Cada 1 de enero, al caer la tarde, mientras disfrutábamos cómo se ocultaba el sol detrás de la figura del faro de Maspalomas, comenzábamos nuestro concierto de Año Nuevo en el Mirador de las Dunas, en Gran Canaria. Ha sido este un evento muy singular que ideamos, creamos y pusimos en marcha en el año 2017 con no poca ilusión y esfuerzo; empujados por el interés en proyectar una actividad musical, en un paraje singular de nuestra geografía, que conectara con la realidad turística de parte de nuestra isla, muchas veces desconocedora de la realidad cultural que se hace en ella.
Tuvo un inmediato éxito, desde la primera edición; asistía público de toda la isla y también muchos turistas con estadía en la zona. Obviamente a ello contribuyó la cercanía con el público a propósito de la sencilla propuesta escénica que planteamos al querer integrarnos – e integrar a los asistentes, sin agobios de innecesarias infraestructuras escénicas – en la singular propuesta arquitectónica del Mirador. Con una artesanía de medios que cuidaba la presencia de las Dunas y su entorno, lo extraordinario del espacio natural, la maravilla climática del sur grancanario y el día y la hora en el que se desarrollaba hicieron el resto.
Pero este año no será así: durante los últimos cuatro meses hemos intentado contactar por diversos medios con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para activar su colaboración en la cita anual, obteniendo el silencio como respuesta. Ya en la convocatoria pasada comenzaron a surgir tensiones con la concejala responsable de dicha área en ese municipio, Elena Espino, perteneciente al partido político Nueva Canarias; nos consta que fueron problemas – tras recibir dicha concejal instrucciones desde el entorno de la cúpula de su partido en GC, según comentó ella misma a nuestro representante en su momento-, derivados de nuestro conocido compromiso público con la Plataforma ciudadana Salvar Chira-Soria.
Semanas después, dándose cuenta de que las razones reales de su posible suspensión eran muy incómodas de defender públicamente, sería ella misma la que cambiara de argumentos y aduciría que el problema era de presupuesto; nuestra respuesta fue que conseguiríamos financiarlo en su totalidad -como así sucedió, al quedarse la munícipe sin argumentos de cierta respetabilidad, sin que el Ayuntamiento de San Bartolomé nos tuviera que dar ni un solo euro para ello-, de tal manera que dicha concejala se vio obligada a colaborar en su celebración. Igualmente, este año habíamos conseguido ya financiación pública y privada externa al municipio donde se celebra.
Finalmente, de forma indirecta, hemos sabido que por parte de esa referida concejalía de ese consistorio se está organizando un concierto el día 1 de enero, en el mismo lugar y a la misma hora; obviamente no seremos nosotros, quienes ideamos y gestamos el mismo, los que actuaremos allí. Aparte de la falta de respeto ante el derecho moral que nos asiste (entiéndase que no en lo referido a ser contratados sino a ser propietarios de una idea y un concepto de producción que utiliza un espacio público para su celebración; por consiguiente, es obligada una explicación oficial ante la negativa a cedernos esa plaza pública) queda meridianamente claro que el objetivo fue desde el principio de los problemas quitarnos de en medio.
Hemos de añadir que a largo de más de tres décadas de carrera profesional casi nunca habíamos sufrido una censura de este tipo sobre nuestra actividad artística; bien es verdad que las ha habido previas y más sibilinamente urdidas. Pero jamás, hasta ahora, se habían expresado de forma tan directa, en el intento de atemorizarnos y hacer daño a nuestro medio de vida y al de nuestros músicos. Es un ejemplo muy típico de lo que se ha dado en llamar la cancelación social: se utiliza así el poder de una institución pública de forma partidista para ejercer una injusta coacción sobre nuestro derecho como ciudadanos a expresarnos de forma libre y democrática en torno a un asunto – la anunciada construcción de una mega central en un barranco de nuestra isla – que debería preocupar a todos los grancanarios por sus nocivos efectos sobre los reconocidos valores medioambientales de ese singular paraje.
