En 2016 y 2017, Canarias estaba por debajo de la media estatal en abandono escolar temprano. Sin embargo, en 2018 y 2019 se ha vuelto a disparar situándose, según la EPA del cuarto trimestre de 2019, en un 20.8 por ciento, tres puntos y medio más que la media estatal.

La estrategia Europea 2020 estableció entre sus objetivos reducir el abandono escolar temprano por debajo del 10 por ciento en la UE y del 15 por ciento en el Estado español.  En una década, redujimos a la mitad los resultados (2008, 34.1% – 2017, 17.5%), y de haber seguido la senda de la década 2007-2017 estaríamos  en 2020 en un 12.9 por ciento.

Pero, de nuevo, se ha truncado la tendencia.

Clara señal de que estas cifras ponen sobre la mesa un asunto que preocupa en nuestra sociedad, y del cual se han hecho eco estos días los medios de comunicación, es que el pleno del Parlamento de Canarias ha abordado esta semana en profundidad el problema al que nos enfrentamos como comunidad.

Del absentismo se suele pasar a la frustración y al abandono escolar. De un asunto socioeducativo pasamos a un grave problema social, donde a la falta de preparación académica, se le unen las escasas opciones de inserción en el mundo laboral, las pocas expectativas de recualificarse y todo ello conduce a una generación con escasas expectativas vitales.

Por ese motivo, en muchos de los casos de abandono y fracaso escolar se hace imprescindible subir la autoestima, que las personas se sientan valoradas y necesarias socialmente.

La formación es una carrera de fondo, que exige perseverancia, constancia, entusiasmo, sacrificio y apoyos, muchos apoyos familiares y sociales. Cuando esos apoyos son inexistentes y llegan los momentos de cansancio, de hastío, de frustración, y el adolescente los tiene que enfrentar en solitario,  comienza la desafección hacia el sistema educativo, el absentismo, que concluye en el abandono escolar.

Y aquí tenemos en cuenta a la población canaria de 18 a 24 años que no ha completado la FP de grado medio o el bachillerato y no sigue ningún tipo de formación tras la secundaria obligatoria.

Nos superan Baleares, Murcia y Andalucía. En el otro extremo,  Euskadi (6.7%), Madrid (11.9%), Asturias (12.4%) y Galicia (12.6%), Cantabria, Aragón, Navarra y Castilla y León (todas por debajo del 15%). Países como Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Polonia, Grecia o Irlanda ya se encuentran por debajo del 10 por ciento.

Un problema de hoy, si no le ponemos solución, se prolonga en el tiempo y se enquista, convirtiéndose en un problema del mañana.

Las razones que podríamos aducir son múltiples y variadas, por tanto la solución no puede ser única.

Es evidente que no es indiferente a este asunto el lugar y la familia donde le ha correspondido nacer a cada persona. Los índices de pobreza en Canarias siguen siendo sonrojantes. Por tanto, el origen socioeconómico es otra variable importante.

El nivel de formación de los progenitores, el ambiente cultural en la familia, marcan también, en general, las expectativas de las familias y del propio alumnado. Así pues, el lastre generacional es otra variable a tener en cuenta.

El entorno es fundamental. Los barrios deprimidos, sin atención a sus necesidades, sin oferta cultural, deportiva, de ocio, que se sienten excluidos, son un caldo de cultivo para el absentismo y el abandono. El paro, la pobreza y la exclusión social forman parte del problema y de la baja autoestima de muchas de estas personas.

Nuestro sistema productivo, basado en el turismo y los servicios y en la construcción, ha planteado en general pocas exigencias de cualificación, lo que ha facilitado el trasvase desde los centros escolares hasta el andamio o el trabajo en la hostelería. Por tanto, ahí tenemos otra variable, la de construir un sistema productivo más diversificado, que a su vez exija una mayor especialización y cualificación.

El empleo precario y de escasa cualificación cotiza muy poco e influirá en la jubilación.

Por tanto, escaso pan para hoy y hambre para mañana.

La oferta de Formación Profesional no se ha caracterizado precisamente por ser impulsora de nuevas formas de producción y realizar estudios atractivos. Nos hemos limitado a repetir lo que hay.

Son múltiples, por tanto, las causas que están detrás del abandono escolar; poniendo remedio de forma transversal a las mismas, tal vez podríamos alcanzar mejores resultados para el futuro.

Por ello, hay que abordar de inmediato medidas dentro del sistema educativo para abordar el problema del abandono escolar con una serie de medidas incentivadoras destinadas a facilitar el acceso a las titulaciones a través de programas de segunda oportunidad o realizando adaptaciones curriculares.

Eso propuse en el último pleno del Parlamento a la consejera de Educación, incluyendo entre las propuestas de Podemos Canarias la adopción de medidas de tipo laboral, relacionando el regreso a los estudios con algunos niveles de inserción laboral en prácticas, e incluso medidas de tipo económico, con ayudas para los materiales escolares, el transporte o las prácticas.

Otras medidas podrían ser incrementar la oferta de plazas de titularidad pública de 0-3 años para comenzar una atención temprana, compensar desigualdades y socializar al alumnado; una atención individualizada en el alumnado con necesidades educativas o garantizar que los derechos sociales de la población, como la renta de ciudadanía son una prioridad de este gobierno en su lucha sin desmayo contra la pobreza y la exclusión social.

Junto a medidas educativas, al ser un problema poliédrico, es fundamental también garantizar una alimentación sana y suficiente para toda la población, mejorar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores y trabajadoras para influir positivamente en el bienestar familiar y personal. Porque, a veces, el ser trabajador pobre obliga a que más miembros de la familia contribuyan al mantenimiento de la misma aún a costa del abandono de los estudios.

También el derecho a una vivienda digna favorece el enraizamiento de las familias en un entorno y genera estabilidad y tenemos que conseguir que los niños y niñas, la juventud de las 8 islas y los 88 municipios canarios, puedan acceder en igualdad de condiciones a actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre en horario de tarde.

 Fomentar el asociacionismo, participar en circuitos culturales y deportivos, fomentar aprendizajes (así como refuerzos educativos), impulsar la lectura, todas ellas son medidas que favorecen la cohesión social y mejoran la autoestima. Y estas medidas precisan una enorme coordinación de ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias y la sociedad civil.

La oferta educativa y cultural a lo largo de toda la vida es fundamental, para que las personas vuelvan a engancharse con la necesidad y las ganas de aprender, de mejorar, de recualificarse.

Si la educación de una persona necesita de toda la tribu y no sólo de la institución escolar, la prevención contra el fracaso, el absentismo y el abandono escolar necesita también de toda la tribu, y, con las alarmas puestas, como emergencia social que es.

En definitiva, hay que atender a los problemas buscando las causas profundas y procurando las soluciones que no son coyunturales, sino generalmente, estructurales: pobreza, vivienda, lastre generacional, insuficiente respuesta del sistema educativo y de la estructura social y escasas expectativas sociales.

