El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Yoné Caraballo, defenderá este miércoles en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para impulsar una reforma del sistema de contratación temporal del Servicio Canario de la Salud (SCS), al considerar que el modelo actual es “obsoleto” y está generando precariedad laboral, penalizaciones injustas y fuga de profesionales.

Caraballo presentó la iniciativa en rueda de prensa junto al presidente de la asociación Enfermería Canaria Unida por el Cambio (Ecupec), Alejandro Ortega, con quien denunció que el actual sistema, en vigor desde 2011, ha quedado desfasado y no responde ni a las necesidades asistenciales ni a la realidad de los trabajadores sanitarios.

La propuesta de NC-BC reclama al Gobierno de Canarias que abra un proceso de diálogo con los sindicatos en la Mesa Sectorial de Sanidad y que derogue la orden del 3 de junio de 2011 para sustituirla por una nueva normativa adaptada al contexto actual.

El parlamentario sostuvo que esta reivindicación no afecta solo al colectivo de enfermería, sino a la práctica totalidad de categorías profesionales del SCS. Según explicó, uno de los principales problemas del sistema actual es que obliga a los trabajadores eventuales a estar permanentemente disponibles para responder a llamadas telefónicas de contratación.

En ese sentido, denunció que un profesional puede ser penalizado con hasta 15 días sin trabajar ni cobrar por no contestar una llamada, incluso si en ese momento se encuentra atendiendo a un paciente crítico o descansando tras una guardia. A su juicio, este mecanismo genera ansiedad, estrés e inestabilidad.

Caraballo advirtió además de que esta situación está favoreciendo la marcha de profesionales sanitarios a otras comunidades autónomas o incluso a otros países europeos, donde encuentran mejores condiciones laborales. “No se puede hablar de retener talento si se sigue castigando a quienes sostienen la sanidad pública”, vino a resumir.

Por su parte, Alejandro Ortega alertó de que el sistema vulnera derechos fundamentales de los trabajadores y termina repercutiendo en la calidad asistencial. Entre los problemas señalados figuran la imposibilidad de desconectar tras las guardias, la inseguridad derivada de los contratos de corta duración y la obligación de aceptar destinos lejanos.

Tanto NC-BC como Ecupec plantean que una futura reforma incorpore medidas como la eliminación de penalizaciones por no atender llamadas, un sistema de llamamientos más transparente, el reconocimiento del derecho a la desconexión digital y al descanso, la limitación horaria de las llamadas y fórmulas alternativas para cubrir urgencias.

También proponen permitir el rechazo justificado de contratos sin sanción y mejorar la conciliación laboral y familiar de los profesionales sanitarios.

Yoné Caraballo apeló al apoyo de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la proposición no de ley, defendiendo que se trata de una cuestión que trasciende a los partidos. “Esto no va de siglas ni de colores políticos, va de cuidar a quienes cuidan de nuestra sociedad”, defendió.