Coalición Canaria asegura que el procedimiento judicial contra Domingo Cejas fue archivado en marzo, mientras el PSOE cuestiona ahora la contratación posterior de la asistencia jurídica
El enfrentamiento político entre PSOE y Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote ha sumado un nuevo capítulo tras las informaciones relacionadas con las diligencias judiciales abiertas por el incendio registrado en mayo de 2024 en el Complejo Ambiental de Zonzamas.
La polémica comenzó después de que el consejero socialista Benjamín Perdomo denunciara públicamente que el grupo de gobierno habría mantenido en silencio durante meses una investigación judicial relacionada con un posible delito medioambiental vinculado al incendio y en la que, según el PSOE, figuraba como investigado el consejero de Residuos, Domingo Cejas.
Los socialistas reclamaron la comparecencia pública del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, para explicar el alcance de las diligencias y las medidas adoptadas tras el incendio.
Sin embargo, Coalición Canaria respondió asegurando que las diligencias abiertas tras el incendio —“como sucede ante cualquier catástrofe de esta gravedad”— fueron archivadas mediante auto judicial de sobreseimiento provisional el pasado 6 de marzo de 2026 y declaradas firmes el 7 de abril.
El portavoz nacionalista, Samuel Martín, acusó al PSOE de “manipular una resolución judicial firme” y aseguró que el propio auto concluye que “no aparece debidamente justificada la perpetración de delito alguno”.
El PSOE pone ahora el foco en la contratación del abogado
Tras conocerse el archivo de la causa, el PSOE ha centrado ahora sus críticas en la contratación de la asistencia jurídica vinculada a la defensa de Domingo Cejas.
En una nota remitida este martes, Benjamín Perdomo calificó de “chapuza política y administrativa” que el Cabildo formalizara supuestamente el contrato de asistencia letrada el pasado 21 de mayo, varios meses después del archivo judicial de la causa.
Los socialistas han anunciado que solicitarán el expediente completo de contratación y un informe de Intervención para aclarar cómo se tramitó el procedimiento, quién solicitó el servicio jurídico y si la contratación se realizó conforme a la legalidad.
“Estamos ante una secuencia gravísima: una causa que se archiva en marzo y una defensa jurídica que aparece formalizada en mayo”, señaló Perdomo, quien cuestiona si el servicio jurídico pudo prestarse antes de existir contrato administrativo formal.
El PSOE también quiere conocer si el abogado actuó inicialmente a título particular y posteriormente el gasto fue asumido por el Cabildo, así como la fecha real de prestación del servicio y la documentación utilizada para justificar la contratación.
Cruce político en torno a Zonzamas
Mientras Coalición Canaria insiste en que la causa judicial está cerrada y archivada, el PSOE mantiene que el gobierno insular debe ofrecer explicaciones políticas y administrativas sobre la gestión del procedimiento y la contratación posterior de la defensa jurídica.
La controversia se produce en torno a uno de los incendios más graves registrados en el Complejo Ambiental de Zonzamas, un fuego que obligó a activar el Plan de Emergencias Insular y movilizó a numerosos efectivos de emergencias y seguridad de la isla.
