Lanzarote

Hay momentos en la vida de una democracia en los que determinados acontecimientos dejan de ser simples episodios de la confrontación política y empiezan a convertirse en señales de alarma. Y ese momento llegó.

Las continuas críticas y reproches de dirigentes socialistas hacia Felipe VI ya no parecen episodios aislados. Poco a poco se está instalando una dinámica preocupante: convertir al Rey y a la institución que representa en un elemento más de la confrontación partidista.

La Corona está siendo colocada en el centro de la batalla política. Y quienes lo hacen deberían ser conscientes de las consecuencias.

Porque Felipe VI no puede responder como responde un político. No es un ministro, no es un diputado y no es un militante. Es el Rey de España. Su obligación es mantenerse por encima de la disputa partidista, preservar la neutralidad de la institución y representar al conjunto de los españoles. Y precisamente esa obligación, que es una garantía para nuestra democracia, puede convertirse también en su mayor debilidad cuando quienes deberían respetarla deciden utilizarla políticamente.

La Corona es una institución constitucional. Por eso resulta preocupante que desde el Gobierno se haya ido convirtiendo progresivamente en terreno de confrontación. Primero fueron las críticas, después los reproches, luego las insinuaciones y ahora se cuestionan públicamente actuaciones del Rey, intentando trasladar a la opinión pública la idea de que Felipe VI debe responder por cuestiones que corresponden al Gobierno.

¿De verdad alguien cree que todo esto ocurre por casualidad?

Puede que algunos quieran convencernos de que estamos ante episodios independientes. Pero los españoles tenemos derecho a preguntarnos qué está pasando cuando una misma institución aparece una y otra vez convertida en objetivo político.

Porque hay una forma de debilitar una institución que no necesita grandes discursos ni propuestas formales: basta con someterla a un desgaste constante. No hace falta abolir la Monarquía mañana. No hace falta presentar mañana una propuesta de República ni reformar mañana la Constitución. Basta con someterla a un desgaste sigiloso pero constante y conseguir que, poco a poco, una parte de la sociedad empiece a verla como algo antiguo, inútil o prescindible.

Y entonces llegará la pregunta: ¿Y por qué no una República?

Y alguno responderá: ¿Qué más da?

Pues sí que da, y muchísimo. Porque cambiar la forma del Estado no consiste simplemente en cambiar el nombre de una institución. Significa modificar uno de los elementos fundamentales de nuestro sistema constitucional.

Y aquí conviene recordar algo que parece haberse olvidado: la Constitución de 1978 no es un menú del que un Gobierno pueda escoger cada día los artículos que le convienen. La Monarquía parlamentaria forma parte del pacto constitucional. ¿Puede reformarse? Por supuesto que sí. Pero si alguien quiere cambiarla, que lo diga, que lo defienda y que lo haga siguiendo las reglas democráticas. Lo que no parece aceptable es pretender modificar el respeto hacia una institución mediante su desgaste progresivo.

Y aquí hay que defender a Felipe VI. Sin complejos, sin pedir perdón y sin aceptar que defender al Rey sea automáticamente una posición partidista. Defender al Rey es defender al Jefe del Estado. Defender la Corona es defender la Constitución.

Felipe VI no necesita que nadie hable por él. Pero sí necesita que alguien recuerde aquello que, por responsabilidad institucional, él no puede decir: que la Corona no es patrimonio de ningún Gobierno, que el Rey no pertenece a ningún partido, que España no pertenece a ningún partido y que la Constitución tampoco.

España es mucho más que Pedro Sánchez.

Los gobiernos pasan. Los presidentes pasan. Los partidos pasan. Las mayorías parlamentarias pasan. Las instituciones, en cambio, permanecen. Y precisamente por eso quienes gobiernan deberían tratarlas con una responsabilidad mucho mayor.

Si el PSOE quiere abrir el debate entre Monarquía y República, que tenga el valor de hacerlo abiertamente. Si quiere reformar la Constitución, que lo diga. Si quiere cambiar el modelo de Estado, que lo explique y que defienda su propuesta ante los españoles.

Pero que no convierta al Rey en un adversario político. Porque la Corona no es el enemigo. El Rey no es el Gobierno, ni es la oposición, ni representa a una ideología concreta. Representa a España y, mientras la Constitución siga estableciendo una Monarquía parlamentaria, merece el respeto institucional que corresponde al Jefe del Estado.

Por eso no podemos permanecer callados. Porque quizá lo que está en juego no sea únicamente la figura de Felipe VI. Lo que está en juego es algo mucho más grande: la legitimidad de la propia arquitectura constitucional sobre la que se sostiene nuestra democracia.

Saulo Batista, miembro de Nuevas Generaciones de Lanzarote y La Graciosa