El sistema educativo es poco flexible y hace poco atractivo el regreso a los que lo han abandonado prematuramente, por lo que, en la línea de caminar por la senda que marca la Ley Canaria de Educación al respecto, se hace necesario establecer algunos itinerarios específicos más flexibles, adaptaciones curriculares y enseñanzas ligadas a la práctica laboral para este tipo de alumnado, para que su vuelta a retomar los estudios, aparte de una necesidad, se convierta en algo atractivo.

El posicionamiento de la Administración educativa y algunos sindicatos y la consiguiente firma, con la oposición del STEC-IC, de un acuerdo que modificará sustancialmente la actual normativa de Listas de Empleo, vaticina el despido de cientos de personas que ya pertenecen al cuerpo docente.

Frente a ello, el STEC-IC siempre ha apostado por la desvinculación de las listas de empleo del proceso de oposiciones. Una lucha histórica que supuso en los años 80 y 90 el establecimiento de acuerdos que ofrecían estabilidad para el profesorado interino y sustituto, trasladando sosiego laboral al colectivo y tranquilidad a las aulas, al tiempo que la experiencia y formación adquirida con los años se convertía en un capital que el sistema educativo rentabilizaba positivamente.

Ya en el 2003 con la derogación del último Pacto de Estabilidad y su sustitución por el Primer y, posteriormente, Segundo Protocolo de Gestión de Recursos Humanos comenzó la deriva en cuanto a la estabilidad laboral del colectivo se refiere, hasta culminar en 2010 con la firma del todavía vigente Decreto 74/2010. El STEC-IC nunca firmó ninguno de los dos protocolos ni apoyó el Decreto 74/2010  por considerarlos lesivos para la estabilidad laboral del profesorado interino.

El reciente acuerdo firmado por diversas organizaciones sindicales y la Consejería de Educación hace algunas semanas y “refrendado” a hurtadillas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020, proyecta unas previsibles y acusadas consecuencias para el actual y futuro profesorado interino y sustituto, el cual representa, aproximadamente, el 25% de la plantilla docente. Así pues, el acuerdo generará un inevitable marco de inestabilidad laboral para miles de docentes y, consecuentemente, para miles de familias canarias.

La pregunta es: ¿Por qué se ha desaprovechado una oportunidad histórica para dotar de estabilidad al colectivo? ¿No se supone que la evolución social debe tender a la  mejora de las condiciones laborales de los trabajadores/as?

Ya en noviembre de 2016, se presentó por el conjunto de los sindicatos más representativos (STEC-IC, ANPE, CCOO, INSUCAN y UGT) una propuesta unitaria solicitando a la Consejería de Educación la desvinculación de las Listas de Empleo docentes de los procesos selectivos. Los motivos sostenidos en aquel entonces eran la inestabilidad laboral ofrecida al profesorado interino, la existencia de numerosos nombramientos fallidos, el abuso de las ofertas extraordinarias por encima de lo razonable, unas listas que se agotaban o sin personas disponibles; la inexistencia de normativa que reconociera y protegiera el trabajo e implicación del personal docente interino (muchos con más de 20 años de servicios) así como, un sistema de acceso a la función pública docente que no valora adecuadamente la capacidad didáctica y pedagógica de los aspirantes, etc. Estos motivos, perpetuados en el tiempo, fundamentaban las propuestas unitarias que se realizaban en el documento presentado a la Administración y que englobaban a todo el colectivo sin distinciones, así como a los futuros integrantes de las Listas de Empleo.

Tres años más tarde, en noviembre de 2019, firmando el nuevo acuerdo que divide al colectivo en dos listas en función de su antigüedad, se concreta en el seno de éste sector, el hecho de dejar fuera de la primera lista a los docentes interinos con menos de tres años de servicios, los cuales si en un proceso selectivo obtienen un mal resultado, podrían ver gravemente perjudicada su posición en lista, perdiendo toda opción de volver a trabajar en muchos años. En la misma situación se encontrarán los aprobados sin plaza de una oposición que, cuando se convoque la siguiente, dos años más tarde, tampoco habrán acumulado los tres años de experiencia para entrar en la primera lista.

Por tanto cabe volver a preguntarse: ¿Cómo se justifica un cambio de dirección administrativa con tanta trascendencia negativa para miles de personas? ¿Cuál es el futuro actual de las miles de familias afectadas y de los futuros integrantes de las crecientes listas de empleo?…Son incógnitas sin responder.

Es necesario dar sosiego al actual y futuro profesorado interino y sustituto de Canarias, apuntalando un marco normativo vinculado a la necesaria estabilidad laboral y, no supeditado a un proyecto de vida que navegue con una continua incertidumbre e incansables horas de formación y preparación de oposiciones; añadido a un quehacer diario que requiere la defensa de un puesto de trabajo con un alto grado de implicación, que dé respuesta a la demanda de aprendizaje y valores sociales que requiere nuestro alumnado.

Indudablemente desde el STEC-IC, apostaremos por mejorar en lo posible este lesivo acuerdo durante la negociación de su desarrollo normativo.

Por Cristina Rivero. Miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC

Se confirmó, al menos en primera instancia, el sorprendente por inesperado voto de Ana Oramas en contra de la investidura de Pedro Sánchez y de la coalición progresista (UP, Más País, Compromís, NC,…) que lo apoya. Mucho se debatirá y especulará en los próximos días sobre el mismo. Aquí les dejo, en todo caso, mis propias meditaciones. Quizá animen un debate que sin duda tendrá notorias repercusiones para Canarias, para el nacionalismo canario y para el sistema canario de partidos.

Y quizá deba comenzar estas notas indicando que, en mi opinión, la intervención de Oramas en el Pleno del Congreso no solo evidenció un cambio de acentos y modos con respecto al tradicional pragmatismo y oportunismo que durante varias décadas había caracterizado a CC. Reveló también la apuesta por (en realidad la vuelta a) un rancio conservadurismo centralista aderezado con no poca crispación y rechazo hacia otras opciones políticas progresistas, así como su evidente sintonía con otras opciones de la derecha y la extrema derecha. Su crispada intervención, sus desmedidas acusaciones al PSOE y a la coalición progresista, sus acusaciones hacia otras organizaciones nacionalistas, así como las vergonzantes alabanzas que posteriormente ha recibido por parte del PP, de Ciudadanos y de Vox hablan por sí solas.

Creo así mismo que su posición en este lance no solo ha sido una enorme falta de respeto y consideración para con el Consejo Político de CC que debatió la posición adoptar ante la investidura de Sánchez. Ha sido también una auténtica tomadura de pelo a las personas que, al parecer de forma «unánime», adoptaron la decisión de abstenerse. Les ha dicho, a su modo y sin contemplaciones: reúnanse ustedes y decidan lo que quieran que ya haré yo lo que me dé la gana.

