El PSOE ha pedido que el Cabildo de Lanzarote implante graciosamente una ecotasa para Lanzarote y La Graciosa que grave las pernoctaciones de los turistas, cuando lo cierto es que ni siquiera se trataría de una tasa, sino de un impuesto que además resulta de imposible aprobación y aplicación por parte del gobierno insular.
Para añadir drama a su nueva función, su portavoz en el Cabildo, Ariagona González, ha clamado en nota de prensa que “Oswaldo Betancort tiene que tomar conciencia de que, si no actuamos ahora, nos llevará a una situación más grave”, y que “debe elegir entre la patronal o la gente”. Menos más que la gente ya eligió entre la Coalición Canaria de Oswaldo y el postureo de este PSOE cabildicio, que sí dejó en grave situación a la isla y a la propia institución tras cuatro años de absoluto inmovilismo, cuando no irresponsable regresión en todos los órdenes: planeamiento territorial, agua, servicios sociales, etc.
Vaya por delante que en mi etapa al frente de la institución, y aún ahora, siempre he abogado porque se considere la oportunidad de establecer un impuesto a la pernoctación –similar al que existe en otros territorios–, siempre que se haga con el objetivo y compromisos parlamentario y gubernamental de destinarlo a fines de conservación del paisaje, el medioambiente o la lucha contra el cambio climático. En definitiva, a nuestro patrimonio natural, e incluso para financiar la desclasificación de suelo turístico.
Ocurre que, amén de deberme a una organización política en la que hasta hoy no ha habido una postura unánime sobre dicha posibilidad, siempre supe de lo que estábamos hablando y que el Cabildo no tiene ninguna competencia para hacer lo que propone este PSOE de salvapatrias ahora que ya no gobierna.
El problema de fondo de su maniquea propuesta de presunta ecotasa es que no se trata de tal cosa, sencillamente porque esta figura se establece o bien para la prestación de un servicio público o bien por ocupación de un dominio público, y es obvio que no estaríamos ante ninguno de esos dos casos.
Como ya anticipé, cuando proponen cobrar por pernoctar, están hablando de un impuesto, y como todo impuesto tiene que ser aprobado por ley en una cámara legislativa, llámese Congreso de los Diputados si el impuesto es estatal, o Parlamento de Canarias si fuera autonómico, pero jamás por una entidad local sin capacidad de legislar como son los cabildos de Canarias.
En cualquier caso, y admitiendo la oportunidad de este debate en sede parlamentaria –que no cabildicia–, el pecado socialista de esta panfletaria propuesta es que cuando pudieron porque gobernaban, ni el Pacto de las Flores en Canarias ni Dolores Corujo en Lanzarote, hicieron nada de lo que ahora proponen.
Para lo que sí tuvo tiempo la expresidenta fue para marcarse una declaración de “isla saturada”, burdamente soportada en un informe que le advertía precisamente de que tal declaración sería papel mojado sin encaje ni cobertura administrativa alguna. Todo ello mientras, paralelamente, firmaba una propuesta de licencia del último hotel en Lanzarote, solo tres días después de perder las elecciones, para acto seguido reclamar al nuevo gobierno presidido por Coalición Canaria la suspensión de licencias, en un ejercicio de hipocresía, demagogia y desvergüenza que no parece tener límites en la última década.
Lanzarote necesita que un partido con la amplia base social que tiene el PSOE esté dirigido por gente responsable con la que poder debatir con rigor y construir una isla mejor, pero esto dejó de ser así hace demasiados años en el socialismo insular. Primero, con Carlos Espino, que llevó a su partido al peor resultado de su historia y, desde entonces, a la vera de Dolores Corujo como secretaria general; y, después, en el Cabildo de Lanzarote donde perdieron las elecciones a pesar de alcanzar la victoria en cinco de los siete municipios, y con holgura en los cuatro más poblados.
El último ejemplo de falta de rigor y populismo es esta propuesta de impuesto imposible al Cabildo de Lanzarote, no tengo dudas que redactada por esa parte del PSOE absolutamente prescindible.
Pedro M. San Ginés Gutiérrez es senador por la Comunidad Autónoma de Canarias.