentos de cansancio, de hastío, de frustración, y el adolescente los tiene que enfrentar en solitario,  comienza la desafección hacia el sistema educativo, el absentismo, que concluye en el abandono escolar.

Y aquí tenemos en cuenta a la población canaria de 18 a 24 años que no ha completado la FP de grado medio o el bachillerato y no sigue ningún tipo de formación tras la secundaria obligatoria.

Nos superan Baleares, Murcia y Andalucía. En el otro extremo,  Euskadi (6.7%), Madrid (11.9%), Asturias (12.4%) y Galicia (12.6%), Cantabria, Aragón, Navarra y Castilla y León (todas por debajo del 15%). Países como Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Polonia, Grecia o Irlanda ya se encuentran por debajo del 10 por ciento.

Un problema de hoy, si no le ponemos solución, se prolonga en el tiempo y se enquista, convirtiéndose en un problema del mañana.

Las razones que podríamos aducir son múltiples y variadas, por tanto la solución no puede ser única.

Es evidente que no es indiferente a este asunto el lugar y la familia donde le ha correspondido nacer a cada persona. Los índices de pobreza en Canarias siguen siendo sonrojantes. Por tanto, el origen socioeconómico es otra variable importante.

El nivel de formación de los progenitores, el ambiente cultural en la familia, marcan también, en general, las expectativas de las familias y del propio alumnado. Así pues, el lastre generacional es otra variable a tener en cuenta.

El entorno es fundamental. Los barrios deprimidos, sin atención a sus necesidades, sin oferta cultural, deportiva, de ocio, que se sienten excluidos, son un caldo de cultivo para el absentismo y el abandono. El paro, la pobreza y la exclusión social forman parte del problema y de la baja autoestima de muchas de estas personas.

Nuestro sistema productivo, basado en el turismo y los servicios y en la construcción, ha planteado en general pocas exigencias de cualificación, lo que ha facilitado el trasvase desde los centros escolares hasta el andamio o el trabajo en la hostelería. Por tanto, ahí tenemos otra variable, la de construir un sistema productivo más diversificado, que a su vez exija una mayor especialización y cualificación.

El empleo precario y de escasa cualificación cotiza muy poco e influirá en la jubilación.

Por tanto, escaso pan para hoy y hambre para mañana.

La oferta de Formación Profesional no se ha caracterizado precisamente por ser impulsora de nuevas formas de producción y realizar estudios atractivos. Nos hemos limitado a repetir lo que hay.

Son múltiples, por tanto, las causas que están detrás del abandono escolar; poniendo remedio de forma transversal a las mismas, tal vez podríamos alcanzar mejores resultados para el futuro.

Por ello, hay que abordar de inmediato medidas dentro del sistema educativo para abordar el problema del abandono escolar con una serie de medidas incentivadoras destinadas a facilitar el acceso a las titulaciones a través de programas de segunda oportunidad o realizando adaptaciones curriculares.

Eso propuse en el último pleno del Parlamento a la consejera de Educación, incluyendo entre las propuestas de Podemos Canarias la adopción de medidas de tipo laboral, relacionando el regreso a los estudios con algunos niveles de inserción laboral en prácticas, e incluso medidas de tipo económico, con ayudas para los materiales escolares, el transporte o las prácticas.

Otras medidas podrían ser incrementar la oferta de plazas de titularidad pública de 0-3 años para comenzar una atención temprana, compensar desigualdades y socializar al alumnado; una atención individualizada en el alumnado con necesidades educativas o garantizar que los derechos sociales de la población, como la renta de ciudadanía son una prioridad de este gobierno en su lucha sin desmayo contra la pobreza y la exclusión social.

Junto a medidas educativas, al ser un problema poliédrico, es fundamental también garantizar una alimentación sana y suficiente para toda la población, mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras para influir positivamente en el bienestar familiar y personal. Porque, a veces, el ser trabajador pobre obliga a que más miembros de la familia contribuyan al mantenimiento de la misma aún a costa del abandono de los estudios.

También el derecho a una vivienda digna favorece el enraizamiento de las familias en un entorno y genera estabilidad y tenemos que conseguir que los niños y niñas, la juventud de las 8 islas y los 88 municipios canarios, puedan acceder en igualdad de condiciones a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre en horario de tarde.

 Fomentar el asociacionismo, participar en circuitos culturales y deportivos, fomentar aprendizajes (así como refuerzos educativos), impulsar la lectura, todas ellas son medidas que favorecen la cohesión social y mejoran la autoestima. Y estas medidas precisan una enorme coordinación de ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y la sociedad civil.

La oferta educativa y cultural a lo largo de toda la vida es fundamental, para que las personas vuelvan a engancharse con la necesidad y las ganas de aprender, de mejorar, de recualificarse.

Si la educación de una persona necesita de toda la tribu y no sólo de la institución escolar, la prevención contra el fracaso, el absentismo y el abandono escolar necesita también de toda la tribu, y, con las alarmas puestas, como emergencia social que es.

