El Gobierno autonómico aprueba un convenio plurianual de 1.132,4 millones, que junto a la aportación de 469,6 millones de los cabildos permite actualizar precios, homogeneizar servicios y consolidar una red sociosanitaria más justa y estable en todas las islas

El Gobierno de Canarias ha aprobado una partida plurianual de aproximadamente 1.132,4 millones de euros para financiar los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028. A esta cantidad se suman 469,6 millones de euros aportados por los cabildos insulares, de modo que la inversión total en dependencia y discapacidad asciende a 1.602 millones de euros en los próximos años.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, calificó el acuerdo como “un hecho histórico” y recordó que el Ejecutivo canario “cumple uno de los compromisos fijados por el presidente Fernando Clavijo al inicio de la legislatura: atender a las personas y ponerlas en el centro de la acción de gobierno”.

“Estamos atendiendo una deuda histórica con el sistema de la dependencia y con el tercer sector, asegurando estabilidad, reglas comunes y financiación cierta para la red de atención en todas las islas”, subrayó Delgado, quien recalcó que la cuantía aprobada “garantiza el sostenimiento de todos los servicios con precios actualizados y con carácter retroactivo a enero de este año”.

Igualdad territorial y refuerzo del tercer sector

La consejera destacó que el nuevo convenio de dependencia “refuerza la igualdad territorial” al fijar criterios comunes de acceso a las listas de reserva y exigir la acreditación obligatoria de las entidades del tercer sector que gestionan servicios, lo que, a su juicio, “garantiza la misma calidad de atención en todo el Archipiélago”.

Delgado afirmó que todo el procedimiento ha sido “documentado y participativo”, con la implicación de cabildos y agentes del sector, y defendió que Canarias vive “un día histórico” porque se cumplen los objetivos marcados en materia de cohesión territorial:

“Estamos consolidando un sistema sociosanitario más justo, estable y sostenible, que permitirá a las personas dependientes y con discapacidad acceder a cuidados con más intensidad y mejor calidad”, aseguró.

Cambio de modelo en servicios clave

Con el nuevo marco, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos de los convenios insulares. Es el caso de la teleasistencia, que ya está contratada por el Gobierno canario y se elimina de todos los acuerdos, y de la ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada directamente por la Administración autonómica para asegurar criterios homogéneos y cobertura completa en cada isla.

Además, los precios se actualizan a coste real, en base a informes de costes insulares y a un estudio independiente, con un mecanismo de revisión que permitirá ajustar la financiación a las necesidades y al incremento de los gastos de personal y servicios.

Otra de las novedades es la incorporación de un protocolo sociosanitario que regula las altas hospitalarias y las urgencias sociales, con el objetivo de mejorar la coordinación con el sistema sanitario y evitar pérdidas de financiación estatal ligadas a la atención a la dependencia.

Más presupuesto para 2026

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros, un 8,2 % más que en el ejercicio anterior, y podría alcanzar los 1.037 millones de euros con la incorporación de fondos externos.

Dentro de estas cuentas, el capítulo IV —destinado a sostener la red insular y los convenios— llega a 635,9 millones de euros, lo que supone el 75,9 % del total del departamento.

La partida específicamente vinculada a dependencia es la que más crece: 387,4 millones de euros en 2026, un incremento del 30,4 %. Esta inyección presupuestaria, según la consejera, se traducirá “en más intensidad de cuidados, mayor capacidad de respuesta y una mejora real en la vida de las personas dependientes y con discapacidad y de sus familias, que son el motor y la razón de ser de este esfuerzo inversor”.