Pero quizá su voto en contra no haya sido tan sorprendente e inesperado como parece. Cuesta aceptar, incluso para un observador externo, que su posición y decisión no fuese conocida por otros miembros de CC, especialmente por sus íntimos y allegados. Cuesta creer que se deba a algunas dudas «morales» pues, si fuese así, tan exigente conciencia moral debería haberle advertido que, como mínimo, estas cosas no se le hacen a nadie, y menos a tus compañeros de viaje. Y cuesta, por último, creer que su posición se deba a una ocurrencia improvisada y de última hora. En fin, lo razonable es pensar, más bien, que la decisión de Oramas forma parte de una estrategia bien meditada y compartida con otros, aunque al margen de los órganos de CC.

Y quizá la primera piedra de esa estrategia resida en el preocupante cambio de posición política que subyace a la soflama de Ana Oramas en el Congreso de los Diputados, esto es, en el radical alejamiento de aquella actitud pragmática –basada en la supuesta defensa de «lo nuestro»- de la que tanto había alardeado ella y CC en las últimas décadas. Incluso su campaña electoral estuvo plagada de ese recurso a través de un ataque constante al gobierno central.

No está de más señalar que quizá fuera por esta actitud por la que unos pocos han caído en la ingenuidad de confundir este constante ataque a Madrid con una posición política nacionalista, al tiempo que han creído –vana ilusión- que con  tales mimbres era posible una unificación en clave progresista del nacionalismo canario. En realidad, el discurso de Oramas nada tuvo que ver con la defensa de los fueros canarios. Ni tampoco con la exigencia de cumplir con la denominada «agenda canaria». Es más, en su intervención en el Congreso de los Diputados Ana Oramas ni siquiera mencionó aquella disparatada exigencia de última hora que no era más que una excusa para justificar el NO al gobierno de colación progresista. Me refiero obviamente a la petición de una bonificación -sin ninguna discriminación según niveles de renta- de  un 60%  de la cuota líquida a pagar por cada uno de los contribuyentes canarios en el IRPF, así como de una igual bonificación en el impuesto de sociedades. No. Nada de eso estuvo en su intervención. De hecho, Ana Oramas realizó un discurso puramente ideológico y plenamente alineado con las posiciones de la derecha y la ultraderecha española. Hasta tal punto es así que en nada se diferencian sus posiciones de las esgrimidas por el PP, Vox o Ciudadanos.

Sin embargo, y quizá esta sea otra pieza de la estrategia de Oramas y sus allegados, en el debate de investidura la diputada de CC ha ido mucho más allá. En realidad, tras su discurso se esconde otra opción de fondo que –es fundamental retenerlo- no se discutía en Madrid o en el Congreso. De hecho se ventilará en unos meses en la propia CC. Se trata, como sabemos, del próximo congreso de CC y, en resumen, del momento en que se decidirá quién y qué línea política regirá en CC (o lo que quede de ella) en los próximos años.

Ana Oramas, y con ella Alonso, Clavijo, Bermúdez, Linares,…, son perfectamente conscientes de que detrás de las actuales tensiones en CC está una corriente de opinión interna que pretende disputarles el liderazgo y mantener la línea política de CC. Y saben también que ha sido y es esa corriente interna -en ocasiones tildada de progresista- la que prefiere una actitud más pragmática y un entendimiento con el gobierno español, sea cual sea su signo político. Saben, en fin, que ha sido esa corriente de opinión la que –en contra de sus tesis- ha apostado por la abstención en el debate de investidura de Sánchez. Pero, así las cosas, lo que esa disputa interna está evidenciando es otra cuestión sumamente importante: está poniendo en discusión quién manda en CC o, en otros términos, está poniendo en cuestión la hegemonía de ATI en CC.

Aaaah, pero eso sí que no. Hasta ahí podíamos llegar. Como reza el dicho tradicional, «con las cosas de comer no se juega». ¡De ahí la posición y el desafío de Oramas!

De la hegemonía ática en CC, de sus sibilinos modos y arteras maneras saben muchos quienes la han soportado desde hace tiempo, aunque nunca hayan querido reconocerlo públicamente. Pero de pronto se han percatado de que ahora pueden desafiarla. Pueden y parece que algunos quieren hacerlo porque hay una diferencia fundamental con respecto al pasado. Hasta hace unos meses ATI, como fuerza hegemónica en CC, repartía prebendas y canonjías aquí o acullá con tal contentar a unos u otros y preservar el control y la cabeza de CC. Pero ya no puede hacerlo. Ha sido desalojada del poder en muchos municipios, en el Cabildo de Tenerife y en el propio gobierno de Canarias. ATI ya no tiene quien le escriba pidiendo favores, ni tampoco tiene con qué responder a esas cartas y ni con qué contentar a las partes hasta ahora condescendientes. Es más, algunos se han dado cuenta de que su radical giro a la derecha y su desalojo del poder les han perjudicado seriamente. Y eso también tiene su peso y sus consecuencias.

Con todo, el problema de la CC de hoy es cómo repartir lo poco que les queda y cómo mantener o derruir la hegemonía ática, además de cómo retornar al poder. Oramas y sus aliados se equivocan si creen que la manera de mantener su dominio es imponer -incluso contra las decisiones de los órganos- su orientación ideológica y su hegemonía política y orgánica. Esa es mala medicina. Ya se ha probado y se sabe que genera reacciones adversas.

De cualquier modo, veremos cómo termina esta terapia, aunque me temo que mal pues no falta ya quien aventure que esto terminará en la fractura de CC. De hecho, hay no pocos que están a la espera de que alguno dé el primer paso para luego ellos dar los propios en esa misma dirección.

Es posible que API y CC-GC,  y más aún su nuevo socio en Gran Canaria (Unidos por Gran Canaria), quieran seguir aceptando la hegemonía de ATI y acompañarla en este intenso giro a la derecha. Pero parece poco probable que lo hagan las organizaciones de Fuerteventura, Lanzarote o incluso la de El Hierro. Veremos si finalmente tienen coraje para avanzar hacia una ruptura con CC, si deciden retornar a sus organizaciones insulares iniciales o, en fin, si deciden ir cada uno por su lado aunque mantengan la cáscara de CC.

Me apresuro a aventurar sin embargo que en CC no se atreverán a sancionar como se merece a Ana Oramas. Creen que si lo hacen está asegurada la ruptura por parte de ATI. Y hasta puede –creen otros- que quizá sea precisamente esto lo que persigue la propia Oramas y sus íntimos. Por eso quizá a lo más que se atreva el Consejo Político de CC es a una sanción simbólica, o poco más para cubrir las apariencias. Tampoco creo que Ana Oramas dimita y deje su acta de diputada. Ya ha dicho que esté o no en su partido, querrá negociar con el gobierno. Es paradójico y sorprendente que más adelante quiera negociar con el gobierno de Sánchez mientras ahora no quiera apoyar su investidura. Ella sabrá cómo se gestionan tales contradicciones. En cualquier caso, como decíamos, aceptar la insubordinación de Oramas supondrá aceptar públicamente que quien decide en CC es ATI y que sus órganos colectivos no pintan nada. Si cabe, una vergüenza y despropósito aún mayor. Así pues, las cosas están que arden y están difíciles en CC.

Estas mismas tensiones y derivas de CC han animado a alguno de sus competidores políticos a manifestar su propensión a abrirle sus puertas a los disidentes coalicioneros,  aunque quizá lo promuevan bajo el ropaje de aquella apuesta por la unidad del nacionalismo canario. No obstante, parece claro que tras el episodio de Oramas esa apuesta ha perdido gran parte de su aliento y recorrido. Veremos cómo evoluciona en los próximos meses.

Pero si bien es posible que algo de esto ocurra, lo cierto es que lo que ya ha ocurrido (aunque no lo parezca) es otro movimiento sumamente importante por parte de ATI: la vuelta a sus esencias conservadoras e insularistas. Desalojada del poder municipal, insular y autonómico, ATI ha percibido con toda claridad que mantener sus actuales porcentajes electorales será muy difícil, y que más difícil aún será recuperar el poder en muchas de las instituciones de las que ha sido desalojada. Sus más relevantes portavoces lo saben. De hecho, están ya buscando un nuevo discurso con el que afrontar el frio de la oposición y volver al calorcito del poder. Pero ese discurso no será ni nuevo ni tampoco estará vinculado a un nacionalismo progresista con el que en modo alguno empatizan. Está por ver cómo se expresa organizativamente y hasta puede que en breve veamos la creación de un nuevo/viejo partido. Pero ya hay indicios de sobra para pensar que se tratará de un retorno al insularismo y a un rancio conservadurismo disfrazado de defensa de Tenerife. En suma, es muy probable que, por unas y otras razones, la apuesta que subyazca al discurso y los modos de Oramas en la investidura de Sánchez no signifique otra cosa que el deseo de «una vuelta a casa», al insularismo y la derecha que siempre han defendido ella y ATI. Estaríamos pues ante una nueva vuelta a casa por Navidad, esto es, ante el retorno a una derecha insularista.

Hace unos días, como todos los años, el 20 de noviembre celebramos el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, un día dedicado a recordar y reivindicar los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes del planeta, sin exclusión.

Ninguna causa,  etnia, cultura, creencia, religión, país de origen, clase social, identidad de género u orientación sexual puede condicionar o mermar estos derechos que con la misma legitimidad de Derechos Humanos,  son universales para todas y todos.

En estos días, muchas instituciones, ciudades y pueblos de nuestras islas han conmemorado la fecha con celebraciones solidarias, seguro que la mayoría de ellas diseñadas con las mejores intenciones,  nacidas del corazón y ejecutadas con la generosidad y respeto de quienes,  de forma coherente,  entienden y aplican los principios de el “bien superior del menor” que deben de regir todas las acciones cuando de Infancia,  niñas y  niños se trata.

Pero hay también autoridades que, escondidas entre buenas palabras y lugares comunes, trufan sus discursos con pequeñas perlas  tales como “no somos racistas ni xenófobos, pero”… y en ese ‘pero’ encierran toda la carga de prejuicios y rechazo que llevan dentro,  basada, precisamente,  en la xenofobia que sienten y alimentan  con respecto a un colectivo de criaturas -que no individualizan para no humanizarlas-  que han llegado solas a nuestra tierra, jugándose la vida en miserables pateras, en embarcaciones de mala muerte -nunca mejor dicho- con el sueño de llegar tener un futuro,  una vida mínimamente digna. A veces, solo una vida.

Les llaman MENA para no nombrarles, para ocultar que detrás de esas cuatro letras, lo que hay son niñas y niños,  adolescentes en su mayoría, que se encuentran solos y perdidos, sin sus familias, sin su gente. Con todo el miedo que da lo desconocido, en una tierra extraña, con una cultura e idioma diferentes, y a todo esto, desde su vulnerabilidad, se tienen que enfrentar.

Les llaman MENA y así, sin ningún pudor, algunos alcaldes y alcaldesas, responsables públicos, representantes de partidos políticos -cuyas siglas preferimos ignorar- propagan, desde su infamia, toda clase de mentiras y bulos que lo único cierto que expresan es la verdad de su odio y desprecio.

Se permiten la bajeza moral de  jalear a sus pueblos, invitarles a promover  manifestaciones xenófobas, a que salgan a la calle para que las casas o centros donde son acogidos o acogidas,  no estén en sus pueblos,  en sus barrios o ciudades.

A toda esta gente queremos recordarles que los  derechos  de  la  infancia están  plenamente  estipulados  en  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño, elaborada  durante  10  años con  las  aportaciones  de  representantes  de  diversas  sociedades,  culturas  y  religiones,  que fue  aprobada  como  tratado  internacional  de  derechos  humanos  el  20  de  noviembre  de  1989, que todos los países firmantes, entre ellos  España -sí, esa España de la que tanto se les llena la boca a algunos-  se comprometieron a su obligado cumplimiento

Que si les da mucha pereza, se lean solo el Artículo 2:

1. “Los  Estados  Partes  respetarán  los  derechos  enunciados  en  la presente  Convención  y  asegurarán  su  aplicación  a  cada  niño  sujeto a  su  jurisdicción,  sin  distinción  alguna,  independientemente  de  la raza,  el  color,  el  sexo,  el  idioma,  la  religión,  la  opinión  política  o  de otra  índole,  el  origen  nacional,  étnico  o  social,  la  posición  económica,  los  impedimentos  físicos,  el  nacimiento  o  cualquier  otra  condición  del  niño,  de  sus  padres  o  de  sus  representantes  legales.”
2. “Los  Estados  Partes  tomarán  todas  las  medidas  apropiadas  para  garantizar  que  el  niño  se  vea  protegido  contra  toda  forma  de discriminación  o  castigo  por  causa  de  la  condición,  las  actividades,  las  opiniones  expresadas  o  las  creencias  de  sus  padres,  o sus  tutores  o  de  sus  familiares.”

Y una vez más, estas “podemitas radicales” que somos, invitamos a todas las autoridades de nuestro país a que den ejemplo y se comprometan,  en serio, con el cumplimiento de las leyes autonómicas, estatales y acuerdos internacionales que hemos suscrito.

Que no tengan la poca vergüenza de justificar o legitimar  el racismo, la xenofobia y aporofobia que subyace en sus discursos, menos aún en sus acciones. Y que tampoco lo hagan, porque serían cómplices,  quienes de forma indirecta apoyan y blanquean  a organizaciones  y partidos que niegan y no respetan los Derechos Humanos, que se esconden tras  discursos patriotas,  fomentando el miedo y el odio, dispuestos a ignorar las leyes, hasta las más sagradas,  como las que tratan los derechos  de las niñas, niños y adolescentes más vulnerables.

Porque, tal como se recoge en  el  Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, de 1990: “No  hay  causa  que  merezca  más  alta prioridad  que  la  protección  y  el  desarrollo del  niño,  de  quien  dependen  la supervivencia,  la  estabilidad  y  el  progreso de  todas  las  naciones  y,  de  hecho,  de  la civilización  humana”

Los resultados de las  recientes elecciones generales nos han dejado un panorama que, pese a que presenta ciertos elementos de continuidad con respecto a las anteriores, aporta también algunos cambios significativos en el sistema de partidos del Estado español. No obstante, pocas dudas caben de que forman parte de un convulso ciclo político-electoral iniciado en 2015, en el que se han convocado nada menos que cuatro elecciones generales y que quizá pueda culminar en esta legislatura.

Del lado de la continuidad se encuentra sin duda el nuevo “empate” entre los bloques de las izquierdas y las derechas estatales, aunque se han dado importantes cambios en el interior de cada bloque, en especial en el de las derechas. Así, en las izquierdas asistimos a otra victoria del PSOE con 120 escaños que aumenta ligeramente su ventaja respecto a UP, si bien pierde tres escaños y se queda de nuevo muy lejos de la mayoría absoluta. Podría decirse así que la estrategia electoral del PSOE guiada por el deseo de aumentar su mayoría ha fracasado estrepitosamente. Asistimos igualmente a un nuevo descenso de UP que retrocede y se queda con 35 escaños (antes 42) y a la muy débil emergencia de Más País-Equo con tan solo 3 escaños, aunque –frente a lo que se sugiere- parece que poco afectó al descenso de UP. Por su parte, en el bloque de las derechas cabe reseñar que el PP se mantiene como segunda fuerza política y recupera terreno con una significativa subida de 22 escaños (88, antes 66). Destaca también el fuerte crecimiento de la ultraderecha con los 52 escaños de VOX (28 más que en las elecciones anteriores), consolidando el fin de «la excepción española» y convirtiéndose en un partido homologado con sus socios de la ultraderecha europea. Y sobresale finalmente la imponente debacle de Ciudadanos que, tras su errática y polarizadora estrategia política así como tras su decidido giro a la derecha, desciende nada menos que 47 escaños que, probablemente, haya perdido a causa de un importante y mayoritario trasvase de votos desde Ciudadanos al PP y a Vox.

De todo estos resultados se desprende, sin embargo, que la suma de PSOE, Unidas Podemos y Más País-Equo (158 escaños) en poco se diferencia actualmente de la suma entre PP, Vox y Ciudadanos (152, añadiendo los dos obtenidos por Navarra Suma). Parece pues que en estas elecciones el empate entre ambos bloques ha sido más real que en las pasadas elecciones, pues mientras ahora el bloque de las izquierdas ha descendido 7 escaños, el bloque de las derechas ha crecido 5. Pero más allá de estos cambios internos, el empate de abril y el nuevo empate de noviembre (al igual que los empates de diciembre de 2015 y de junio de 2016) significan simple y llanamente que, dado que ambos bloques han quedado respectivamente lejos de la mayoría absoluta, ni uno ni otro podía o puede conformar gobierno por sí solo y necesitan del concurso de otras fuerzas para ello. De manera similar y como consecuencia de lo anterior, este nuevo empate entre los dos bloques sugiere la doble hipótesis, por un lado, de que el bipartidismo ha sido sustituido por el bibloquismo  y, por otro, de que -grosso modo- la movilidad electoral (el cambio de preferencias electorales de la ciudadanía) ha ocurrido –aunque no solo- entre las fuerzas políticas de cada uno de los bloques más que entre fuerzas de uno y otro bloque. La tercera de las continuidades residiría a su vez en que, una vez más, parece abrirse la posibilidad de un nuevo bloqueo para la formación de gobierno y hasta el peligro de una nueva repetición de las elecciones. Finalmente, parece que también persiste una situación en la que, de nuevo, corre a cargo de las fuerzas nacionalistas/regionalistas deshacer ese empate entre los bloques de las derechas y las izquierdas estatales.

Hay una última continuidad que creo igualmente significativa: una vez más parece que –cerrada la posibilidad de la “gran coalición” a raíz de los mutuos vetos que se han interpuesto y, por el momento, mantienen el PP y el PSOE- sigue descartada la posibilidad de que el bloque de las derechas pueda formar gobierno mientras ocurre lo mismo con el bloque de las izquierdas que, al igual que tras las generales de abril, sí puede lograrlo, aunque para ello debe contar con diferentes formas de colaboración (coalición, acuerdo de legislatura, acuerdo de investidura) por parte de las fuerzas regionalistas/nacionalistas. Esta circunstancia, que insistimos también se dio tras las generales del pasado abril, debería llevar -tanto al PP como a Ciudadanos- a repensar en alguna medida su estrategia política basada, de una parte, en la polarización, confrontación y hasta crispación tanto con las izquierdas como con los partidos nacionalistas en especial a través del problema territorial y la cuestión catalana y, de otra, en la complicidad, blanqueo y colaboración con la ultraderecha representada por VOX asumiendo de hecho buena parte de su excluyente discurso político. De no ser así, no solo ocasionarán graves daños a la convivencia política y al propio sistema democrático. También tendrán –salvo circunstancias excepcionales o cambios importantes en las preferencias electorales de la ciudadanía- serias dificultades para acceder al poder y gobernar. Sin duda, parecía que una estrategia de este tipo era más fácil para Ciudadanos que, de hecho, nació con vocación de centro liberal y partido bisagra entre uno y otro bloque. Pero la deriva polarizadora, derechista y recentralizadora a que Albert Ribera condujo al partido (y la actual persistencia de Arrimadas y Villegas en esta estrategia) parece que cierran definitivamente la puerta a tal cambio de estrategia.

No obstante, como decíamos al principio, estas elecciones también han aportado unos cuantos e importantes cambios políticos. Uno de ellos es sin duda la realidad de un sistema de partidos mucho más plural, rico y complejo. Tanto es así que, considerando por separado las coaliciones conformadas por Podemos-IU y sus confluencias (ECP y Podemos-EU) así como por el PP y Ciudadanos (Navarra Suma) y Más País (Compromís), mientras en las elecciones del pasado abril fueron 13 las fuerzas políticas que obtuvieron representación parlamentaria, ahora nos encontramos con nada menos que 19. La novedad reside en que, junto a las fuerzas nacionalistas/regionalistas que ya tenían representación (ERC, JxC, PNV, EH-Bildu, CC/NC, Navarra Suma, PRC, a las que podríamos añadir ECP y Podemos-EU), emergen ahora no solo una nueva fuerza política de carácter estatal (Más País-Equo) sino varias de ámbito regional o nacionalista (CUP, BNG, Compromís, Teruel Existe). En todo caso, nuestro sistema de partidos queda ahora conformado por 6 fuerzas políticas de ámbito estatal (tres en el bloque de la izquierda y tres en el de la derecha) y 13 de carácter nacionalista/regionalista. Este hecho alude, por una parte, a la realidad de una rica pluralidad ideológica basada en los polos izquierda/derecha-centralismo/nacionalismo, y en sus complejas combinaciones y modulaciones en la España actual. Alude también a la diversidad existente en el interior de cada uno de estos polos. De hecho, sugieren que convendría reconocer abiertamente esta pluralidad y tomar buena nota de la configuración multipolar de nuestro sistema de partidos en el que conviven derechas estatalistas y nacionalistas con izquierdas estatalistas y nacionalistas. Y todo ello no refleja más que la realidad y persistencia del sano pluralismo ideológico inherente a toda sociedad democrática, al que en nuestro caso habría que añadir la igual permanencia de la cuestión territorial o del carácter plurinacional del Estado español.