Y es que algo muy grave está pasando en esta sociedad nuestra, que asume con normalidad conductas – de responsables en las instituciones públicas- que persiguen a quien sea disidente de lo establecido como políticamente correcto. Sobra decir que es muy desagradable dar a conocer públicamente estos hechos; lo hacemos obligados por dar a conocer las razones reales de esta cancelación al público que durante estos años nos ha acompañado en ese evento.
Mientras tanto queremos hacer llegar nuestro sincero agradecimiento, por su complicidad para con la celebración de ese encuentro anual a la sombra de las Dunas, al anterior grupo gobernante del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a los funcionarios y técnicos de ese ayuntamiento implicados en la celebración del concierto durante estos años, a las instituciones y empresas privadas colaboradoras y al numeroso público, local y extranjero, que han celebrado con nosotros cada primer día del año que comienza.
Ya estamos trabajando para poder ubicar el acto en otro lugar de Gran Canaria y en breve lo anunciaremos, para que todos los amigos y amigas que nos han acompañado año tras año puedan compartirlo con nosotros si les apetece. Porque estamos seguros que la música y la cultura, finalmente, sobrevolarán todas las adversidades.
Firman Olga Cerpa, Manuel González y Antonio Montesdeoca (Mestisay)
Prometí que trataría de no dar más ruedas de prensa para responder a cada uno de los capítulos del vergonzoso serial que me dedican día tras día ciertos medios de comunicación y, si no fuera porque la cosa es muy seria, me daría hasta la risa al leer las barbaridades que, elaboradas por Carlos Espino y Dolores Corujo, se publican sin contrastar jamás con los afectados, y no porque yo me niegue sino porque sólo parece interesar la versión de quien paga la noticia.
Sobre la supuesta e inmensa fortuna en inmuebles, coches, motos y barcos que he acumulado robando durante mis diez años de Presidencia, casi toda adquirida antes de ser presidente y de la que aún debo gran parte, ya hice público el vídeo titulado “mi fortuna en imágenes” (enlace vídeo), que vale más que mil palabras.
Sobre mi “investigación por pertenencia a organización criminal, fruto del avance de las pesquisas”, según aseguran, también expliqué como las pesquisas lejos de avanzar en incriminarme en nada, revelan que han pinchado en hueso. No tienen caso y el término jurídico “organización criminal” siempre se aplica cuando los investigados por supuesta corrupción simplemente son más de dos.
La penúltima sandez que se ha publicado en estos días asegura que “todos los miembros del Consejo de Administración de INALSA han negado que se celebrara la sesión” en que se nombró a Ignacio Calatayud como abogado de la mercantil en el concurso de acreedores en que estaba inmersa, “desmintiendo la celebración de la misma”, lo cual es rotundamente falso. Ver para creer.
La verdad es bien distinta y la pueden leer ustedes mismos en todas las declaraciones adjuntas (ver documento 1), porque yo sí tengo la sana costumbre de apoyar siempre mis argumentos en pruebas, y es que lo único que han manifestado los miembros del Consejo de Administración de INALSA es no recordar lo ocurrido hace doce años, cosa bien distinta y hasta lógica, si me apuran. Lo que sí negaron dos de ellos, y yo mismo en sede judicial, es que la sesión se celebrase en el salón de actos del Cabildo de Lanzarote, y es que efectivamente en ese espacio no se realizan ni consejos ni reuniones, ni de INALSA ni de ningún otro organismo, tratándose simplemente de un lapsus del secretario sobre el lugar de celebración de la sesión, probablemente acostumbrado a celebrarlas en el salón de actos de INALSA.
Ahondando en el disparate, esos medios aseguran que he falseado la certificación del Consejo de Administración de INALSA en el que se designó a Ignacio Calatayud, basándose simplemente en que los asistentes dicen no recordarla –algunos no recuerdan ni haber sido miembros de un Consejo al que asistieron muchas otras veces– además de en que, por una parte, la certificación de dicho acuerdo solo la firma el secretario con el visto bueno de la Presidencia, como todas las certificaciones, por otra, en que no aparece el acta en sí en los archivos de INALSA y, por último, en que Calatayud no estaba ese día en la isla.
