La modificación permitirá ajustar las prestaciones al coste acreditado de productos de apoyo, adaptaciones o tratamientos especializados para personas con discapacidad
El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha aprobado este lunes la modificación de las bases reguladoras de las Prestaciones Económicas de Emergencia Social, con el objetivo de adaptar las ayudas técnicas y extraordinarias a las necesidades reales de cada beneficiario.
La principal novedad permitirá que las ayudas destinadas a productos de apoyo, adaptaciones, tratamientos especializados o elementos necesarios para la autonomía personal de personas con discapacidad no estén sujetas a un límite económico preestablecido. De esta forma, la cuantía podrá ajustarse al coste real de la necesidad acreditada y al grado de discapacidad de la persona beneficiaria.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, destacó que esta medida supone “un paso importante para adaptar las ayudas públicas a las necesidades reales de las personas, especialmente de aquellas que requieren apoyos específicos para desarrollar su vida diaria en igualdad de condiciones”.
“Hay situaciones en las que una prótesis, una adaptación del hogar o un producto de apoyo tienen un coste elevado que no puede resolverse con ayudas estandarizadas. Lo que hacemos es dotarnos de un marco más flexible y más justo para responder a esas necesidades”, añadió Betancort.
Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, explicó que la modificación responde a la realidad que afrontan muchas familias de Lanzarote y La Graciosa. “Las ayudas técnicas son una herramienta fundamental para favorecer la autonomía personal, la inclusión social y la participación plena de las personas con discapacidad. Con esta modificación podremos valorar cada caso de manera individualizada y dar una respuesta más ajustada a las necesidades que se nos plantean”, señaló.
Las bases contemplan, entre estas ayudas, la adquisición, reparación o adaptación de elementos prescritos por profesionales sanitarios, productos de apoyo para la movilidad, la alimentación o la higiene, dispositivos tecnológicos adaptados, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, adaptaciones de viviendas y vehículos, así como tratamientos especializados relacionados con la recuperación funcional o el desarrollo personal.
La propuesta aprobada por el Consejo de Gobierno continuará ahora su tramitación administrativa para su posterior elevación a los órganos competentes, con el objetivo de incorporar estas mejoras al sistema de prestaciones económicas gestionado por el Área de Bienestar Social e Inclusión.