En definitiva, hay que atender a los problemas buscando las causas profundas y procurando las soluciones que no son coyunturales, sino generalmente, estructurales: pobreza, vivienda, lastre generacional, insuficiente respuesta del sistema educativo y de la estructura social y escasas expectativas sociales.

El sistema educativo es poco flexible y hace poco atractivo el regreso a los que lo han abandonado prematuramente, por lo que, en la línea de caminar por la senda que marca la Ley Canaria de Educación al respecto, se hace necesario establecer algunos itinerarios específicos más flexibles, adaptaciones curriculares y enseñanzas ligadas a la práctica laboral para este tipo de alumnado, para que su vuelta a retomar los estudios, aparte de una necesidad, se convierta en algo atractivo.

El posicionamiento de la Administración educativa y algunos sindicatos y la consiguiente firma, con la oposición del STEC-IC, de un acuerdo que modificará sustancialmente la actual normativa de Listas de Empleo, vaticina el despido de cientos de personas que ya pertenecen al cuerpo docente.

Frente a ello, el STEC-IC siempre ha apostado por la desvinculación de las listas de empleo del proceso de oposiciones. Una lucha histórica que supuso en los años 80 y 90 el establecimiento de acuerdos que ofrecían estabilidad para el profesorado interino y sustituto, trasladando sosiego laboral al colectivo y tranquilidad a las aulas, al tiempo que la experiencia y formación adquirida con los años se convertía en un capital que el sistema educativo rentabilizaba positivamente.

Ya en el 2003 con la derogación del último Pacto de Estabilidad y su sustitución por el Primer y, posteriormente, Segundo Protocolo de Gestión de Recursos Humanos comenzó la deriva en cuanto a la estabilidad laboral del colectivo se refiere, hasta culminar en 2010 con la firma del todavía vigente Decreto 74/2010. El STEC-IC nunca firmó ninguno de los dos protocolos ni apoyó el Decreto 74/2010  por considerarlos lesivos para la estabilidad laboral del profesorado interino.

El reciente acuerdo firmado por diversas organizaciones sindicales y la Consejería de Educación hace algunas semanas y “refrendado” a hurtadillas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020, proyecta unas previsibles y acusadas consecuencias para el actual y futuro profesorado interino y sustituto, el cual representa, aproximadamente, el 25% de la plantilla docente. Así pues, el acuerdo generará un inevitable marco de inestabilidad laboral para miles de docentes y, consecuentemente, para miles de familias canarias.

La pregunta es: ¿Por qué se ha desaprovechado una oportunidad histórica para dotar de estabilidad al colectivo? ¿No se supone que la evolución social debe tender a la  mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as?

Ya en noviembre de 2016, se presentó por el conjunto de los sindicatos más representativos (STEC-IC, ANPE, CCOO, INSUCAN y UGT) una propuesta unitaria solicitando a la Consejería de Educación la desvinculación de las Listas de Empleo docentes de los procesos selectivos. Los motivos sostenidos en aquel entonces eran la inestabilidad laboral ofrecida al profesorado interino, la existencia de numerosos nombramientos fallidos, el abuso de las ofertas extraordinarias por encima de lo razonable, unas listas que se agotaban o sin personas disponibles; la inexistencia de normativa que reconociera y protegiera el trabajo e implicación del personal docente interino (muchos con más de 20 años de servicios) así como, un sistema de acceso a la función pública docente que no valora adecuadamente la capacidad didáctica y pedagógica de los aspirantes, etc. Estos motivos, perpetuados en el tiempo, fundamentaban las propuestas unitarias que se realizaban en el documento presentado a la Administración y que englobaban a todo el colectivo sin distinciones, así como a los futuros integrantes de las Listas de Empleo.

Tres años más tarde, en noviembre de 2019, firmando el nuevo acuerdo que divide al colectivo en dos listas en función de su antigüedad, se concreta en el seno de éste sector, el hecho de dejar fuera de la primera lista a los docentes interinos con menos de tres años de servicios, los cuales si en un proceso selectivo obtienen un mal resultado, podrían ver gravemente perjudicada su posición en lista, perdiendo toda opción de volver a trabajar en muchos años. En la misma situación se encontrarán los aprobados sin plaza de una oposición que, cuando se convoque la siguiente, dos años más tarde, tampoco habrán acumulado los tres años de experiencia para entrar en la primera lista.

Por tanto cabe volver a preguntarse: ¿Cómo se justifica un cambio de dirección administrativa con tanta trascendencia negativa para miles de personas? ¿Cuál es el futuro actual de las miles de familias afectadas y de los futuros integrantes de las crecientes listas de empleo?…Son incógnitas sin responder.

Es necesario dar sosiego al actual y futuro profesorado interino y sustituto de Canarias, apuntalando un marco normativo vinculado a la necesaria estabilidad laboral y, no supeditado a un proyecto de vida que navegue con una continua incertidumbre e incansables horas de formación y preparación de oposiciones; añadido a un quehacer diario que requiere la defensa de un puesto de trabajo con un alto grado de implicación, que dé respuesta a la demanda de aprendizaje y valores sociales que requiere nuestro alumnado.