Sobre la desaparición del acta de los archivos de INALSA, no me extraña nada desde que Carlos Espino controla todo en el Cabildo, incluida a Dolores Corujo, porque ya son varios los documentos que se han sustraído de los archivos de INALSA, con tan mala suerte para sus espurios intereses que estos finalmente han aparecido provenientes de otros juzgados, como ya se demostrará.
El escándalo, amén de esas sustracciones, es que Corujo y los denunciantes han ocultado a la justicia que la certificación de dicho acuerdo fue elevada a público ante notario, no por mí sino directamente por el propio secretario del Consejo, como demuestro en el documento adjunto (ver documento 2).
Otro dato fundamental que tampoco cuentan esos mismos medios entregados a la causa de inhabilitarme, es que el secretario del Consejo de Administración de INALSA, antes de su triste fallecimiento imputado por esta vendetta política sin escrúpulos, también declaró y ratificó ante la UCO la celebración de dicho Consejo y la asistencia de todos sus miembros (ver documento 3).
Pero lo más insólito de todo lo publicado últimamente es que la UCO asegura que Ignacio Calatayud no estaba en Lanzarote, sino en Madrid, ese día 18 de enero de 2018. Desconozco si Calatayud tomó un avión a Madrid ese día, pero de lo que sí tengo certeza absoluta es de que por la mañana estaba en Lanzarote. La tengo porque además de la referida certificación del secretario del Consejo elevada a público, existe una segunda prueba irrefutable y omitida tanto por la UCO como por los voceros de la espinosa causa socialista, y es que una hora antes del Consejo de INALSA se había celebrado otra sesión de la Asamblea del Consorcio Insular de Aguas (precisamente la que nombró a los miembros que asistirían una hora después al referido consejo de INALSA) a la que, además de Calatayud, asistieron otros cinco alcaldes y dos tenientes de alcalde, tal y como reza el acta que se adjunta, suscrita en este caso por el propio secretario del Cabildo, actuando como secretario del Consorcio (ver documento 4).
Es decir, que Calatayud no sólo estuvo ese día en el Consejo de INALSA, sino que además también estuvo en la Asamblea del Consorcio cuyo acta está suscrita nada menos que por un funcionario habilitado nacional, y ya van dos secretarios que corroboran la presencia de Calatayud en la isla ese día ante unas veinte personas que ya veremos qué declaran ante el juez, amén de otros datos que ya se darán a conocer y que demostrarán, sin género de duda, el clamoroso error de las fallidas pesquisas.
Sobre el supuesto cese, en lugar de la efectiva renuncia de Cobo Plana como anterior letrado de la concursada, ya he demostrado que Cobo, como mínimo, se confundió gravemente cuando declaró ante el juez que su reclamación de ochenta mil euros registrada ante el Juzgado de lo Mercantil el día 9 de octubre (ver documento 5) obedecía a que ya había sido cesado por mí como presidente.
Y se confunde, sin género de duda, por la sencilla razón de que yo entonces no era presidente, además de que la renuncia de Cobo fue ratificada tanto por el administrador concursal ante el juez, como por el secretario del Consejo ante la UCO, cosa que también omiten.
El día 2 de octubre de 2009 presentamos la moción de censura, el día 9 de octubre Cobo Plana reclama en los juzgados una suerte de indemnización de ochenta mil euros –renunciando así de manera voluntaria a seguir cobrando, según lo ofertado y pactado con mi antecesora en el cargo–, el día 17 de octubre tomé posesión como presidente, y días después Cobo Plana me comunicó la decisión de una renuncia que, a la vista del juzgado está que ya había decidido, e implícitamente ya había formalizado con esa reclamación previa, antes de mi toma de posesión. Esa es la verdadera secuencia de los hechos probados.
