La diputada de Coalición Canaria defiende la trayectoria de la entidad lanzaroteña y lamenta que se pusiera en duda su labor sin contrastar previamente la información
La diputada del Grupo Nacionalista Canario (Coalición Canaria), Cristina Calero, ha reprochado a Nueva Canarias la alarma social generada en torno a ADISLAN tras las acusaciones realizadas sobre la entidad, pese a que la formación haya pedido disculpas posteriormente.
Durante su intervención en la comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Canarias, Calero defendió la trayectoria de ADISLAN y criticó que se trasladaran acusaciones “gravísimas” sin haber sido previamente contrastadas ni verificadas con la propia entidad.
La parlamentaria subrayó que el impacto de estas declaraciones ha ido más allá del ámbito político, generando preocupación entre las familias de las personas usuarias. “Se creó una alarma innecesaria. Las familias se enteraron por los medios y eso tiene consecuencias”, afirmó, insistiendo en que “hay angustia detrás de cada titular irresponsable”.
En esta línea, advirtió de que la inmunidad parlamentaria no puede utilizarse para difundir acusaciones sin pruebas y cuestionó que se llevaran al Parlamento informaciones sobre presuntas deficiencias sanitarias sin haber contactado previamente con ADISLAN. También criticó el uso de materiales audiovisuales que, según indicó, no correspondían a la entidad.
Frente a esta situación, Calero quiso poner en valor la labor de ADISLAN, destacando sus 57 años de trayectoria y su reconocimiento como entidad de utilidad pública desde hace 28 años. “Es un referente en Lanzarote en la atención integral a personas con discapacidad intelectual”, señaló.
Asimismo, recordó que la entidad ha sido pionera en la isla en la puesta en marcha de servicios esenciales como la piscina terapéutica, la atención temprana, los programas de respiro familiar y los recursos alojativos 24 horas orientados a fomentar la autonomía de las personas usuarias.
Por último, la diputada insistió en la necesidad de ejercer la política con responsabilidad, señalando que, ante cualquier indicio de irregularidad, “la obligación es acudir a los juzgados y no generar dudas sin fundamento desde el Parlamento”.
Calero concluyó defendiendo la profesionalidad de los trabajadores del ámbito social y apelando al respeto institucional para evitar situaciones que, según indicó, afectan directamente a la tranquilidad de las familias más vulnerables de la isla.
