El consejero Manuel Miranda destaca que la actualización busca facilitar el acceso a la vivienda, reforzar la protección del territorio y simplificar los procedimientos administrativos
El Gobierno de Canarias ha presentado ante la Comisión de Cabildos Insulares del Parlamento de Canarias el proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de 2017, una reforma con la que pretende agilizar la planificación urbanística, facilitar el desarrollo de vivienda y reforzar la protección del territorio.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, ha agradecido la colaboración de los cabildos insulares y sus equipos técnicos durante la elaboración de la propuesta, que busca adaptar la normativa a los nuevos desafíos del Archipiélago.
“Nueve años después de su aprobación, el Gobierno considera necesario actualizarla para incorporar los cambios normativos producidos desde entonces, especialmente en materia de cambio climático y vivienda, y responder a nuevos objetivos relacionados con el acceso a la vivienda, el reto demográfico, la cohesión territorial y la renovación urbana”, ha señalado Miranda.
Una reforma con la participación de más de 700 expertos
La actualización de la normativa es fruto de un proceso de análisis y participación iniciado en noviembre de 2023 y desarrollado hasta 2025, durante el que se celebraron 17 foros de debate con la participación de más de 700 profesionales y expertos.
Entre los participantes figuraron cerca de 300 empleados públicos municipales y 40 técnicos de los cabildos insulares. Además, dos de los encuentros estuvieron dedicados específicamente a las corporaciones insulares.
El Gobierno recuerda que la Ley del Suelo de 2017 permitió impulsar 250 modificaciones del planeamiento municipal y más de una treintena de modificaciones de los instrumentos de planificación insular.
La nueva propuesta mantiene la estructura fundamental de la normativa vigente para preservar la seguridad jurídica y facilitar su aplicación.
Prioridad a la renovación urbana frente a la expansión del suelo
Uno de los principales objetivos de la reforma es favorecer la transformación y renovación de los espacios ya urbanizados frente a la ocupación de nuevos terrenos.
Entre las medidas previstas figura elevar del 10 % al 15 % el aprovechamiento de cesión obligatoria en suelo urbanizable, así como exigir la desclasificación de una superficie equivalente cuando se clasifique nuevo suelo urbanizable.
El proyecto también contempla facilitar las actuaciones de reforma urbana destinadas a la construcción de vivienda protegida y establecer condiciones menos gravosas para las intervenciones en suelo urbano que para las realizadas en suelo urbanizable.
Asimismo, mantiene la posibilidad de desarrollar actividades compatibles con los valores ambientales protegidos en los suelos sujetos a protección.
Reducción de plazos y simplificación administrativa
La actualización de la Ley del Suelo pretende reducir los tiempos necesarios para elaborar y aprobar los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
Para ello, propone acortar los plazos de emisión de informes, consultas y periodos de información pública, simplificar la documentación requerida y eliminar trámites considerados innecesarios.
En materia de cooperación entre administraciones, el proyecto contempla reducir a la mitad los plazos de emisión de informes en actuaciones de relevancia territorial.
También plantea agilizar las licencias urbanísticas y reforzar la seguridad jurídica mediante una regulación más precisa de los supuestos de silencio administrativo negativo, conforme a la legislación básica estatal.
En paralelo, la reforma incluye medidas para fortalecer la disciplina urbanística, ampliando los plazos de actuación administrativa para evitar la prescripción de infracciones y elevando las cuantías mínimas de las sanciones.
Nuevas medidas para vivienda y protección territorial
El Ejecutivo autonómico señala que esta actualización complementa otras iniciativas aprobadas durante la legislatura para facilitar la gestión urbanística, la rehabilitación de viviendas inacabadas, el desarrollo de energías renovables y la agilización de licencias para la construcción de viviendas.
También incorpora ajustes relacionados con los municipios afectados por el reto demográfico, los instrumentos de ordenación y el régimen de las edificaciones consolidadas.
El Gobierno defiende que la reforma permitirá avanzar en la simplificación administrativa sin reducir las garantías legales ni la protección del territorio.
Finalmente, Manuel Miranda ha solicitado el respaldo de los cabildos insulares a la propuesta y ha reiterado su agradecimiento por la participación de las corporaciones insulares y sus equipos técnicos en el proceso de elaboración de la actualización normativa.
