Redaccion Isla

La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias continúa avanzando en el proceso participativo para la redacción de la futura Ley de Protección Civil y Emergencias de Canarias, una norma destinada a ordenar, modernizar y reforzar el sistema autonómico de emergencias ante los nuevos riesgos del futuro.

En este marco, el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo; el director general de Emergencias, Fernando Figuereo; y el subdirector del área, Carlos Martín Esquivel, participaron en un encuentro de trabajo junto a Julio Calvo, especialista en el ámbito de las emergencias que colabora en la redacción del texto legal, con representación de sindicatos, empresas, asociaciones y otros agentes sociales vinculados al sector.

La reunión da continuidad a las jornadas celebradas durante las últimas semanas en las islas, impulsadas por la Consejería, en las que han participado alrededor de 250 profesionales del sistema canario de protección civil con el objetivo de recoger propuestas, detectar carencias y consensuar mejoras que permitan disponer de una ley útil, realista y efectiva.

Marcos Lorenzo señaló que “en estos encuentros tratamos de buscar sinergias y construir la Ley escuchando a quienes están en primera línea cuando ocurre una emergencia”, y subrayó que el proceso participativo “es la mejor garantía de que la futura norma responda a la realidad del territorio y al trabajo que desarrollan los distintos colectivos”.

Por su parte, Fernando Figuereo explicó que la futura Ley tiene como finalidad reforzar el sistema autonómico, adaptarlo a la normativa estatal y europea y consolidar un modelo único, coordinado e integrador, “en el que participen administraciones públicas, entidades privadas y ciudadanía, teniendo siempre en cuenta las singularidades del territorio insular”.

Este proceso participativo culminará con la elaboración de un documento que recoja la diversidad de sensibilidades y necesidades de quienes intervienen en las emergencias en Canarias, con el propósito de mejorar la coordinación y ofrecer una respuesta más eficaz cuando se produzca una emergencia.

La jornada se celebró en el Edificio de Usos Múltiples II, en Las Palmas de Gran Canaria, y contó también con la asistencia de alumnado del grado medio de Protección Civil y Emergencias del CIFP Tony Gallardo.

El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha denunciado ante el Pleno del Senado el “trilerismo” del Gobierno de España por el decreto que permite a Canarias destinar el 70% de su superávit a la reconstrucción de La Palma, una medida que, a su juicio, implica “atender con fondos de las islas lo que fueron compromisos adquiridos por el Estado”.

San Ginés realizó estas manifestaciones durante el debate de una moción del Grupo Parlamentario Socialista para “la protección del estado del bienestar y de los servicios públicos”, que finalmente fue rechazada por la Cámara Alta. El senador nacionalista justificó su voto en contra al considerar que el Ejecutivo “no está en disposición de presumir de construir la igualdad de acceso a los servicios públicos en todos los territorios, sino todo lo contrario”.

En su intervención, el senador de CC criticó que la autorización estatal deje a Canarias con solo un 30% del superávit para otras necesidades, y denunció que el Gobierno central haya “chantajeado” al Archipiélago con unos recursos que, además, “no nos permitieron durante años utilizar”. Según San Ginés, no fue hasta que “se le acababa el tiempo” al Estado para cumplir el compromiso de financiación de la reconstrucción de La Palma cuando se permitió que Canarias asumiera “con sus fondos propios” parte de esa carga.

El senador añadió que este “chantaje y abuso de nuestra responsabilidad” resulta aún más grave —señaló— al recordar que, apenas una semana después, el Gobierno permitió al conjunto de comunidades autónomas destinar el 100% del superávit a inversiones sostenibles, cuando a Canarias “ya solo le restaba un 30% de ese margen”.

Asimismo, San Ginés arremetió contra la “mal llamada” condonación de la deuda aprobada por el Gobierno en septiembre, afirmando que “no es más que una redistribución desigual” y que “la igualdad no se construye enarbolando banderas, sino practicándola”. En este contexto, denunció que esta medida “castiga a Canarias con 1.700 millones de euros menos de mancomunación”, al estar sujeta —según expuso— a un tope “que solo opera en Canarias”.

Para concluir, el senador de Coalición Canaria pidió que se adopten decisiones “con equidad y transparencia” y advirtió de que lo ocurrido responde a “un juego de trilerismo político-económico” del que, dijo, “los canarios debemos tomar nota”.