La propuesta endurece las sanciones urbanísticas, reduce trámites y amplía el suelo destinado a vivienda pública, con medidas específicas para los municipios de menos de 10.000 habitantes
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado la propuesta de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, una norma vigente desde 2017 que será remitida ahora al Consejo Consultivo.
Tras su análisis jurídico, el Ejecutivo autonómico prevé registrar el texto en el Parlamento de Canarias antes de que finalice julio para iniciar su tramitación y el debate político.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, explicó que la modificación pretende «profundizar en la filosofía de simplificación y racionalidad en la gestión del territorio».
La propuesta es fruto de un proceso de participación desarrollado durante más de un año, en el que intervinieron más de 700 profesionales de los ámbitos público y privado a través de 17 foros celebrados en el Archipiélago.
Miranda destacó que la ley vigente ha permitido impulsar unas 250 modificaciones del planeamiento, aunque considera necesario agilizar los procedimientos y aportar una mayor seguridad jurídica.
Más control sobre las infracciones
La nueva propuesta endurece las sanciones por infracciones urbanísticas y territoriales y amplía los plazos para evitar que las ilegalidades puedan prescribir.
Con carácter general, aumentan las cuantías mínimas de las multas. En el caso de las infracciones leves, la sanción básica pasará de 60 a 300 euros.
Asimismo, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ampliará de seis a nueve meses su plazo de actuación, mientras que la prescripción de las sanciones urbanísticas y territoriales pasará de cuatro a ocho años.
Menos documentación y plazos más cortos
El texto plantea reducir aproximadamente un 40 % la documentación necesaria para tramitar un plan general.
Para ello, se eliminarán algunas fases que actualmente son obligatorias y se acortarán los plazos de aprobación, con el objetivo de simplificar la elaboración del planeamiento municipal.
Más suelo para vivienda pública
La propuesta incorpora medidas para responder a la crisis habitacional de Canarias y complementar las actuaciones aprobadas anteriormente por el Gobierno autonómico.
Entre ellas figura el aumento del porcentaje de suelo reservado para vivienda pública y de las cesiones obligatorias destinadas a obtener terrenos en los que construir este tipo de inmuebles.
El Ejecutivo también prevé facilitar el desarrollo residencial en los municipios con menos de 10.000 habitantes, ampliando las posibilidades de edificación en asentamientos rurales.
Estas medidas buscan favorecer la centralización de servicios básicos y generar nuevas oportunidades en los municipios afectados por la pérdida de población.
Medidas para el sector primario
La reforma incluye actuaciones dirigidas a facilitar la construcción de viviendas vinculadas a explotaciones agrarias y a ampliar los usos complementarios relacionados con el sector primario.
También consolida el empleo de declaraciones responsables y comunicaciones previas para determinados procedimientos.
Según Manuel Miranda, estas medidas pretenden aportar una mayor seguridad jurídica a los emprendedores y profesionales del sector agrario de Canarias.
El consejero calificó la propuesta como «clave para dar una respuesta ágil a desafíos como la protección del territorio, la necesidad de construir viviendas y la atención al reto demográfico en las islas».
Miranda expresó además su confianza en que el texto genere un «debate político enriquecedor» cuando llegue al Parlamento de Canarias.
