La asociación se apoya en un informe de la CNMC que considera contrario a la Ley de Unidad de Mercado exigir un trámite municipal adicional a los propietarios
ASCAV ha advertido a los ayuntamientos canarios sobre la exigencia de una comunicación previa vinculada a la actividad clasificada a los propietarios de viviendas vacacionales, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) haya cuestionado este trámite adicional.
La asociación hace referencia al informe UM/045/26 sobre viviendas de uso turístico en Canarias, en el que la CNMC considera que exigir a sus titulares una comunicación previa ante el ayuntamiento, además de la correspondiente declaración responsable para ejercer la actividad, supone una carga administrativa innecesaria.
Según la CNMC, esta exigencia vulnera el principio de simplificación de cargas recogido en el artículo 7 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, al considerar que la normativa autonómica exime a estas viviendas de ese trámite adicional.
ASCAV sostiene, por tanto, que los ayuntamientos no deberían continuar reclamando a los propietarios de viviendas vacacionales dicha comunicación previa de actividad clasificada y advierte de la situación de inseguridad jurídica que, a su juicio, se está generando en Canarias.
La asociación recuerda que fue precisamente ASCAV quien presentó una denuncia ante la Secretaría de Estado para la Unidad de Mercado y considera que el pronunciamiento de la CNMC respalda sus argumentos sobre la duplicidad de requisitos administrativos.
ASCAV insiste en que los propietarios que cuentan con una declaración responsable de inicio de actividad de vivienda vacacional disponen de un título habilitante para ejercer la actividad y rechaza que la ausencia de la comunicación de actividad clasificada permita considerar automáticamente ilegal su actividad.
La asociación reclama además mayor claridad normativa y recuerda los cambios que se están planteando en la regulación autonómica de las viviendas vacacionales para resolver las dudas surgidas en torno a este requisito.
Asimismo, ASCAV vuelve a cuestionar los efectos de la actual regulación de las viviendas vacacionales y sostiene que, pese a la reducción del número de alojamientos ofertados, esta circunstancia no se habría traducido en un incremento equivalente de la vivienda destinada al alquiler residencial ni en una reducción de los precios.
La asociación reclama finalmente que ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias adapten sus actuaciones al criterio expresado por la CNMC y aporten seguridad jurídica a los propietarios de viviendas vacacionales.
