Fernando Clavijo: “El impacto va a llegar, habrá inflación y perjudicará a las familias si no se adoptan medidas coordinadas”
Los presidentes de Canarias y Euskadi, Fernando Clavijo e Imanol Pradales, han remitido una carta conjunta al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la que solicitan la convocatoria urgente de una Conferencia de Presidentes u otro órgano de coordinación institucional para analizar las consecuencias económicas de la guerra de Irán.
Ambos dirigentes plantean la necesidad de activar de forma coordinada medidas que permitan mitigar los efectos del conflicto sobre la economía, el tejido productivo y la ciudadanía, en un contexto marcado por la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel en territorio iraní y su impacto en los mercados energéticos.
En la carta, Clavijo y Pradales trasladan su “creciente preocupación” por las consecuencias económicas y sociales derivadas del actual escenario internacional. Según advierten, la acción militar ha generado una fuerte incertidumbre en la comunidad internacional y abre la puerta a una escalada que podría comprometer la estabilidad política y económica global.
Los presidentes autonómicos subrayan que el incremento del precio del petróleo y del gas ya está teniendo efectos significativos en la economía europea y española.
Impacto especial en Canarias
En el caso de Canarias, los efectos pueden ser especialmente intensos debido a su condición de territorio insular y ultraperiférico, altamente dependiente del transporte marítimo y aéreo y del uso de combustibles fósiles para buena parte de su actividad económica.
En paralelo, los dirigentes también señalan que regiones industriales como Euskadi ya están sufriendo el impacto del encarecimiento energético, especialmente en sectores industriales electrointensivos.
La carta advierte además de que, si el conflicto se prolonga, podrían producirse en las próximas semanas problemas en la cadena de suministro, falta de componentes y caída de la demanda, con consecuencias para el conjunto del tejido industrial del Estado.
Reuniones en Canarias para analizar medidas
Ante esta situación, el presidente del Gobierno de Canarias ha convocado para la próxima semana dos reuniones en el archipiélago con el objetivo de analizar posibles medidas a nivel autonómico.
Por un lado, el Ejecutivo regional mantendrá un encuentro con los portavoces de los grupos parlamentarios. Además, Fernando Clavijo ha convocado al Consejo Asesor del Presidente, órgano en el que participan representantes de las principales organizaciones empresariales y sindicales de las islas.
El objetivo es estudiar acciones que permitan paliar los efectos de la subida del combustible y de la inflación sobre los colectivos más vulnerables.
El precio del petróleo supera los 100 dólares
El encarecimiento del combustible se ha convertido en uno de los efectos más visibles del conflicto, que ha tensionado el mercado energético global.
Desde el inicio de la guerra, el cierre parcial del estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula cerca del 20% del crudo mundial, ha elevado la incertidumbre en los mercados y empujado al alza las cotizaciones internacionales.
De hecho, el barril Brent ha superado los 100 dólares en varias sesiones, mientras los precios del diésel y la gasolina registran incrementos sostenidos en Europa y Estados Unidos.
Según ha advertido Fernando Clavijo, esta situación puede provocar un aumento de la inflación y una pérdida de poder adquisitivo en las familias, especialmente en territorios como Canarias, dependientes del transporte aéreo y marítimo.
“Entendemos que el impacto va a llegar sin lugar a dudas, que va a haber inflación, que eso va a perjudicar a las familias porque les va a restar renta”, señaló el presidente canario, quien abogó por medidas coordinadas entre todas las administraciones dirigidas a los colectivos más vulnerables.
El jefe del Ejecutivo regional también adelantó que ya ha mantenido una reunión de trabajo con el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, para analizar posibles medidas fiscales que podría adoptar el Gobierno de Canarias.
