El consejero del Grupo Mixto en el Cabildo de Lanzarote, Óscar Noda, ha presentado una moción para su debate en el próximo pleno con el objetivo de crear una comisión de investigación que permita esclarecer lo ocurrido en las residencias de mayores de Tías y Haría, gestionadas por la empresa Amavir.
Noda plantea, como primer paso, la elaboración en el plazo de un mes de un reglamento técnico que regule el funcionamiento de dicha comisión, con el fin de garantizar su pluralidad política y la máxima transparencia. Posteriormente, propone la constitución de este órgano para analizar los hechos y dar voz a todos los implicados, incluyendo técnicos, trabajadores, sindicatos, la empresa gestora y familiares de los usuarios.
Además, el consejero solicita que la comisión cuente también con representantes de asociaciones de mayores y profesionales del sector, con el objetivo de aportar una visión integral y evitar posibles sesgos políticos. El órgano deberá elaborar un informe final con recomendaciones que será elevado al pleno del Cabildo, orientado a mejorar la gestión de estos centros y prevenir que situaciones similares vuelvan a producirse.
Según Noda, los hechos conocidos recientemente en estas residencias “han generado una gran preocupación en la sociedad” al afectar a un colectivo especialmente vulnerable. En este sentido, subraya que los representantes públicos tienen la responsabilidad de garantizar “el bienestar y la dignidad de nuestros mayores”, y considera que “no es tolerable la falta de claridad y transparencia”.
El consejero insiste en que la gravedad de las acusaciones hace necesaria una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo sucedido, evaluar la gestión de las instalaciones y asegurar la protección de los derechos de las personas residentes. A su juicio, una comisión de investigación es “el único mecanismo posible para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas”.
La propuesta contempla una comisión integrada por todos los grupos políticos con representación en el Cabildo, con una duración de doce meses y reuniones quincenales. En ese tiempo se recabarán testimonios de víctimas, trabajadores, técnicos del área de Bienestar Social y expertos del sector, además de permitir la comparecencia de personas relevantes para el caso.
Noda concluye defendiendo que una investigación rigurosa permitirá no solo esclarecer los hechos, sino también introducir mejoras en los protocolos y sistemas de control de las residencias. “El bienestar de nuestros mayores debe ser una prioridad en la agenda pública”, afirma, confiando en que el grupo de gobierno valore la propuesta y actúe en consecuencia.
