La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha reiterado su apuesta por el diálogo y el trabajo conjunto con los cabildos insulares para avanzar en la ordenación del despliegue de energías renovables en el archipiélago a través de las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR).
Declaración en audio de Julieta Schallenberg, viceconsejera de Transición Ecológica y Energía:
La viceconsejera de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, Julieta Schallenberg, recordó que Canarias arrastra desde hace años una falta de planificación en materia energética, por lo que el objetivo del Ejecutivo autonómico es ordenar el desarrollo de las renovables de forma coordinada con las administraciones insulares y con plenas garantías ambientales.
“Después de demasiados años sin planificación energética en Canarias, lo que estamos haciendo es trabajar para ordenar el territorio y facilitar que las energías renovables se instalen con el máximo respeto hacia nuestra rica biodiversidad y nuestros espacios agrícolas”, explicó Schallenberg.
En este sentido, la viceconsejera recordó además el compromiso adquirido por la Consejería de no aplicar de forma voluntaria la figura del artículo 6 bis como vía extraordinaria para dar viabilidad a instalaciones renovables fuera de las zonas acordadas y sin planificación específica.
Schallenberg insistió en que el Gobierno de Canarias mantiene abierta la colaboración con los cabildos para encontrar soluciones adaptadas a la realidad de cada isla. “Las islas de Lanzarote y Fuerteventura apuestan por las energías renovables, y en eso coincidimos plenamente. Nuestro objetivo es ayudar también a ordenar ese desarrollo para que se produzca de forma planificada y con seguridad jurídica, aportando información del Gobierno de Canarias relativa a distintos condicionantes como la conservación de la biodiversidad y las zonas agrícolas a preservar”, afirmó.
La viceconsejera subrayó además que el actual contexto energético internacional refuerza la necesidad de acelerar la implantación de energías limpias, destacando que el avance de las renovables permite amortiguar el impacto de las tensiones geopolíticas sobre el precio de la energía.
“España está demostrando que gracias a la apuesta por las renovables se puede proteger a los ciudadanos frente a las crisis energéticas internacionales. Esa es precisamente la dirección en la que queremos avanzar también en Canarias, donde la contribución de las renovables es apenas un 21% frente al 57% del territorio peninsular”, señaló. A su juicio, esta situación mantiene al archipiélago en una posición de fuerte dependencia del petróleo.
Schallenberg recalcó igualmente que cualquier planificación energética impulsada por el Gobierno regional incorporará las máximas garantías ambientales. “Desde el área de Transición Ecológica trabajamos con equipos técnicos especializados para garantizar que cualquier instrumento de planificación que pongamos en marcha cumpla con los máximos criterios de protección del territorio”, indicó.
La viceconsejera concluyó asegurando que el objetivo del Ejecutivo autonómico es avanzar hacia un modelo energético más sostenible para las islas, compatible con la protección del territorio, el paisaje y la agricultura.
Las Zonas de Aceleración de Renovables
Las Zonas de Aceleración de Renovables buscan identificar espacios amplios y adecuados para ubicar nuevos proyectos eólicos y fotovoltaicos en suelo. Estas zonas se complementarán con otras medidas, como la instalación de cubiertas fotovoltaicas en edificios de nueva construcción, la implantación de energía solar en zonas antropizadas y el futuro reglamento de agrivoltaica que desarrolla el Gobierno de Canarias.
Según explicó la Consejería, estas iniciativas pretenden situar a Canarias a la vanguardia nacional en materia de planificación energética, al tiempo que permiten abandonar el retraso histórico que sufre el archipiélago en la implantación de renovables.
La delimitación de las ZAR parte de un análisis técnico que excluye espacios naturales protegidos, como parques nacionales o áreas incluidas en la Red Natura 2000, así como zonas especialmente sensibles para la biodiversidad, e incorpora además criterios relacionados con el planeamiento urbanístico insular y municipal.
Con este modelo, los promotores que impulsen proyectos dentro de estas zonas contarán con un marco más ágil y seguro para su tramitación, reforzando la seguridad jurídica y reduciendo la necesidad de recurrir a mecanismos extraordinarios.
