El Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha iniciado la tramitación de una sanción superior a los 4.000 euros contra el conductor interceptado recientemente en Arrecife cuando presuntamente realizaba un servicio ilegal de transporte de pasajeros.
La actuación forma parte del refuerzo de los controles contra el intrusismo en el transporte insular y los denominados “taxis pirata”, vehículos particulares que recogen pasajeros en la vía pública o conciertan traslados mediante aplicaciones no oficiales y servicios de mensajería.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, afirmó que la institución actuará con contundencia para erradicar estas prácticas.
“No vamos a permitir que el intrusismo ponga en riesgo la seguridad de nuestros residentes y turistas, ni que se dañe el sustento de las familias que cumplen estrictamente con la legalidad”, señaló.
Betancort aseguró además que el Cabildo continuará trabajando de manera coordinada con las fuerzas de seguridad para retirar de las carreteras a quienes operen sin autorización.
La reciente intervención en Arrecife afectó a un conductor reincidente que trasladaba a un número de pasajeros superior al permitido en un vehículo particular.
El caso constituye la primera actuación dentro de un marco de colaboración reforzado entre la Inspección de Transportes del Cabildo y la Policía Local de Arrecife.
El consejero insular de Transportes y Movilidad, Miguel Ángel Jiménez, felicitó a los agentes por su intervención y anunció que se incrementarán progresivamente las inspecciones.
“Vamos a reforzar y multiplicar las actuaciones para detectar y apartar de las carreteras a cualquier vehículo que ofrezca servicios de transporte sin la autorización reglamentaria”, afirmó.
Riesgos para los pasajeros
El Cabildo ha pedido a residentes y turistas que eviten el uso de estos servicios y recurran exclusivamente a medios de transporte autorizados.
Miguel Ángel Jiménez advirtió de que estos vehículos no ofrecen las mismas garantías técnicas, profesionales ni aseguradoras que el transporte regulado.
“Ni garantizan el estado del coche, ni pasan las inspecciones específicas para transportar personas, y sus conductores carecen de una validación profesional”, explicó.
El consejero añadió que los usuarios también pueden quedar expuestos a fraudes en el cobro y no disponen de las coberturas obligatorias para pasajeros que sí ofrece el sector oficial.
Multas de hasta 6.000 euros
El Servicio de Inspección del Cabildo recuerda que la normativa canaria de transportes contempla multas de entre 4.001 y 6.000 euros por este tipo de intrusismo.
Además de la sanción económica, se puede ordenar la inmovilización inmediata del vehículo.
Estas medidas son independientes de las posibles responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse si se produce un accidente de tráfico.
La institución insular sostiene también que el transporte clandestino supone una competencia desleal para el sector del taxi.
El Cabildo recuerda que los profesionales autorizados deben cumplir obligaciones fiscales, disponer de seguros específicos de responsabilidad civil y superar las revisiones técnicas y de licencias exigidas por la normativa.
