Los vehículos fueron interceptados en la zona de ocio de La Marina, en Arrecife, y Miguel Ángel Jiménez advierte: “Estamos detectando una forma de intrusismo que se adapta rápidamente a los nuevos canales de comunicación”
El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha iniciado dos nuevos expedientes sancionadores por la presunta realización de servicios de transporte público de viajeros sin la autorización administrativa correspondiente.
Las actuaciones se produjeron durante la madrugada del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Centro Comercial La Marina, en Arrecife, coincidiendo con una jornada de especial afluencia de jóvenes a la zona de ocio.
Según la información trasladada por la Policía Nacional, los agentes observaron cómo dos vehículos acudían de forma reiterada al lugar para recoger pasajeros y trasladarlos posteriormente a distintos puntos de la capital.
Durante la intervención fueron localizados además tres teléfonos móviles y un terminal de pago electrónico. En uno de los dispositivos se comprobó la existencia de un grupo de mensajería denominado “Uber”.
El expediente señala que estos elementos se consideran indicios complementarios y que la posible infracción se fundamenta principalmente en la actuación observada por los agentes y en las manifestaciones realizadas por los pasajeros sobre el sistema utilizado para solicitar el servicio.
Más de 8.000 euros en propuestas de sanción
El consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo, Miguel Ángel Jiménez, explicó que cada uno de los expedientes contempla una propuesta de sanción de 4.001 euros, por lo que la cuantía conjunta asciende a 8.002 euros.
Los hechos están tipificados como presunta infracción muy grave por la normativa canaria de transportes al tratarse de servicios públicos realizados sin la correspondiente concesión, autorización o licencia.
“Estamos detectando una forma de intrusismo que se adapta rápidamente a los nuevos canales de comunicación. Ya no hablamos únicamente de recoger pasajeros directamente en la calle, sino de concertar previamente los servicios mediante teléfonos y aplicaciones de mensajería”, señaló Jiménez.
El consejero defendió además la necesidad de proteger a los profesionales que trabajan con las autorizaciones exigidas y cumplen con las obligaciones establecidas para prestar estos servicios.
“Los transportistas autorizados están sometidos a unas obligaciones y controles precisamente para garantizar que el servicio se preste con todas las garantías”, añadió.
Llamamiento a los usuarios
Jiménez pidió también a residentes y visitantes que comprueben que los servicios de transporte contratados corresponden a operadores legalmente autorizados.
“Cuando una persona solicita un transporte a través de un número de teléfono o de una red social debe tener claro quién está detrás de ese servicio y si cuenta con la autorización necesaria”, afirmó.
Las actuaciones fueron realizadas inicialmente por agentes de la Policía Nacional, que trasladaron posteriormente la información a la Policía Local de Arrecife para formalizar las correspondientes denuncias.
El Cabildo asegura que continuará reforzando las labores de inspección y seguimiento para detectar posibles servicios de transporte irregulares y recuerda la importancia de utilizar operadores debidamente autorizados.
