Magistrados, fiscales, juristas y técnicos analizan en un congreso con 300 asistentes el equilibrio entre desarrollo, vivienda, servicios públicos y protección del territorio

Yaiza reunió la pasada semana a magistrados, fiscales, juristas, arquitectos y técnicos especializados en el Congreso de Urbanismo y Delitos contra la Administración organizado por el Ayuntamiento sureño, un encuentro que convirtió al municipio en punto de referencia para el debate sobre el desarrollo territorial, la legalidad urbanística y la protección del medio ambiente.

El congreso, celebrado en Puerto Calero y moderado por el secretario general del Ayuntamiento de Yaiza, Óscar Cabrera Pérez, contó con la participación de unas 300 personas entre profesionales de administraciones públicas, juristas, estudiantes y representantes políticos.

Durante las dos jornadas se abordaron asuntos como la complejidad del planeamiento urbanístico, la falta de medios materiales y humanos para gestionar y supervisar los planes, así como el difícil equilibrio entre el desarrollo necesario y la conservación del territorio.

Uno de los ponentes destacados fue el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, quien defendió que “el planeamiento no puede ser una foto fija” y apostó por una mayor participación ciudadana en la elaboración de los planes urbanísticos.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea recordó que las decisiones judiciales deben ajustarse siempre a la legalidad vigente, subrayando la importancia de incorporar todos los informes necesarios para evitar futuras anulaciones de planes.

El congreso también analizó la corrupción urbanística y los mecanismos de control administrativo y judicial. El magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga, Miguel Ángel Torres, conocido por instruir el caso Malaya, aseguró que “no todo desarrollo urbanístico implica corrupción”, aunque insistió en la necesidad de reforzar los controles y dotar de más medios a la Justicia.

Asimismo, el fiscal de Las Palmas, Miguel Pallarés, destacó que la prevaricación urbanística tiene una especial gravedad por el impacto que genera sobre el territorio y defendió actuaciones rápidas para paralizar obras ilegales antes de que estén finalizadas.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, valoró de forma muy positiva el nivel de las ponencias y la participación registrada, destacando que “todas y todos aprendimos” gracias a un foro que puso sobre la mesa algunos de los principales retos urbanísticos actuales.

El encuentro técnico-jurídico fue organizado por el Ayuntamiento de Yaiza con la colaboración del Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP).