“No vamos a permitir que las familias y empresas canarias queden en desventaja frente al resto del país”, afirma Fernando Clavijo

El Gobierno de Canarias ha reclamado al Ejecutivo central compensaciones económicas o la flexibilización de las reglas fiscales para poder financiar su propio escudo social ante el impacto económico de la guerra, especialmente por la subida del precio de los combustibles.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, realizó este anuncio tras la reunión del Consejo Asesor del Presidente, en la que participaron representantes de organizaciones empresariales y sindicales del archipiélago para analizar un paquete de 20 medidas destinadas a mitigar los efectos del conflicto.

Clavijo y el vicepresidente, Manuel Domínguez, criticaron que el decreto estatal aprobado por el Consejo de Ministros, con más de 80 medidas y una dotación de 5.000 millones de euros, “olvida” a Canarias debido a su régimen fiscal específico, lo que limita su impacto real en las islas.

En este sentido, el Gobierno canario advierte de que muchas de las medidas estatales se basan en la reducción del IVA, un instrumento que no es aplicable en Canarias, lo que deja a la población y al tejido empresarial en una situación de desventaja respecto al territorio peninsular.

Para corregir esta situación, el Ejecutivo autonómico plantea dos vías: que el Estado compense económicamente a Canarias o que permita endeudarse para poder desplegar medidas propias sin afectar a otros servicios esenciales.

El presidente Clavijo insistió en que el objetivo es garantizar que las familias y empresas canarias reciban el mismo nivel de protección que el resto del país, y agradeció el respaldo de las organizaciones empresariales y sindicales, que se han sumado a esta estrategia común.

Entre las medidas que baraja el Gobierno de Canarias se incluyen el uso del Régimen Especial de Abastecimiento (REA) para abaratar productos, la aplicación de IGIC cero en determinados artículos de la cesta de la compra, la devolución del 99% del impuesto sobre combustibles a transportistas, ayudas al sector primario, bonos energéticos y apoyo a las familias más vulnerables.

Además, el Ejecutivo autonómico ha activado un plan de vigilancia para supervisar la evolución de los precios de los combustibles en Canarias, con el objetivo de detectar posibles prácticas abusivas y proteger a los consumidores. Este seguimiento podría derivar en sanciones o en la intervención de los organismos de competencia si se detectan irregularidades.

El Gobierno de Canarias defiende que las medidas diseñadas no entran en conflicto con las aprobadas por el Estado, ya que responden a la singularidad fiscal y económica del archipiélago.