Indudablemente desde el STEC-IC, apostaremos por mejorar en lo posible este lesivo acuerdo durante la negociación de su desarrollo normativo.

Por Cristina Rivero. Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC

Se confirmó, al menos en primera instancia, el sorprendente por inesperado voto de Ana Oramas en contra de la investidura de Pedro Sánchez y de la coalición progresista (UP, Más País, Compromís, NC,…) que lo apoya. Mucho se debatirá y especulará en los próximos días sobre el mismo. Aquí les dejo, en todo caso, mis propias meditaciones. Quizá animen un debate que sin duda tendrá notorias repercusiones para Canarias, para el nacionalismo canario y para el sistema canario de partidos.

Y quizá deba comenzar estas notas indicando que, en mi opinión, la intervención de Oramas en el Pleno del Congreso no solo evidenció un cambio de acentos y modos con respecto al tradicional pragmatismo y oportunismo que durante varias décadas había caracterizado a CC. Reveló también la apuesta por (en realidad la vuelta a) un rancio conservadurismo centralista aderezado con no poca crispación y rechazo hacia otras opciones políticas progresistas, así como su evidente sintonía con otras opciones de la derecha y la extrema derecha. Su crispada intervención, sus desmedidas acusaciones al PSOE y a la coalición progresista, sus acusaciones hacia otras organizaciones nacionalistas, así como las vergonzantes alabanzas que posteriormente ha recibido por parte del PP, de Ciudadanos y de Vox hablan por sí solas.

Creo así mismo que su posición en este lance no solo ha sido una enorme falta de respeto y consideración para con el Consejo Político de CC que debatió la posición adoptar ante la investidura de Sánchez. Ha sido también una auténtica tomadura de pelo a las personas que, al parecer de forma «unánime», adoptaron la decisión de abstenerse. Les ha dicho, a su modo y sin contemplaciones: reúnanse ustedes y decidan lo que quieran que ya haré yo lo que me dé la gana.

Pero quizá su voto en contra no haya sido tan sorprendente e inesperado como parece. Cuesta aceptar, incluso para un observador externo, que su posición y decisión no fuese conocida por otros miembros de CC, especialmente por sus íntimos y allegados. Cuesta creer que se deba a algunas dudas «morales» pues, si fuese así, tan exigente conciencia moral debería haberle advertido que, como mínimo, estas cosas no se le hacen a nadie, y menos a tus compañeros de viaje. Y cuesta, por último, creer que su posición se deba a una ocurrencia improvisada y de última hora. En fin, lo razonable es pensar, más bien, que la decisión de Oramas forma parte de una estrategia bien meditada y compartida con otros, aunque al margen de los órganos de CC.

Y quizá la primera piedra de esa estrategia resida en el preocupante cambio de posición política que subyace a la soflama de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, esto es, en el radical alejamiento de aquella actitud pragmática –basada en la supuesta defensa de «lo nuestro»- de la que tanto había alardeado ella y CC en las últimas décadas. Incluso su campaña electoral estuvo plagada de ese recurso a través de un ataque constante al gobierno central.

No está de más señalar que quizá fuera por esta actitud por la que unos pocos han caído en la ingenuidad de confundir este constante ataque a Madrid con una posición política nacionalista, al tiempo que han creído –vana ilusión- que con  tales mimbres era posible una unificación en clave progresista del nacionalismo canario. En realidad, el discurso de Oramas nada tuvo que ver con la defensa de los fueros canarios. Ni tampoco con la exigencia de cumplir con la denominada «agenda canaria». Es más, en su intervención en el Congreso de los Diputados Ana Oramas ni siquiera mencionó aquella disparatada exigencia de última hora que no era más que una excusa para justificar el NO al gobierno de colación progresista. Me refiero obviamente a la petición de una bonificación -sin ninguna discriminación según niveles de renta- de  un 60%  de la cuota líquida a pagar por cada uno de los contribuyentes canarios en el IRPF, así como de una igual bonificación en el impuesto de sociedades. No. Nada de eso estuvo en su intervención. De hecho, Ana Oramas realizó un discurso puramente ideológico y plenamente alineado con las posiciones de la derecha y la ultraderecha española. Hasta tal punto es así que en nada se diferencian sus posiciones de las esgrimidas por el PP, Vox o Ciudadanos.

Sin embargo, y quizá esta sea otra pieza de la estrategia de Oramas y sus allegados, en el debate de investidura la diputada de CC ha ido mucho más allá. En realidad, tras su discurso se esconde otra opción de fondo que –es fundamental retenerlo- no se discutía en Madrid o en el Congreso. De hecho se ventilará en unos meses en la propia CC. Se trata, como sabemos, del próximo congreso de CC y, en resumen, del momento en que se decidirá quién y qué línea política regirá en CC (o lo que quede de ella) en los próximos años.

