La consejera Migdalia Machín reclama al Estado que respete las competencias autonómicas y adapte los requisitos para crear universidades a la realidad territorial del archipiélago.
El Gobierno de Canarias ha solicitado que la futura normativa estatal sobre creación y reconocimiento de universidades tenga en cuenta la insularidad y las particularidades demográficas del archipiélago, evitando requisitos que puedan dificultar la implantación de nuevos centros universitarios en territorios menos poblados.
La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, dirigida por Migdalia Machín, ha presentado sus propuestas durante la consulta pública previa abierta por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para reformar la regulación estatal.
“Compartimos la necesidad de reforzar las garantías de calidad del sistema universitario. Para hacerlo, el Estado debe respetar las competencias de Canarias y establecer condiciones que tengan en cuenta nuestra realidad territorial”, señala Machín.
Rechazo a un mínimo uniforme de estudiantes
Una de las principales reclamaciones del Ejecutivo canario es que no se establezca el mismo número mínimo de estudiantes para todos los proyectos universitarios, independientemente de la población del territorio donde pretendan implantarse.
Según la Consejería, esta exigencia podría limitar la creación de universidades en islas o territorios con menor población y reducir las oportunidades de acceso a la educación superior.
Canarias también solicita que los requisitos relativos a la oferta inicial de titulaciones sean proporcionados y tengan en cuenta su condición de región ultraperiférica.
Defensa de las competencias autonómicas
Otra de las cuestiones planteadas es el respeto a las competencias de Canarias sobre las universidades establecidas en su territorio, incluidas aquellas que impartan formación virtual o híbrida.
El Ejecutivo autonómico considera que estas modalidades de enseñanza no justifican trasladar automáticamente al Ministerio las competencias que corresponden a las comunidades autónomas.
Asimismo, solicita que la reforma se tramite por el procedimiento ordinario, garantizando los plazos de participación pública y los informes necesarios.
La nueva regulación se prepara después de que el Tribunal Supremo anulara el Real Decreto 905/2025 por defectos en su tramitación, según recoge la Consejería.
Con estas aportaciones, el Gobierno de Canarias pretende que la futura normativa combine las exigencias de calidad universitaria con el respeto a las competencias autonómicas y las particularidades territoriales de las islas.
