Canarias

Valido exige al Ministerio de Agricultura reforzar los controles fitosanitarios en puertos y aeropuertos frente a las plagas

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha solicitado la comparecencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, para que explique en sede parlamentaria qué medidas prevé adoptar el Estado para reforzar los controles fitosanitarios en puertos y aeropuertos canarios y prevenir plagas como la filoxera detectada en Tenerife.

En su iniciativa parlamentaria, Valido se hace eco de la alarma en el sector vitivinícola de calidad tras confirmarse cerca de 30 cepas afectadas por esta plaga, que ha llevado al Gobierno de Canarias a aprobar medidas urgentes para su control y erradicación.

Entre dichas medidas, el Ejecutivo autonómico ha solicitado el refuerzo de los controles en los Puntos de Inspección Fronteriza (PIF), ya que la Consejería de Agricultura ha apuntado que la plaga puede guardar relación con importaciones que llegaron por mar. Según Valido, esto sugiere que existen “deficiencias” en los controles de entrada de mercancías en puertos y aeropuertos del archipiélago.

La portavoz nacionalista ha alertado de que esta situación incrementa el riesgo de entrada de plagas que afectan a cultivos estratégicos para la economía canaria y ha subrayado que “mientras nuestros productos locales deben superar múltiples obstáculos para exportarse, continúan llegando mercancías de terceros países, en ocasiones producidas con sustancias prohibidas en España, sin someterse a controles equivalentes”. La diputada ha advertido que esto pone de manifiesto “un problema ya conocido en Canarias”.

Frente a esta problemática, además de la solicitud de comparecencia, Valido ha registrado una pregunta para respuesta escrita al Ministerio interesándose por los controles “que se realizan actualmente en los puertos y aeropuertos canarios en materia de inspección fitosanitaria para prevenir la entrada de plagas y especies invasoras”.

En esta línea, ha preguntado también por los recursos humanos y materiales destinados a la labor inspectora en los PIF y por las medidas adicionales que prevé adoptar el Ministerio “para respaldar las acciones de Canarias frente a la filoxera y otras plagas”.

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Canarias AL LÍMITE: La sobredimensión turística y su costo silenciado; Por Borja Suárez

La imagen de Canarias como un paraíso turístico es una construcción deliberada, sostenida durante décadas por políticas públicas orientadas al crecimiento económico a corto plazo y por intereses empresariales que han hecho del “sol y playa” su mina de oro, sobrecargando las estructuras públicas y un territorio que es finito. Sin embargo, bajo esta fachada de prosperidad se esconde una realidad insostenible: la sobredimensión turística en las islas está llevando al límite no solo a su territorio, sino también a su población.

Un crecimiento sin límites, es una planificación sin conciencia. Los sucesivos gobiernos autonómicos y locales han promovido un modelo de desarrollo económico centrado en el turismo de masas, sin establecer límites, sin ponerle puertas al campo. Esta fórmula nos ha llevado a tener como adornos paisajísticos, léase la ironía, esqueletos hoteleros sin terminar, como pasa en casi todas las islas, porque cualquiera estaba legitimado para usurpar el territorio mientras el objetivo fuese el próspero turismo y su crecimiento.

Esto va de la mano de un crecimiento urbano descontrolado, una ocupación masiva y sangrante del litoral y una presión constante sobre los recursos naturales como el agua, el suelo y la energía. Lo más grave es que quienes promueven esta industria son plenamente conscientes: eligieron los beneficios de unos pocos frente a la dignidad y conservación de un territorio compartido. Y ahí seguimos inaugurando hoteles de lujo y aprobando macroproyectos turísticos de dudosa legalidad y sostenibilidad, mientras los planes de ordenación del territorio son ignorados o modificados a gusto de las grandes promotoras.

La política ha actuado como cómplice facilitadora y no reguladora, aunque en los últimos tiempos quieran hacer parecer lo contrario, aunque como dice el dicho popular, “aunque la mona se vista de seda…” Pues vemos que los cambios legislativos de estos dos últimos años nos conducen a más de lo mismo, y expoliar el territorio a sus intereses privados. En lugar de cuestionar un modelo agotado que ahoga un territorio, se ha preferido subvencionar vuelos, flexibilizar normativas y atraer inversión extranjera a toda costa, incluso a costa del pueblo.