Ana Oramas, y con ella Alonso, Clavijo, Bermúdez, Linares,…, son perfectamente conscientes de que detrás de las actuales tensiones en CC está una corriente de opinión interna que pretende disputarles el liderazgo y mantener la línea política de CC. Y saben también que ha sido y es esa corriente interna -en ocasiones tildada de progresista- la que prefiere una actitud más pragmática y un entendimiento con el gobierno español, sea cual sea su signo político. Saben, en fin, que ha sido esa corriente de opinión la que –en contra de sus tesis- ha apostado por la abstención en el debate de investidura de Sánchez. Pero, así las cosas, lo que esa disputa interna está evidenciando es otra cuestión sumamente importante: está poniendo en discusión quién manda en CC o, en otros términos, está poniendo en cuestión la hegemonía de ATI en CC.

Aaaah, pero eso sí que no. Hasta ahí podíamos llegar. Como reza el dicho tradicional, «con las cosas de comer no se juega». ¡De ahí la posición y el desafío de Oramas!

De la hegemonía ática en CC, de sus sibilinos modos y arteras maneras saben muchos quienes la han soportado desde hace tiempo, aunque nunca hayan querido reconocerlo públicamente. Pero de pronto se han percatado de que ahora pueden desafiarla. Pueden y parece que algunos quieren hacerlo porque hay una diferencia fundamental con respecto al pasado. Hasta hace unos meses ATI, como fuerza hegemónica en CC, repartía prebendas y canonjías aquí o acullá con tal contentar a unos u otros y preservar el control y la cabeza de CC. Pero ya no puede hacerlo. Ha sido desalojada del poder en muchos municipios, en el Cabildo de Tenerife y en el propio gobierno de Canarias. ATI ya no tiene quien le escriba pidiendo favores, ni tampoco tiene con qué responder a esas cartas y ni con qué contentar a las partes hasta ahora condescendientes. Es más, algunos se han dado cuenta de que su radical giro a la derecha y su desalojo del poder les han perjudicado seriamente. Y eso también tiene su peso y sus consecuencias.

Con todo, el problema de la CC de hoy es cómo repartir lo poco que les queda y cómo mantener o derruir la hegemonía ática, además de cómo retornar al poder. Oramas y sus aliados se equivocan si creen que la manera de mantener su dominio es imponer -incluso contra las decisiones de los órganos- su orientación ideológica y su hegemonía política y orgánica. Esa es mala medicina. Ya se ha probado y se sabe que genera reacciones adversas.

De cualquier modo, veremos cómo termina esta terapia, aunque me temo que mal pues no falta ya quien aventure que esto terminará en la fractura de CC. De hecho, hay no pocos que están a la espera de que alguno dé el primer paso para luego ellos dar los propios en esa misma dirección.

Es posible que API y CC-GC,  y más aún su nuevo socio en Gran Canaria (Unidos por Gran Canaria), quieran seguir aceptando la hegemonía de ATI y acompañarla en este intenso giro a la derecha. Pero parece poco probable que lo hagan las organizaciones de Fuerteventura, Lanzarote o incluso la de El Hierro. Veremos si finalmente tienen coraje para avanzar hacia una ruptura con CC, si deciden retornar a sus organizaciones insulares iniciales o, en fin, si deciden ir cada uno por su lado aunque mantengan la cáscara de CC.

Me apresuro a aventurar sin embargo que en CC no se atreverán a sancionar como se merece a Ana Oramas. Creen que si lo hacen está asegurada la ruptura por parte de ATI. Y hasta puede –creen otros- que quizá sea precisamente esto lo que persigue la propia Oramas y sus íntimos. Por eso quizá a lo más que se atreva el Consejo Político de CC es a una sanción simbólica, o poco más para cubrir las apariencias. Tampoco creo que Ana Oramas dimita y deje su acta de diputada. Ya ha dicho que esté o no en su partido, querrá negociar con el gobierno. Es paradójico y sorprendente que más adelante quiera negociar con el gobierno de Sánchez mientras ahora no quiera apoyar su investidura. Ella sabrá cómo se gestionan tales contradicciones. En cualquier caso, como decíamos, aceptar la insubordinación de Oramas supondrá aceptar públicamente que quien decide en CC es ATI y que sus órganos colectivos no pintan nada. Si cabe, una vergüenza y despropósito aún mayor. Así pues, las cosas están que arden y están difíciles en CC.

Estas mismas tensiones y derivas de CC han animado a alguno de sus competidores políticos a manifestar su propensión a abrirle sus puertas a los disidentes coalicioneros,  aunque quizá lo promuevan bajo el ropaje de aquella apuesta por la unidad del nacionalismo canario. No obstante, parece claro que tras el episodio de Oramas esa apuesta ha perdido gran parte de su aliento y recorrido. Veremos cómo evoluciona en los próximos meses.