Otro cambio significativo de estas elecciones es que han supuesto un avance en el número de escaños y en el peso político de las fuerzas nacionalistas. Esto sugiere que es posible que la estrategia recentralizadora de las derechas haya tenido como consecuencia su efecto contrario, el reforzamiento de las opciones nacionalistas/regionalistas. Pero sea como sea, sin incluir entre ellas a ECP, Podemos-EU y Navarra Suma, la realidad es que mientras en las elecciones de abril las fuerzas nacionalistas/regionalistas obtuvieron en conjunto 33 escaños, tras las recientes elecciones han alcanzado los 40. Ello ha sido posible por la emergencia de “nuevas” fuerzas (Teruel Existe, BNG, CUP, Compromís), por la mejora de las posiciones de otras (JxC, HB-Bildu), por el mantenimiento de otras (PNV, CC/NC, PRC) o por el ligero descenso de ERC que con sus 13 escaños sigue siendo, con diferencia, la mayor de las fuerzas nacionalistas.

Esta diversidad de fuerzas estatalistas y nacionalistas nos sitúa igualmente ante la rica complejidad del sistema de partidos y sugiere que, si bien en momentos anteriores a 2015 estábamos ante de un sistema pluripartidista, tras estas elecciones parece que avanzamos decididamente hacia la consolidación de un modelo multipartidista, o incluso hacia un multipartidismo atomizado. No deja de sorprender, frente a periodos previos, que este multipartidismo esté hoy basado tanto en la diversidad de fuerzas en los bloques de la derecha y la izquierda estatales como, sobre todo, en la emergencia de fuerzas nacionalistas/regionalistas de uno u otro signo ideopolítico. Es cierto que la fuerte polarización e incluso crispación que, en su particular batalla por la hegemonía del bloque de la derecha y por el acceso al gobierno, han alentado el PP, Vox y Ciudadanos durante los últimos años pudiera llevar a algunos a creer que este multipartidismo conduce inherentemente a la inestabilidad y el conflicto. Creen en este sentido que es hora ya de acabar con este convulso ciclo político a través de una restauración del bipartidismo gubernamental, de la recuperación de la vieja fórmula de la «gran coalición», del cambio hacia sistemas electorales mayoritarios reforzados o, en fin, de una vuelta a un nuevo y conservador «consenso en el centro».

Frente a tales deseos acaso sea mejor abrir la posibilidad de cerrar este ciclo político dando muestras de que el presente multipartidismo no solo constituye una expresión del normal pluralismo ideopolítico de nuestra sociedad. También de que puede poner fin al bloqueo y la inestabilidad institucional a través de la formación de gobiernos. Es precisamente en este sentido en el que, como ya sabemos, acaso resida la novedad más significativa tras los recientes resultados electorales.

El tan sorprendente como rápido preacuerdo al que han llegado el PSOE y UP para la formación de un gobierno progresista de coalición merece –al menos eso creo- ser saludado con ilusión y esperanza. Sin duda, de culminar con éxito puede poner fin –como ya hemos sugerido- al peligro de un nuevo bloqueo e inestabilidad institucional, así como al riesgo de una nueva convocatoria de elecciones anticipadas que no haría más que aumentar el razonable hartazgo y hasta el cabreo de la ciudadanía con unos partidos y líderes políticos incapaces de adoptar una cultura del diálogo, el compromiso y el acuerdo en pro de los intereses de las mayorías sociales. Pero merece también alguna que otra explicación -que todavía no se ha dado- acerca de por qué tras las elecciones de abril y en mejores condiciones (165 escaños frente a los 155 actuales) no llegaron a tal acuerdo y ahora, en peores condiciones,  sí lo hacen.

En todo caso, de concluir con éxito, el reciente preacuerdo entre PSOE y Unidas Podemos significaría no solo la posibilidad de articular un gobierno progresista dispuesto cuando menos a afrontar algunos de los enormes y profundos malestares sociales que aquejan a nuestra sociedad. Supondría igualmente la confirmación de que, en un sistema multipartidista como el nuestro, es posible preservar nuestra rica pluralidad ideopolítica y mantener la estabilidad político-institucional, si bien cabe recordar que la crisis de algunas de las instituciones fundamentales del Estado nada ha tenido que ver con el multipartidismo sino por el contrario con otras prácticas tan poco edificantes como la corrupción, etc.  Pero significaría finalmente el reconocimiento de que –al igual que ocurre ya en muchas de nuestras comunidades autónomas y en otros Estados de nuestro entorno- necesitamos y debemos dejar atrás el viejo bipartidismo gubernamental, la práctica de que solo uno de los dos grandes partidos (PSOE, PP) accede al gobierno y conforma gobiernos de un solo partido, aunque en ocasiones necesite el apoyo de otros partidos. De ser así se habría dado un importante paso para la consolidación del multipartidismo en el Estado español. Pero también se daría un primer movimiento en pro de la sustitución del bipartidismo gubernamental por el pluripartidismo gubernamental.

El gobierno de coalición que, a día de hoy, promueven PSOE y UP tropieza sin duda con serias dificultades que no solo derivan de la aritmética parlamentaria o de las reticencias de algunos poderes fácticos y hasta de algunos viejos o nuevos barones del PSOE. Provienen además del contexto de polarización y crispación alentado por las derechas, de la realidad del conflicto catalán, de los graves problemas sociales que soporta nuestra ciudadanía o, en fin, de la amenaza de una nueva crisis o recesión  económica. Son problemas que sin duda tendrá que procurar superar, si bien deberá hacerlo sin renuncias sociales ni complicidades neoliberales. Pero creo por mi parte que una buena manera de fortalecer esta posibilidad quizá sea comenzar por ampliar la propia coalición que debe sustentar el gobierno de progreso que se quiere articular. Todo aconseja que esa coalición de gobierno sea, bajo formas diversas, lo más amplia posible y tenga la mayor cantidad de apoyos que se pueda. Es mucho lo que nos jugamos y no parece que la cuestión sea arriesgar esta posibilidad por uno u otro sillón. Los obstáculos son serios y queda mucho por hacer por parte de todas las fuerzas progresistas para culminar con éxito esta iniciativa. Pero seguro que vale la pena intentarlo pues, entre otras muchas cosas, quizá así podamos dar por culminado este convulso ciclo político-electoral y dar adecuado acomodo a la diversidad ideopolítica y a la pluralidad nacional que caracteriza a la sociedad y el Estado español.

