El Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote han acordado revisar las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) con el objetivo de corregir errores técnicos detectados en los mapas y reforzar las garantías ambientales en el desarrollo de energías limpias en la isla.

Para ello, ambas administraciones convocarán en el plazo máximo de un mes la comisión técnico-política prevista en el protocolo firmado, que será la encargada de analizar los errores materiales y revisar los espacios definidos dentro de esta planificación.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó que “seguimos avanzando junto al Cabildo para que las ZAR sean un instrumento al servicio de la transición energética, con la protección del medio ambiente y la identidad de Lanzarote como prioridad”.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, subrayó la importancia de coordinar este proceso con el conjunto de agentes implicados, anunciando la creación de una mesa técnica interna y comisiones sectoriales. “El objetivo es definir una estrategia consensuada y adaptada a la realidad de Lanzarote y La Graciosa”, señaló.

Las ZAR son una herramienta de planificación que permite identificar los emplazamientos más adecuados para el desarrollo de energías renovables desde el punto de vista técnico, territorial y ambiental, evitando recurrir a procedimientos excepcionales como el interés general.

Ambas administraciones recordaron que este plan estará sometido a evaluación ambiental estratégica y que cada proyecto deberá superar además su correspondiente evaluación ambiental individual, garantizando así la máxima protección del territorio y la biodiversidad.

Asimismo, insistieron en que la implantación de energías renovables seguirá priorizando cubiertas y espacios ya transformados, en línea con la normativa vigente, que impulsa el uso de instalaciones fotovoltaicas en edificaciones.

En este sentido, se estima que la superficie necesaria para cumplir los objetivos de descarbonización hasta 2030 representaría aproximadamente un 0,23% del territorio insular, un dato aún en fase de análisis técnico.

El Ejecutivo autonómico recordó también que la normativa vigente prohíbe la expropiación de terrenos para proyectos fotovoltaicos, por lo que los promotores deberán disponer de la titularidad del suelo. Además, se trabaja en un decreto que establecerá un 20% de participación local en proyectos de energías renovables de más de 2 MW, con el objetivo de implicar a instituciones y ciudadanía.

Con esta revisión, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote reiteran su compromiso de avanzar en una transición energética ordenada, basada en el rigor técnico, el consenso institucional y la protección del paisaje y del medio ambiente.