La presidenta de la Confederación Empresarial de Lanzarote (CEL), Beatriz Salazar, ha asegurado que “la productividad se ha convertido en uno de los grandes retos estructurales de la economía canaria”, un desafío que condiciona directamente la competitividad de las empresas, el crecimiento económico y la creación de empleo de calidad.
Salazar advierte de que el debate público sobre productividad se centra casi exclusivamente en el papel de las empresas y de los trabajadores, dejando en un segundo plano un elemento clave: el funcionamiento de la Administración pública. “Existe una tercera pata, tan determinante como poco visible, que tiene que ver con la agilidad administrativa, la seguridad jurídica y la simplificación de los procedimientos públicos”, subraya.
“La productividad no se puede entender solo desde la perspectiva empresarial o laboral. La Administración tiene una responsabilidad directa en generar un entorno favorable para que las empresas puedan invertir, innovar y crecer”, afirma la presidenta de la CEL.
En este sentido, Salazar señala que las trabas burocráticas, los retrasos en la concesión de licencias, la complejidad normativa y la falta de coordinación entre administraciones se han convertido en auténticos frenos a la actividad económica. “Estos obstáculos no solo encarecen los proyectos, sino que generan incertidumbre, retrasan inversiones y reducen la capacidad de las empresas para planificar con garantías”, denuncia.
“Hay proyectos que tardan meses o incluso años en obtener una licencia. Esa lentitud no solo desanima a las empresas, sino que resta competitividad a toda la isla. No podemos permitir que la burocracia se convierta en un muro que frene el desarrollo de Lanzarote”, insiste Salazar.
Por ello, la presidenta de la Confederación Empresarial de Lanzarote considera que mejorar la productividad en Canarias pasa necesariamente por modernizar la Administración pública, dotarla de más medios, avanzar en una digitalización real de los procedimientos y, especialmente, simplificar procesos que en la actualidad resultan innecesariamente largos y complejos.
“Una Administración ágil no es un privilegio del sector privado, es una necesidad de toda la sociedad. Cuando una inversión se retrasa, no pierde solo la empresa: pierde el territorio, pierde el empleo y pierde la ciudadanía”, concluye.
Desde la CEL se considera imprescindible abrir un debate serio sobre el papel de la Administración como agente activo de la productividad. Una Administración más eficiente, ágil y orientada al servicio público no solo facilitará la actividad empresarial, sino que contribuirá directamente al bienestar social y al desarrollo sostenible de Canarias.