Sabía que Carlos Espino, Dolores Corujo y su gabinete eran capaces de cualquier cosa con tal de eliminarme como adversario político, pero jamás pensé que utilizaran hasta tal punto lo que la progresía de este país ha acuñado como “las cloacas del poder”. Una vergüenza que, con la perspectiva que nos dará mi segura absolución en toda esta enorme patraña, pasará a los anales de la intrahistoria política de Lanzarote como un episodio de auténtica vergüenza para la democracia y el noble ejercicio del periodismo de verdad.
Pedro San Ginés. Portavoz Adjunto del Grupo Nacionalista CC-PNC en el Cabildo de Lanzarote
La vida en si es un viaje. Nos movemos por alcanzar objetivos, para avanzar y para regresar a nuestra Ítaca particular. También, y más en nuestras islas, nos toca viajar por trabajo. No tanto
como cierto consejero del PP, que llegó a gastar 21.700 euros en 14 viajes en tan sólo 4 meses, o como cierto expresidente del Cabildo, que asumiendo un rol casi de Ministro de Asuntos
Exteriores entendió que sus obligaciones le obligaban a desplazarse a territorios tan variopintos como San Antonio (Texas) con la excusa peregrina de que fue fundada esa población por un grupo de canarios, algunos de los cuales eran lanzaroteños, o a Sudáfrica para acompañar a un grupo de bomberos de Lanzarote a un campeonato, aprovechando la coyuntura para saltar en paracaídas, aparte de viajar a Brasil, Alemania, Estados Unidos, Perú, Cabo Verde, Inglaterra, entre otros destinos.
Pero volvamos al tema que nos ocupa. Se tramitó una invitación formal a un acto celebrado el día 5 de noviembre en Tegueste denominado “Compartir Futuro”, organizado por más de diez
agrupaciones, colectivos y partidos políticos, concretamente a participar en la mesa 2 que trataba sobre turismo sostenible y vivienda. Se dieron las instrucciones pertinentes a la compañera
trabajadora del Cabildo que hace funciones de secretaria en apoyo de este consejero que les habla, para que tramitase el billete de ida y vuelta. De manera pública, se tramitaron los pasajes,
dictándose un decreto, como está previsto legalmente, que reconoce el derecho a percibir gastos, dietas, billetes de avión o barco y coche de alquiler. Previamente se dictó informe por la técnico competente, avalando la necesidad y pertinencia del viaje.
A pesar de lo anteriormente expuesto, unicamente se tramitó con la agencia de viajes habitual la expedición de un billete de ida, y otro de vuelta. La factura ha sido emitida el día de la fecha,
ascendiendo el importe de uno a 31,84€, y del otro a 38,25€, habiendo dado orden de que sean cubiertos por el grupo político, a pesar de haberse tramitado el procedimiento en legal forma.
Quiero indicar desde aquí mi compromiso inquebrantable con la transparencia y el gobierno abierto, y recordar que toda la información sobre retribuciones, dietas y viajes está volcada en la
plataforma de transparencia del Cabildo que he presentado el 6 de julio del presente año. Aún así, vamos a redoblar esfuerzos para que se vuelque la información de manera frecuente, y en un plazo razonable podamos monitorizar todos los datos prácticamente a tiempo real.
Asimismo asumo el compromiso de iniciar un proceso para que se hagan públicas las agendas de los consejeros y consejeras, para que no pase como en anteriores legislaturas, cuando se reunían con empresarios que sólo defendían sus intereses particulares, o con lobbys que presionaban en uno u otro sentido, informando tanto de los regalos recibidos como de posibles prebendas.
Sin más, me pongo a la entera disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas para cualquier aclaración o duda, ya que mi único compromiso es servirles, mejorar esta isla y luchar por el
medio ambiente, y agradezco todas las muestras de apoyo recibidas, en especial de mis compañeros y compañeras del gobierno progresista al que me enorgullezco de pertenecer.
No todo vale en política, y cuando no se tiene nada que denunciar se inicia la caza del hombre para atacar el buen nombre y el prestigio de las personas, con el agravante de que el ataque viene del que habla de “política bajuna” en los plenos de esta primera administración insular, apuntándose el primero de forma entusiasta al barro y al ruido.
