El Gobierno de Canarias ha puesto a disposición del Estado un equipo de hasta 19 profesionales especializados para colaborar en la respuesta internacional ante la emergencia registrada en Venezuela.
La propuesta será remitida al Centro Nacional de Emergencias, que la trasladará al Mecanismo Europeo de Protección Civil. Este organismo será el encargado de evaluar las necesidades existentes sobre el terreno y determinar qué recursos y perfiles profesionales serán finalmente movilizados.
La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha coordinado la oferta mediante contactos con diferentes colegios profesionales para identificar al personal disponible ante un posible despliegue internacional.
El equipo propuesto está integrado por cinco especialistas en medicina forense, entre ellos dos antropólogas y tres profesionales de anatomía patológica; tres especialistas en arquitectura; tres profesionales de la psicología y ocho de trabajo social.
El Ejecutivo autonómico precisa que se trata de una capacidad máxima y que la composición definitiva del contingente dependerá de la decisión adoptada por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el CENEM y el Mecanismo Europeo de Protección Civil.
La selección tendrá en cuenta las necesidades detectadas en Venezuela y las capacidades ofrecidas por el resto de comunidades autónomas y países participantes.
En caso de que se autorice su despliegue, el contingente canario estará organizado bajo una jefatura única y actuará siguiendo las instrucciones de los organismos nacionales y europeos de Protección Civil, así como de las autoridades venezolanas competentes.
El operativo ha sido preparado para que sus integrantes puedan desplegarse con sus efectos personales, equipos de protección individual y los materiales básicos necesarios para desarrollar sus funciones. El alojamiento y la manutención se coordinarían previamente mediante las Casas Canarias en Venezuela.
Los profesionales de medicina forense prestarían apoyo en la identificación de víctimas, los exámenes médico-forenses y la gestión de información post mortem, bajo la supervisión de las autoridades judiciales y forenses correspondientes.
El personal de arquitectura efectuaría evaluaciones visuales iniciales sobre el estado y la habitabilidad de los edificios, ayudaría a establecer prioridades para las inspecciones y ofrecería asesoramiento técnico no pericial.
Los profesionales de la psicología proporcionarían primeros auxilios psicológicos, atención en situaciones de crisis, acompañamiento durante procesos de duelo y apoyo a las personas afectadas y a los equipos de intervención.
Por su parte, el personal de trabajo social se encargaría de evaluar las necesidades más urgentes, detectar situaciones de especial vulnerabilidad y facilitar la orientación y derivación hacia los recursos disponibles.
El Gobierno de Canarias enmarca esta iniciativa en su compromiso con la cooperación y la solidaridad internacional, especialmente con Venezuela, país con el que el Archipiélago mantiene profundos vínculos históricos, familiares y sociales.
