El Gobierno de Canarias pondrá en marcha una campaña de inspección en 78 estaciones de servicio del Archipiélago para analizar el funcionamiento del mercado de combustibles y determinar las causas de las disfunciones detectadas en los precios.

El vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, anunció este martes que la actuación busca proteger a consumidores y autónomos ante una situación que afecta directamente al coste de la vida, la movilidad y la competitividad empresarial.

Los informes encargados por la Dirección General de Comercio y Consumo revelan una diferencia significativa en la forma en la que las variaciones internacionales del petróleo se trasladan a los surtidores canarios.

Según el análisis, las subidas del precio del crudo repercuten en los combustibles en apenas 48 o 72 horas. Sin embargo, cuando el petróleo baja, la reducción tarda entre 10 y 13 días en trasladarse al consumidor y, además, solo refleja una parte del descenso.

Esta diferencia de comportamiento, conocida como «efecto cohete y efecto pluma», perjudica directamente a las familias, los trabajadores autónomos y el conjunto de la actividad económica de Canarias.

Domínguez explicó que la rapidez con la que aumentaron los precios de los combustibles llevó al Ejecutivo a estudiar si se trataba de un comportamiento habitual del mercado o de una situación anómala.

«Nos sorprendió que los combustibles subieran de forma casi inmediata en el Archipiélago y, por eso, hemos querido analizar con rigor qué ha ocurrido», afirmó.

El informe también detecta una elevada concentración empresarial, ya que cuatro enseñas controlan el 76,7 % de la red de estaciones de servicio de Canarias, mientras que la presencia de operadores independientes es considerablemente menor.

La campaña inspectora incluirá un requerimiento formal de documentación a los operadores seleccionados. El objetivo es conocer sus políticas de precios durante el periodo analizado y determinar si las diferencias detectadas responden al funcionamiento ordinario del mercado o a conductas que requieran nuevas actuaciones.

Las inspecciones serán realizadas por el servicio de inspección de la Dirección General de Comercio y Consumo. Posteriormente, los resultados se remitirán al Servicio de Defensa de la Competencia para su análisis.

Tras estudiar la documentación, este organismo podrá archivar las actuaciones o tramitar un expediente sancionador, que sería elevado al Consejo Canario de Defensa de la Competencia o, en su caso, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para su resolución.

«Si de este estudio se desprende que ha habido una conducta irregular o un abuso, el Gobierno actuará en consecuencia, porque no vamos a dejar pasar una situación que perjudica a los consumidores canarios», aseguró Manuel Domínguez.

El vicepresidente insistió en que la medida pretende defender el interés general en un ámbito con una influencia directa sobre la economía de las familias y empresas del Archipiélago.