Seguimos trabajando por el empleo de calidad, por la vivienda digna, por nuestro sector primario, por la diversificación y la re industrialización, desde el más estricto respeto a nuestro medio
natural, seguimos trabajando por los cuidados, por la dependencia, por la corresponsabilidad, la igualdad y la no discriminación, por la transparencia, la participación y el progreso y la
recuperación de nuestra isla, mal que les pese a algunos.
Jorge M. Peñas Lozano. Consejero de Empleo, Vivienda y Gobierno Abierto del Cabildo de Lanzarote.
Esta primera semana de noviembre se cumplen siete meses desde que Alberto Núñez Feijóo se puso al frente del Partido Popular. Un hombre con sentido de Estado, cabal, moderado y constitucionalista, decían. Pues bien, la realidad es que desde entonces ha sido imposible cualquier tipo de pacto entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. Cero.
En la semana de los terceros presupuestos del Gobierno de España y del 40 aniversario de la mayoría absoluta de Felipe González, hemos asistido a la penúltima decepción de quien se presentaba como alternativa al obstruccionismo y la negación que caracterizó la etapa de Pablo Casado. Porque no facilitar una solución a la crisis del poder judicial, después de cuatro años de interinidad y con un compromiso prácticamente cerrado, no admite otro calificativo que el de absoluta irresponsabilidad.
Señor Feijóo, hagan el favor de dejar de repartir carnés de españolidad y cumplan con las reglas básicas.
La situación provocada por el PP no es cualquier cosa: mantiene más de medio centenar de nombramientos de la cúpula judicial bloqueados y afecta, además, a los más altos puestos de los tribunales superiores de justicia de las comunidades y a las audiencias provinciales. «El estropicio más grande en toda la historia de nuestra democracia», en palabras de Carlos Lesmes.
Parece que no están dispuestos a reconocer la legitimidad de las urnas más que cuando ellos ganan. Asistimos a una crisis de liderazgo y solvencia por parte de Núñez Feijóo que trasciende a las siglas del Partido Popular y pone en aprietos a la misma democracia.
El proyecto de reforma del Código Penal no es ninguna novedad. Está entre los compromisos del PSOE desde el inicio de la legislatura. Y quien reforma el Código Penal es la mayoría parlamentaria, no la minoría en la oposición. Ya lo dijo el pasado fin de semana Felipe González: «Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla. Lo que no tiene derecho es a incumplirla».
¿Qué es lo que le parece mal al PP?
Está claro que lo suyo son solo excusas para no cumplir con el mandato constitucional, causando con ello un serio daño a la Justicia, y un ejemplo más de su alarde antisistema. Se dicen patriotas pero es que son capaces incluso de votar en contra de todas las medidas que benefician a la mayoría de los ciudadanos. Se lo decimos una vez más: la Constitución se cumple todos los días, desde el primero al último de sus artículos, estés en el Gobierno o en la oposición.
En Canarias, lamentablemente, no es muy distinta la realidad confusa de los populares con un presidente regional, Manuel Domínguez, cuya única aportación hasta el momento al libro de sesiones del Parlamentario ha sido la demagogia y las faltas de respeto, como cuando acusa una y otra vez al presidente Ángel Víctor Torres de “aprovecharse” y “publicitarse” con las catástrofes vividas en el Archipiélago durante los últimos tiempos. Resulta realmente decepcionante este nivel de oposición y alternativa.
El señor Domínguez, como su jefe en Génova, deberían empezar por tomarse un poco más en serio a sí mismos, siendo conscientes de lo que representan. De lo contrario, hay razones para dudar de sus capacidades. Es el momento de un Gobierno a la altura, de acuerdo, pero también de una oposición fiable y responsable.
Nira Fierro es secretaria de Organización del PSOE Canarias y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara regional.
La actitud de algunos miembros del Partido Popular y del Consejo General del Poder Judicial en lo que hace a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y de miembros del Tribunal Constitucional, tras casi cuatro años de intolerable bloqueo en el primero de los casos y casi dos meses en el segundo, ha traspasado cualquier mínima línea de vergüenza y decencia dentro de un país que se autoproclama como democracia avanzada y consolidada.
Casi nadie duda de que mantener cierto grado de discreción en cualquier negociación es aconsejable en orden a evitar filtraciones interesadas en romper aquello que se intenta ahormar, al igual que lo es, también, el ser prudente en todos los ordenes de la vida. Estas premisas no están en cuestión. Lo que sí es discutible, en el caso concreto de las negociaciones para la renovación de los miembros del Consejo General de Poder Judicial o para la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, es si merecen el trato que les hemos dado hasta ahora a los que han incumplido de forma reiterada y reincidente la Constitución y las leyes, pilares básicos de nuestra democracia, porque pudiera confundirse nuestra predicada discreción con la opacidad y la observancia de prudencia con la cobardía.
Me explico. No es de recibo más tibieza con esta cuestión porque no es menor, sino nuclear, y porque atenta contra la democracia misma, contra la Constitución y contra las leyes. No se les puede ni debe permitir ni un momento más, ni como dirigentes de un partido político ni como miembros del Consejo, que sigan riéndose en la cara de todos los españoles y españolas apelando a un consenso que ni desean ni persiguen, bajo el amparo de una pléyade de excusas, glosadas ampliamente en múltiples artículos, perfectamente conocidas por los lectores y que no voy a repetir pero que, claramente, demuestran su falta de vergüenza y decencia.
Falta de vergüenza porque han utilizado de manera torticera, como arma para el bloqueo de la renovación, una falsa previa necesidad de abordar la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo a sabiendas de que el actual sistema es plenamente constitucional. Lo es hasta el punto de que, habiendo gobernado hasta el año 2018 y en algunos de ellos con mayoría absoluta, mantuvieron incólume el modelo vigente, apuntalándolo, inclusive, de forma tal que, en la ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de Reforma del Consejo General del Poder Judicial —conocida popularmente como Ley Gallardón— en el apartado V, in fine, de su preámbulo, como justificación del cambio del sistema de mayorías para la adopción de las decisiones del Consejo, aluden a superar uno de los mayores problemas: “el bloqueo en la toma de decisiones”. Le suena de algo, ¿verdad?
Falta de vergüenza porque se han paseado por Europa desprestigiando a nuestro país, comparando nuestra situación con la que vive el poder judicial en Polonia, y porque, de forma recurrente, se han amparado en meras recomendaciones del Greco o de la Comisión de Venecia, elevándolas a la categoría de condiciones de obligado cumplimiento so pena de expulsión de la Unión Europea. Al mismo tiempo, han ocultado intencionadamente que el Consejo General del Poder Judicial no es un órgano jurisdiccional, ni puede confundirse con el poder judicial y tampoco es el órgano de representación de los jueces, como se cuidó de precisar nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 45/86, de 17 de abril, y obviando, de paso, los heterogéneos sistemas de elección de órganos similares al Consejo español existentes en Francia, Reino Unido, Alemania, Bélgica o Italia.
Falta de vergüenza porque no han dejado de proclamarse campeones del constitucionalismo español, mientras patean de forma grosera durante años nuestra Carta Magna y las leyes que les interesa, arbitrando toda clase de artimañas, trampas y mentiras para incumplirlas y, para más inri, vanagloriándose de ello bajo el lema de que su postura es moderna, pedagógica y europeísta, según manifestación del ínclito Javier Maroto. Por no importarles, ni les ha importado dejar en la estacada al que fuera durante estos últimos años su referente en la judicatura española, el expresidente del Consejo, Sr. Lesmes, hombre que requería del Congreso y del Senado que cumpliéramos con nuestra obligación en la elección de los nuevos miembros del Consejo, aunque lo hiciera de forma tramposa, pues sabía, mejor que nadie, que el Partido Popular no estaría por labor de producir la renovación.
