Aumentar la inversión educativa no es solo una cuestión de justicia o de compromiso político, es ante todo un mandato legal. Mandato que nació inspirado en el Pacto Social, Político y Económico por la Educación en Canarias que dio paso a la aprobación de la Ley Canaria de Educación en 2014, y que surgió de la participación y el consenso, que estableció una hoja de ruta para la mejora del sistema educativo de las islas. No podemos olvidar que la Ley es aprobada e inspirada a través de una Iniciativa Legislativa Popular, que le incorpora una mayor dosis si cabe de democracia y participación.
En el preámbulo de la Ley, ya afirma lo indispensable del incremento de la inversión educativa hasta alcanzar, como mínimo, el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) tal y como recoge el Artículo 72.3 como condición esencial para garantizar el derecho a una educación de calidad en todo el Archipiélago. La propia Ley establece ese porcentaje como objetivo para asegurar que el sistema educativo disponga de los recursos necesarios para responder a las necesidades de estudiantes, docentes y centros, así como para reducir las desigualdades sociales y territoriales que existen entre las islas.
Alcanzar el 5% permitiría modernizar infraestructuras, muchas de las cuales se encuentran obsoletas y que por ejemplo ante un episodio de altas temperaturas como hemos vivido, suspendemos clases por no estar mínimamente adaptadas.
Esa mayor inversión posibilitaría aumentar plantillas docentes, poder disminuir las ratios alumno-aula, incrementando una atención más individualizada y poder mejorar los programas de inclusión, compensación educativa y apoyo al alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo. Incrementar la inversión tal y como contempla la Ley, tendría un impacto directo en la igualdad de oportunidades con una ampliación en la política de becas, un aumento considerable del acceso a la Educación Infantil de 0 a 3 años, o el impulso de la transformación digital de los centros.
Cumplir con la Ley Canaria de Educación es cumplir con los retos presentes y futuros de esta tierra, es apostar por una ciudadanía mejor formada y con capacidad de mejorar y transformar nuestro entorno, porque esa inversión educativa debe ser un compromiso institucional firme que debe anhelar un mayor progreso y justicia social.
El pasado 27 de septiembre, el Consejo Escolar de Canarias nos trasladaba a los grupos parlamentarios una resolución donde vuelven a exigir nuevamente “el cumplimiento inmediato de la obligación legal de destinar en los Presupuestos 2026, como mínimo, el 5% del PIB del Archipiélago a la educación y respetarlo de manera sostenida “.
Con respecto a esa resolución del Consejo Escolar de Canarias, basaba mi intervención en la sesión de control al Gobierno del pasado martes 28, intentando en vano que el señor consejero de Educación se pronunciara en sede parlamentaria sobre su compromiso y el del conjunto del Ejecutivo con respecto al cumplimiento de la Ley.
Digo en vano porque después de tantos rodeos, no aportó ningún dato con respecto a cómo quedará plasmado en los Presupuestos que están a punto de entrar en la Cámara regional.
Sinceramente no creo que esté entre sus objetivos aumentar la inversión y alcanzar ese 5% del Producto Interior Bruto, sobre todo después de escuchar al presidente Fernando Clavijo cómo se pronunciaba hace un tiempo haciendo referencia a que la Ley Canaria de Educación solo tenía un carácter orientativo.
La Ley tiene carácter imperativo y no orientativo. Esas manifestaciones es una muestra más de un nulo compromiso con el futuro de Canarias, porque ese futuro pasa por una educación con mejor inversión o el futuro se nos esfuma. Los dos ejercicios presupuestarios anteriores con un progresivo alejamiento de ese objetivo inversor, habla a las claras de la hoja de ruta de este Gobierno de Canarias.
La educación solo puede verse como una inversión fundamental en el progreso social, económico y cultural de las islas, y buena falta que nos hace.
Alejémonos del fracaso para acercarnos a una tierra de oportunidades a través de la herramienta más transformadora que tenemos a nuestro alcance; una educación de calidad, equidad y bien financiada.
Marcos Hernández Guillén. Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista y diputado socialista por Lanzarote
