“Más del 50% de los solicitantes se han quedado fuera”, advierte el presidente del Cabildo, que reclama adaptar las ayudas agroambientales a la realidad de las islas orientales
El diputado del Grupo Nacionalista Canario y presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, llevará al pleno del Parlamento de Canarias la situación generada tras la resolución de las ayudas agroambientales europeas del período 2025-2028, después de que más del 50% de los solicitantes de la isla hayan quedado fuera de esta línea de apoyo.
“Más del 50% de los solicitantes se han quedado fuera de estas ayudas”, advierte Betancort, quien trasladará al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, la necesidad de revisar los criterios aplicados en la convocatoria.
El presidente del Cabildo preguntará al Ejecutivo autonómico por la valoración que realiza sobre el impacto de esta resolución en las islas orientales y qué medidas se contemplan para mejorar su encaje en el marco de la política agraria europea, teniendo en cuenta sus singularidades productivas y climáticas.
La situación ha generado inquietud en el sector primario de Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura, territorios que presentan condiciones especialmente complejas para el desarrollo de la actividad agraria y ganadera.
Modelo tradicional en riesgo
Betancort ha subrayado que las medidas más afectadas coinciden con aquellas vinculadas al modelo agrícola y ganadero tradicional de estas islas, como el pastoreo, los cultivos leñosos, la conservación de razas autóctonas o la recuperación de infraestructuras agrarias como muros y gavias, fundamentales para la adaptación al medio y la sostenibilidad del territorio.
En este contexto, defenderá la necesidad de ajustar los criterios de valoración y distribución de fondos, así como de explorar fórmulas que permitan una mayor adaptación de estas ayudas a la realidad de las islas más áridas del archipiélago.
Asimismo, insiste en avanzar en el reconocimiento de la diversidad del sector primario canario dentro de las políticas europeas, con el objetivo de garantizar que territorios como Lanzarote y Fuerteventura puedan desarrollar su actividad agraria en condiciones adecuadas.
