La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) ha denunciado al Gobierno de España ante la Unión Europea por considerar que la normativa estatal sobre el Registro Único de Arrendamientos vulnera el Reglamento europeo 2024/1028, que entró plenamente en vigor este 20 de mayo de 2026 en todos los países miembros.
Según explica la asociación, el nuevo reglamento europeo regula la recogida e intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración, entre ellos las viviendas vacacionales, con el objetivo de que las administraciones públicas dispongan de información “real y actualizada” para la toma de decisiones.
Sin embargo, ASCAV sostiene que el Gobierno español “se ha pasado de frenada” al aprobar el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre, que regula el procedimiento del Registro Único de Arrendamientos y crea la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos.
La asociación denuncia que esta norma obliga a las viviendas vacacionales a realizar una segunda inscripción ante el Registro de la Propiedad, pese a que ya deben estar inscritas obligatoriamente en los registros turísticos autonómicos para poder ejercer la actividad.
ASCAV recuerda que el Reglamento europeo establece expresamente que una misma vivienda turística no puede estar sometida a más de un procedimiento de registro, por lo que considera que España está incumpliendo la normativa comunitaria y vulnerando además las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia turística.
La asociación asegura además que la Comisión Europea ya advirtió en enero de 2026 al Estado español sobre esta posible incompatibilidad normativa y “animó” al Gobierno a modificar la regulación para evitar la duplicidad registral. Según ASCAV, el Ejecutivo central habría ignorado estas recomendaciones, motivo por el que la organización decidió formalizar la denuncia ante las instituciones europeas.
A partir de ahora, será la Comisión Europea la encargada de requerir explicaciones al Gobierno de España. En caso de apreciarse una vulneración del derecho comunitario, el procedimiento podría derivar en un expediente de infracción e incluso en sanciones económicas contra el Estado.
Desde ASCAV insisten en que la regulación europea buscaba simplificar y coordinar el intercambio de datos sobre los alquileres de corta duración, mientras que la normativa española “ha generado más burocracia y duplicidad administrativa” para los propietarios de viviendas vacacionales.
