Cristina Valido advierte de que “miles de personas pueden quedar en un limbo jurídico tras el fin de la residencia humanitaria”
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha reclamado al Gobierno de España la adopción de medidas que eviten la desprotección de ciudadanos venezolanos ante el fin, el próximo 30 de junio de 2026, de la concesión de autorizaciones de residencia por razones humanitarias.
A través de una pregunta registrada en el Congreso dirigida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Valido solicita explicaciones sobre cómo prevé actuar el Ejecutivo ante este cambio en la política migratoria.
La diputada recuerda que este mecanismo, vigente desde 2018, ha permitido regularizar la situación de más de 200.000 personas en España, y advierte de que su eliminación puede tener consecuencias especialmente relevantes en territorios como Canarias, donde existe una importante comunidad venezolana.
“Estamos ante un cambio que puede dejar a miles de personas en una situación de inseguridad jurídica si no se articulan medidas transitorias claras”, señala Valido, quien insiste en la necesidad de garantizar estabilidad a quienes ya han iniciado sus trámites.
Según expone, diversas asociaciones han alertado de que el fin de esta vía puede provocar que numerosos ciudadanos venezolanos queden en un “limbo” administrativo, al coincidir además con el proceso de regularización extraordinaria actualmente en marcha, cuyo plazo también finaliza el 30 de junio de 2026.
Asimismo, la diputada advierte del posible impacto en las oficinas de extranjería, que ya soportan un elevado volumen de expedientes y podrían verse aún más tensionadas ante un incremento de solicitudes y cambios de procedimiento.
En este contexto, Valido reclama al Gobierno que aclare si adoptará medidas específicas o transitorias para evitar situaciones de desprotección y garantizar la seguridad jurídica de los afectados, prestando especial atención a comunidades como Canarias.
“Es imprescindible evitar que quienes ya están en proceso administrativo se vean obligados a reiniciar sus trámites por vías más restrictivas o queden en una situación de vulnerabilidad”, concluyó.
