Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) ha acusado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de “mentir, engañar y tergiversar” sobre el origen de las indemnizaciones derivadas de las moratorias turísticas y ha anunciado que reclamará toda la documentación relacionada con los acuerdos extrajudiciales alcanzados por el Ejecutivo.

La formación sostiene que las indemnizaciones actuales están vinculadas a la Ley 6/2009, aprobada durante el Gobierno de Paulino Rivero y José Manuel Soria, y rechaza que tengan su origen en las moratorias de 2001 y 2003.

El secretario general de NC-BC, Luis Campos, criticó que Clavijo relacione las actuales reclamaciones con aquellas primeras moratorias y consideró que se está utilizando este asunto para desacreditar el debate sobre los límites al crecimiento turístico.

Campos calificó además de “rendición absoluta” la negociación de los acuerdos alcanzados por el Gobierno autonómico.

Según la información manejada por NC-BC, estos acuerdos podrían suponer el pago de cerca de 500 millones de euros de dinero público, mientras los particulares mantendrían sus parcelas y sus derechos urbanísticos.

NC-BC defiende que las moratorias de 2001 y 2003 no generaron indemnizaciones
Román Rodríguez, presidente del Gobierno de Canarias entre 1999 y 2003, recordó que durante aquella etapa se aprobaron la Ley 6/2001 y la Ley 19/2003, que permitieron desclasificar alrededor de 300.000 camas turísticas, incluidas 20.000 en Veneguera.

Según explicó, aquellas normas generaron 14 reclamaciones judiciales y las sentencias definitivas dieron la razón al Gobierno.

Rodríguez afirmó que, frente a los 866,6 millones de euros reclamados, finalmente no se abonaron indemnizaciones.

“Cero, cero euros. No hubo indemnizaciones”, señaló.

NC-BC asegura además disponer de una respuesta del actual Gobierno de Canarias a una petición parlamentaria en la que se reconoce que las leyes de 2001 y 2003 “no generaron sentencias condenatorias indemnizatorias”.

La formación sitúa el origen de las actuales reclamaciones en el artículo 17.1 de la Ley 6/2009.

Según los datos aportados por NC-BC, se presentaron 54 solicitudes vinculadas a este mecanismo y la falta de respuesta de la Administración dio lugar posteriormente a diferentes procedimientos judiciales.

Reclamarán toda la documentación
Nueva Canarias sostiene que las sentencias favorables a los reclamantes no fijaban directamente las cantidades indemnizatorias, sino que estas aparecían en las demandas presentadas por los particulares.

La organización quiere conocer ahora cómo se desarrolló la negociación de cada acuerdo, qué informes técnicos se utilizaron, qué cantidades reclamaba cada particular y cuáles fueron las valoraciones realizadas por la Administración.

Campos anunció que preguntará a Fernando Clavijo sobre este asunto en el próximo pleno del Parlamento y que solicitará la comparecencia del responsable de Política Territorial, Manuel Miranda.

“Queremos conocer la negociación de cada uno de esos acuerdos”, señaló Campos, quien indicó que el objetivo es determinar si el Gobierno defendió adecuadamente el interés general y si existían alternativas.

NC-BC reclama “luz y taquígrafos” sobre unos acuerdos que, según las cifras que maneja la formación, afectan a cientos de millones de euros de fondos públicos.

La organización insiste además en que esta polémica no debe utilizarse para cerrar el debate sobre posibles límites al crecimiento turístico y defiende que es posible aplicar moratorias si se diseñan correctamente.

NC-BC mantiene entre sus propuestas establecer límites al crecimiento turístico, impulsar moratorias adaptadas a cada isla, desclasificar camas donde considere que no debe seguir creciendo la oferta y avanzar hacia un modelo turístico más sostenible.