El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha logrado el respaldo mayoritario del Pleno del Senado a una moción en defensa de la pesca canaria frente al reglamento europeo de control pesquero. La iniciativa aprobada insta al Gobierno de España a aplicar la norma de forma “flexible y proporcionada” y a defender ese mismo enfoque ante la Unión Europea, con el objetivo de garantizar la viabilidad, la seguridad y la continuidad de la flota artesanal y de bajura, que el senador considera “amenazada de muerte” con la actual interpretación.
La propuesta inicial de San Ginés incorporó enmiendas de distintos grupos parlamentarios que apoyaron el texto, entre ellos ASG y AHÍ, además de aportaciones de BNG o Junts que amplían el alcance del planteamiento para tener en cuenta realidades como la pesca artesanal gallega o la flota mediterránea catalana. Todos los grupos mostraron su respaldo a la moción, con la excepción del PSOE, que se abstuvo.
San Ginés explicó que la iniciativa responde a la preocupación existente en el sector pesquero de las Islas, pese a los acuerdos alcanzados por representantes del sector con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En este sentido, indicó que las cofradías canarias le han pedido insistir en una mayor flexibilidad “porque no se fían” y porque “la experiencia les ha demostrado que en la práctica estos acuerdos finalmente no se aplican”.
Durante el debate, el senador señaló que comparte la trazabilidad “legítima y necesaria” que persigue el Reglamento (UE) 2023/2842 y los objetivos de control de capturas y lucha contra la pesca ilegal, pero consideró imprescindible que no se aplique “de manera tan restrictiva”. A su juicio, la actual interpretación impone obligaciones pensadas para flotas industriales y no para embarcaciones tradicionales, generando dificultades operativas y económicas para la pesca de bajura de Canarias.
La moción pone el foco en las singularidades de las regiones ultraperiféricas, como la fragmentación territorial, la lejanía del continente, las condiciones oceanográficas y la estructura tradicional de la flota, factores que agravan el impacto de las exigencias europeas. El texto advierte, además, de que una aplicación estricta del reglamento contradice las cláusulas de flexibilidad, adaptación y proporcionalidad previstas en la propia norma e ignora el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
San Ginés alertó de que el incremento de costes y la complejidad administrativa pueden comprometer la viabilidad de muchas embarcaciones y el relevo generacional en el sector. “Y si no hay relevo generacional, la desaparición de la pesca artesanal está servida”, afirmó.
La iniciativa aprobada solicita al Gobierno central que adapte la aplicación del reglamento a las singularidades de las RUP; que ajuste las medidas de control y localización a la realidad técnica y económica de la pesca de bajura; que active de forma efectiva las cláusulas de flexibilidad mediante regímenes específicos y calendarios graduales; que refuerce el diálogo permanente con el sector; y que garantice apoyo técnico y financiero suficiente para cumplir las nuevas obligaciones sin poner en riesgo la continuidad de la actividad.