Pero si bien es posible que algo de esto ocurra, lo cierto es que lo que ya ha ocurrido (aunque no lo parezca) es otro movimiento sumamente importante por parte de ATI: la vuelta a sus esencias conservadoras e insularistas. Desalojada del poder municipal, insular y autonómico, ATI ha percibido con toda claridad que mantener sus actuales porcentajes electorales será muy difícil, y que más difícil aún será recuperar el poder en muchas de las instituciones de las que ha sido desalojada. Sus más relevantes portavoces lo saben. De hecho, están ya buscando un nuevo discurso con el que afrontar el frio de la oposición y volver al calorcito del poder. Pero ese discurso no será ni nuevo ni tampoco estará vinculado a un nacionalismo progresista con el que en modo alguno empatizan. Está por ver cómo se expresa organizativamente y hasta puede que en breve veamos la creación de un nuevo/viejo partido. Pero ya hay indicios de sobra para pensar que se tratará de un retorno al insularismo y a un rancio conservadurismo disfrazado de defensa de Tenerife. En suma, es muy probable que, por unas y otras razones, la apuesta que subyazca al discurso y los modos de Oramas en la investidura de Sánchez no signifique otra cosa que el deseo de «una vuelta a casa», al insularismo y la derecha que siempre han defendido ella y ATI. Estaríamos pues ante una nueva vuelta a casa por Navidad, esto es, ante el retorno a una derecha insularista.

Hace unos días, como todos los años, el 20 de noviembre celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, un día dedicado a recordar y reivindicar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes del planeta, sin exclusión.

Ninguna causa,  etnia, cultura, creencia, religión, país de origen, clase social, identidad de género u orientación sexual puede condicionar o mermar estos derechos que con la misma legitimidad de Derechos Humanos,  son universales para todas y todos.

En estos días, muchas instituciones, ciudades y pueblos de nuestras islas han conmemorado la fecha con celebraciones solidarias, seguro que la mayoría de ellas diseñadas con las mejores intenciones,  nacidas del corazón y ejecutadas con la generosidad y respeto de quienes,  de forma coherente,  entienden y aplican los principios de el “bien superior del menor” que deben de regir todas las acciones cuando de Infancia,  niñas y  niños se trata.

Pero hay también autoridades que, escondidas entre buenas palabras y lugares comunes, trufan sus discursos con pequeñas perlas  tales como “no somos racistas ni xenófobos, pero”… y en ese ‘pero’ encierran toda la carga de prejuicios y rechazo que llevan dentro,  basada, precisamente,  en la xenofobia que sienten y alimentan  con respecto a un colectivo de criaturas -que no individualizan para no humanizarlas-  que han llegado solas a nuestra tierra, jugándose la vida en miserables pateras, en embarcaciones de mala muerte -nunca mejor dicho- con el sueño de llegar tener un futuro,  una vida mínimamente digna. A veces, solo una vida.

Les llaman MENA para no nombrarles, para ocultar que detrás de esas cuatro letras, lo que hay son niñas y niños,  adolescentes en su mayoría, que se encuentran solos y perdidos, sin sus familias, sin su gente. Con todo el miedo que da lo desconocido, en una tierra extraña, con una cultura e idioma diferentes, y a todo esto, desde su vulnerabilidad, se tienen que enfrentar.

Les llaman MENA y así, sin ningún pudor, algunos alcaldes y alcaldesas, responsables públicos, representantes de partidos políticos -cuyas siglas preferimos ignorar- propagan, desde su infamia, toda clase de mentiras y bulos que lo único cierto que expresan es la verdad de su odio y desprecio.

Se permiten la bajeza moral de  jalear a sus pueblos, invitarles a promover  manifestaciones xenófobas, a que salgan a la calle para que las casas o centros donde son acogidos o acogidas,  no estén en sus pueblos,  en sus barrios o ciudades.

A toda esta gente queremos recordarles que los  derechos  de  la  infancia están  plenamente  estipulados  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño, elaborada  durante  10  años con  las  aportaciones  de  representantes  de  diversas  sociedades,  culturas  y  religiones,  que fue  aprobada  como  tratado  internacional  de  derechos  humanos  el  20  de  noviembre  de  1989, que todos los países firmantes, entre ellos  España -sí, esa España de la que tanto se les llena la boca a algunos-  se comprometieron a su obligado cumplimiento

Que si les da mucha pereza, se lean solo el Artículo 2:

1. “Los  Estados  Partes  respetarán  los  derechos  enunciados  en  la presente  Convención  y  asegurarán  su  aplicación  a  cada  niño  sujeto a  su  jurisdicción,  sin  distinción  alguna,  independientemente  de  la raza,  el  color,  el  sexo,  el  idioma,  la  religión,  la  opinión  política  o  de otra  índole,  el  origen  nacional,  étnico  o  social,  la  posición  económica,  los  impedimentos  físicos,  el  nacimiento  o  cualquier  otra  condición  del  niño,  de  sus  padres  o  de  sus  representantes  legales.”
2. “Los  Estados  Partes  tomarán  todas  las  medidas  apropiadas  para  garantizar  que  el  niño  se  vea  protegido  contra  toda  forma  de discriminación  o  castigo  por  causa  de  la  condición,  las  actividades,  las  opiniones  expresadas  o  las  creencias  de  sus  padres,  o sus  tutores  o  de  sus  familiares.”

