Redaccion Isla

Conociendo a quienes dirigen Coalición Canaria, no me sorprende que les preocupe más quién va a prestar los servicios a las personas con discapacidad intelectual y las enfermas de Alzheimer y otras demencias, en vez de pararse a pensar cuáles son las necesidades de estos colectivos y cómo pueden mejorarse los servicios que se les presta.

Oswaldo Betancort y Coalición Canaria mienten y saben que mienten, manipulan y saben que manipulan y juegan con los sentimientos de las familias de las personas afectadas. No se puede caer más bajo que mentir, manipular y jugar con los sentimientos de las familias de personas vulnerables, porque no se les arrebata nada y no se desmantela nada. Lo que sucede es que el Cabildo asume responsable y legalmente el ejercicio de sus competencias pensando en prestar el mejor servicio posible a estos colectivos.

Como es sabido, los diferentes servicios destinados a las personas con discapacidad intelectual los viene prestando la Asociación de Personas con Discapacidad de Lanzarote (ADISLAN) desde hace muchos años. Su trayectoria y su dedicación durante todo este tiempo merecen la mayor consideración y respeto, pero el problema es que ADISLAN lleva años operando sin la cobertura de un contrato en el que se establezcan claramente las condiciones del servicio.

Es ilegal la reserva en exclusiva

Tal y como hemos repetido en infinidad de ocasiones, ADISLAN lleva años prestando servicios por cuenta del Cabildo sin cobertura legal, lo que dio lugar a un dictamen del Consejo Consultivo de Canarias reconociendo esta situación de alegalidad y respaldando la necesidad de regularizarla. En consecuencia, estamos obligados a regularizar esta situación, por lo que el Cabildo, que es la institución competente, ha instado el inicio de las licitaciones oportunas de los diferentes servicios que se prestan.

Lo mismo sucede con las personas enfermas de Alzheimer y otras demencias, por lo que el Cabildo se ve obligado a cumplir la ley y sacar a licitación la gestión integral de los tres centros de atención a mayores que dependen de la institución. Hasta ahora, estos servicios los ha venido prestando la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA), un valioso trabajo que valoramos y merece todo nuestro reconocimiento.

Las obsesiones de Oswaldo Betancort y de otros dirigentes de Coalición Canaria se reducen a que se sienten afectados porque, como establece la ley, van a salir a concurso público algunos de los servicios que prestan ADISLAN y AFA sin contrato. Parece que nos les gusta, pero Oswaldo Betancort y Coalición Canaria no pueden pretender que se les reserve a estas asociaciones en exclusiva la atención de estos colectivos, porque es contrario a derecho.

Papel futuro del tercer sector

No descartamos en un futuro inmediato ofrecer un concurso reservado a las entidades del tercer sector al que puedan concurrir ambas asociaciones, pero nuestra obligación hoy día es determinar qué servicios hay que prestar a estas personas y con la mejor calidad posible.

Pero, dejando de lado la demagogia de Oswaldo Betancort y Coalición Canaria, lo que tienen que saber las familias de las personas con discapacidad intelectual o enfermas de Alzheimer y otras demencias son dos cosas. Primero, la atención a las personas usuarias está garantizada, así que en ningún momento dejarán de prestarse los servicios, ni las personas usuarias ni sus familiares han de preocuparse lo más mínimo por una situación normal que se produce al cambiar cualquier servicio de concesionario. Y segundo, por sus condiciones, el concurso mejorará notablemente los servicios que se vienen prestando hasta ahora.

Por otro lado, los trabajadores afectados saben que sus puestos de trabajo están garantizados, ya que, cuando se produzca la nueva adjudicación, el personal será asumido por la nueva empresa concesionaria. Asimismo, se mantendrán las condiciones laborales, pudiendo incluso mejorar en los casos con salarios más bajos. En definitiva, estas situaciones tienen que regularizarse con transparencia y libre concurrencia, mediante un concurso público al que, por cierto, también pueden presentarse estas asociaciones.

Si las personas usuarias de estos servicios y sus familias no tienen motivos para preocuparse, si los trabajadores tampoco tienen motivos para preocuparse, me pregunto cuál es el verdadero motivo de la obsesión de Oswaldo Betancort y Coalición Canaria. La respuesta me la reservo.

Isabel Martín Tenorio, consejera de Derechos Sociales del Cabildo de Lanzarote