La presidenta insular del PP advierte que la medida “llega sin planificación ni financiación” y puede tensionar vivienda, sanidad y servicios sociales

La presidenta del Partido Popular de Lanzarote, Astrid Pérez, ha mostrado su rechazo frontal al proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, una iniciativa que, según advierte, “nace sin garantías, sin planificación y sin tener en cuenta sus efectos en el sistema de servicios públicos”.

La dirigente popular ha criticado que la medida se plantea “sin memoria económica, sin previsión del impacto en los servicios públicos y sin reforzar previamente los mecanismos de control”, algo que considera especialmente grave en territorios como Canarias.

“A nadie se le esconde que en lugares como Canarias, donde ya soportamos una enorme presión sobre la vivienda, la sanidad o los servicios sociales, decisiones de este tipo solo contribuyen a tensionar aún más un sistema que ya está al límite”, ha señalado.

Astrid Pérez ha manifestado además su “profunda preocupación por las consecuencias que tendrá en el mantenimiento del estado del bienestar”, alertando de un posible colapso de los servicios públicos ante la falta de medidas previas y de financiación adicional por parte del Estado.

En este sentido, ha calificado la iniciativa como “una medida improvisada” y “un disparate más del Gobierno de Sánchez”, al considerar que no es viable afrontar la regularización de cientos de miles de personas en un corto periodo de tiempo sin garantizar antes la capacidad de respuesta de los servicios esenciales.

“Humanidad, legalidad y seguridad”
Por otra parte, la presidenta insular del PP ha cuestionado la falta de coherencia del Ejecutivo central en materia migratoria, subrayando que “no se puede hablar de regularización sin actuar antes sobre el control de fronteras ni mejorar los recursos para gestionar los expedientes y garantizar la seguridad jurídica”.

Asimismo, ha señalado que “no es razonable agilizar una regularización masiva mientras las vías legales para venir a trabajar a España siguen siendo lentas y burocráticas”, lo que, a su juicio, supone “un mensaje injusto para quienes cumplen con los procedimientos”.

En esta línea, ha defendido que cualquier política migratoria debe basarse en “el equilibrio entre humanidad, legalidad y seguridad”, evitando medidas que puedan generar “agravios comparativos o efectos indeseados”.

Finalmente, Astrid Pérez ha advertido de que decisiones de este tipo pueden trasladar “un mensaje equivocado” que incentive la inmigración irregular y favorezca a las redes de tráfico de personas, “poniendo en riesgo vidas humanas, algo que en Canarias conocemos demasiado bien”.

Como alternativa, ha reiterado la necesidad de una política migratoria “seria, ordenada y coordinada”, que incluya el refuerzo del control de fronteras, una gestión eficaz de los flujos migratorios y procesos de regularización “individualizados, con criterios claros, objetivos y verificables”.