
El Gobierno de Canarias llevará el próximo martes a la Comisión Interministerial de Inmigración, que se reunirá en el Palacio de la Moncloa, nueve propuestas urgentes que incluyen reforzar el rescate y la acogida, solicitar apoyo europeo y aprobar ayudas extraordinarias para El HierroEl Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado trasladar al Estado un conjunto de medidas extraordinarias y urgentes ante la reactivación de la ruta migratoria atlántica y el incremento de las llegadas de embarcaciones procedentes de la costa occidental africana. Las propuestas serán elevadas a la Comisión Interministerial de Inmigración, cuya reunión está prevista para el próximo martes en el Palacio de la Moncloa.
El Ejecutivo autonómico advierte de que la situación afecta especialmente a El Hierro, donde los recursos sanitarios, asistenciales y de primera atención están sometidos a una presión creciente. Además, alerta del riesgo de que las llegadas se mantengan o intensifiquen durante las próximas semanas.
Según recoge el acuerdo, la reactivación de las salidas desde el sur de Marruecos, el Sáhara Occidental, Senegal y Gambia hace necesario anticipar posibles escenarios de riesgo y reforzar la cooperación entre las administraciones españolas, los países africanos y la Unión Europea.
Un plan extraordinario de contingencia y más medios de rescate
Entre las principales medidas, el Gobierno de Canarias reclama la aprobación de un plan extraordinario de contingencia que permita reforzar de forma inmediata Salvamento Marítimo, los dispositivos de vigilancia y rescate, los recursos sanitarios de emergencia y los centros de primera acogida.
El Ejecutivo también solicita mecanismos ágiles para facilitar el traslado y la distribución de las personas migrantes entre los recursos de acogida disponibles, con el objetivo de evitar la saturación de las islas y garantizar que la atención humanitaria no afecte a los servicios públicos destinados a la población residente.
Asimismo, propone establecer un mecanismo permanente de coordinación entre el Estado y Canarias, con reuniones semanales mientras persista la situación de presión migratoria.
Más cooperación con África y apoyo de la Unión Europea
El acuerdo plantea impulsar una iniciativa diplomática urgente con Marruecos, Mauritania, Senegal y Gambia para reforzar la cooperación policial, el intercambio de información, la prevención de las travesías peligrosas y la lucha contra las organizaciones dedicadas al tráfico de personas.
Canarias también reclama que el Gobierno de España solicite a la Comisión Europea la aplicación de los mecanismos de solidaridad del Pacto Europeo de Migración y Asilo que resulten jurídicamente aplicables, con compromisos concretos de apoyo operativo y financiero.
En esta línea, pide que Frontex y las agencias europeas competentes evalúen urgentemente la situación de la ruta atlántica y refuercen los medios de vigilancia y detección temprana, en coordinación con las autoridades españolas.
El Ejecutivo autonómico considera igualmente necesario que Canarias sea incluida expresamente en el futuro Marco Europeo de Respuesta de Emergencia para las fronteras exteriores de la Unión Europea, teniendo en cuenta su condición de región ultraperiférica.
Ayudas económicas extraordinarias para El Hierro
Otra de las principales reivindicaciones es la aprobación de un paquete extraordinario de medidas económicas, fiscales y laborales para El Hierro, destinado a compensar las consecuencias de la presión migratoria sobre la actividad económica, los servicios públicos y el tejido empresarial de la isla.
La propuesta contempla ayudas directas a empresas y autónomos, incentivos fiscales, bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social y financiación adicional para las administraciones públicas.
El Gobierno canario plantea tomar como referencia las medidas aprobadas por el Estado para Ceuta ante una situación de emergencia migratoria, adaptándolas a las características económicas y territoriales de El Hierro.
Por último, el acuerdo propone promover, una vez constituidas las Cortes Generales, una modificación del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para recuperar la posibilidad de perseguir, bajo el principio de jurisdicción universal, delitos de homicidio o asesinato cometidos en alta mar, especialmente en el contexto de la inmigración irregular.
Las nueve propuestas serán trasladadas formalmente a la Comisión Interministerial de Inmigración a través del presidente del Gobierno de Canarias.