Canarias

La consejera participó hoy en la reunión del Consejo Interterritorial del SNS en la que se abordaron las recomendaciones de atención a personas extranjeras irregulares, entre otros temas

El Servicio Canario de la Salud ha destinado 6,4 millones de euros a la atención sanitaria de la población migrante sólo durante los cinco primeros meses de este año

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, exigió hoy al Ministerio de Sanidad mayor implicación del Estado en la atención sanitaria a la población migrante que llega a nuestras costas. Monzón, que participó en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, informó que sólo en los cinco primeros meses de este año, el Servicio Canario de la Salud ha destinado 6,4 millones de euros para la atención sanitaria a la población migrante en Canarias.

En este sentido, recordó que desde el verano pasado, las islas están afrontando el fenómeno migratorio de forma intensa y constante y está suponiendo un esfuerzo para el sistema sanitario, que destina profesionales, infraestructuras y recursos materiales a la ayuda humanitaria y asistencial que precisan estas personas sin la implicación del Gobierno estatal.

La consejera abundó en esta cuestión en el apartado en el que se discutió las recomendaciones para el acceso al SNS de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, una cuestión que en Canarias está ya protocolizada y con los medios organizados para afrontar la crisis migratoria que estamos viviendo especialmente en este último año.

Esther Monzón explicó que islas como El Hierro, que no eran hasta el verano pasado destino de llegada de migrantes, han tenido que adaptar sus recursos sanitarios para ofrecer la ayuda asistencial y humanitaria que requieren las personas que llegan a la isla y que el Estado debe compensar estos desequilibrios presupuestarios que se generan en la atención sanitaria a personas extranjeras en situación irregular.

Monzón, ya había trasladado esta circunstancia en enero al Ministerio en el que reclamó que el Estado refuerce su convenio con Cruz Roja para la asistencia sanitaria, dado que no se puede obviar la situación migratoria que vive Canarias y la demanda asistencial que requieren las personas que llegan a nuestras costas.

El Servicio Canario de la Salud tiene protocolizada la atención sanitaria ante la llegada de personas migrantes para ser asistidas tanto en su llegada a la costa como en los centros de acogida y, en su caso si fuera necesaria, la derivación a los centros hospitalarios cuando requieren un abordaje especializado de su salud.

El Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles [12] una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista para poner en marcha medidas que impulsen la estabilización del personal docente de Canarias, con el objetivo de responder a las demandas del sector educativo de las islas y garantizar las plazas del personal.

La iniciativa, defendida por el portavoz socialista de Educación, Marcos Hernández, se centra en la mejora del sistema educativo de Canarias, con el objetivo de poner en marcha medidas para la estabilización del personal docente de Canarias, a través de la convocatoria de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la mejora del sistema educativo de Canarias de julio de 2022, e iniciativas que no conlleven la pérdida de plaza, a través de la bajada de las ratios en las aulas y cubrir las jubilaciones previstas, que en Canarias alcanzan las 900 plazas.

En concreto, se insta al Gobierno de Canarias de convocar la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo de Canarias, firmado por la propia Consejería y los Sindicatos en julio de 2022, para que participen activamente en el desarrollo de una propuesta para establecer un calendario plurianual de mejora de ratios alumnado-docente. Además, se pide garantizar que las medidas que se decidan por las partes no conllevarán en ningún caso, la pérdida de plaza en un centro de alumnado previamente matriculado en él.

También se solicita una “especial atención” a los centros que por su índice sociocultural o por estar en zonas especialmente sensibles (entornos desfavorecidos, diversidad cultural) requieran una mayor atención por parte de los centros educativos para atender con mejores recursos la atención a la diversidad.

La PNL recoge que, ante el caso de pérdida poco significativa de alumnado que conlleve la posible supresión de alguna unidad en primaria o ESO en un centro, se mantendrá el grupo o al profesorado en docencia compartida, durante el siguiente curso escolar, y que se utilice la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo de Canarias como mecanismo donde se establezcan fórmulas y propuestas para que dentro del marco legal se acuerden aquellas que conlleven a la estabilización del personal docente a través de nuevos procesos que garanticen el futuro profesional de los y las docentes canarios.

Además, se solicita la incorporación dentro del debate en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo para la Mejora del Sistema Educativo de Canarias, el concurso general de traslados de forma anual, sin que sea exigible la permanencia con destino definitivo en la comunidad autónoma, durante un periodo extraordinario de 5 años, periodo este donde se podrían estudiar fórmulas para coordinar con el resto de comunidades autónomas, permitiendo otorgar comisiones de servicios con otras administraciones educativas desde el primer día de nombramiento.

