Óscar Noda destaca que “la Sala avala la gestión realizada por el Ayuntamiento” y asegura que será la propiedad quien asuma el coste de los trabajos. El alcalde anuncia el inicio inmediato de los trámites administrativos y técnicos para cumplir la resolución del TSJC

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, compareció en rueda de prensa este miércoles, 11 de noviembre, en la Casa del Camello de Uga, para informar sobre la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordena al Ayuntamiento contratar la demolición parcial del complejo Son Bou, situado en Playa Blanca. El Gobierno municipal acata la decisión judicial y ya ha iniciado los primeros trámites administrativos y técnicos para su cumplimiento.

El regidor comenzó su intervención repasando los antecedentes del caso y recordó que se trata de un complejo hotelero cuya licencia fue anulada judicialmente y que se encontraba inmerso en un procedimiento de ejecución de sentencia y regularización urbanística. Las licencias originales datan de 1998 y 2001, mientras que la sentencia que las anuló es de 2005, fechas anteriores a su llegada a la Alcaldía.

Noda quiso aclarar desde el primer momento que el procedimiento judicial afecta al complejo Son Bou y no al Hotel Princesa Yaiza, como se ha indicado en algunos medios, ya que se trata de dos establecimientos hoteleros independientes.

La resolución del TSJC supone un nuevo paso en un prolongado procedimiento judicial relacionado con las irregularidades urbanísticas del complejo. Según explicó el alcalde, el Ayuntamiento ha actuado conforme a los requerimientos judiciales y ha defendido la legalidad urbanística frente a las sucesivas iniciativas de la propiedad destinadas a evitar o retrasar la ejecución de la sentencia.

En este sentido, destacó que el tribunal califica de dilatorios los recursos promovidos por la propiedad y le atribuye expresamente “mala fe procesal y abuso de derecho”, consideraciones que, a juicio del Gobierno municipal, respaldan la posición mantenida por el Ayuntamiento.

“Lo que a priori puede parecer una mala noticia también tiene una lectura positiva, porque la Sala avala la gestión realizada por el Ayuntamiento de Yaiza”, señaló.

El auto concede a la Corporación local un año para redactar el proyecto de demolición y, posteriormente, un plazo máximo de dos años para ejecutar los trabajos, cuyo coste deberá asumir la entidad propietaria, Hotel Princesa Yaiza, S. A.

El coste de la demolición corresponderá a la propiedad
Óscar Noda fue especialmente contundente al referirse a la financiación de los trabajos y quiso trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos del municipio.

“Sí es verdad que en un principio tendremos que adelantar nosotros los fondos, pero está claro que ningún vecino o vecina de Yaiza va a tener que pagar la demolición de ese hotel”, afirmó.

Según explicó, la resolución judicial establece que el coste de la demolición deberá repercutirse a la propiedad del complejo hotelero.

El alcalde insistió en que el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir las resoluciones judiciales, pero también la responsabilidad de defender los intereses generales y proteger los recursos públicos.

Inicio inmediato de los trámites administrativos
Tras recibir el fallo y analizar su contenido con los servicios jurídicos municipales, Noda dictó una providencia dirigida a la Oficina Técnica Municipal para activar las actuaciones necesarias para su cumplimiento.

El Ayuntamiento comenzará a elaborar los pliegos administrativos y técnicos que permitan contratar los trabajos de demolición y los servicios de dirección facultativa de las obras.

La intervención presenta una especial complejidad, ya que afecta aproximadamente a dos terceras partes del complejo hotelero.

El alcalde explicó que será necesario planificar cuidadosamente los trabajos para garantizar que la parte de la edificación que permanezca en pie conserve las condiciones adecuadas de estabilidad y seguridad, evitando posibles daños estructurales derivados de la demolición.

Noda valoró que el tribunal haya respetado los plazos solicitados por el Ayuntamiento para organizar una actuación de estas características, que requiere la redacción de documentación técnica, la preparación de los procedimientos de contratación y la posterior ejecución material de las obras.

Durante todo el proceso, el Consistorio mantendrá informada a la Sala de las actuaciones administrativas y técnicas que vaya desarrollando.

La propiedad deberá asumir los trabajos o su coste
El alcalde reiteró que la prioridad municipal es cumplir la sentencia sin que ello suponga una carga económica definitiva para las arcas públicas.

Una vez preparada la documentación necesaria, el Ayuntamiento requerirá a la propiedad para que ejecute los trabajos de demolición. Si no atiende este requerimiento, será la Administración local quien acometa la actuación y repercuta posteriormente su coste a la entidad responsable.

“Si tenemos que adelantar el dinero para ejecutar la demolición, lo haremos, pero ese coste corresponde a la propiedad y así lo recoge la resolución judicial”, subrayó.

Preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de que la propiedad presente una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento, Noda explicó que esta cuestión ya ha sido consultada con los servicios jurídicos.

Según indicó, el propio fallo judicial descarta que pueda utilizarse esta vía para obtener una compensación económica, teniendo en cuenta los beneficios generados por la explotación hotelera durante todos estos años.

El planeamiento futuro no podrá evitar la demolición
Otro de los aspectos destacados por el alcalde es que, según la resolución judicial, una mera expectativa de regularización urbanística futura no constituye motivo suficiente para paralizar la ejecución de una sentencia firme.

El tribunal recalca que ningún planeamiento posterior puede utilizarse como argumento para eludir las obligaciones establecidas judicialmente.

Noda recordó que la situación urbanística del complejo era conocida desde hace años y consideró que buena parte del prolongado procedimiento podría haberse evitado si la propiedad hubiera asumido las consecuencias de la imposibilidad de legalizar las edificaciones afectadas.

En este contexto, el alcalde criticó los últimos informes remitidos a la Sala por la Fundación César Manrique y el Cabildo de Lanzarote, al considerar que prácticamente lo acusaban de “connivencia con el promotor”.

Frente a esas apreciaciones, defendió la actuación municipal y recordó que el Ayuntamiento ha requerido a la propiedad en varias ocasiones y ha mantenido su compromiso con el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Asimismo, destacó que la Sala señala que “es la Administración local ejecutada la que, por vez primera, propone una fórmula que permitiría cumplir la sentencia”.

El auto indica, además, que al complejo hotelero no le resultan aplicables los incentivos a la renovación y recualificación turística, tal como ya había resuelto la misma Sala en su sentencia 88/2022.

Mensaje de tranquilidad al sector turístico
Durante su comparecencia, Óscar Noda también quiso trasladar tranquilidad a la ciudadanía, a los trabajadores y al sector turístico del municipio.

“Nuestra planta hotelera no corre ningún tipo de peligro”, afirmó, insistiendo en que se trata de un procedimiento concreto que afecta a unas edificaciones determinadas.

El alcalde defendió la calidad y estabilidad de la oferta turística del municipio, al tiempo que subrayó la obligación de respetar las decisiones judiciales y garantizar el cumplimiento de la legalidad urbanística.

“Nuestra planta hotelera es moderna, estable y da un servicio de calidad. De hecho, es uno de los primeros destinos turísticos de Lanzarote y de Canarias, pero también tenemos que ser rigurosos y cumplir con las sentencias judiciales y el cumplimiento de la legalidad urbanística”, concluyó.