El Consejo de Gobierno también ha acordado exigir al Estado información urgente sobre los recursos y plazos para la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio
El Consejo de Gobierno de Canarias ha evaluado este lunes las principales medidas que prevé adoptar con motivo de la visita del papa León XIV al Archipiélago, prevista para los días 11 y 12 de junio, y ha aprobado también una demanda formal al Estado para que informe de manera urgente sobre la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
En relación con la visita del Pontífice, el Gobierno canario ha anunciado medidas en materia educativa, sanitaria, de función pública y seguridad. Entre ellas figura la suspensión generalizada de las clases en Gran Canaria el día 11 de junio y en Tenerife el día 12, con el objetivo de facilitar la movilidad y reducir posibles colapsos circulatorios ante un dispositivo de seguridad extraordinario.
La decisión será elevada al comité asesor del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias, PLATECA, que se reunirá este miércoles para aprobar las medidas organizativas y preventivas necesarias. Según explicó el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, la suspensión de la actividad lectiva cuenta con la solicitud y el aval del informe técnico elaborado por la Delegación del Gobierno de España, en coordinación con las administraciones implicadas y los obispados.
En el ámbito de la Función Pública, el Ejecutivo recomendará el teletrabajo al personal de la Administración General de la Comunidad Autónoma el día 11 de junio en Las Palmas de Gran Canaria y el día 12 en Santa Cruz de Tenerife. Además, se cerrarán las oficinas de registro y de atención ciudadana en los ámbitos afectados, aunque la sede electrónica y otros canales de atención permanecerán disponibles.
El dispositivo de seguridad contará con el despliegue de unos 200 agentes de la Policía Canaria en las dos islas donde se desarrollará la visita. A este operativo se sumarán los recursos de coordinación de la Dirección General de Emergencias y del CECOES 1-1-2, con profesionales especializados, vehículos de coordinación, estructuras avanzadas de mando y una red de radiocomunicaciones.
En materia sanitaria, el Servicio de Urgencias Canario organizará un dispositivo especial con más de un centenar de profesionales y numerosos recursos materiales. El operativo incluirá personal médico, de enfermería, técnicos en emergencias sanitarias, recursos logísticos, ambulancias, unidades móviles de catástrofes y cuatro hospitales de campaña o puestos sanitarios avanzados.
Sanidad también reforzará la Atención Primaria en las zonas afectadas por la visita, especialmente en Mogán, Vegueta, Siete Palmas, La Feria y Tamaraceite, en Gran Canaria, así como en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna.
Canarias exige información urgente sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo
En la misma sesión, el Consejo de Gobierno ha acordado exigir oficialmente al Estado información urgente sobre los recursos y plazos previstos para la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el próximo 12 de junio de 2026.
La decisión se produce tras la aprobación del informe presentado por la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el que se constata la falta de información recibida por Canarias a pocos días de la entrada en vigor del nuevo marco europeo.
Esta iniciativa se suma a la carta enviada el pasado 26 de mayo por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que trasladaba la preocupación del Ejecutivo autonómico por las consecuencias que puede tener la aplicación del nuevo reglamento europeo en el Archipiélago, especialmente por su condición de frontera sur de Europa.
El Gobierno canario advierte de que la aplicación del Pacto puede generar una situación de gran incertidumbre en las Islas, al alargar los períodos de espera de las personas migrantes que llegan a Canarias debido a los nuevos controles previstos. Según el Ejecutivo, este escenario podría provocar un “tapón” en el Archipiélago y aumentar la presión sobre los centros de atención y acogida.
La consejera Candelaria Delgado recordó que Canarias ha soportado en los últimos años una elevada presión migratoria, con la llegada de 165.562 personas en 3.216 embarcaciones entre 2020 y 2025. A ello se suma la atención a 2.989 menores y adolescentes migrantes no acompañados que actualmente se encuentran bajo tutela del Gobierno de Canarias.
Delgado reclamó que Canarias participe en los mecanismos de seguimiento y toma de decisiones vinculados al Pacto Europeo de Migración y Asilo, con el fin de anticipar necesidades, coordinar respuestas y adaptar su aplicación a las singularidades territoriales, sociales y económicas del Archipiélago.
El Ejecutivo autonómico insiste en que la participación de Canarias no debe limitarse a una cuestión consultiva, sino que debe entenderse como una condición necesaria para preservar la cohesión social y garantizar una respuesta adecuada en los territorios más afectados por la presión migratoria.
