
IGIC cero en energía y nuevos productos básicos, más devoluciones a transportistas y agricultores, alivio fiscal para autónomos y ayudas directas al sector primario e industrial
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes un decreto ley con un conjunto de medidas fiscales y ayudas directas destinadas a paliar el impacto económico derivado de la crisis internacional provocada por la guerra en Oriente Medio.
El paquete, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias y deberá ser convalidado por el Parlamento, contempla actuaciones específicas adaptadas al régimen fiscal canario, en respuesta a las limitaciones de aplicación directa del Real Decreto-ley 7/2026 en el archipiélago.
El coste estimado de las medidas asciende a 29,8 millones de euros, pudiendo alcanzar los 60 millones anuales si la situación se prolonga.
Entre las principales actuaciones destaca la aplicación temporal del tipo cero del IGIC a los productos energéticos, incluyendo combustibles derivados del petróleo, gas, biomasa y leña, con el objetivo de contener la subida de precios y aliviar el gasto de familias y empresas.
Asimismo, se eleva hasta el 99% la devolución del Impuesto Especial sobre combustibles para agricultores y transportistas, reforzando así el apoyo a dos de los sectores más afectados por el encarecimiento de la energía.
El decreto también amplía la lista de productos básicos que tributan al 0% de IGIC, incorporando la sal, la mantequilla y el café, en una medida orientada a aliviar el coste de la cesta de la compra.
En materia de autónomos, la norma eleva hasta 50.000 euros el límite de facturación anual para acogerse al régimen especial del pequeño empresario en el IGIC, lo que permitirá reducir cargas fiscales y administrativas. Esta medida tendrá carácter voluntario y contará con un régimen transitorio a partir del 1 de julio de 2026.
Además, el Gobierno contempla una partida extraordinaria de 7,2 millones de euros destinada a apoyar al sector industrial y al primario, con el objetivo de compensar el incremento de los costes energéticos y de producción.
Desde el Ejecutivo autonómico se subraya que este decreto permite ofrecer una respuesta inmediata y adaptada a las singularidades de Canarias, al tiempo que se insiste en la necesidad de que futuras medidas estatales incluyan una “cláusula canaria” que tenga en cuenta las condiciones específicas del archipiélago.