Nuestro país en las últimas décadas ha dado pasos de gigantes en la conquista de derechos que hasta hace más bien poco, nos parecían utopías pero, al mismo tiempo que los conseguíamos, salían a la luz conductas intolerantes de sectores de la sociedad que todavía siguen anclados en la parte más rancia de la historia de España. Curiosamente, se han conseguido polarizar los pensamientos y opiniones de la ciudadanía, sin pensar en las consecuencias y, todo ello, bajo un supuesto paraguas llamado libertad de expresión.

Se han comenzado a cuestionar derechos y libertades, que la sociedad ya daba por conquistas exitosas, innegociables y asumidas con naturalidad por la ciudadanía española.

Siempre, el colectivo LGTBIQ+ ha sido señalado, cuestionado, analizado y criticado. Los ataques por delitos de odio contra este colectivo son un hecho incuestionable en todo el mundo, tanto de forma verbal como física. Los logros conseguidos durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero hicieron pensar que en España la igualdad plena se había conseguido, pero la aparición de la extrema derecha y la banalización de su discurso han hecho que volvamos a enfrentarnos al miedo a retroceder.

Agresiones como la que ha sufrido una pareja de jóvenes este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife solo nos devuelven a la realidad, nos recuerda que la LGTBIfobia está presente en nuestro trabajo, en nuestro edificio, en la plaza por la que paseamos, en definitiva, en nuestras vidas.

Para muchas personas sigue siendo llamativo que dos individuos del mismo sexo se den la mano, un beso o una simple muestra de cariño en público, algo que nadie se cuestiona cuando lo protagoniza una pareja heterosexual, lo que provoca que, en determinadas ocasiones, algo tan elemental para un ser humano como demostrar sus sentimientos se convierta en un acto que puede poner en peligro su integridad, una sensación desagradable que experimentamos casi a diario las personas LGTBIQ+.

La falta de políticas que ayuden a visibilizar este tipo de conductas en los medios de comunicación o de dar más protagonismo a personas referentes que puedan ayudar a romper estereotipos siguen siendo cuestiones que la sociedad debe abordar sin miedos ni reparos.

Todo ello debe ir acompañado por un marco legislativo amplio que ampare y proteja los derechos de todas y cada una de las personas LGTBIQ+. Llevamos años asistiendo a bloqueos para que no culmine la aprobación definitiva de leyes estatales y autonómicas de igualdad LGTBIQ+, que penalicen las agresiones verbales y físicas que sufre el colectivo a diario, para que no sea gratuito coartar la forma de ser y amar en libertad.

Es hora de aprobar una ley trans que dé respuesta a las numerosas cortapisas a las que se enfrentan estas personas, una reivindicación del colectivo desde la aprobación en el 2014 de la Ley de “no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales” por parte del Parlamento de Canarias, cuyo desarrollo normativo el gobierno saliente no ha conseguido llevar a cabo, demostrando así su falta de interés en esta materia.

Comienza un nuevo ciclo en Canarias, y hechos tan desagradables como el acaecido recientemente en las islas solo debe ayudarnos a encender las luces de alarma. El problema existe y tenemos en nuestras manos poder frenar y erradicar la LGTBI fobia presente en nuestra sociedad. Con un Gobierno comprometido, trabajando codo con codo con los colectivos, estoy seguro de que esta legislatura será diversa y llena de éxitos que redundarán en la calidad de vida de toda la sociedad canaria.

¿Cómo, cuándo y por qué comenzaron a definirse los dos primeros ejes clásicos de la ideología? Pues lo que empezó siendo solo el reflejo de una coyuntural ubicación espacial en la Asamblea Nacional francesa de 1789, izquierda y derecha del salón de sesiones, ha terminado siendo una concepción global y local sobre cómo pensar y actuar. Por ello no es sencillo comprender la situación a medio plazo de Canarias.

Vivimos tiempos de una creciente desafección política auspiciada por una crisis económica que comenzó por el lejano 2008, y que desembarcó en un fraccionamiento del tablero político con los movimientos y nacimientos de nuevas formaciones políticas en 2015, que ponían de manifiesto que distintas ideologías cogían fuerzas para combatir el bipartidismo a través de nuevas ideas, valores y concepciones sobre la gestión del erario público. Visto lo visto, papel mojado.

La ideología es la piedra angular sobre la que nace la política. Sin ella nunca hubiese existido. Una ideología, en este sentido, es un sistema de pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o principios sobre los que se fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad. También es un conjunto de sentimientos que interactuando con la forma de pensar y entender desde la óptica individual el funcionamiento colectivo, se articulan en herramientas de cambio y transformación, o sea, partidos políticos.

Una premisa acerca de la función de las ideologías, es que mediante ellas es cuando se producen los cambios, mientras que, cuando se carece de ellas, no hay cambio posible. Ahora traslademos esto a Canarias, a lo local, y al futuro del concepto de la gobernabilidad.

Canarias ha quedado como un hervidero anti-natura de los clásicos partidos políticos de ideologías claramente diferenciadas, de formas de entender lo local y global muy distintas y con esos nuevos partidos políticos que nacieron por el mal hacer de los clásicos, con sus tesis de pureza ideológica y principios inquebrantables que se han abrazo de forma sorprendente con el mero hecho de asentarse en instituciones, como si esta quimera fuera baladí, como si las instituciones no fuesen los motores del bienestar de los ciudadanos.

Me resulta muy difícil de entender cómo formas de entender la gestión y el desarrollo local, insular y nacional van a ponerse de acuerdo.

 El pacto formado por el PSOE y el PP en el Cabildo de Lanzarote, sorprendente cuanto menos, resultará difícil de entender para el ciudadano cuando por ejemplo haya que aprobar el Plan General de Ordenación Territorial. ¿Cómo van a ponerse de acuerdo, cuando llevan años criticando la forma de entenderlo el uno y el otro? ¿Qué harán dos partidos contrarios a la hora de entender y distribuir el territorio?, ¿O lo paralizaran de nuevo?

 Y en el Ayuntamiento de Arrecife, PP, PSOE, NC Y SOMOS LANZAROTE, ¿van a llegar un acuerdo en el Suelo de Ginory, o en la expropiación de suelo en el Islote del Francés?

Si miramos a Fuerteventura, ¿cómo van a hacer en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario PSOE, AEPR, NC, PODEMOS y CIUDADANOS (estos partidos de pulcritud ideológica) para la gestión de la institución? ¿Piensan igual PODEMOS y CIUDADANOS en materia de igualdad, de derechos sociales, de criterios LGTBI?

En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y en el Cabildo insular, después de las mociones de censura de PSOE, CIUDADANOS Y PODEMOS, ¿Serán capaces de aprobar los presupuestos, el plan general, la concepción y gestión económica de las sociedades de desarrollo?

