Manuel Miranda anuncia la convocatoria y reclama al Estado actualizar la partida destinada a Canarias, congelada desde 2019
El Gobierno de Canarias ha convocado ayudas por valor de 8,5 millones de euros destinadas a financiar los costes de funcionamiento de las plantas potabilizadoras del Archipiélago, con el objetivo de reducir el precio del agua potable para el consumo doméstico.
El anuncio lo realizó el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, coincidiendo con la celebración de una jornada técnica sobre los sistemas tarifarios del agua en Canarias.
Estas subvenciones, financiadas con fondos estatales procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 y buscan garantizar el suministro y la calidad de los recursos hídricos en las islas.
Podrán beneficiarse de estas ayudas administraciones públicas, empresas y particulares vinculados a la gestión de plantas potabilizadoras. El procedimiento se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y el plazo de solicitud será de 15 días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Las actuaciones subvencionables deberán haberse realizado entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025.
El consejero Manuel Miranda insistió en la necesidad de que el Gobierno central actualice estas partidas, que se mantienen sin cambios desde 2019, pese al encarecimiento de la energía. “Los costes han aumentado de forma considerable, lo que hace imprescindible reforzar la financiación para garantizar un servicio accesible”, señaló.
La iniciativa cobra especial relevancia en Canarias, donde la desalación es clave para el abastecimiento hídrico. La financiación de estos costes contribuye a abaratar el recibo del agua para los hogares, mejorar la eficiencia energética de las instalaciones y optimizar el uso de los recursos disponibles.
Durante la jornada celebrada, en la que participaron técnicos y especialistas del sector, se analizaron los distintos sistemas tarifarios del Archipiélago. En este contexto, Miranda defendió avanzar hacia un modelo basado en criterios de equidad, sostenibilidad, eficiencia y transparencia que garantice el acceso al agua sin comprometer la viabilidad del sistema.
