La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha denunciado las graves consecuencias que tendrá para la isla la pérdida definitiva de la concesión administrativa del espacio pesquero del Puerto de Arrecife, después de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas haya desestimado las alegaciones presentadas por el Cabildo de Lanzarote.

Corujo fue tajante al señalar que esta situación es consecuencia directa de la negligencia del presidente insular, Oswaldo Betancort, al dejar caducar el plazo legal para la renovación de la concesión por presentar la documentación fuera de tiempo. “No estamos ante un trámite menor ni ante un simple error administrativo. Lanzarote ha perdido un título concesional estratégico por una falta de diligencia inaceptable”, afirmó.

La dirigente socialista advirtió de que la caducidad de la concesión obliga ahora a iniciar todo el procedimiento desde cero, con una nueva solicitud, una nueva valoración económica conforme a los parámetros actuales y condiciones de tramitación más exigentes. “Esto supondrá más tiempo, más incertidumbre y, sobre todo, un sobrecoste económico que acabará pagando Lanzarote”, señaló.

Corujo explicó además que se pierden las ventajas económicas asociadas a la concesión anterior, como bonificaciones vinculadas a inversiones, obras o mejoras realizadas durante su vigencia. “Todo lo avanzado desaparece. Volvemos al punto de partida, pero en un escenario más caro y con menos margen para defender los intereses de la isla”, subrayó.

Mientras se tramita una nueva concesión, será la Autoridad Portuaria quien gestione directamente el espacio, incluyendo el cobro de tasas, lo que introduce —según Corujo— un escenario de mayor inseguridad para los usos y actividades vinculadas al sector pesquero. “Se añade incertidumbre a un sector que necesita estabilidad y planificación, no improvisación ni errores graves de gestión”, afirmó.

Para la dirigente socialista, este episodio evidencia una vez más la falta de rigor del actual gobierno insular. “La pérdida de la concesión pesquera no es una anécdota administrativa, es una irresponsabilidad institucional con consecuencias económicas claras que retrasa el desarrollo de un espacio clave para Lanzarote”, concluyó.