Hay cosas que un ciudadano nunca debería temer. Y una de ellas es abrir el buzón y encontrarse una multa por usar su propia vivienda.

Pero eso está ocurriendo en Canarias.

Cada vez son más las personas que reciben notificaciones de sanción por vivir en su casa, utilizarla como segunda residencia o alquilarla de forma particular dentro de complejos ubicados en zonas turísticas. Y detrás de cada sanción no hay grandes cadenas hoteleras ni fondos de inversión. Hay personas normales: jubilados, familias, trabajadores. Gente que compró una vivienda con el esfuerzo de toda una vida.

Hablamos de viviendas escrituradas como tales, con división horizontal, privadas, registradas y, en muchísimos casos, situadas en suelo mixto, donde durante décadas convivieron sin conflicto el uso residencial y la actividad turística.

Esa ha sido la realidad cotidiana de Canarias durante años.

Sin embargo, sobre esa realidad se ha impuesto el llamado principio de unidad de explotación: un sistema que obliga a que todo el complejo funcione bajo un único explotador turístico y que limita la capacidad de cada propietario, de gente normal, para decidir cómo utiliza su vivienda.

Y ahí es donde empieza el choque entre la norma y la vida real de un canario.

Porque cuando una persona decide vivir en su casa, pasar temporadas en ella o alquilarla por su cuenta, puede acabar sancionada. Así de simple.

No es un debate filosófico. No es una discusión jurídica. Es una carta certificada. Una notificación sancionadora. Una condena económica que llega a la puerta de alguien que muchas veces ni siquiera entiende qué ha hecho mal.

Y lo más desconcertante es que muchas de esas personas compraron su vivienda creyendo, lógicamente, que podrían vivir en ella, usarla o disfrutarla sin sobresaltos porque consideraban que era una inversión segura en su tierra, donde depositaron los ahorros de toda una vida.

La raíz de este conflicto no es nueva, viene de lejos. El modelo de unidad de explotación lleva décadas formando parte de la normativa turística canaria. Ya en 2005, la Comisión Europea advirtió a Canarias, con claridad, de que este sistema era incompatible con el derecho europeo, especialmente en materia de libertad de empresa, libre prestación de servicios y derecho de propiedad.

Europa exigió cambios.

Dio dos meses para adaptar la norma.

Los años pasaron.

Y los cambios nunca llegaron.

Desde entonces, los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria han seguido defendiendo este modelo bajo un mismo argumento: la necesidad de “cualificar el destino” y preservar la competitividad turística de Canarias. Han trasladado la idea de que lo mejor es el control homogéneo sobre los complejos, imprescindible para evitar el deterioro del destino y no perder visitantes frente a otros mercados turísticos.

Sin embargo, hay una realidad difícil de ignorar: Canarias lleva años batiendo récords de turistas. El Archipiélago no ha dejado de crecer en visitantes, ingresos y demanda turística. Cuesta entender, por tanto, que se siga justificando un régimen tan restrictivo para miles de propietarios canarios bajo la premisa de un supuesto riesgo de pérdida de atractivo turístico que ni reflejan los datos ni ayuda al bienestar y a la prosperidad del pueblo canario, que debiera verse favorecido en su propia tierra.

Mientras tanto, el sistema ha seguido funcionando exactamente igual: con ciudadanos recibiendo sanciones por usos completamente normales dentro de una propiedad privada, la suya.

Y desde la calle resulta cada vez más difícil entenderlo.

Porque en Canarias viven decenas de miles de personas en zonas turísticas. Personas que han hecho allí su vida, que pagan comunidad, impuestos y suministros, que conocen a sus vecinos y que sienten ese lugar como su hogar.

A ellas se suman miles de canarios que simplemente quieren utilizar su vivienda los fines de semana, algunos meses al año o alquilarla de manera individual.

Nada excepcional.

Nada clandestino.

Nada que cualquier ciudadano, en cualquier otro lugar, no consideraría razonable hacer con el derecho de uso sobre su propiedad.

Sin embargo, todos quedan atrapados bajo el mismo sistema lesivo por su obligatoriedad.

Y cuando no encajan en él, aparece la sanción.

Una situación que genera algo profundamente corrosivo para cualquier sociedad: inseguridad.

Inseguridad para usar tu vivienda.

Inseguridad para alquilarla.

Inseguridad por no saber si mañana llegará otra notificación.

Porque el verdadero problema no es solo económico. Es emocional. Es cotidiano. Es esa sensación permanente de caminar sobre arenas movedizas dentro de tu propia casa.

Mientras tanto, las instituciones siguen hablando en lenguaje jurídico. Pero lo que llega a las familias no son conceptos técnicos. Son requerimientos, sanciones y multas.

Y eso acaba erosionándolo todo.

Erosiona la confianza en las instituciones.

Erosiona la seguridad jurídica.

Erosiona la idea misma de propiedad.

Porque cuando un ciudadano empieza a sentir que necesita permiso práctico para disfrutar de su propia vivienda, algo esencial deja de funcionar.

Y quizá ahí está la parte más grave de todo esto.

Que hemos normalizado que personas corrientes vivan con miedo a utilizar lo que es suyo.

Hemos llegado al punto en que abrir una puerta, encender una luz o pasar unos días en una vivienda puede convertirse en un problema administrativo.

Y ninguna sociedad sana debería acostumbrarse a eso.

Porque el turismo puede necesitar regulación. La convivencia puede necesitar normas. El territorio puede necesitar equilibrio.

Pero cuando las leyes dejan de proteger a la gente y empiezan a convertirla en sospechosa dentro de su propia casa, el problema ya no es turístico, ni urbanístico, ni administrativo.

El problema es democrático.

Es una cuestión de principios.

Porque una tierra en la que sus ciudadanos se sienten intimidados en su propio hogar termina siendo un país en el que las libertades se debilitan y los derechos se van perdiendo.

Esther González González, diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista en el Parlamento de Canarias