El Pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha aprobado una moción impulsada por el consejero de Bienestar Animal, Armando Santana, para reforzar la prevención del maltrato animal y mejorar los controles vinculados a la concesión y renovación de licencias de caza.
La iniciativa plantea que las personas que se encuentren legalmente inhabilitadas no puedan obtener o renovar una licencia de caza mientras permanezca vigente dicha inhabilitación.
Armando Santana explicó que la propuesta pretende establecer una mayor coherencia entre las resoluciones judiciales y las autorizaciones administrativas relacionadas con la actividad cinegética.
“No se trata de establecer una sanción adicional ni de sustituir las decisiones judiciales, sino de garantizar que las inhabilitaciones firmes tengan un cumplimiento efectivo y que exista coherencia entre esas resoluciones y las autorizaciones administrativas vinculadas a la actividad cinegética”, señaló.
El acuerdo contempla la creación de una mesa de trabajo con asociaciones animalistas, asociaciones de caza, los departamentos de Caza y Bienestar Animal del Cabildo, el SEPRONA y representantes de los grupos políticos de la Corporación.
El objetivo será elaborar una iniciativa legislativa conjunta para trasladarla al Gobierno de Canarias.
“Queremos que esta iniciativa se construya desde el consenso y con la participación de las asociaciones animalistas, el sector de la caza, los cuerpos y servicios que intervienen en el control y los representantes políticos. El objetivo es mejorar el sistema y ofrecer mayores garantías jurídicas y de control”, añadió Santana.
El Cabildo acordó también comprobar, durante la tramitación de las solicitudes de concesión y renovación de licencias de caza, la existencia de inhabilitaciones penales o administrativas firmes que impidan legalmente ejercer esta actividad.
Cuando concurra alguna de estas causas, la licencia será denegada de acuerdo con lo establecido en la Ley de Caza de Canarias.
La moción insta además al Gobierno de Canarias a promover los cambios legislativos necesarios para que las personas condenadas mediante sentencia firme por delitos de maltrato animal puedan quedar expresamente inhabilitadas para obtener o renovar una licencia de caza durante el periodo que legalmente se determine.
La propuesta contempla de forma específica los casos en los que una sentencia firme incluya una pena de inhabilitación para la tenencia de animales o la privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
El acuerdo será trasladado al Gobierno y al Parlamento de Canarias, así como al Gobierno de España y a los grupos parlamentarios del Congreso, para que se estudien las modificaciones legislativas que puedan resultar necesarias.
