El Gobierno autonómico presenta siete propuestas para garantizar la independencia de los comités de ética, reducir los trámites administrativos y abordar los riesgos de la inteligencia artificial.

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, ha presentado siete aportaciones al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la futura regulación estatal de los comités de ética de la investigación y la creación de un registro nacional de órganos garantes de la investigación responsable.

Las propuestas, elaboradas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), buscan establecer garantías comunes para la actividad científica en España, respetando al mismo tiempo las competencias y particularidades organizativas de las comunidades autónomas.

La iniciativa toma como referencia la nueva Ley Canaria de la Ciencia, aprobada en julio de 2026, que contempla la creación del Comité Canario de Ética de la Investigación como órgano independiente y consultivo.

El Ejecutivo autonómico comparte los objetivos de mejorar la calidad, transparencia e independencia de la evaluación ética de los proyectos científicos, aunque considera necesario diferenciar las funciones de los comités encargados de evaluar investigaciones concretas de las de aquellos órganos dedicados al asesoramiento, la integridad científica y la promoción de buenas prácticas.

En este sentido, Canarias propone una mayor participación de las comunidades autónomas en los mecanismos de coordinación y acreditación de estos organismos, así como una colaboración estable con el Comité Español de Ética de la Investigación.

Simplificar los trámites de evaluación científica
Entre las principales aportaciones destaca la necesidad de simplificar los procedimientos de evaluación ética, adaptándolos a las características y riesgos de cada investigación.

La ACIISI plantea facilitar el reconocimiento de las evaluaciones realizadas previamente por comités acreditados, especialmente en proyectos desarrollados conjuntamente por varias instituciones, con el objetivo de evitar duplicidades y reducir las cargas administrativas.

Respecto al futuro Registro Nacional de órganos garantes de la investigación responsable, el Gobierno canario valora positivamente su creación y propone que pueda intercambiar información con los registros y sistemas autonómicos.

Esta medida permitiría agilizar los procedimientos y facilitar el trabajo de las entidades investigadoras.

Garantías éticas ante la inteligencia artificial
Las propuestas también abordan los nuevos desafíos relacionados con la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

Canarias considera necesario incorporar garantías específicas para asegurar la supervisión humana, la transparencia de los procesos, la protección de los datos personales y el respeto a los derechos fundamentales.

Estas medidas deberán ajustarse a la normativa europea y a los principios recogidos en la Ley Canaria de la Ciencia.

Por último, la Consejería propone que la futura regulación estatal contemple un periodo de adaptación suficiente para los órganos autonómicos existentes o en proceso de constitución, acompañado de mecanismos de cooperación entre administraciones.

Con estas siete aportaciones, el Gobierno de Canarias pretende contribuir a la elaboración de un marco estatal que favorezca una investigación científica responsable, garantice los derechos de las personas y facilite la actividad de la comunidad investigadora, respetando las competencias autonómicas.