“Garantizamos recursos para seguir ampliando la red sociosanitaria y mejorar la atención a mayores y dependientes”, destaca el consejero Marci Acuña
El Cabildo de Lanzarote ha aprobado en Consejo de Gobierno la segunda adenda de modificación del convenio suscrito con el Gobierno de Canarias para el desarrollo de infraestructuras vinculadas al modelo de cuidados de larga duración, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta actualización permite incrementar la financiación destinada a la isla, que pasa de los 9,2 millones de euros iniciales a un total de 10.419.747,81 euros, reforzando así la capacidad inversora en materia sociosanitaria.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, señaló que este aumento económico permitirá avanzar en la planificación prevista, dotando de más recursos a la ampliación de infraestructuras y a la respuesta ante la creciente demanda asistencial en la isla.
Por su parte, el consejero de Bienestar Social, Marci Acuña, subrayó que la actualización del convenio “garantiza financiación suficiente para continuar desarrollando nuevos recursos de atención, dentro del modelo de cuidados centrado en la persona”.
La modificación responde a la previsión planteada por el propio Cabildo en acuerdos anteriores, donde ya se advertía de la necesidad de incrementar la financiación para ampliar el número de plazas sociosanitarias y crear nuevos recursos en Lanzarote.
En este contexto, los fondos permitirán tanto la construcción de nuevas infraestructuras como la adaptación de recursos existentes, con el objetivo de mejorar la atención a personas mayores y personas con discapacidad.
Entre las actuaciones previstas destaca la futura residencia de mayores en Tahíche, una de las infraestructuras clave dentro de la planificación insular para reforzar la red de atención a personas dependientes.
El convenio, financiado con fondos europeos Next Generation EU, mantiene como objetivo la creación y adaptación de plazas en centros residenciales y de atención diurna, con un horizonte de ejecución fijado hasta el año 2026.
