La medida permitirá no repercutir IGIC, simplificará la gestión tributaria de los autónomos y podría beneficiar a unos 11.000 trabajadores desde julio de 2026, con el objetivo de “aliviar cargas fiscales y burocráticas”, señala Manuel Domínguez

El Gobierno de Canarias elevará hasta los 50.000 euros anuales el umbral de la franquicia del IGIC para pequeños empresarios y profesionales, permitiendo que los autónomos con menor volumen de negocio queden exentos de aplicar este impuesto en sus facturas.

Así lo anunció este miércoles el vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, quien explicó que la medida busca “aliviar cargas fiscales y burocráticas y respaldar a los autónomos con menor dimensión económica”. Según las estimaciones del Gobierno, hasta 11.000 trabajadores autónomos podrían beneficiarse de esta iniciativa.

El nuevo límite se aplicará a través del Régimen especial del pequeño empresario o profesional (REPEP), al que podrán acogerse de forma voluntaria aquellos autónomos que no superen el volumen de operaciones establecido. A cambio de no repercutir IGIC en sus facturas, estos profesionales no podrán deducir el impuesto soportado en sus compras.

Uno de los principales efectos de esta medida será la simplificación administrativa, ya que los autónomos acogidos pasarán de presentar cinco declaraciones anuales a una sola, reduciendo así trámites, costes y posibles errores ante la Agencia Tributaria Canaria.

Domínguez destacó que esta iniciativa cobra especial relevancia en un contexto marcado por la inflación y el aumento de los costes, señalando que “es absolutamente prioritario reforzar este régimen para un colectivo especialmente vulnerable como es el de los trabajadores autónomos y las microempresas”.

Además, el Gobierno regional situará a Canarias como la única comunidad autónoma que aplica la franquicia prevista en la normativa europea del IVA para pequeños empresarios, elevando el umbral hasta los 50.000 euros, por encima de la media de la Unión Europea, que ronda los 40.000 euros.

La medida entrará en vigor el 1 de julio de 2026, mientras que a partir del 1 de enero de 2027 los autónomos acogidos a este régimen presentarán únicamente una declaración anual de IGIC, eliminando las autoliquidaciones trimestrales.

El vicepresidente del Gobierno subrayó que este cambio supone “una medida de justicia fiscal y de apoyo a un colectivo esencial para la economía canaria”, y lo enmarcó dentro del Plan Respaldo Autónomo, que incluye iniciativas para mejorar la conciliación, facilitar la contratación y apoyar la inversión mediante bonificaciones en los intereses de los préstamos.

Con esta reforma, el Ejecutivo autonómico pretende facilitar el emprendimiento, reducir la carga burocrática y reforzar la protección de los trabajadores autónomos en Canarias.