FEHT, Ashotel, Asofuer y Asolan respaldan adaptar la normativa a la realidad actual, pero reclaman preservar la actividad turística, el empleo y la calidad de los establecimientos

Las principales patronales turísticas de Canarias han advertido de que una liberalización generalizada de los usos residenciales en establecimientos turísticos podría poner en riesgo la continuidad del sector extrahotelero del Archipiélago.

La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Ashotel, Asofuer y Asolan consideran necesario adaptar la normativa a las distintas situaciones generadas durante décadas en numerosos complejos turísticos, aunque rechazan una liberalización indiscriminada que, a su juicio, podría desdibujar la naturaleza turística de estos establecimientos.

Las organizaciones respaldan el planteamiento en el que trabaja la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, orientado a actualizar la regulación y dar seguridad jurídica, manteniendo al mismo tiempo las condiciones necesarias para que los complejos turísticos puedan continuar funcionando de forma ordenada.

Las patronales defienden que los costes, servicios y obligaciones asociados al mantenimiento de un establecimiento turístico deben seguir siendo asumidos conjuntamente. Entre ellos citan las zonas comunes, la renovación de instalaciones, los servicios al visitante y el mantenimiento de unos estándares homogéneos de calidad.

Según las organizaciones empresariales, el debate afecta también al empleo, la actividad económica y los ingresos públicos. En este sentido, citan estudios del Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que, según señalan, estimaron en 3.586 millones de euros anuales la pérdida de facturación asociada a la residencialización de inmuebles turísticos, junto a 943 millones de euros de menor recaudación fiscal y 88.000 puestos de trabajo.

FEHT, Ashotel, Asofuer y Asolan sostienen que la transformación progresiva de plazas turísticas en viviendas puede reducir la capacidad alojativa reglada y dificultar la viabilidad económica, renovación y mantenimiento de los complejos.

Las patronales consideran legítimo analizar las situaciones particulares existentes y los procedimientos sancionadores que afectan a determinados propietarios, pero rechazan que la solución pase por permitir hacia el futuro el uso residencial de inmuebles concebidos originalmente para alojamiento turístico.

Asimismo, recuerdan que los propietarios que puedan acreditar un uso residencial anterior al 1 de enero de 2017 pueden mantenerlo en los términos establecidos legalmente. A su juicio, esto permite proteger las situaciones consolidadas sin abrir la puerta a una transformación generalizada de nuevos inmuebles turísticos en residenciales.