Y una vez más, estas “podemitas radicales” que somos, invitamos a todas las autoridades de nuestro país a que den ejemplo y se comprometan,  en serio, con el cumplimiento de las leyes autonómicas, estatales y acuerdos internacionales que hemos suscrito.

Que no tengan la poca vergüenza de justificar o legitimar  el racismo, la xenofobia y aporofobia que subyace en sus discursos, menos aún en sus acciones. Y que tampoco lo hagan, porque serían cómplices,  quienes de forma indirecta apoyan y blanquean  a organizaciones  y partidos que niegan y no respetan los Derechos Humanos, que se esconden tras  discursos patriotas,  fomentando el miedo y el odio, dispuestos a ignorar las leyes, hasta las más sagradas,  como las que tratan los derechos  de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables.

Porque, tal como se recoge en  el  Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, de 1990: “No  hay  causa  que  merezca  más  alta prioridad  que  la  protección  y  el  desarrollo del  niño,  de  quien  dependen  la supervivencia,  la  estabilidad  y  el  progreso de  todas  las  naciones  y,  de  hecho,  de  la civilización  humana”

Los resultados de las  recientes elecciones generales nos han dejado un panorama que, pese a que presenta ciertos elementos de continuidad con respecto a las anteriores, aporta también algunos cambios significativos en el sistema de partidos del Estado español. No obstante, pocas dudas caben de que forman parte de un convulso ciclo político-electoral iniciado en 2015, en el que se han convocado nada menos que cuatro elecciones generales y que quizá pueda culminar en esta legislatura.

Del lado de la continuidad se encuentra sin duda el nuevo “empate” entre los bloques de las izquierdas y las derechas estatales, aunque se han dado importantes cambios en el interior de cada bloque, en especial en el de las derechas. Así, en las izquierdas asistimos a otra victoria del PSOE con 120 escaños que aumenta ligeramente su ventaja respecto a UP, si bien pierde tres escaños y se queda de nuevo muy lejos de la mayoría absoluta. Podría decirse así que la estrategia electoral del PSOE guiada por el deseo de aumentar su mayoría ha fracasado estrepitosamente. Asistimos igualmente a un nuevo descenso de UP que retrocede y se queda con 35 escaños (antes 42) y a la muy débil emergencia de Más País-Equo con tan solo 3 escaños, aunque –frente a lo que se sugiere- parece que poco afectó al descenso de UP. Por su parte, en el bloque de las derechas cabe reseñar que el PP se mantiene como segunda fuerza política y recupera terreno con una significativa subida de 22 escaños (88, antes 66). Destaca también el fuerte crecimiento de la ultraderecha con los 52 escaños de VOX (28 más que en las elecciones anteriores), consolidando el fin de «la excepción española» y convirtiéndose en un partido homologado con sus socios de la ultraderecha europea. Y sobresale finalmente la imponente debacle de Ciudadanos que, tras su errática y polarizadora estrategia política así como tras su decidido giro a la derecha, desciende nada menos que 47 escaños que, probablemente, haya perdido a causa de un importante y mayoritario trasvase de votos desde Ciudadanos al PP y a Vox.

De todo estos resultados se desprende, sin embargo, que la suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País-Equo (158 escaños) en poco se diferencia actualmente de la suma entre PP, Vox y Ciudadanos (152, añadiendo los dos obtenidos por Navarra Suma). Parece pues que en estas elecciones el empate entre ambos bloques ha sido más real que en las pasadas elecciones, pues mientras ahora el bloque de las izquierdas ha descendido 7 escaños, el bloque de las derechas ha crecido 5. Pero más allá de estos cambios internos, el empate de abril y el nuevo empate de noviembre (al igual que los empates de diciembre de 2015 y de junio de 2016) significan simple y llanamente que, dado que ambos bloques han quedado respectivamente lejos de la mayoría absoluta, ni uno ni otro podía o puede conformar gobierno por sí solo y necesitan del concurso de otras fuerzas para ello. De manera similar y como consecuencia de lo anterior, este nuevo empate entre los dos bloques sugiere la doble hipótesis, por un lado, de que el bipartidismo ha sido sustituido por el bibloquismo  y, por otro, de que -grosso modo- la movilidad electoral (el cambio de preferencias electorales de la ciudadanía) ha ocurrido –aunque no solo- entre las fuerzas políticas de cada uno de los bloques más que entre fuerzas de uno y otro bloque. La tercera de las continuidades residiría a su vez en que, una vez más, parece abrirse la posibilidad de un nuevo bloqueo para la formación de gobierno y hasta el peligro de una nueva repetición de las elecciones. Finalmente, parece que también persiste una situación en la que, de nuevo, corre a cargo de las fuerzas nacionalistas/regionalistas deshacer ese empate entre los bloques de las derechas y las izquierdas estatales.