¿El resultado? Una economía altamente dependiente, vulnerable y que genera enormes desigualdades sociales. Un gran poder económico que marca la agenda pública, que revienta un territorio y a sus buenas gentes. Como ya pudimos ver a un Presidente a disposición de las grandes patronales, que hacía que mediaba en acuerdos laborales, con el único fin  complacer a sus amos. Acuerdos que ya aplicados no le han mejorado la vida a nadie ni ha repartido ninguna riqueza Empresas que acumulan y pueblos que resisten, la historia de la clase obrera internacional.

El  sector turístico está en manos de grandes grupos empresariales (un secreto: muchos de ellos no radicados en Canarias) que obtienen beneficios multimillonarios mientras la riqueza
generada apenas se redistribuye, parece que ha tenido que venir un cantante puertorriqueño, Bad Bunny, a decir lo que todos vivimos y nadie se atreve a alzar la voz, “quieren el barrio mío
y que tus hijos se vayan”, ¿les suena? Los alquileres vacacionales, muchas veces operados por  plataformas internacionales sin apenas regulación, han distorsionado y prostituido el mercado
inmobiliario y vaciando comunidades completas. En respuesta, movimientos sociales, sindicales y ecologistas claman “¡Canarias no se vende!”. El encarecimiento de la vivienda, en parte provocado por la turistificación, la falta de políticas al respecto expulsa a los residentes de sus barrios y ciudades. Las recientes protestas masivas en las islas no son un capricho, son
un grito de supervivencia.

La pregunta de fondo es incómoda, pero inevitable: ¿Quién se beneficia realmente del modelo turístico? ¿A quien representa la clase política cuando prioriza la construcción de nuevos
complejos hoteleros frente a la protección de ecosistemas o el derecho constitucional a la vivienda?

El relato empresarial y político habla de “la vaca que da leche”, “motor económico”, de “progreso” y de “empleo”. Pero el progreso no puede medirse en cifras macroeconómicas, sino en calidad de vida, en bienestar social y en una sostenibilidad real de un territorio que es finito. La actual sobredimensión turística no sólo compromete los recursos del presente, sino que se convierte en una hipoteca de futuro de las nuevas generaciones, nuestros hijos e hijas, nietos y nietas.

Deberíamos caminar hacia un modelo turístico con límites y sentido, más que nunca, Canarias necesita repensar su modelo productivo con urgencia. Eso implica establecer techos de carga
turística, diversificar la economía, recuperar el control del territorio y garantizar que el turismo beneficia a la mayoría y no a unos pocos. La sostenibilidad no debe ser un eslogan de campañas turísticas, sino una condición imprescindible para una sociedad y territorio que no pueden más.

La alternativa, aunque la contraofensiva empresarial y política quieran llamarnos “turismo fóbicos”, no es eliminar el turismo, sino un turismo diferente: respetuoso con el entorno, limitado en volumen dándole valor a nuestro territorio y costumbres, y vinculado a una economía más equitativa y soberana. Solo así Canarias podrá dejar de ser lo que se ha convertido, “un decorado para turistas” y convertirse en lo que siempre fue y debería ser, “un lugar digno para vivir”.

La cuestión no es si Canarias puede seguir creciendo turísticamente, sino si puede sobrevivir a ese crecimiento.

Borja Suárez Sánchez. Secretario General CCOO Servicios Canarias

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Canarias plantea a la UE un despliegue “significativo” de Frontex en las islas con medios aéreos y marítimos

El Gobierno de Canarias ha elevado una propuesta a la Comisión Europea en la que reclama un refuerzo material y humano “significativo” del despliegue de la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) en el archipiélago. En respuesta a la consulta abierta por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior para actualizar la normativa de este organismo, el equipo del presidente Fernando Clavijo plantea que Frontex incremente su presencia en las islas “con medios aéreos, embarcaciones, radares y otros sistemas que mejoren la vigilancia marítima y fronteriza”.

El objetivo es que la Guardia Europea de Fronteras y Costas potencie “de manera estable y proporcional” su presencia en “puntos estratégicos como Canarias”, dotándose de “recursos adaptados al entorno marítimo y a la realidad geográfica insular”. Para lograrlo, el Gobierno canario considera “crucial” que el nuevo reglamento que prepara Bruselas contemple la posibilidad de incluir en el operativo de Frontex un “refuerzo significativo de recursos” acorde a la magnitud del reto migratorio que afrontan las islas.

Actualmente, los equipos de Frontex presentes en Canarias limitan su labor a trabajar en los diferentes Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) brindando su apoyo a la Policía Nacional en las labores de identificación y entrevistas de los migrantes recién llegados a las islas.

