La secretaria insular del PSOE de Lanzarote y diputada por la provincia de Las Palmas, María Dolores Corujo, ha acusado al presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, de destinar 15.500 euros de fondos públicos a la contratación del abogado José María Choclán para presentar una querella contra ella.

Corujo considera que esta decisión pretende mantener abierta la vía judicial después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivara las diligencias de investigación relacionadas con el decreto firmado durante su etapa como presidenta del Cabildo de Lanzarote.

«La contratación de José María Choclán, el abogado de Aldama, no es más que un intento a la desesperada de Oswaldo Betancort de mantener viva la persecución judicial contra mí, tras el duro decreto de archivo de la Fiscalía del Tribunal Supremo», ha declarado.

La Fiscalía acordó el archivo al concluir que los hechos investigados no eran constitutivos de infracción penal. El decreto señalaba además que la resolución firmada por Corujo no podía considerarse arbitraria y que la entonces presidenta debía respetar la resolución vigente de la Dirección General de Función Pública.

La dirigente socialista sostiene que la denuncia inicial fue promovida desde la Dirección Insular de Presidencia del Cabildo y recuerda que su responsable, David Montes, había ejercido como abogado del grupo de Coalición Canaria en la institución.

«Ahora, cuando se demuestra que las acusaciones contra mí carecían de cualquier fundamento, Oswaldo Betancort paga 15.500 euros a Choclán tan solo por la presentación de una querella contra mí, en una huida hacia adelante que únicamente pretende mantener viva una denuncia que carece de fundamento», ha manifestado Corujo.

Según la secretaria insular del PSOE, el contrato contempla el pago al abogado por la presentación de la querella y no únicamente por el estudio previo de la posible existencia de responsabilidades penales.

Corujo afirma que el Gobierno insular se apoya en los informes del servicio jurídico y de la Dirección Insular de Presidencia que sirvieron de base para la denuncia posteriormente archivada por la Fiscalía.

«Podría haber contratado a un penalista para estudiar si había delito, pero ha preferido contratar a Choclán tan solo para que presente una querella y con la condición de que solo cobra si la presenta», ha asegurado.

La diputada socialista también ha señalado que la contratación fue aprobada con los cinco votos de Coalición Canaria en el Consejo de Gobierno Insular, circunstancia que, a su juicio, demuestra el carácter político de la actuación.

«Resulta significativo que la decisión de contratar a un penalista para interponer la querella haya contado tan solo con los cinco votos de Coalición Canaria, lo que deja patente que se trata de una querella política y no de una actuación institucional», ha añadido.

Corujo ha rechazado también que la iniciativa pueda justificarse por la defensa de los fondos públicos y sostiene que el Cabildo de Lanzarote no abonó las retribuciones del entonces consejero Juan Manuel Sosa.

«Poco le importa el dinero público cuando dilapida más de cinco mil euros al mes en pagar al abogado de Coalición Canaria en el Cabildo y contrata a Choclán, que tan solo por presentar la querella cobrará 15.500 euros», ha concluido.