Hay una última continuidad que creo igualmente significativa: una vez más parece que –cerrada la posibilidad de la “gran coalición” a raíz de los mutuos vetos que se han interpuesto y, por el momento, mantienen el PP y el PSOE- sigue descartada la posibilidad de que el bloque de las derechas pueda formar gobierno mientras ocurre lo mismo con el bloque de las izquierdas que, al igual que tras las generales de abril, sí puede lograrlo, aunque para ello debe contar con diferentes formas de colaboración (coalición, acuerdo de legislatura, acuerdo de investidura) por parte de las fuerzas regionalistas/nacionalistas. Esta circunstancia, que insistimos también se dio tras las generales del pasado abril, debería llevar -tanto al PP como a Ciudadanos- a repensar en alguna medida su estrategia política basada, de una parte, en la polarización, confrontación y hasta crispación tanto con las izquierdas como con los partidos nacionalistas en especial a través del problema territorial y la cuestión catalana y, de otra, en la complicidad, blanqueo y colaboración con la ultraderecha representada por VOX asumiendo de hecho buena parte de su excluyente discurso político. De no ser así, no solo ocasionarán graves daños a la convivencia política y al propio sistema democrático. También tendrán –salvo circunstancias excepcionales o cambios importantes en las preferencias electorales de la ciudadanía- serias dificultades para acceder al poder y gobernar. Sin duda, parecía que una estrategia de este tipo era más fácil para Ciudadanos que, de hecho, nació con vocación de centro liberal y partido bisagra entre uno y otro bloque. Pero la deriva polarizadora, derechista y recentralizadora a que Albert Ribera condujo al partido (y la actual persistencia de Arrimadas y Villegas en esta estrategia) parece que cierran definitivamente la puerta a tal cambio de estrategia.

No obstante, como decíamos al principio, estas elecciones también han aportado unos cuantos e importantes cambios políticos. Uno de ellos es sin duda la realidad de un sistema de partidos mucho más plural, rico y complejo. Tanto es así que, considerando por separado las coaliciones conformadas por Podemos-IU y sus confluencias (ECP y Podemos-EU) así como por el PP y Ciudadanos (Navarra Suma) y Más País (Compromís), mientras en las elecciones del pasado abril fueron 13 las fuerzas políticas que obtuvieron representación parlamentaria, ahora nos encontramos con nada menos que 19. La novedad reside en que, junto a las fuerzas nacionalistas/regionalistas que ya tenían representación (ERC, JxC, PNV, EH-Bildu, CC/NC, Navarra Suma, PRC, a las que podríamos añadir ECP y Podemos-EU), emergen ahora no solo una nueva fuerza política de carácter estatal (Más País-Equo) sino varias de ámbito regional o nacionalista (CUP, BNG, Compromís, Teruel Existe). En todo caso, nuestro sistema de partidos queda ahora conformado por 6 fuerzas políticas de ámbito estatal (tres en el bloque de la izquierda y tres en el de la derecha) y 13 de carácter nacionalista/regionalista. Este hecho alude, por una parte, a la realidad de una rica pluralidad ideológica basada en los polos izquierda/derecha-centralismo/nacionalismo, y en sus complejas combinaciones y modulaciones en la España actual. Alude también a la diversidad existente en el interior de cada uno de estos polos. De hecho, sugieren que convendría reconocer abiertamente esta pluralidad y tomar buena nota de la configuración multipolar de nuestro sistema de partidos en el que conviven derechas estatalistas y nacionalistas con izquierdas estatalistas y nacionalistas. Y todo ello no refleja más que la realidad y persistencia del sano pluralismo ideológico inherente a toda sociedad democrática, al que en nuestro caso habría que añadir la igual permanencia de la cuestión territorial o del carácter plurinacional del Estado español.

Otro cambio significativo de estas elecciones es que han supuesto un avance en el número de escaños y en el peso político de las fuerzas nacionalistas. Esto sugiere que es posible que la estrategia recentralizadora de las derechas haya tenido como consecuencia su efecto contrario, el reforzamiento de las opciones nacionalistas/regionalistas. Pero sea como sea, sin incluir entre ellas a ECP, Podemos-EU y Navarra Suma, la realidad es que mientras en las elecciones de abril las fuerzas nacionalistas/regionalistas obtuvieron en conjunto 33 escaños, tras las recientes elecciones han alcanzado los 40. Ello ha sido posible por la emergencia de “nuevas” fuerzas (Teruel Existe, BNG, CUP, Compromís), por la mejora de las posiciones de otras (JxC, HB-Bildu), por el mantenimiento de otras (PNV, CC/NC, PRC) o por el ligero descenso de ERC que con sus 13 escaños sigue siendo, con diferencia, la mayor de las fuerzas nacionalistas.