El Gobierno de Canarias lleva toda la legislatura reclamando que Frontex vaya mucho allá y coopere con el Estado en las labores de vigilancia y salvamento, no solo en las costas canarias, sino también en las de los países de origen de los migrantes. Sin embargo, esta demanda ha chocado una y otra vez con la negativa del Ministerio de Interior a pedir la colaboración de la agencia europea, una solicitud imprescindible según trasladó el propio comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, al presidente Fernando Clavijo en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de enero en Estrasburgo.

Por esa razón, aprovechando la ventana de oportunidad que supone la consulta abierta por Bruselas, el Ejecutivo autonómico ha solicitado de forma directa que el nuevo reglamento de Frontex contemple un despliegue mucho más amplio para controlar la peligrosa Ruta Atlántica y salvar vidas.

En esta línea, otra de las demandas planteadas por Canarias es que el brazo operativo de la UE en materia migratoria pueda participar en la gestión humanitaria del drama migratorio y en tareas de salvamento marítimo. En concreto, se pide que el nuevo reglamento de Frontex incorpore “protocolos específicos de coordinación con los servicios nacionales de salvamento (como Salvamento Marítimo en España), respetando competencias estatales, pero favoreciendo la cooperación operativa real”.

“Canarias es punto recurrente de operaciones de búsqueda y salvamento (SAR). La futura regulación debe asegurar que Frontex no solo actúe en control de fronteras, sino también en apoyo humanitario coordinado y conforme al Derecho Internacional del Mar y los derechos fundamentales”, indica la propuesta del Ejecutivo autonómico.

Más participación de las regiones

La respuesta del Gobierno de Canarias a la consulta abierta por la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea solicita asimismo que las regiones tengan más peso en las decisiones sobre el despliegue operativo de Frontex. “Las autoridades autonómicas tienen competencia directa en servicios básicos (sanidad, servicios sociales, etc.) y deben formar parte de la planificación operativa de Frontex para asegurar la coordinación interinstitucional”, subraya el documento.

En su propuesta, el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo defiende que dar voz a los territorios que afrontan en primera línea la presión migratoria fortalecerá “la eficiencia del sistema europeo de gestión de fronteras y retornos desde una perspectiva territorial concreta, respetuosa con los derechos humanos, adaptada a los retos actuales y con una gobernanza más inclusiva”.

Asimismo, Canarias pide a Bruselas que incluya en el nuevo reglamento de Frontex “un enfoque diferenciado para las regiones ultraperiféricas como Canarias, que enfrentan desafíos particulares en materia de presión migratoria, capacidad logística y vulnerabilidad territorial”.

El Gobierno autonómico defiende que la capacidad de respuesta inmediata y coordinada con Frontex es “crucial” para afrontar la llegada constante de cayucos y pateras al archipiélago, en especial tras el fuerte incremento experimentado por la Ruta Atlántica con más de 87.000 migrantes llegados a Canarias por mar en 2023 y 2024.

En especial, el documento elevado a la Comisión Europea subraya la “alarmante” situación de los menores migrantes no acompañados en Canarias, con más de 5.000 niños y niñas acogidos en solitario en 82 dispositivos.

Recuerda asimismo que el propio el informe “Análisis anual de riesgos 2025-2026” publicado recientemente por Frontex advierte de que la presión migratoria sobre Canarias se mantendrá alta durante el 2025, debido a factores como el deterioro político y de seguridad en el Sahel, la crisis humanitaria en la región, la influencia rusa y el potencial uso instrumental de la migración, así como los recortes de ayuda humanitaria.

Para abordar esta presión migratoria, el Ejecutivo regional propone a Bruselas que aproveche el cambio del reglamento de Frontex para “promover un enfoque más ágil y eficiente en la colaboración con terceros países”. “La Unión Europea debe reforzar su diálogo con los países de origen y de tránsito del África Occidental desde los que parten las pateras y cayucos para garantizar la presencia de Frontex en sus aguas jurisdiccionales. Esto implica promover acuerdos bilaterales con estos países, apoyándoles en labores de vigilancia marítima”, indica la propuesta canaria.

Por último, la respuesta de Canarias a la consulta abierta por la UE llama a incluir en el programa de formación del personal de Frontex contenidos específicos sobre derechos fundamentales, que abarquen el acceso a la protección internacional y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, tales como menores, menores no acompañados, personas con discapacidades, personas de edad avanzada y mujeres potenciales víctimas de violencia de género.