Y en el Cabildo de La Palma, PP y PSOE, nuevamente con una moción de censura, con un presidente y consejeros tránsfugas, ¿llevarán el peso de una isla de 80.000 habitantes a buen puerto? ¿No se supone que el PSOE no gobernaba con tránsfugas?

Y en Gobierno de Canarias, PSOE, NC, PODEMOS Y ASG, ¿serán capaces de articular un gobierno que legisle con sentido común, que garantice la gobernabilidad y gobernanza? ¿Y qué dirá ahora PODEMOS de la Ley del Suelo?, o ¿será ASG quien no le importe que se la toquen? ¿No se supone que estos partidos no gobiernan con imputados?, ejemplos hay varios en todos estos pactos locales e insulares.

No se puede entender la política sin la ideología y los partidos políticos no pueden darle la espalda a sus estatutos, a sus afiliados, a sus votantes para con la aritmética democrática hacer que todo valga. Porque cuando se hace esto, quien sufre la paralización local, el retroceso y la inacción son los ciudadanos de Canarias. Esto no me gusta.

En definitiva, me preocupa mucho la situación de Canarias, me preocupa el desasosiego y la compra-venta ideológica. PSOE, PP, PODEMOS, CIUDADANOS Y NC han vendido su identidad, el ser por el que nacieron. La reflexión deben hacerla ellos.

El próximo día 26 de mayo se celebran las elecciones al Parlamento Europeo (PE), junto a las municipales, a nuestros Cabildos y al Parlamento de Canarias.

Creo que soy el único candidato de un partido canario, Coalición Canaria, con opciones para representar a nuestro Archipiélago en el PE.

Quisiera aprovechar esta oportunidad para compartir algunas ideas en relación con las elecciones europeas y la importancia de estas para los ciudadanos europeos, para los españoles y especialmente para los canarios.

La Unión Europea (UE) es garantía de paz, de respeto de los derechos humanos y de los valores de la democracia. Pertenecemos a la región de mayor bienestar del planeta, una economía que representa la quinta parte de la economía mundial y que se enfrenta, como el resto del planeta, a muchos desafíos globales: el cambio climático, la inmigración, la seguridad, la digitalización global, la demografía, las desigualdades, el auge de populismos, etc.

Estos retos deben de ser abordados con políticas europeas de obligado cumplimiento, no se entiende por ejemplo que la política migratoria dependa de cada estado miembro, debe afrontarse con una respuesta europea única y fuerte, basada en la lucha contra los tráficos ilícitos, la cooperación al desarrollo, especialmente con África y favoreciendo los flujos legales, en función de las necesidades y con absoluto respeto al derecho internacional.

Las instituciones europeas, los estados miembros y nosotros, los ciudadanos europeos, debemos trabajar unidos para perfeccionar esta unión y, hacerla más fuerte, en beneficio de sus ciudadanos, como interlocutor mundial que defiende nuestros intereses y como un actor internacional con un gran sentido de la responsabilidad y solidaridad hacia los países terceros y hacia el planeta.

Desde mi punto de vista, la UE debe avanzar hacia una unión económica, monetaria y bancaria más sólida, continuar impulsando la transición a una economía más verde y respetuosa con el medio ambiente y priorizando la lucha contra el cambio climático, acción política que ya prevé el próximo marco financiero que se aprobará a final de este año.

En este próximo periodo debemos avanzar también en una Europa más social, favoreciendo la inclusión y la protección social, con un fuerte apoyo a la formación para el empleo, y a las políticas para la innovación. Nunca ha habido tanta gente trabajando en Europa, ya somos 240 millones de personas, un esfuerzo adicional se ha de realizar con los jóvenes, poniendo más recursos a la movilidad y claro está en la formación.

Especialmente importante será el profundizar en la cohesión territorial, impulsando políticas que favorezcan el desarrollo económico de las regiones con menor nivel de vida o con graves problemas de desempleo. La convergencia económica y social, y la reducción de las desigualdades, debe estar en lo más alto de la agenda europea, con el objetivo de reducir las disparidades entre el norte y el sur y entre regiones ricas y regiones pobres.

Para ello también será necesario avanzar en la política fiscal, me refiero por ejemplo a la iniciativa impulsada por la OCDE, que se traduce en que las empresas paguen impuestos donde vendan y no donde tengan su residencia fiscal.

Estas son algunas prioridades, hay más, pero hablemos ahora de Canarias.

Somos un archipiélago Atlántico que junto a otras 8 regiones de la UE28 formamos lo que se denomina las regiones ultraperiféricas, son regiones lejanas al continente, definidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE y que, en virtud de sus características estructurales, las instituciones europeas adoptan medidas específicas para compensar esos costes de la ultra periferia, que dificultan el desarrollo económico.

Son medidas que modulan las políticas comunitarias en distintos ámbitos: como el aduanero, el fiscal, en temas agrícolas y relativas al sector pesquero, ayudas al abastecimiento, ayudas públicas (incentivos), condiciones especiales de acceso a los fondos estructurales y a otros programas de la UE.

De ahí que nuestro Régimen Económico Fiscal ha sido validado por la UE, reconociendo y apoyando medidas específicas que ayuden a nuestro sector agrícola, pesquero, industrial, turístico, al transporte de personas y de mercancías, a la producción de energía, en la que hemos pegado un salto importante en estos últimos años, llegando a un 20% de penetración de las energías renovables, gracias en parte por ejemplo a la iniciativa europea “Clean energy for Islands”, etc.

Estas medidas contribuyen a consolidar los sectores digamos tradicionales, ya mencionados, pero también la UE nos acompaña en la estrategia por un crecimiento sostenible, inclusivo e inteligente orientado a diversificar nuestra economía apoyándonos en nuestras fortalezas.

En primer lugar  apoyándonos en nuestro sector turístico,  puntero a nivel mundial, orientándonos a invertir más en I+D+i, en promover el uso de las nuevas tecnologías, acompañando también el desarrollo por ejemplo del sector audiovisual con  incentivos fiscales competitivos que complementen el plató natural que son nuestras Islas, impulsando iniciativas en Canarias como laboratorio natural de Europa, como el Instituto Astrofísico de Canarias, en economía circular, en sectores vinculados a nuestra rica biodiversidad y a nuestros océanos, como la plataforma PLOCAN y el resto de actividades económicas incluidas en la economía azul.

Otro pilar de nuestro desarrollo futuro está en aprovechar nuestra posición geoestratégica para ser la plataforma europea para Africa. Compartir conocimientos con nuestros vecinos africanos y acompañarlos en su desarrollo, es una prioridad para Europa y para África.

Desde esta “Coalición por una Europa Solidaria”, desde Coalición Canaria, queremos participar en la Europa de los ciudadanos, de mayores niveles de bienestar para las personas, contribuyendo todos, cada uno desde su posición, en la construcción de un futuro mejor para nuestros hijos.