Falta de vergüenza porque, de un lado, apelan de forma sobrevenida a la independencia judicial y, de otro, sin embargo, no dudan en tildar de conversos a aquellos jueces o magistrados que, habiendo sido propuestos por la dirigencia de su partido para su designación como miembros del Consejo, osan después contravenir sus instrucciones. Esta circunstancia se pudo comprobar en el Senado al debatirse la interpelación que el senador Martínez-Maíllo dirigió al ministro del Interior, Grande Marlaska, sobre prioridades de su Ministerio. Maíllo dixit,: “Porque yo era coordinador igual que usted era miembro del Consejo del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, exactamente igual (aplausos). Mire, yo creo que usted predica la fe del converso”. Interpelación clara y aplaudida por sus compañero/as… En fin, ahora sabemos que los miembros del Consejo del Poder Judicial designados o nombrados a propuesta del Partido Popular son equiparables a los coordinadores de ese partido.
Pues bien, si grave es lo anterior, es decir, la concepción absolutista que tiene la dirigencia del Partido Popular del órgano de gobierno de los jueces —aquí cuadra lo de “por delante” y “por detrás”—, más grave aún es, si cabe, el que los miembros de ese órgano nombrados a propuesta del Partido Popular sufran el “síndrome del esclavo feliz” y cumplan, sin rechistar, todas aquellas órdenes que emanan desde Génova, su amo, porque esa es la fuente de su falta de decencia.
Falta de decencia cuando pierden la independencia y se atreven a invocar un inexistente derecho a ser oídos preceptivamente en el trámite de una iniciativa legislativa que, por su origen, no lleva aparejado tal ítem, y que nunca antes en iguales supuestos habían invocado… Será porque el partido político ahora instante no es su amo.
Se carece de decencia cuando los nombrados propuestos por el Partido Popular se unen en comandita para desafiar el cumplimiento de una ley aprobada por el legislativo en un estado democrático y de derecho, y publicitan, para mayor escarnio a la democracia, que se van de comida para trazar la hoja de ruta para consumar la insumisión. O cuando ponen de excusa la ocupación de sus agendas o la falta de tiempo para reunirse… cualquier cosa para bloquear e impedir los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional.
Se carece de decencia cuando se imputa a una compañera del Consejo, por su firma en la solicitud de un indulto, una falta a la debida neutralidad y prudencia de la que debe de hacer gala el Consejo, siendo quienes lo hacen los autores de los hechos aquí narrados, propios de los más acérrimos hooligans de un partido político.
Pero, lo más aberrante y lacerante de las actitudes de aquellos que carecen de vergüenza y decencia, es el daño que están haciendo en la opinión pública, que no distingue entre el Consejo y los más de cinco mil miembros de la judicatura española quienes, en un 99 por ciento, se consideran independientes y que, día a día, cumplen de forma abnegada y encomiable su tarea en nuestro país. Y ello, superando deficiencias estructurales de un sistema judicial que reclama, como agua de mayo, un gran pacto inclusivo y transversal por la justicia en España para cumplir así con la obligación de prestar este esencial servicio público con total garantía de calidad, eficacia y eficiencia.
Visto lo que acontece desde hace ya demasiado tiempo y sin atisbo de que, aquellos que de forma deliberada incumplen la Constitución y las leyes, hayan mostrado el menor síntoma de enmendar sus comportamientos, se impone, con urgencia, acabar con esta anomalía democrática prosiguiendo con los tramites legales en el Congreso y en el Senado para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de los miembros del Tribunal Constitucional que nos corresponde elegir —solo en el Senado, en este último caso—. Obtenido su resultado, caso de bloqueo, habría que explicar mejor en Europa quiénes son los autores del mismo y, a la vez, proceder a las modificaciones legales que sean pertinentes, incluidas aquellas que contemplen el cambio de las mayorías necesarias para la designación de los componentes del Consejo y del Tribunal Constitucional, devolviendo la normalidad a dichos órganos.
Lo contrario sería hacerles el juego por omisión a los que carecen de vergüenza y decencia democrática, porque el fortalecimiento de las instituciones se logra con el cumplimiento de la ley, aunque esa ley no te guste ahora.
Manuel Fajardo, Senador por Lanzarote y La Graciosa