Por su parte, se apuesta por diseñar estrategias para la estabilización de claustros en determinando centros o zonas que se designen por presentar alta variabilidad de profesorado, así como priorizar alcanzar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) en el siguiente ejercicio presupuestario, tal y como contempla la Ley Canaria de Educación, como inversión en el futuro de Canarias.

El diputado socialista destacó la “necesidad” de impulsar estas medidas y recordó que el anterior Gobierno del Pacto de las Flores cumplió “exquisitamente” sacando todas las plazas a las que se habían comprometido.

En este sentido, insistió en que muchos de esos docentes se encuentran inmersos en un proceso de estabilización laboral, que, como cualquier proceso selectivo, “genera incertidumbre” sobre su futuro laboral. “Hay que tener en cuenta que todos están llamados a seguir aportando lo mejor sobre el futuro de esta sociedad canaria, y mejorar y alcanzar esa excelencia debe contar con la participación activa del conjunto de docentes que hoy cumplen esa función”.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó este martes, día 11 de junio, en el foro “Universidad, Administración y Salud Pública” que, organizado por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se celebró en la Facultad de Ciencias de la Documentación de la UCM. En este foro, la consejera anunció que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias apuesta por la creación de una Agencia Canaria de Salud Pública con la que se pretende reforzar la estructura que sustenta la Salud Pública en sus vertientes de prevención y promoción de la salud que abarca todos los campos, desde el de sanidad ambiental al epidemiológico.

Monzón explicó que el objetivo es impulsar a medio plazo un proceso de transformación estructural y llevar a largo plazo a un desarrollo más sostenible con la creación de la Agencia Canaria de Salud Pública, una iniciativa que ya están impulsando también otras comunidades autónomas con el mismo objetivo. La consejera de Sanidad hizo estas declaraciones en la mesa de debate denominada La Salud Pública como prioridad política en las Comunidades Autónomas, que estuvo moderada por el director del Centro Nacional de Gripe, José María Eiros, y en la que también participaron los consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid y de Cantabria, Fátima Matute y César Pascual, respectivamente.

Durante su intervención, Monzón recordó que la Salud Pública es un elemento clave en los sistemas sanitarios en materia de prevención, control y actuación ante riesgos para la salud a nivel comunitario. “Campañas de vacunación, seguimiento y vigilancia epidemiológica frente a brotes de posibles patologías, actuaciones de prevención de la enfermedad y promoción de los hábitos de vida saludable son algunas de las principales líneas de actuación de estos profesionales”, aseguró.

En este sentido, explicó que la pandemia por la Covid-19 evidenció la necesidad de reforzar la Salud Pública en todo el Sistema Nacional de Salud con la creación de una Agencia Nacional y que las comunidades autónomas tienen también la posibilidad de desarrollar este proyecto desde el nivel autonómico.

Ampliación del calendario vacunal de Canarias

En cuanto a vacunas, Esther Monzón recordó que recientemente el SCS ha procedido a ampliar el calendario vacunal con nuevas vacunas para todas las edades de la vida, “ampliando la oferta de vacunación contra rotavirus a lactantes sanos con una pauta de dos y cuatro meses de edad o de dos, cuatro y seis meses según la vacuna utilizada, se administrará la vacuna frente al Virus del Papiloma Humano en una sola dosis a los doce años de edad tanto a niños como a niñas, se comenzará a aplicar una nueva vacuna neumocócica conjugada frente a 20 serotipos a menores que cumplan dos meses y no hayan sido vacunados previamente y se sustituye la vacuna contra meningococo C actual por otra que amplia la protección frente a los serotipos A, C, W, Y”, explicó Monzón.

Foro sobre Salud Pública

Durante las diferentes mesas de análisis que conformaron el programa de este foro Universidad, Administración y Salud Pública de la UCM, gestores y especialistas de la Salud Pública y la docencia analizaron diferentes aspectos vinculados con la Salud Pública.

Así, se abordaron temas como las pandemias del futuro, la evolución de las políticas públicas en Salud Pública en España en las últimas legislaturas, las herramientas y necesidades actuales con las que cuentan los profesionales de la Salud Pública, los retos permanentes de este área sanitaria y el abordaje de la gripe y la covid-19, así como la Salud Pública y la sostenibilidad del sistema sanitario público.