20 años de experiencia y nuevos objetivos

La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas funciona desde el 1 de mayo de 2005. Opera bajo reglamento vigente desde 2019, un marco jurídico en virtud del cual apoya a los Estados miembros de la UE en la protección de las fronteras exteriores de la UE y en las operaciones de retorno desde los Estados miembros a terceros países.

Frontex es una agencia descentralizada de la UE y forma parte de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, que también incluye a las autoridades nacionales de los países de la UE responsables de la gestión de las fronteras, incluidos los guardacostas, y a las autoridades nacionales responsables de los retornos.

En julio de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se comprometió a reforzar Frontex triplicando el cuerpo permanente hasta los 30.000 efectivos y dotándolo de tecnología punta para la vigilancia y el conocimiento de la situación, así como de equipos y personal propios para garantizar que pueda proteger nuestras fronteras en cualquier circunstancia con una gobernanza sólida y respetando plenamente los derechos fundamentales.

En 2023, la Comisión llevó a cabo la evaluación de la legislación vigente y constató que, si bien el reglamento de 2019 era en términos generales adecuado para su finalidad, el marco jurídico bajo el que opera Frontex presentaba “algunas deficiencias”. Para corregirlas, Bruselas se ha marcado dos objetivos prioritarios que encajan con las propuestas elevadas por el Gobierno de Canarias. El primero de ellos es “preparar y equipar a Frontex para su papel reforzado como brazo operativo de la Unión en la gestión de fronteras, garantizando un alto nivel de seguridad en las fronteras exteriores de la Unión en respuesta a los nuevos retos operativos”. El segundo es lograr “la realización efectiva de una gestión integrada de las fronteras en toda la UE”, según indica la consulta abierta por Bruselas.

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Sanidad mantiene en rojo el nivel de riesgo para la salud por altas temperaturas en zonas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura

 

El aviso se mantiene activo en Gran Canaria hasta el 15 de agosto y se prevé que el episodio finalice mañana en Lanzarote y Fuerteventura …

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Canarias convoca las becas universitarias 2025/2026 con una dotación de 10,5 millones de euros

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Ejecutivo autonómico ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias la convocatoria de becas para el curso 2025/2026, destinada al estudiantado de grado y máster que curse enseñanzas universitarias oficiales en centros públicos, tanto dentro como fuera del archipiélago. Con una dotación de 10.500.000 euros, esta medida refuerza las políticas públicas que garantizan el acceso en condiciones de equidad a la educación superior.

Las ayudas permiten cubrir los gastos vinculados a matrícula, residencia, transporte, rendimiento académico y discapacidad. La beca de matrícula cubre el importe total de los créditos inscritos; la cuantía fija ligada a la renta es de 1.700 euros; la ayuda por residencia asciende a 2.700 euros; las becas por excelencia académica oscilan entre 75 y 200 euros, y las ayudas al transporte entre 442 y 937 euros. En el caso de estudiantes con discapacidad, las ayudas se sitúan entre 600 y 3.000 euros.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a partir de hoy, 11 de agosto de 2025. Con esta convocatoria se adelantan los plazos respecto a cursos anteriores, favoreciendo la planificación académica y mejorando los tiempos de gestión.

Entre las novedades más relevantes se incluye la posibilidad de solicitar beca tras un cambio de estudios de grado, siempre que no se haya permanecido más de dos años en la titulación anterior. Esta medida reconoce el derecho del estudiantado a modificar su itinerario académico sin perder el acceso a las ayudas, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. “No todas las trayectorias se completan sin ajustes y esta convocatoria contempla esa realidad sin penalizaciones injustas”, señaló la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.

También se incorpora un nuevo criterio de acceso para quienes cursen especialidades con un plan de estudios diferente en universidades públicas fuera de su isla de residencia, incluso si el grado está implantado en ella. Esta novedad permite solicitar la beca cuando la orientación formativa o la oferta específica solo esté disponible en otro centro, respondiendo así a la diversidad académica real dentro del sistema universitario.

Estas mejoras se han incorporado tras un proceso de revisión técnica promovido por la Dirección General de Universidades e Investigación, que detectó la necesidad de actualizar una convocatoria que no había sido modificada en profundidad.

Machín ha subrayado que la convocatoria responde a una política pública orientada a atender con eficacia las distintas situaciones del estudiantado. “Nuestro objetivo es garantizar que las decisiones académicas no estén condicionadas por el lugar de residencia ni por barreras económicas, y que las becas acompañen los procesos formativos con justicia y coherencia”.

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