Pedro San Ginés afirma que la defensa del exconsejero considera «trascendental» la resolución de 2021 y acusa a la expresidenta de intentar que la institución insular asumiera sus retribuciones
Coalición Canaria sostiene que Juan Manuel Sosa ha presentado ante el juzgado un decreto firmado en 2021 por la entonces presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, para tratar de que la institución insular asuma los cerca de 300.000 euros que debe devolver al Gobierno de Canarias.
La formación nacionalista asegura que la defensa de Sosa considera dicho decreto de «trascendental importancia» para fundamentar su reclamación y acreditar una supuesta dedicación exclusiva con cargo al Cabildo desde diciembre de 2019.
El secretario de Organización de CC en Lanzarote, Pedro San Ginés, afirma que la documentación conocida demuestra que Corujo intentó que el Cabildo abonara a Sosa sus retribuciones como médico, y no en las mismas condiciones que el resto de consejeros.
«Si el Cabildo no pagó, no fue porque Dolores Corujo no lo intentara, sino porque no pudo hacerlo debido al reparo de legalidad formulado por la Intervención», manifestó San Ginés.
Coalición Canaria asegura que Corujo solicitó un informe al órgano económico del Cabildo sobre la disponibilidad presupuestaria para asumir el sueldo de Sosa durante los últimos meses de 2021.
Según la formación, dicho informe certificó la existencia de crédito por un importe de 42.045 euros para ese periodo.
Un decreto firmado en 2021
CC centra sus críticas en el Decreto 2021-5684, firmado por Corujo en noviembre de 2021, que reconocía con carácter retrospectivo una dedicación exclusiva de Sosa desde el 30 de diciembre de 2019.
Los nacionalistas sostienen que esa dedicación nunca había sido formalizada con cargo al Cabildo y que la Secretaría General del Pleno había certificado previamente que Sosa no percibía una retribución fija ni periódica de la institución insular.
Coalición Canaria considera que el decreto pretendía dar cobertura administrativa a una situación que no existía y que había sido cuestionada por los servicios de Intervención.
La formación recuerda además que la Fiscalía investiga esta resolución, aunque la existencia de una investigación no implica que se hayan acreditado los delitos denunciados por CC.
«Nuevo hecho documental»
Los nacionalistas también hacen referencia a un informe emitido el 30 de marzo de 2023 por la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias.
Según CC, ese documento calificó el decreto de Corujo como un «nuevo hecho documental» y tuvo en cuenta su contenido para revisar la situación administrativa y retributiva de Juan Manuel Sosa.
La formación sostiene que, hasta la aparición de esa resolución, la documentación obrante en Función Pública indicaba que el exconsejero no tenía dedicación exclusiva con cargo al Cabildo.
El decreto firmado en 2021 habría reconocido posteriormente y con efectos retroactivos que Sosa desempeñaba sus funciones en régimen de dedicación exclusiva desde finales de 2019.
CC considera que esta afirmación fue utilizada por el anterior Gobierno de Canarias para modificar la fundamentación jurídica de las resoluciones relacionadas con la situación laboral y económica del exconsejero.
Dietas y dedicación exclusiva
Coalición Canaria plantea además una supuesta contradicción entre la dedicación exclusiva reconocida en el decreto y el cobro de asistencias a plenos y comisiones.
Según la formación, si Sosa no tenía dedicación exclusiva, podía percibir esas cantidades. Sin embargo, si se acepta que sí la tenía desde diciembre de 2019, no debería haber cobrado dietas o asistencias desde esa fecha.
Los nacionalistas sostienen que el anterior gobierno insular no suprimió esos pagos ni promovió su devolución después de reconocer retrospectivamente la dedicación exclusiva.
Reclamación ante los tribunales
CC asegura haber tenido acceso a un escrito judicial en el que la defensa de Sosa utiliza el decreto de Corujo para reclamar al Cabildo el pago de las cantidades que debe reintegrar al Gobierno de Canarias.
Para Pedro San Ginés, este documento demostraría que la resolución no era irrelevante y que fue concebida para respaldar económicamente al exconsejero en caso de que se anularan las decisiones adoptadas por el anterior Ejecutivo autonómico.
«La propia defensa de Sosa considera el decreto de trascendental importancia para invocar su supuesto derecho al cobro de esos haberes», concluyó el dirigente nacionalista.