Esta diversidad de fuerzas estatalistas y nacionalistas nos sitúa igualmente ante la rica complejidad del sistema de partidos y sugiere que, si bien en momentos anteriores a 2015 estábamos ante de un sistema pluripartidista, tras estas elecciones parece que avanzamos decididamente hacia la consolidación de un modelo multipartidista, o incluso hacia un multipartidismo atomizado. No deja de sorprender, frente a periodos previos, que este multipartidismo esté hoy basado tanto en la diversidad de fuerzas en los bloques de la derecha y la izquierda estatales como, sobre todo, en la emergencia de fuerzas nacionalistas/regionalistas de uno u otro signo ideopolítico. Es cierto que la fuerte polarización e incluso crispación que, en su particular batalla por la hegemonía del bloque de la derecha y por el acceso al gobierno, han alentado el PP, Vox y Ciudadanos durante los últimos años pudiera llevar a algunos a creer que este multipartidismo conduce inherentemente a la inestabilidad y el conflicto. Creen en este sentido que es hora ya de acabar con este convulso ciclo político a través de una restauración del bipartidismo gubernamental, de la recuperación de la vieja fórmula de la «gran coalición», del cambio hacia sistemas electorales mayoritarios reforzados o, en fin, de una vuelta a un nuevo y conservador «consenso en el centro».

Frente a tales deseos acaso sea mejor abrir la posibilidad de cerrar este ciclo político dando muestras de que el presente multipartidismo no solo constituye una expresión del normal pluralismo ideopolítico de nuestra sociedad. También de que puede poner fin al bloqueo y la inestabilidad institucional a través de la formación de gobiernos. Es precisamente en este sentido en el que, como ya sabemos, acaso resida la novedad más significativa tras los recientes resultados electorales.

El tan sorprendente como rápido preacuerdo al que han llegado el PSOE y UP para la formación de un gobierno progresista de coalición merece –al menos eso creo- ser saludado con ilusión y esperanza. Sin duda, de culminar con éxito puede poner fin –como ya hemos sugerido- al peligro de un nuevo bloqueo e inestabilidad institucional, así como al riesgo de una nueva convocatoria de elecciones anticipadas que no haría más que aumentar el razonable hartazgo y hasta el cabreo de la ciudadanía con unos partidos y líderes políticos incapaces de adoptar una cultura del diálogo, el compromiso y el acuerdo en pro de los intereses de las mayorías sociales. Pero merece también alguna que otra explicación -que todavía no se ha dado- acerca de por qué tras las elecciones de abril y en mejores condiciones (165 escaños frente a los 155 actuales) no llegaron a tal acuerdo y ahora, en peores condiciones,  sí lo hacen.

En todo caso, de concluir con éxito, el reciente preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos significaría no solo la posibilidad de articular un gobierno progresista dispuesto cuando menos a afrontar algunos de los enormes y profundos malestares sociales que aquejan a nuestra sociedad. Supondría igualmente la confirmación de que, en un sistema multipartidista como el nuestro, es posible preservar nuestra rica pluralidad ideopolítica y mantener la estabilidad político-institucional, si bien cabe recordar que la crisis de algunas de las instituciones fundamentales del Estado nada ha tenido que ver con el multipartidismo sino por el contrario con otras prácticas tan poco edificantes como la corrupción, etc.  Pero significaría finalmente el reconocimiento de que –al igual que ocurre ya en muchas de nuestras comunidades autónomas y en otros Estados de nuestro entorno- necesitamos y debemos dejar atrás el viejo bipartidismo gubernamental, la práctica de que solo uno de los dos grandes partidos (PSOE, PP) accede al gobierno y conforma gobiernos de un solo partido, aunque en ocasiones necesite el apoyo de otros partidos. De ser así se habría dado un importante paso para la consolidación del multipartidismo en el Estado español. Pero también se daría un primer movimiento en pro de la sustitución del bipartidismo gubernamental por el pluripartidismo gubernamental.

El gobierno de coalición que, a día de hoy, promueven PSOE y UP tropieza sin duda con serias dificultades que no solo derivan de la aritmética parlamentaria o de las reticencias de algunos poderes fácticos y hasta de algunos viejos o nuevos barones del PSOE. Provienen además del contexto de polarización y crispación alentado por las derechas, de la realidad del conflicto catalán, de los graves problemas sociales que soporta nuestra ciudadanía o, en fin, de la amenaza de una nueva crisis o recesión  económica. Son problemas que sin duda tendrá que procurar superar, si bien deberá hacerlo sin renuncias sociales ni complicidades neoliberales. Pero creo por mi parte que una buena manera de fortalecer esta posibilidad quizá sea comenzar por ampliar la propia coalición que debe sustentar el gobierno de progreso que se quiere articular. Todo aconseja que esa coalición de gobierno sea, bajo formas diversas, lo más amplia posible y tenga la mayor cantidad de apoyos que se pueda. Es mucho lo que nos jugamos y no parece que la cuestión sea arriesgar esta posibilidad por uno u otro sillón. Los obstáculos son serios y queda mucho por hacer por parte de todas las fuerzas progresistas para culminar con éxito esta iniciativa. Pero seguro que vale la pena intentarlo pues, entre otras muchas cosas, quizá así podamos dar por culminado este convulso ciclo político-electoral y dar adecuado acomodo a la diversidad ideopolítica y a la pluralidad nacional que caracteriza a la sociedad y el Estado español.